Las condenas y un freno a las domiciliarias

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Las condenas a 38 represores de Córdoba son otro hito en el camino de la justicia por los crímenes de la dictadura, pero la presión para que los represores sean beneficiados con domiciliarias crece. 

En Córdoba, fue un día de justicia, dice el fiscal Facundo Trotta con la emoción de haber dado una batalla que quedará en la historia de esa provincia después de que el Tribunal Oral Federal 1 (TOF) condenara a 38 represores -entre ellos Luciano Benjamín Menéndez, Ernesto “Nabo” Barreiro y Héctor Pedro Vergez. El tribunal ordenó también, en sintonía con el pedido de las fiscalías, revisar los casos de prisión domiciliaria, un debate que a nivel nacional amplificó la concesión de ese beneficio para Miguel Osvaldo Etchecolatz y la posición ambivalente del gobierno de Mauricio Macri.

“Fueron tres años y nueve meses de juicio, 581 testimonios con los que hemos juzgado la situación de más de 700 víctimas”, repasa el fiscal. “Así que el balance es positivo”. Sabe que deberán esperar hasta octubre, cuando se publiquen los fundamentos de la sentencia, para saber por qué los jueces decidieron absolver a cinco imputados. Pero ni eso puede opacar que ayer la justicia se hizo presente en la provincia mediterránea.

La Perla, el mayor centro de exterminio de Córdoba, operó desde diciembre de 1975, antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. “Lo puso en funcionamiento el mismo Menéndez”, apunta Trotta. En ese entonces, Menéndez -conocido como “La Hiena” o “El Cachorro”- era el comandante del III Cuerpo de Ejército y dueño de la vida y de la muerte en diez provincias. El TOF 1 de Córdoba ayer confirmó que el terrorismo de Estado comenzó antes de que los militares ocuparan el poder. También que el nieto de Sonia Torres, la referente de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, nació y fue  víctima de una desaparición forzada. Y dio por probados los delitos sexuales que cometieron los represores.

Afuera de la sala, hubo vigilia, expectativa y apoyo. “La manifestación de la ciudadanía fue muy importante. Muestra que la gente apoya la política de Memoria, Verdad y Justicia y que apoyan los juicios”, dice el fiscal. La alegría se sintió aun en lo que puede considerarse un bastión electoral del macrismo, pero que también tuvo al gobernador Juan Carlos Schiaretti en la sala.

Después de la condena. y cuando los familiares de las víctimas cantaban entre sollozos “adonde vayan, los iremos a buscar”; uno de los sentenciados Arnoldo José “Chubi” López gritó: “Los vamos a secuestrar”. Ya había amenazado a organismos de derechos humanos en 1984, el mismo año en que Menéndez era retratado con un cuchillo de carnicero a la salida de canal 13, donde se abalanzó sobre un grupo de muchachos que le gritaban “asesino, cobarde”.

Después de la condena. y cuando los familiares de las víctimas cantaban entre sollozos “adonde vayan, los iremos a buscar”

En el ingreso, Cecilia Pando -reconocida defensora de los represores que en abril se reunió con el ministro de Justicia, Germán Garavano- increpó a Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Había llegado a Córdoba con un grupo de mujeres de represores -entre las que se encontraba la de Barreiro, otra activa participante de los grupos pro-impunidad- para impugnar el juicio, diciendo que se trataba de un circo.

En el juicio a las Juntas, un sobreviviente dijo que Barreiro -el carapintada que desencadenó la rebelión de Semana Santa contra Raúl Alfonsín-  había estado detrás de la formación del grupo de Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión (FAMUS). Barreiro también intentó algún tipo de negociación a finales de 2014, cuando le dijo al TOF 1 de Córdoba que podía aportar información sobre el destino de los desaparecidos. Mintió una vez más.

“Los imputados no quieren o no pueden aceptar que hay un tribunal que los somete a juicio con todas las garantías del debido proceso”, dice Trotta con resignación. “Pero el jueves pusimos fin a más de 40 años de impunidad y abrimos la puerta para una sociedad más democrática”. Escenas de justicia conviven con manejos espurios de connivencia en la Argentina que juzga los crímenes del terrorismo de Estado.

Foto: Carlos Brigo

@lucianabertoia

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