Liberación de represores: una víctima denuncia a la Argentina en la CIDH

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Una ex enfermera del Hospital Posadas que fue víctima del represor beneficiado por el fallo de la Corte Suprema demandó ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) al Estado argentino. Asegura que no debe aplicarse el beneficio de reducción de penas en delitos de lesa humanidad y pide que un amparo suspenda la aplicación del fallo para todos los represores que podrían quedar libres. 

El fallo que beneficia con la reducción de condenas (2×1) a represores ya tiene su primera consecuencia internacional. El Estado argentino fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una de las víctimas del represor favorecido por la Corte Suprema en su sentencia.

La denuncia solicita que, ante las “implicancias irreparables del fallo y los derechos esenciales de víctimas de crímenes de lesa humanidad que su aplicación afectan”, la CIDH dicte una medida cautelar para que el Estado Argentino se abstenga de aplicar el 2×1 en juicios por delitos de lesa humanidad. También le solicita a la CIDH que ponga el tema en la agenda de la próxima visita a Argentina entre el 22 y el 26 de mayo.

La medida cautelar la solicitó la querella de la causa. La presentó Gladys Evarista Cuervo, una de las víctimas del represor Luis Muiña. La patrocinan los abogados Flavia Fernández Brozzi y Rodolfo Yanzón.

Los motivos son claros: para los denunciantes, el fallo de la Corte Suprema que otorgó el beneficio del 2×1 al represor Muiña (y que puede beneficiar al menos a 275 civiles y militares condenados por delitos de lesa humanidad) “violó la protección judicial” que establece el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y generó una “virtual conmutacion de pena”.

La denuncia ante la CIDH plantea que este fallo de la Corte “es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado Argentino en materia de persecución y sanción de graves violaciones a los Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad”.  

Este fallo ha comenzado a generar una catarata de presentaciones que implicará una gravísima afectación al proceso de Memoria, Verdad y Justicia iniciado en la Argentina”, sostiene la denuncia. El mismo texto señala que esta decisión de la Corte tiene “un alcance de consecuencias impredecibles y que generó un masivo repudio en toda la sociedad argentina

Que sí, que no, que sí

En 2011, Muiña fue condenado a 13 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 2, que le otorgó sin embargo el beneficio del 2×1, el mismo que ahora confirmó la Corte Suprema. Esto fue apelado por el fiscal Martín Niklison, apelación sostenida por el fiscal ante la Cámara de Casación Ricardo Weschler. Los camaristas Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky revocaron el beneficio del 2×1 para Muiña. El represor presentó entonces un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que no se lo admitió. Pero insistió, plateó una queja directa y esta vez los Supremos aceptaron. El final ya es conocido: Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz definieron que el represor Muiña podía beneficiarse con el 2×1.

Los cruzarás en la calle

La denuncia ante la CIDH sostiene que cuando se sancionó la ley 24.390, cuyo artículo 7 establece computar doble el tiempo de detención para los casos en que se superen los 2 años de prisión preventiva, “el legislador en aquel entonces jamás pensó en los crímenes de lesa humanidad”. Citan el caso “Masacre de la Rochela vs Colombia”, donde se investigó el asesinato de 13 funcionarios judiciales en La Rochela, en el municipio colombiano de Simacota, el 18 de enero de 1989. En ese caso intervino la CIDH y planteó que una cosa era aplicar la ley penal más benigna (como se pretende en el caso de Muiña) y otra no respetar la proporcionalidad del caso. “Para que el Estado satisfaga el deber de garantizar adecuadamente diversos derechos protegidos en la Convención, entre ellos el derecho de acceso a la justicia y el conocimiento y acceso a la verdad, es necesario que cumpla su deber de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos. Para alcanzar ese fin el Estado debe observar el debido proceso y garantizar, entre otros, el principio de plazo razonable, el principio del contradictorio, el principio de proporcionalidad de la pena, los recursos efectivos y el cumplimiento de la sentencia”, definió la CIDH.

En el caso del fallo de la Corte respecto a Muiña, la denuncia afirma que “conlleva a un supuesto de responsabilidad internacional del Estado argentino porque se traduce en la desnaturalización de la pena y porque para las víctimas y para la sociedad toda opera como un supuesto de impunidad material que tendrá efectos irremediables”.

El texto presentado a la CIDH hace mención además a que se trató de un fallo dividido, donde la mayoría de 3 cortesanos la conformaron dos jueces designados por Macri (Rosatti y Rosenkrantz) junto con Highton de Nolasco, que -consignan en la denuncia-“cambió su criterio en forma categórica mientras se debatía si debía continuar en su cargo en razón de haber alcanzado la edad máxima prevista por la Constitución Nacional (75 años)”.

Se trató de un fallo dividido (dos votos contra tres) en uno de los temas más sensibles no sólo para los argentinos sino para toda la comunidad internacional, lo que de por sí exhibe cierta irresponsabilidad de los jueces”, sostiene la denuncia.

También llama la atención sobre la actitud de Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos, que defendió públicamente el fallo “horas después de haberse conocido, luego de haber intercedido por grupos que reivindican a los perpetradores de masivas violaciones a los derechos humanos”. En la denuncia ante la CIDH, se afirma: “Avruj jamás solicitó que los perpetradores quebraran el pacto de silencio, siendo su gestión más activa en el desmembramiento de áreas creadas para sostener los juicios de lesa humanidad y acompañar a las víctimas, que, una vez más, ven zozobrar los juicios con una medida como ésta”.

