Limpieza judicial: el turno de Arias

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El juez Luis Arias falló en contra de los tarifazos, los abusos policiales y los descuentos a docentes de María Eugenia Vidal. Ahora fue suspendido por el Senado de la provincia de Buenos Aires y avanza un juicio político en su contra. La «familia judicial» bonaerense lo consideraba una piedra en el zapato.

Fue crónica de una medida anunciada.  Hace unos meses, el magistrado Luis Federico Arias, juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, había dicho: “Existen presiones contra jueces que piensan diferente”. La reciente renuncia de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presionada para que diera un paso al costado desde que asumió el macrismo, fue una señal inequívoca del avance de la corporación judicial. Ahora le llegó el turno a Arias, alguien que nunca había sido de la simpatía del poder, aún antes de la asunción de Macri. El Jurado de Enjuiciamiento aprobó en el Senado bonaerense el juicio político contra el magistrado por “prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de las funciones como funcionario público”. Se lo suspendió por 90 días, y hasta que se defina su destitución, Arias tendrá embargado el 40 por ciento del sueldo.

“Es un momento de detracción de derechos e intento de disciplinamiento. No van a lograr que renuncie”, dijo Arias, que es juez desde hace trece años y asumió en el fuero contencioso administrativo bonaerense, cuando recién se creaba. En su Facebook, luego de ser suspendido, escribió: «Me quedo con el calor de los abrazos mojados por la lluvia, y el inmenso afecto de la gente. No bajaremos los brazos. Que no se confundan, que este no es el final, sino el comienzo».

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El telón de fondo del caso es el perfil de Arias, una piedra en el zapato para la elite judicial bonaerense, que nunca lo vio con buenos ojos por sus fallos para evitar desalojos por la fuerza policial, por sus medidas contra abusos policiales, contra el tarifazo de servicios, contra el DNU que disolvió la Afsca y a favor del derecho a huelga de los docentes bonaerenses. “Los jueces no podemos ser juzgados por nuestros pensamientos, por nuestra ideología, sino por nuestros fallos”, repitió como un mantra el magistrado, que se sintió “orgulloso” por el apoyo popular que se congregó en las escalinatas del parlamento bonaerense.

En una maniobra repleta de irregularidades, y denunciada por entidades de derechos humanos como el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria, el procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, había ordenado que se le iniciara un jury de enjuiciamiento por dos causas, una referente a la inundación de La Plata en 2013,  y la otra por una solicitada firmada por Arias para impedir la persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner, a Milagro Sala y a otros ex funcionarios políticos, hecho que las autoridades interpretaron como una “actuación partidaria política”.

La abogada Analía Elíades, defensora de Arias, expresó un enérgico repudio a las acusaciones en su contra. “Que haya firmado una solicitada es un acto de libertad de expresión, todos somos sujetos políticos. Él ni siquiera está afiliado a ningún partido político como si lo están otros funcionarios judiciales. Y aún así, en su condición de juez, tiene derecho a expresarse, como cualquiera de los mortales. El derecho a la opinión es parte fundamental de un sistema democrático, es absurdo juzgarlo por eso”, dijo a Nuestras Voces.

Arias agregó: “¿A mí me imputan por una solicitada y me dicen que ‘hago política’, pero la jueza que preside la Corte es una militante radical y nadie la acusa? Claro, como pertenece a Cambiemos entonces no es una ‘jueza militante”.

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Sobre la otra denuncia referida a su accionar en la inundación del 2 de abril de 2013, el juez aclaró: “A mí me armaron una causa penal por pedirle al fiscal Jorge Paolini que no divulgue datos que oficializaran víctimas de la inundación y un jurado determinó que no había ninguna irregularidad en torno a dicha intervención, porque siempre había actuado en el marco de la ley.  Sin embargo, ahora me lo vuelven a cuestionar. Es increíble, no saben por dónde atacarme”.

El CELS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se pronunciaron en su apoyo, así como también gremios de variadas vertientes ideológicas y asociaciones civiles como, entre otros, la Asociación  Judicial Bonaerense (AJB), el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación Universitaria de La Plata (FULP.)

