Macri se va sin implementar la ley de emergencia alimentaria

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Marcos Peña se despide del gobierno asegurando burdamente que la gestión de Mauricio Macri fue un éxito, mientras la ley de emergencia alimentaria lleva un mes sancionada por el Congreso y aún no se implementó. Cuando las organizaciones sociales reclaman a los funcionarios que aumenten las partidas alimentarias como dispone la norma, la respuesta que reciben es que «ahora no se puede porque estamos preparando la transición». La protesta por el hambre llegó a las calles, mientras el presidente electo Fernández le respondió a Peña: “Aunque queden diez minutos de gobierno, les pido que paren con la mentira».

La mentira descarada con la que gobernó Mauricio Macri durante estos cuatro años no podía terminar de otra manera más que exacerbada. Ayer el Gobierno dio a conocer un documento de siete páginas elaborado por Marcos Peña y el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, en donde básicamente dicen que entregan un país mejor del que recibieron en 2015. “El país está listo para crecer. Sin magia, sin mentira y sin ficción, gracias al esfuerzo de todos los argentinos, hemos revertido la herencia de 2015”, dice uno de los puntos más desopilantes en un contexto de inflación desenfrendada, caída de los salarios, cierre de empresas y comercios, y crisis de la deuda externa. Nada dice de la ley de emergencia alimentaria que no se cumple.

En un paso ya clásico del discurso macrista todo es culpa de los otros: asegura que el gobierno de Macri recibió en 2015 “un Banco Central sin reservas y restricciones cambiarias para importar y viajar”, “déficit brutal del 7 por ciento con una presión impositiva récord”, “desempleo mentiroso y pobreza estructural altísima”, “inflación ya alta durante ocho años y en ascenso”, “tipo de cambio atrasado que perjudicaba la actividad productiva”, “un Estado arrasado” y “crisis energética”.

Desde México y luego de un exitoso encuentro con el presidente López Obrador y con empresarios del país azteca, el propio Alberto Fernández salió a cruzar este informe: “Aunque queden diez minutos de gobierno, les pido que paren con la mentira, porque hace dos años nadie pensaba que Argentina iba a tener la crisis que tiene y es producto de la gran inoperancia del Gobierno. Me reuní con Carlos Slim y otros empresarios mexicanos que tienen inversiones en Argentina. Les anticipé la situación crítica que deja el macrismo y nuestra decisión de revertir ese cuadro».

Lo cierto es que desde el 27 de octubre las mentiras tienen patas cortas. Mientras tanto, Barrios de Pie, el Polo Obrero y un conjunto de organizaciones realizaron en el día de ayer una Jornada Nacional al cumplirse un mes de sancionada la Ley de Emergencia Alimentaria, denunciando que no se implementó Además de eso reclaman la actualización de los montos de la AUH, del salario social complementario; las jubilaciones mínimas y el congelamiento de los precios de la canasta básica alimentaria.

El hambre, otra herencia maldita que deja Macri

“El gobierno de Macri tiene las herramientas para incrementar la asistencia ante un acelerado deterioro de la situación económica. Los alimentos siguen aumentando, y esto golpea más todavía a quienes hoy no pueden llevar un plato de comida digno a sus mesas”, explicó Silvia Saravia referente nacional de Barrios de Pie y agregó que “los bonos otorgados han sido una respuesta puntual, que no se incorporaron como aumentos a la AUH ni al salario social. Y en el caso de las jubilaciones ni siquiera han recibido esa ayuda. Es necesario un aumento acorde al incremento de la Canasta Básica”. Al ser consultada en referencia a las demandas al presidente electo afirmó que “Alberto Fernández va a asumir recién el 10 de diciembre. Nuestro reclamo está dirigido claramente al gobierno actual, que hoy tiene la responsabilidad de aplicar la ley de Emergencia Alimentaria promulgada hace un mes. La pobreza y el hambre no pueden esperar”.

