La rebelión chilena no se detiene

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El presidente chileno Sebastián Piñera profundiza la criminalización de la protesta social con una batería de leyes que endurecen las penas por alterar el orden público. Como su amigo Mauricio Macri el mandatario ansía poder terminar su gobierno para no dejar una imagen débil de la derecha. A su vez, no atiende el principal reclamo de la calle: convocar a un plebiscito ciudadano constituyente. El mapa de las organizaciones que llevan más de veinte días de protestas. Testimonios de los protagonistas.

El gobierno de Piñera sigue en guerra. El Ejecutivo trasandino instrumentó el jueves pasado una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) con el fin de discutir una serie de medidas para “reestablecer el orden público”. Los últimos mítines del COSENA fueron en los años 2004 y 2005. En ese momento los titulares de los poderes gubernamentales, legislativos y de las fuerzas de seguridad se vieron las caras para discutir cómo responder a un conflicto limítrofe con Perú, un país vecino con el que la nación tiene disputas geopolíticas desde antaño.

Jacqueline Van Ryssleberghe, presidenta del partido pinochetista UDI, la expresión más intransigente de la coalición oficialista Chile Vamos, justificó el restablecimiento del CONENA advirtiendo que detrás de los incidentes producidos en las últimas gigantescas marchas “hay grupos organizados, grupos de extrema izquierda, que están tratando de imponer su ideología y están tratando de desestabilizar a este país”.

Entre los proyectos enviados por Sebastián Piñera al Congreso figuran una nueva ley de inteligencia, una ley antiencapuchados que permite “perseguir mejor los delitos que se hacen mediante barricadas” y una iniciativa que busca tipificar el saqueo como delito. “Piñera busca atacar el síntoma y para él la fiebre se soluciona restaurando el orden público. La nueva batería de medidas busca efectivizar la persecución penal de la protesta y estimula el fortalecimiento de las policías. Además el Consejo de Seguridad Nacional no incorporó la moción de los presidentes de la Cámara Diputados, de su par del Senado y de la vocería de la Corte Suprema en cuanto a la necesidad de buscar un nuevo pacto social”, opina desde Santiago de Chile en diálogo con Nuestras Voces el profesor Manuel Lobos, portavoz del movimiento ciudadano Marca Asamblea Constituyente.

Chile: la revolución de los cabros

Marca AC es una de las piezas del movimiento social que ha ganado las calles de Chile. El colectivo viene peticionando la necesidad de convocar a una reforma profunda de la Carta Magna porque consideran que ese orden legal protege los intereses de la casta local –el dirigente chileno Marco Enríquez Ominami suele decir que “cuatro familias” controlan las tres principales riquezas del país: “el salmón, la madera y el cobre”– y además consagra un sistema de “monarquía presidencial”. Ese etiquetado no es exagerado: en Chile no hay federalismo, los titulares de los distritos equivalentes a las provincias argentinas son designados por el presidente de la Nación. Los otros actores sociales que lideran la protesta chilena son la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación de Estudiantes de Chile, la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, el Movimiento No más AFP (contra la jubilación privada), el Movimiento de Mujeres, la Confederación de Trabajadores de la Salud y los trabajadores del cobre. Todos ellos parten de un común denominador, el modelo político y económico, exportado al mundo en la narrativa del neoliberalismo como “el milagro chileno”, debe ser reformulado de raíz con un “nuevo contrato social”.

Nuestras Voces consultó a Manuel Lobos cómo es el diálogo entre los manifestantes que ponen el cuerpo en las “barricadas” urbanas y en los denominados cabildos –los puntos donde la calle chilena construye las movilizaciones diarias que como ríos buscan confluir y desbordar el centro de Santiago– y los partidos progresistas locales, hoy divididos en dos grandes bloques: Nueva Mayoría (la ex Concertación) y el Frente Amplio. “Los partidos progresistas apoyan nuestro reclamo, algunos lo han hecho de forma más reciente, y eso nos parece un signo positivo porque indica el crecimiento de nuestra demanda. ¿Qué pedimos? Un cambio de fondo. La reforma de la Constitución implica que todos los sectores se allanen a pensar un nuevo pacto social. Sin ese cambio estructural es imposible que Chile resuelva sus problemas sociales. Yo lo explicaría con esta imagen, pensemos en una bicicleta, con los cambios promulgados Piñera busca renovar los pedales y el asiento, pero nosotros no queremos reparar esa bicicleta dañada, nosotros queremos cambiar la bicicleta completa. Nuestra carta magna ha fijado un muro infranqueable, quórums de dos tercios, para introducir cambios, por eso recalcamos que necesitamos otro orden constitucional”, contesta Lobos.

El aluvión alienígena

La situación en Chile revela que no parece haber un punto de encuentro, un canal de diálogo que modere el horizonte de agendas contrapuestas: Piñera ensimismado en normalizar el orden público para congraciarse ante la élite de la que forma parte, y una calle social fuerte, organizada pero sin representación institucional suficiente para conseguir lo buscado. Esa falta de conducción política por parte del gobierno se traduce en sangre. “Tal como ha denunciado Amnistía Internacional, la comisión de Derechos Humanos de la ONU y el Instituto de Derechos Humanos de Chile se han producido serias violaciones a los derechos humanos. La CIDH le ha advertido al gobierno esta semana que va a indagar lo sucedido. Los policías están cometiendo bestialidades. Hoy día jueves catorce policías han sido formalizados por torturas, un oficial de Carabineros ha sido formalizado por apremios ilegítimos por disparar en una escuela y herir a dos niñas, muchas personas han perdido ojos por los disparos de las policías, ha habido vejámenes sexuales, más de cuatro mil detenidos, aquí hay un proceso de represión y violencia generalizada”, precisa Lobos.

¿Qué puede pasar a futuro? El ring chileno parece contener a dos pugilistas sin ganas de ir a las esquinas. El vocero de Marca AC insiste en que el movimiento social chileno no abandonará la calle hasta conseguir un cambio de fondo, es decir seguirá tirando guantes. “Las movilizaciones continuarán porque los nudos chilenos que afectan los programas públicos esenciales solo pueden desatarse con un cambio constitucional. Yo creo que Piñera está tan descolocado que ahora se ha obsesionado con terminar su mandato. Su lógica de reestablecer la normalidad es totalmente equívoca porque la ciudadanía no va a abandonar las calles hasta que no haya una señal clara de que el conflicto pueda solucionarse en un canal político. Piñera utiliza a los Carabineros para dar una respuesta represiva a un conflicto que es de carácter político. A futuro veo más semanas de movilizaciones porque no hay una voluntad de fondo del gobierno por solucionar el problema”, concluye.

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Emiliano Guido

Emiliano Guido

Periodista especializado en política internacional. Forma parte del Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo en Fundación SES (Argentina). Ganador del Premio José Martí (2006) otorgado por la agencia Prensa Latina.

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