En sintonía de lo que ocurre con los sindicatos opositores, Arias denunció “un estado de caza de brujas” del gobierno contra los magistrados. La figura del juez se había destacado en el último año y medio por defender las garantías de los consumidores ante los tarifazos de luz y gas, así como también por la intervención en el conflicto docente o en violentos desalojos ordenados por el municipio en zonas vulnerables de la periferia platense.

La Suprema Corte bonaerense lo tenía en la mira y esperó el momento para iniciar el camino de su destitución.

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¿En qué consiste el jury?

El enjuiciamiento político del magistrado comprende tres actuaciones distintas. La primera de ellas había sido  a partir de una denuncia de la ex procuradora María del Carmen Falbo y del fiscal Marcelo Romero. La segunda denuncia también fue presentada por Falbo, y la restante por el Diputado de Cambiemos, Guillermo Castello.

“En realidad, Falbo nunca firmó el documento, y es una de las cosas que atacamos a nivel procedimiento –explicó la abogada Elíades-. Le reprochaba su actuación en el habeas data por la inundación de 2013. El habeas data era para determinar la cantidad de fallecidos a raíz de la catástrofe. El juez Arias le pidió al fiscal Jorge Paolini que se abstuviera de dar datos de las identidades porque la investigación estaba incompleta. El entonces gobierno de Scioli hablaba de 51 muertos, cuando por el habeas data se comprobó casi el doble, 89 víctimas directas, algo que fue ratificado por la Suprema Corte bonaerense. O sea, que ese primer pedido de jury de ningún modo puede constituir irregularidad alguna,  porque constituye una forma de interpretar el derecho y no una falla de Arias”.

Por otra parte, la presentación del diputado Castello “tampoco implica un reproche a la actuación judicial del juez, sino a la firma de una solicitada referida a la defensa de la democracia.  La denuncia no cuestiona el desempeño jurisdiccional del magistrado ni que la opinión se haya vertido en el marco de la actividad funcional. No se efectúa un análisis de sus causas, de los expedientes que tramitan por ante su sede, o de las resoluciones judiciales que dicta. No contrasta sus consideraciones en razón de quienes se benefician y quienes se perjudican con sus sentencias. Lo único que procura la denuncia es identificar al Magistrado con un espacio político en virtud de la expresión de ciertas ideas sobre la marcha política, económica y social del país. En ningún caso hay cuestiones económicas implicadas, ni faltas concretas sobre los deberes de imparcialidad e independencia del Juez, ni ninguna otra causal que dé lugar a su destitución”, remarcó Elíades.

Es preciso aclarar que, en la Provincia de Buenos Aires, a diferencia de la Nación, la remoción de jueces no está a cargo del Consejo de la Magistratura, sino por un Jurado de once miembros, integrado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, cinco abogados inscriptos en la matrícula que reúnan las condiciones para ser miembro de dicho tribunal, y hasta cinco legisladores abogados. El Jurado no es permanente, sino que se sortea frente a cada denuncia contra un juez o magistrado.

La abogada Elíades cuestionó, también, la legitimidad de este jurado, cuya presidenta es la jueza Hilda Kogan, titular de la Suprema Corte de Justicia provincial: “Es un jurado que había sido designado para otros objetivos y pretende juzgar hechos ajenos al motivo de su integración. Deberían haber realizado otro sorteo, pero curiosamente dejaron legisladores acordes al signo político por el que se pretende destituirlo”.

Para Arias, la lucha por defender su lugar de juez apenas comienza. Y resaltó una coherencia de acción a lo largo del tiempo. “Yo siempre he tenido una misma conducta sobre, por ejemplo, los aumentos de la factura y la paritaria docente, no es algo nuevo. Hay una presión sobre distintos sectores. Cada vez que al gobierno no le gusta algo, presiona, como a Roberto Baradel. El diputado Castello ha dicho que tuve una actitud impropia de un juez. Eso mismo que dijo Cambiemos de mí lo dijeron antes Daniel Scioli y Felipe Solá, entre otros. Ya estoy acostumbrado a estas cuestiones”.

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Juan Manuel Mannarino

Juan Manuel Mannarino

Periodista. Colabora en este portal, en la revista digital Anfibia y el sitio Cosecha Roja. Es docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y escribe obras de teatro.

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