Ni los vecinos lo quieren

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Vecinos marplatenses del represor beneficiado con domiciliaria, Miguel Etchecolatz, se presentarán hoy ante la Justicia. Pedirán junto a organismos de DDHH que se revoque la medida y vuelva a la cárcel. Ya hubo una salida de Etchecolatz por una supuesta «urgencia» que no fue debidamente informada por el ministro Germán Garavano. Son 15 los genocidas con domiciliaria en Mar del Plata.

Los árboles del Bosque Peralta Ramos ya no inspiran la misma paz que antes del 29 de diciembre, cuando Miguel Osvaldo Etchecolatz llegó a cumplir su prisión domiciliaria. Despliegue de fuerzas de seguridad, agentes en motos y con las armas en alto, ventanas tapiadas, perímetros cerrados, visitas de quienes le profesan admiración al genocida: el nuevo paisaje con el que conviven los vecinos en el área residencial marplatense. No son los únicos que sienten un aire que sofoca. Junto a ellos, los organismos y los querellantes en causas contra el ex número dos de la Bonaerense irán mañana a la justicia de La Plata, la que lo condenó en seis oportunidades por delitos de lesa humanidad, a pedir que Etchecolatz vuelva a la cárcel.

Frente al edificio que ocupa el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata en calles 11 y 47, se reunirán hoy querellantes, militantes y vecinos de Mar del Plata desde las 10.30 para acompañar la entrega de un pedido a los jueces para que viajen a la ciudad balnearia para enterarse cómo la presencia de quien fuera el mandamás de 21 centros clandestinos terminó con la calma del Bosque y que revoquen la domiciliaria del ex jefe de Investigaciones de la Bonaerense.

Por decisión del TOF6 de la Ciudad de Buenos Aires – que lo juzga por delitos cometidos en la División Cuatrerismo de La Matanza y la Comisaría I de Monte Grande –, Etchecolatz volvió en la madrugada del 29 de diciembre a su casa de la calle Nuevo Boulevard del Bosque entre Tobas y Guaraníes.  El 20 de enero, dejó su casa entre las 16:28 y las 20:16 para irse a atender en la clínica Colón de Mar del Plata. Lo trasladó la Prefectura en dos autos de civil después de recibir una llamada de Graciela Carballo, “Gracielita”, la esposa y fiadora de Etchecolatz, quien dijo que debía trasladárselo con urgencia para cambiarle la sonda vesical. Se corrió la voz de que el represor había abandonado su casa y llegaron los fotógrafos que se sumaron a quienes registraban la salida del genocida con sus teléfonos celulares. ¿Pero estaban enterados los jueces?

Las condenas y un freno a las domiciliarias

Alerta

“Las domiciliarias, en la práctica, funcionan como una excarcelación”, se queja la abogada Guadalupe Godoy, quien motorizó el planteo que hoy presentarán Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani junto a Pablo Diaz, Emilce Moler y Gustavo Calotti, sobrevivientes de la Noche de los Lápices, entre otros. “El control es mínimo y ahora vemos en el caso del monitoreo las distintas varas con las que los jueces miden las alertas que el sistema genera”, dice Godoy.

Etchecolatz tiene la tobillera que monitorea que no se ausente de su casa desde el 30 de diciembre a las 21:20 horas, según surge de informes que el Ministerio de Justicia remitió a la justicia. El 20 de enero saltó la alerta cuando Etchecolatz salió de su casa en la camioneta de la Prefectura. El programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica –que está bajo la órbita de Juan Mahiques– le avisó al TOF6 y al juzgado federal de Lomas de Zamora –que investiga a Etchecolatz por dos masacres de 1977-, pero omitió informar a los tribunales de La Plata, donde el represor recibió todas sus condenas y donde se espera que sea llevado a juicio por su rol en el Pozo de Banfield, el centro clandestino por donde pasaron los estudiantes de la Noche de los Lápices y que funcionó como una maternidad clandestina.

