Ley de Góndolas: una norma para bajar los precios

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El gobierno logró el dictamen de mayoría para que finalmente se discuta en el Senado el proyecto de Ley de Góndolas, que ya cuenta con media sanción de diputados. La norma tiene como objetivo regular la exhibición de productos en los supermercados y contempla la necesidad de incorporar a sectores de la economía popular y pequeños empresarios. Desde las Pymes señalan que es una oportunidad para ingresar a nuevos comercios y bajar los precios para los consumidores. El lobby de los grandes empresarios para frenar la ley. La competencia desleal. La concentración de los rubros centrales.

Este martes el oficialismo logró el dictamen de mayoría del Senado sobre el proyecto de Ley de Góndolas que busca equilibrar la exposición de los productos en los supermercados. Con 10 de 17 votos, el Frente de Todos logró que la comisión de Legislación General apruebe el proyecto para ir al recinto en unos días. Si bien había expectativas de que la votación se realizara durante las sesiones extraordinarias del Congreso, habrá que esperar hasta después del primero de marzo para que se debata en la cámara alta, según informaron desde el oficialismo. La aprobación del proyecto viene dilatándose por presiones de los sectores más concentrados de la cadena de comercialización.

La iniciativa fue aprobada en la cámara de Diputados el 20 de noviembre pasado, que logró media sanción con 180 votos, un voto negativo y 17 abstenciones, 15 de ellas del entonces bloque de Cambiemos.

La decisión se conoció mientras el INDEC informaba el incremento de la canasta básica del mes de enero. Según los datos del organismo una familia de cuatro integrantes necesitó 40 mil pesos para no ser pobre. En tanto, para no ser indigente el monto mínimo es de 16 mil pesos. La Canasta Básica Total registró un aumento del 3,6 por ciento respecto de diciembre y se disparó un 52,7 por ciento en términos interanuales.

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Góndolas, territorio en disputa

Las góndolas son un campo de batalla de la distribución de la riqueza. Allí se encuentran (y desencuentran) los oligopolios, las pymes y los consumidores. Para dar un marco de regulación, impulsan este proyecto de ley que limita al 30 por ciento la posibilidad de acaparar espacios por parte de una misma firma y obliga a los grandes supermercados a incluir al menos cinco marcas por cada categoría. “Queremos que los empresarios dejen de jugar con los precios”, afirmó el Presidente, Alberto Fernández, en una entrevista televisiva refiriéndose a la norma.

La iniciativa generó el rechazo inmediato de las cámaras que representan a las grandes alimenticias locales, las cadenas de supermercados e incluso un particular lobby de AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. Esta firmó una carta dirigida a Marcela Passo, autora del proyecto, en la que la entidad que nuclea a directivos de IBM, J. P. Morgan, y Visa, entre otras, afirma que “esta ley atenta contra garantías básicas como el ejercicio de la industria lícita, el comercio, la disposición de la propiedad” y amenazó con “una pérdida de puestos de trabajo de entre cinco mil y siete mil personas”.

En la vereda opuesta están las pymes y los supermercados mayoristas que la consideran una oportunidad para ingresar a nuevos comercios y bajar los precios para los consumidores.

Victor Fera es el dueño de Maxiconsumo y viene trabajando desde hace tiempo en una legislación que abra el mercado a nuevos jugadores. “La ley de góndolas ayudaría a bajar los precios pero se está trabando porque alguien la está trabando. Hay lobby empresarial”, sostuvo en diálogo con este medio.

Las maniobras de las corporaciones para copar las góndolas varían, algunas compran las marcas que le generaban competencia fortaleciendo su posición dominante y otras incurren en una práctica desleal que es conocida en la jerga como “pago por exhibición”.

“Estas estrategias se llevan gran parte del presupuesto de marketing dentro de una empresa de consumo masivo”, confiesa un director de la principal firma cervecera instalada en el país. A su vez reconoce que se hace para tener lugares privilegiados dentro de un local pero también para desplazar a la competencia por completo de un comercio y acaparar ese mercado.

Los acuerdos por exhibición insumen cifras millonarias y son un negocio con dos ganadores, el que los paga y el que los cobra. Los perdedores son las marcas que no pueden exhibir sus productos y los consumidores que pagan un costo extra, porque según el propio directivo “todo se traslada al precio final de cada artículo”.

También desde el área comercial de la firma que fabrica los aperitivos más vendidos del país, reconocen que trabajan para conseguir exclusividades y restricción de la competencia, argumentan que si ellos no lo hacen, otro lo hará y destacan: “No existe una góndola que no esté negociada, no solamente para estar, sino para que otros no estén”.

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El objetivo central del proyecto que se discutirá en el Senado es limitar la concentración de los principales rubros que hoy están acotados a pocos jugadores. En el caso del pan, la empresa mexicana Bimbo concentra el 80 por ciento del mercado porque también es dueña de Fargo y Lactal, en la cerveza hay dos firmas, Ab Inveb y CCU. Procter and Gable y Uniliever se apropiaron de casi todas las ventas de los productos de limpieza y Mastellone comercializa el 80 por ciento de los lácteos que se venden en el país.

En esta línea, un informe de la Universidad de Avellaneda refleja las consecuencias de la falta de competencia en sectores tan sensibles. En el último año, los precios de la comida y los productos de limpieza tuvieron incrementos de hasta un 90 por ciento. En el Gran Buenos Aires, de 59 productos relevados, 34 crecieron por encima de la inflación promedio, entre ellos se destacan el queso sardo que subió 90 por ciento, el jabón en pan 89 por ciento,  la manteca 87 por ciento, los pañales descartables 83 por ciento, el yogur bebible 87 por ciento, el detergente líquido 80 por ciento y el dulce de leche 75 por ciento.

Además de fijar espacios en góndolas, la norma restringe las condiciones de pago que pueden fijar los supermercados a sus proveedores. Pone un plazo máximo de noventa días, establece que no podrá oponerse como condición la comercialización de productos de terceros, la entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo de provisión. Tampoco podrán interponerse las condiciones o variaciones de los precios de terceros.

Las declaraciones del Presidente de la Nación sobre el tema renovaron las críticas por parte del empresariado. Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, aseguró que esta ley puede traer sobrecostos en la reposición por quiebres de stock.

Este argumento no pareciera contar con la fortaleza necesaria para torcer la balanza, menos teniendo en cuenta que las principales proveedoras y distribuidoras cuentan con repositores propios e incluso con empresas tercerizadas que se encargan de la tarea.

Desde Copal también sugieren que la medida no tendrá efectividad porque los supermercados de grandes superficies solo abarcan el 30 por ciento de las ventas. Pero el dato es engañoso, porque si la muestra se acota a las grandes ciudades, donde están insertas estas cadenas, ese número asciende al 60 por ciento.

Más de dos meses pasaron desde la media sanción que alcanzó la ley en la Cámara de Diputados. En Casa Rosada aseguran a Nuestras Voces que no habrá más dilaciones.

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