Negacionismo No, Memoria Sí: son 30.000

Muiña, el represor

La condena contra Muiña fue por el secuestro y tortura de Gladys Evarista Cuervo (la actual denunciante), Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacquelin Romano y Marta Elena Graiff, en el marco del operativo represivo en el Hospital Posadas en 1976. En el texto presentado a la CIDH constan partes de la sentencia donde se explicita que Muiña integró el denominado grupo “Swat”, cuya labor describen así: “se dedicaron, mediante la ostentación permanente de armas y con la anuencia del Director, a perseguir, controlar e intimidar a todo el personal, amenazándolo, humillándolo, imponiéndole condiciones o pautas a las que debía sujetarse, que impedían la armónica prestación de servicios en el nosocomio. Llegaron incluso a secuestrar y torturar a varios de los trabajadores del Posadas. Su accionar no se limitó al hospital, sino que posteriormente ocuparon ‘El Chalet’, donde además vivían, desde donde montaron la estructura de un centro clandestino de detención, a los efectos de mantener a sus víctimas todas ellas trabajadores del hospital secuestradas y torturarlas…”.

Gladys Evaristo Cuervo, que ahora presenta la denuncia ante la CIDH, era enfermera de Traumatología del hospital Posadas. Fue secuestrada el 25 de noviembre de 1976. Primero, en el Hospital, la encerraron en una oficina, atada y tabicada fue víctima de violencia sexual. Luego la llevaron a “El Chalet”, donde fue torturada sistemáticamente. En la presentación ante la CIDH consta que “la desnudaron, la tiraron sobre una cama elástica y mientras la interrogaban preguntándole por gente del hospital, por Montoneros, por Galimberti y Vaca Narvaja, la picanearon. Relató que las torturas ocurrían cotidianamente, con la radio a todo volumen. Le aplicaron picana, dos o tres veces la sumergieron en una bañera con agua aplicándole el método ‘submarino’, siempre haciéndole el mismo tipo de preguntas. Mientras estuvo en el chalet permaneció en un placard tipo closet atada de pies y manos a la espalda, en una posición que ellos denominaban ‘avión’”. Gladys recordó que un día la pusieron de pie en una habitación y comenzaron a pegarle trompadas. Uno de los golpeadores era Luis Muiña, ahora beneficiado por la Corte Suprema. Según su relato, le pegaron “como si fuera un muñeco” hasta que se desmayó. Le quebraron varias costillas y el esternón. No fue la última tortura. Luego la trasladaron a otro edificio en la base aérea de El Palomar. “Allí estuvo cautiva en condiciones inhumanas, con heridas graves, aislada, sin ninguna posibilidad de comunicación con sus secuestradores, sin instalaciones sanitarias, con escasa alimentación”, detalló. Fue liberada el 22 de enero de 1977. En el texto presentado ante la CIDH se detallan las pruebas documentales sobre el secuestro de Gladys, cuyo caso consta en el legajo CONADEP Nº 1537 y que fue parte del Juicio a las Juntas.

La Corte vs la CIDH

Este caso llega a la CIDH a los pocos meses que la Corte Suprema resolvió que ese organismo no puede revocar sus sentencias. Fue en un caso vinculado a la libertad de expresión, que comenzó con una denuncia del ex presidente Carlos Menem contra Jorge Fontevecchia y Héctor D´Amico. Menem los denunció por la publicación de notas sobre un hijo no reconocido. En 2001, la Corte falló a favor de Menem y condenó a Fontevecchia y D´Amico, que llevaron el caso ante la CIDH acompañados por Horacio Verbitsky. En 2011, la CIDH sostuvo que con el fallo de la Corte el Estado argentino había violado el derecho a la libertad de expresión. El 17 de febrero de 2017, la Corte diseñada por Macri resolvió no acatar la sentencia de la CIDH. En ese fallo la mayoría la conformaron lo Ricardo Lorenzetti, Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco. El único que sostuvo que las sentencias de la CIDH son de cumplimiento obligatorio fue Juan Carlos Maqueda.

Para la Corte, “revocar la sentencia firme dictada por este Tribunal implica privarlo de su carácter de órgano supremo del Poder Judicial argentino y sustituirlo por un tribunal internacional”. Aclararon que esto no implicaba negar el carácter vinculante de las decisiones de la CIDH, pero sólo en aquellos temas donde tenía competencia, según el artículo 63 del Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional. Ese artículo establece que la CIDH puede intervenir cuando hubo violacion de un derecho o libertad protegido por el Pacto. La libertad de expresión es uno de ellos, pero aún así la Corte decidió no darle lugar.

¿Que pasaríá ahora si, luego de esta denuncia por la aplicación del 2×1 a un represor, la CIDH contradice a la Corte Suprema?

@arilijalad

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Ari Lijalad

Ari Lijalad

Periodista, politólogo y documentalista. Ganó el premio Democracia en la terna Periodismo Gráfico y Digital por su investigación sobre Correo Argentino en este portal (2017). Es columnista en Radio del Plata y FM La Patriada. Compiló los libros La Argentina gobernada por las corporaciones y Plan Macri, ambos en 2016.

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