El juez Ernesto Kreplak –a cargo del TOF de La Plata durante la feria– le envió un oficio al Ministerio de Justicia para preguntar qué había pasado con el monitoreo, que la cartera que dirige Germán Garavano contestó el 29 de enero con la promesa de incluir a La Plata en los informes. En un comunicado, el TOF de feria de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Julio Panelo –uno de los jueces que le otorgó la domiciliaria a Etchecolatz, sostuvo que el represor había salido por una urgencia, situación que se encuentra prevista para estos casos.

De presos políticos y genocidas sueltos

La respuesta del TOF6 no satisfizo a quienes querellan contra Etchecolatz. “Si bien existe la posibilidad de egresar del domicilio cuando se trate de una urgencia, corresponde remarcar que la pretendida situación de urgencia debe ser acreditada en tiempo y forma”, escribieron. “Y no solo Etchecolatz no acreditó la urgencia ni dio aviso a tribunal alguno, sino que ni siquiera se tomó el trabajo de comunicar a su propia defensa las razones de la salida”, agregaron.

Visitas y algo más

Desde hace 40 días, Etchecolatz volvió a la casona que abandonó en 2006, cuando el TOF1 de La Plata le revocó la domiciliaria por tener un arma de fuego que apuntó, nada más y nada menos, contra Juan Ramos Padilla, el juez que impulsó investigaciones por atentados durante la democracia y que representó a Alfredo Bravo en la querella contra su torturador.

La casa tiene tres habitaciones, dos baños, cocina, comedor, quincho, altillo, patio descubierto, cámaras de monitoreo y sistemas de alarma ADT – de lo que se desprende del informe socio-ambiental que entregó la comisaría V de Mar del Plata. Tiene varias ventanas, desde las que se vio una figura fantasmagórica sacando fotos a los manifestantes durante enero. ¿Era el mismo Etchecolatz o un visitante?

Según los querellantes platenses, no figura si el represor puede recibir visitas ni si, de hecho, las tuvo. El único que publicitó su intento de visita fue el dirigente neonazi Carlos Pampillón, quien el 4 de enero publicó en Facebook que había pasado por la casa de Etchecolatz, había charlado con los prefectos y había dejado sus saludos. También dijo que se quedó esperando para ver si pasaba alguna “ratita roja”.

La falta de control preocupa porque las investigaciones han llevado hasta los vínculos de Etchecolatz en Mar del Plata, donde hay un total de 15 represores en domiciliaria. Sin ir más lejos, en enero de 2009, se secuestró un auto Gol de la casa del ex médico policial Osvaldo Falcone, que se sospecha podría haber sido usado para secuestrar a Jorge Julio López, el testigo y querellante desaparecido en septiembre de 2006.

Un no-lugar para los genocidas

Ana Pecoraro tiene a su papá desaparecido, Enrique, y su madre, Alicia Ruszkowsi, es sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Decidió hace ocho años que el Bosque Peralta Ramos sería su lugar en el mundo. Construyó su casa, su mundo, allí. Un lugar para andar en bicicleta, dejar a los hijos jugar libres y andar sin miedo. Su hermana, Laura, volvió al país después de 22 años, y también decidió afincarse en el bosque. Compró un terreno y el 29 de diciembre se enteró que tenía un nuevo vecino justo enfrente: Etchecolatz.

Foto: Christian Heit

Durante enero, Laura vio cómo su propiedad servía para sostener las vallas que protegían la casa del represor de las manifestaciones. Vio cómo las fuerzas de seguridad se metían dentro de su mundo, lo pisoteaban y arrojaban sus residuos.

“Compró un hermoso terreno sin imaginar que tiempo después sería un cuartel”, escribió Ana en uno de los testimonios que se incluyeron en la presentación judicial. “Les pregunto a ustedes, jueces federales Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris, como también a (José Martínez) Sobrino, (Fernando) Canero y Panelo, como una hija de desaparecidos puede vivir, dormir y convivir con esta situación”.

