Llevar la justicia a los barrios, otro desafío en la Pandemia

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Desalojos, violencia doméstica e institucional, problemas con servicios de luz y agua, trámites para jubilaciones y ayuda social. Los problemas siguen, pese a la cuarentena. Y los Centros de Acceso a la Justicia se transformaron para ayudar a las personas que menos acceso a la justicia tienen. Las consultas virtuales se duplicaron. Cuáles son los problemas por lo que más se consulta en Pandemia.

En tiempos donde todo es incertidumbre tener algún tipo de contención, sobre todo, en las poblaciones más vulnerables resulta indispensable. Pese al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio los Centros de Acceso a Justicia (CAJ)—que pertenecen al ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación—relanzaron sus servicios para que las personas puedan acceder a sus derechos fundamentales. 

En el trimestre comprendido entre el 1º de junio y el 31 de agosto de 2020 los CAJ recibieron un total de 26.509 consultas por los distintos medios de atención, virtuales y presenciales. El 57,5% de las consultas se registraron en operativos presenciales y el 42,5% restante fueron virtuales; justamente las consultas por medios virtuales crecieron un 106% respecto al trimestre anterior, pasando de 5.474 a 11.260. Los principales temas de consulta por medios digitales y telefónicas fueron: Cuota alimentaria, responsabilidad parental, cuidado compartido; solicitudes previsionales (AUH, jubilaciones, etc.); Ingreso Familiar de Emergencia, cuestiones de vivienda/desalojo y violencia de género.

“Lo más destacado cualitativamente, en este segundo trimestre es que la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento de la Justicia sostuvo su actividad presencial, además de la modalidad virtual de atención—explica la directora del área, Gabriela Carpineti, a Nuestras Voces—. Se hicieron más de 240 operativos presenciales, donde se asistió legal y socialmente a comunidades, fundamentalmente del área metropolitana de Buenos Aires y determinados enclaves de ciudades y periferias y parajes rurales del interior del país. Creo que eso fue lo más destacado por haber podido sostener la presencialidad, la presencia física del Estado brindando este tipo de atenciones”.

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En todo el país se realizaron 248 operativos presenciales en los cuales se recibieron 15.183 consultas. Algunos se realizaron en conjunto con la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación de la cual depende el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Los operativos fueron realizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en Santiago del Estero, en Salta, en Tucumán y en Misiones. 

Justicia en barrios populares

El 10 de agosto se inauguró mediante la resolución 299/2020 la Central de Atención a Barrios Populares—CABP—.Se pusieron a disposición dos líneas telefónicas exclusivas para recibir reclamos y responder consultas sobre servicios de agua y energía eléctrica. En la Provincia de Buenos Aires (PBA) se registraron 460 casos testigo de problemas en el servicio eléctrico y 50 respecto al agua. Esta iniciativa es particularmente importante para promover, facilitar y fortalecer el acceso a la justicia de los ciudadanos y ciudadanas. La iniciativa surge de una propuesta conjunta entre el Equipo Interdisciplinario de la DNPFAJ y la Pastoral Villera. “Se trata de una herramienta creada para brindar respuesta, orientación y asesoramiento ante las necesidades de información, y ante denuncias y solicitudes de diversa índole en materia jurídico-asistencial, presentadas por la ciudadanía residente en barrios populares, villas, asentamientos y refugios. La CABP es una línea destinada para dar soluciones expeditas a las personas más vulnerabilizadas por la desigualdad”, explica el informe. La misma busca la coordinación y articulación entre los y las operadoras de la central telefónica y los Centros de Acceso a la Justicia, con otras entidades públicas, para dar respuesta inmediata a las demandas respecto a emergencia sanitaria, alimentaria, casos de violencias, defunciones, situaciones de desalojos y problemas de adicciones.

Esta actuará, en esta primera etapa, en las áreas de influencia de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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Desalojos en cuarentena

“La segunda cuestión es que también fue un área que tuvo un rasgo específico es la atención de demandas de inquilinos que se comunicaban frente a situaciones de violencias y amenazas por parte de dueños e inmobiliarias en relación al incumplimiento del decreto que prohibe los desalojos”, explica Carpineti. “Hemos logrado evitar desalojos, también una serie de articulaciones con los poderes judiciales del interior del país para que den cumplimiento al decreto”. 

Por caso, en este período se gestionó el retorno a sus lugares de origen de 189 personas varadas (la mayoría trabajadores/as temporales) por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Se mantuvieron activas las líneas de consulta por problemáticas de alquileres (1270 consultas, el 30% sobre el decreto 320/2020, el 19% sobre la nueva ley de alquileres) y para personas varadas fuera de su lugar de origen durante el ASPO (314 consultas, el 28% de trabajadores/as de temporada). 

Violencia institucional

“La tercera cuestión destacada es que además de los equipos interdisciplinarios, realizamos intervenciones directas en situaciones de violencia de género emergentes y en situaciones de violencia institucional”, sostiene Carpineti. 

Un caso destacado en donde intervino el CAJ sucedió en Tristán Suárez. Se tomó conocimiento de un caso por Violencia de Género que tiene como victimario a un personal policial retirado (marido). La víctima realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Tristán Suárez luego de haber sufrido violencia física y amenazas sobre sus hijas. Cuando consultó por el estado de la denuncia le dijeron que se aplicaría una medida perimetral, pero no la han notificado. Asimismo, la víctima sostuvo que sufrió también un caso de revictimización por parte de las personas que la atendieron. La consultante acusa que el personal del juzgado de paz de  Ezeiza ejerció malos tratos sobre ella, cuestionándole su cantidad de hijos/as y requiriendo testigos de la violencia sufrida. Peyorativamente, el personal le indicó que “deje de mirar noticieros”, quitándole importancia a la cuestión. Actualmente, se encuentra con un botón antipánico, asignado por el Municipio de Ezeiza, pero desconoce si se notificó al victimario sobre la medida perimetral. La Policía Federal Argentina (PFA) tuvo que tomar conocimiento de este caso ya que el implicado pertenece y tiene una fuerte relación con la fuerza policial Bonaerense. A pesar de los reiterados intentos la PFA no lo han encontrado en su domicilio.

El CAJ seguirá el caso de cerca para asegurar que la consultante pueda ser amparada por la justicia. El segundo caso destacado ocurrió en Lomás de Zamora donde el CAJ de esa ocalidad tomó conocimiento de un caso de violencia Institucional que tiene como víctima a un menor de edad. En el marco de un allanamiento policial a un domicilio equivocado, un joven de 17 años recibe el impacto de un disparo de bala de goma en la cara por parte de un agente de las fuerzas de seguridad bonaerense. En este acto pierde un ojo y corre peligro de perder la visión del otro ojo. El 3 de agosto, se realizó una reunión por Zoom entre el CAJ de Lomas con el Equipo Interdisciplinario de Provincia de Buenos Aires, el Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad (PRONALCI) y el Subsecretario de Hábitat del municipio de Lomas de Zamora. En este encuentro se delineó una estrategia conjunta para acompañar a la familia de la víctima en las gestiones con salud como en la pensión por discapacidad, y el apoyo institucional a la causa. Se planea una nueva reunión en el corto plazo, ya que el policía que disparó obtuvo el beneficio de la excarcelación.

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Tali Goldman

Tali Goldman

Es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y periodista. Escribe crónicas en medios digitales como Anfibia, Nuestras Voces, Latfem, entre otros. Es columnista en el programa de radio Cheque en Blanco, que se emite en Futurock. Su primer libro La Marea Sindical, mujeres y gremios en la nueva era feminista de Editorial Octubre ya va por la segunda edición.

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