Los números del desastre económico macrista

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En tres años el macrismo destrozó todos los índices económicos. 2018 y 2019 fueron los peores años. La inflación no se detiene. El primer cuatrimestre de 2019 ya acumula un 15,6% y un 55,8% anual y desde la llegada de Macri al gobierno los precios aumentaron 210%. El empleo se destruyó, la actividad económica va en picada, los salarios acumulan 17 meses de caída ininterrumpida, la pobreza llegó al 32% y se desplomó el consumo: esparcimiento (-73%), combustible (-40%), carne (-62%) y leche (-49%). La llegada del FMI empeoró la situación. Un análisis pormenorizado del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Estamos transitando el cuarto año de la gestión Macri y el análisis de cualquier indicador de la economía muestra un desempeño muy negativo. A contramano de los pronósticos sobre el “shock” de confianza que implicaba la llegada del Fondo Monetario Internacional (FMI) como prestamista y garante del curso de la actual administración, 2018 y 2019 fueron los peores años de gestión. Esto se debe, en parte, a un pésimo diagnóstico sobre el funcionamiento de la economía argentina, junto con la defensa de intereses sectoriales que poco tienen que ver con los de las grandes mayorías locales. Hacia el final de la nota analizaremos la enorme pérdida que supone este fracaso económico para todos aquellos y aquellas que perciben ingresos fijos y/o dependen de la actividad productiva del país.

Inflación y consumo

Una de las variables que más complica a la actual administración es la inflación. A pesar de que el Presidente pidió evaluar su gobierno por la pericia en el control de los precios, desde que asumió, los precios acumulan aproximadamente un 210% de aumento. Los últimos dos años, marcados por la presencia del FMI y la política de no intervención en el mercado cambiario, fueron los más alarmantes en términos de inflacionarios: 2018 cerró con una inflación anual acumulada de 47,6% y el primer cuatrimestre de 2019 ya acumula un 15,6% y un 55,8% anual. Los rubros que más aumentaron fueron los alimentos y bebidas que acumulan un 66,2% de inflación anual y los regulados por el incremento de las tarifas de servicios públicos, como el transporte, que acumuló un 68% de incremento anual. Dólar y tarifazo vienen siendo los dos grandes impulsores del incremento en los precios internos que no ceden ante la restricción monetaria que propone el BCRA.

Como era previsible, tal nivel de incremento en los precios internos perjudicó la capacidad de consumo de gran parte de los sectores sociales. Según un reciente informe de CEPA, el rubro más afectado por la caída del consumo es la recreación: el 73% de la población encuestada declaró haber reducido los consumos en este rubro. En segundo lugar, aparece la ropa y el calzado con una caída del 69% y luego la carne con una retracción del 62%. También son destacables las bajas en los consumos de insumos imprescindibles como los lácteos (-49%), combustibles (-40%) y medicamentos (-30%).

Los cambios en los patrones de consumo muestran el empeoramiento de las condiciones de vida de la población más vulnerable en insumos básicos como la reducción del consumo de leche, carne y medicamentos, en sintonía con los recientes aumentos de los niveles de pobreza e indigencia: 32% y 6,7% respectivamente. Además, la reducción en consumos tales como el esparcimiento o combustibles muestra que la crisis afecta también a los sectores medios que ven limitados sus gastos.

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Endeudamiento y riesgo país

No sorprende que el nivel de endeudamiento haya aumentado, particularmente desde la llegada del FMI. La relación deuda pública – PBI antes de su arribo era del 57% (considerando que Cambiemos ya había incrementado el endeudamiento con las emisiones de 2016 y 2017) y en la actualidad está cercana al 90%. Sí resulta llamativa la evolución del riesgo país, considerando que el acuerdo con la entidad de financiamiento internacional implicaba, en teoría, un “shock de confianza” para los mercados más que un recurso de financiamiento interno. En este sentido se anunció el carácter “precautorio” del primer acuerdo. Lejos de concretarse el voto de confianza de los inversores, el riesgo país trepó de 489 a 917 casi duplicando los niveles. La ausencia de la lluvia de inversiones se combinó con una caída sistemática de la actividad económica. La elevada tasa de interés como instrumento para controlar (ineficientemente) la inflación, introdujo enormes dificultades para la actividad económica no financiera. A contramano de los pronósticos del Fondo, la caída del producto hacia finales de 2018 acumuló -6,2% y el estimador mensual de actividad económica hasta febrero de este año acumula una caída de -5,3% con respecto al mismo período del año anterior.

El poder adquisitivo de salarios y jubilaciones

Detrás de los números del fracaso económico subyacen los grandes “perdedores” del modelo, que no se propone modificar el rumbo. Nicolás Dujovne afirmó recientemente que la pérdida de poder adquisitivo se detuvo. Sin embargo, hace 17 meses que de forma ininterrumpida las remuneraciones promedio no le ganan a la inflación, según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Producción. El primer año de gestión implicó una pérdida importante de poder adquisitivo, durante 2017 los salarios se recuperaron levemente respecto de la pérdida del año anterior, pero durante 2018 y 2019 la pérdida de poder adquisitivo fue constante y pronunciada.

Las dificultades que atraviesa la actividad productiva impacta también en los niveles de empleo. Según el relevamiento de CEPA, en el trimestre enero-marzo de 2019 los despidos y suspensiones ascienden a 19.882 casos, una cantidad sensiblemente mayor al mismo período del año anterior, que sumaron 14.068 casos. Los despidos y suspensiones fueron motorizados por el sector industrial y el sector de servicios, que representan el 77% y 21% respectivamente. Además, 1 de cada 5 despidos durante el primer trimestre de 2019 se relacionan con cierre de empresas o plantas.

La evolución negativa de los salarios explica también la pérdida de poder adquisitivo en jubilados y jubiladas. La nueva fórmula de movilidad, compuesta en un 70% por inflación y un 30% por salarios, perdió el 12% en promedio de su poder adquisitivo en 2018 y para el primer trimestre de 2019 ya acumula un 3% de pérdida en promedio.

Los jubilados y jubiladas son de las más afectadas por las políticas de “achicamiento del gasto”, que afectó sus ingresos y eliminó derechos como el acceso a la moratoria previsional para los trabajadores y trabajadoras del mercado de trabajo no registrado, en un país donde el 34% de la población económicamente activa trabaja sin aportes. Aún con mayor intensidad afecta esta decisión a las mujeres, ya que en su caso el empleo no registrado asciende a 37% y muchas dedicaron gran parte de su vida a la realización del trabajo doméstico no remunerado en los hogares. Un verdadero castigo patriarcal ya que el 80% de las jubiladas por moratoria son mujeres. En la práctica, las moratorias son reemplazadas por la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) que no reconoce la condición de trabajadores y trabajadoras, no es heredable al cónyuge y es incompatible con cualquier otro ingreso laboral. Según datos del CEPA, las PUAM se encontraban en marzo de 2019 un 9% por debajo de la línea de pobreza.

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Débora Ascencio

Débora Ascencio

Periodista especializada en economía. Integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), becaria doctoral de CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Sociología y maestranda en Sociología Económica.

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