Domiciliarias

El TOF1 de La Plata tendrá que decidir si la conmoción social que generó la salida de Etchecolatz constituye un hecho para reexaminar si situación. Los jueces del TOF6 –que el 27 de diciembre otorgaron la domiciliaria al represor– deben, también, resolver los pedidos de revocatoria que formularon los querellantes y la fiscal Ángeles Ramos. Durante enero, la sala de feria de la Cámara Federal de Casación –integrada por Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Juan Carlos Gemignani– rechazó un pedido del abogado de Etchecolatz para que fuera excarcelado, y sugirió que el TOF6 había evaluado con laxitud los riesgos que supone Etchecolatz en su casa. Esa decisión, según fuentes del máximo tribunal penal del país, constituye un argumento de peso para cuando la Casación tenga que examinar en concreto el otorgamiento de la domiciliaria decidido por los jueces Martínez Sobrino, Panelo y Canero.

Para Godoy, lo que está en juego es que el Poder Judicial diga cuál es el lugar que les corresponde a los genocidas. Ésta es una discusión que se abrió con fuerza desde que Etchecolatz abandonó el Hospital Penitenciario de Ezeiza para volver a su casa, pero que se intensificará si la tendencia que se viene dando continúa.

Según el último informe de la Procuradoría de Crímenes Contra la Humanidad, son 2480 las personas imputadas por crímenes cometidos durante la última dictadura. Sólo un diez por ciento de ese total está en la cárcel. Según datos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), son 242 los represores presos. La Procuración estimaba que al 22 de diciembre del año pasado eran 549 los represores bajo la modalidad de arresto domiciliario. De esos, 165 están bajo el programa de vigilancia electrónica, que tiene otros 100 casos en estudio. Es decir, sólo una tercera parte de los represores en domiciliaria cuentan con un sistema de monitoreo que permita dar alertas si se alejan de su casa.

La cantidad de procesados o condenados alojados en dependencias del SPF se mantuvo estable entre 2013 y 2015 – pasando de 407 a 398. Sin embargo, comenzó a descender drásticamente desde la llegada a la presidencia de Mauricio Macri, cuando los funcionarios comenzaron a declarar que creían que los mayores de 70 años debían estar en domiciliaria. En 2016, el número de represores presos llegó a 313. El año pasado bajó a 248 y en lo que va del año, feria mediante, el número se encogió a 242. Casi la mitad de ellos, 91, estaban alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo, una cárcel vip reabierta en 2016 por decisión del Ministerio de Justicia y con la justificación de la proximidad de un hospital para atender a una población de edad avanzada.

Purga judicial: Rafecas está de turno

Los controles laxos implican riesgos para los propios represores como para terceros. Cuando se reabrió la cárcel de Campo de Mayo, los organismos recordaron que el exprefecto de la ESMA Héctor Febres había muerto envenenado en la cárcel VIP de Prefectura, donde esperaba su sentencia en el primer juicio por delitos cometidos en el campo de concentración de la Armada. Para el represor Miguel Colicigno,– apunta el exjuez Carlos Rozanski, su casa tampoco fue un lugar seguro: murió en junio de 2016 tras caer en una pileta vacía mientras podaba un limonero colgado de una escalera a los 86 años.

Fernando Svedas –uno de los subordinados de Etchecolatz– violó la domiciliaria en marzo del año pasado para ir a amenazar a su mujer, quien se había ido de la casa después de que el represor volviera. “Hubo un incidente con dinero”, adujo él ante los jueces. Según le contó al TOF1 de La Plata, se enteró que Marta Gloria Cuccaresse –con quien había estado 20 años– estaba internada y no lo dudó: caminó el sábado y domingo las cuatro cuadras que lo separaban del Policlínico de Lomas de Zamora. Forcejeó con su cuñada, pero entró. En ningún momento avisó al TOF1 que había salido de su casa. La familia de la mujer lo denunció. Los jueces Castelli y Esmoris entendieron que no había razón para que volviera a la cárcel. Lo mandaron al country de Canning donde vivió con su hijo hasta que murió en junio.

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Luciana Bertoia

Luciana Bertoia

Periodista, Licenciada en Ciencia Política y Magíster en Derechos Humanos. Cubre temas vinculados con justicia y derechos humanos. Formó parte del Buenos Aires Herald y trabajó en la sección El Mundo del diario Página/12 y en Miradas al Sur.

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