Si bien los movimientos que salieron a la calle fueron los vinculados a la izquierda, en la CTEP y la Corriente Clasista y Combativa sus referentes también señalaron el incumplimiento de la emergencia alimentaria. Según consignó Laura Vales en Página 12, Juan Carlos Alderete de la (CCC) sostuvo: “No han cumplido en nada. No mandan más alimentos y siguen dejándonos premios con drama, como estos anuncios que han hecho en la provincia de Buenos Aires, de otro aumento en la tarifa eléctrica. Fuimos a Desarrollo Social de la provincia. Nos dijeron que ahora no pueden porque  ‘comienza la transición’ y tienen que ‘dejar ordenado’ todo lo que han gastado en lo social. Nosotros habíamos llevado un listado con las ciudades y barrios donde los compañeros tienen los mayores problemas, con más casos de chicos con malnutrición o directamente con desnutrición… pero todos los convenios nuestros para que vayan urgente a esos lugares quedaron en el aire. Quieren dejar al país minado con dinamita, con bomba y mecha corta: la gente ya no tiene tiempo, no llega. Está desesperada”.

La ley fue sancionada por el Congreso y entró en vigencia el 30 de septiembre, con su publicación en el Boletín Oficial. El texto sancionado tiene como eje principal la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria que había sido decretada por el Poder Ejecutivo en el año 2002. La letra de molde es clara, precisa y no requiere de mucho análisis. Porque cuando hay hambre, la solución tiene que venir a través del Estado y de la decisión política de hacerlo. “El derecho humano a una alimentación adecuada se asume como una política de Estado que respetará protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada Ley de presupuesto que apruebe el Congreso Nacional”, dice el texto. 

Gestión de Vidal: récord de chicos que pasan hambre en el Conurbano

Lo que plantean también es que a partir de la declaración de la emergencia “se actualice trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro ´alimentos y bebidas no alcohólicas´ del índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica que elabora el INDEC”.

Además, el proyecto de ley fue presentado con una carta dirigida al Presidente del Congreso, Emilio Monzó, en donde se plasman los fundamentos: “No es lo mismo comer bien que no comer bien, porque el hambre, la desnutrición y la malnutrición causan daños irreparables que deben ser prevenidos y abordados en forma urgente, estratégica e integral con recursos suficientes por parte del Estado”. Y agregan: “La situación de emergencia alimentaria y nutricional es una cuestión social concreta, medible y objetiva que ha sido señalada por diversos informes de organismos públicos nacionales, por organismos internacionales, y por Universidades y Centros de Estudios, vinculada al creciente aumento de la inseguridad alimentaria y nutricional”.

No se aguanta más

Uno de cada tres chicos del Conurbano bonaerense, sufre problemas para acceder al agua potable y a una alimentación que brinde los nutrientes indispensables para el desarrollo. Este dato surge de un relevamiento realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA para la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

El informe titulado “Agua segura y alimentación, derechos pendientes de ser garantizados”, describe la evolución de diversos indicadores que representan la situación de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina y en el Gran Buenos Aires en relación a sus derechos al acceso al agua segura y a la alimentación, para conocer cómo evolucionó esta situación a lo largo del periodo 2010-2018. Localiza las infancias más vulnerables en el Conurbano y explora sus asimetrías con respecto a sus pares a nivel del promedio nacional urbano.

El dato más estremecedor es que la inseguridad alimentaria severa —esto es: haber experimentado “hambre” por falta de alimentos en los últimos 12 meses por problemas económico— junto con la falta de cobertura de alimentación gratuita, experimentó un fuerte incremento en el último periodo interanual (2017-2018)—período gobernado por María Eugenia Vidal—tanto para el total de a nivel país urbano como en el conurbano bonaerense, alcanzando los valores más elevados de la serie 2010-2018. La inseguridad alimentaria total es del 35,8% en el tercer trimestre de 2018 en GBA, y  la inseguridad alimentaria severa es del 17,4%. La cobertura de alimentación gratuita también bajó. Será tarea de la nueva gestión de la provincia que comandará Axel Kicillof, revertir esta terrible situación.

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Tali Goldman

Tali Goldman

Es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y periodista. Escribe crónicas en medios digitales como Anfibia, Nuestras Voces, Latfem, entre otros. Es columnista en el programa de radio Cheque en Blanco, que se emite en Futurock. Su primer libro La Marea Sindical, mujeres y gremios en la nueva era feminista de Editorial Octubre ya va por la segunda edición.

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