Macri subejecutó partidas alimentarias y sociales los últimos tres años

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En medio de la protesta de movimientos sociales por el aumento de la pobreza y el hambre, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la emergencia alimentaria para mitigar los efectos de la crisis. Sin embargo, desde 2016 existe la Ley de Emergencia Social que permite al gobierno reasignar partidas presupuestarias por 30 millones de pesos. A pesar del vertiginoso empobrecimiento de los hogares, el gobierno no amplió partidas y subejecutó fondos para alimentos, empleo y fines sociales. Según datos de CEPA, en 2017 quedó sin ejecutar el 25% de los fondos destinados a estos fines. Y en 2019 todavía no se ejecutó el 42% del presupuesto social y alimentario.

Luego de haber reprimido el acampe de los movimientos sociales frente al Ministerio de Desarrollo Social, el oficialismo decidió acompañar el proyecto de emergencia alimentaria impulsado por la oposición, tras negarse a aprobarlo por decreto. Las contradicciones son permanentes en Cambiemos que “reconoce” la emergencia alimentaria, pero continúa implementando una política económica que produce y reproduce el hambre y la exclusión. En nulo compromiso del gobierno con la cuestión social se manifiesta, también, en el alto grado de sub-ejecución de los programas alimentarios en los Presupuestos desde hace tres años. 

Además, el gobierno ya contaba con una herramienta para reasignar partidas y no la utilizó. La Lay de Emergencia Social se sancionó en 2016 y autoriza al poder ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias de hasta 30 millones de pesos hasta 2019. Sin embargo, cuando se analiza la ejecución de los presupuestos desde 2017, se observan la ausencia de ampliación de fondos y un alto grado de sub-ejecución en programas vinculados a la cuestión alimentaria, social y de empleo. El gobierno se jacta de tener el presupuesto con más gasto social de la historia de la democracia, pero en la práctica, los recursos no llegan a los hogares más humildes. 

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Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analiza la sub-ejecución en los Presupuestos, luego de la sanción de la Emergencia Social en 2016. En el Presupuesto 2017, las políticas alimentarias dejaron el 25% del total sin ejecutar. En 2018, se hizo una mejor utilización de los recursos, pero aún así quedó el 10 % sin ejecutar a pesar de la grave situación social que caracterizó ese año. Tampoco se utilizó la facultad de ampliar las partidas. Al 10 de septiembre de 2019, el Presupuesto manifiesta una ejecución del 58%, cuando debería rondar el 70%. En el caso particular de objeto de gasto “alimentos para personas” dentro de la partida mencionada, la ejecución es de sólo del 45% y el 65% del presupuesto alimentario está sin ejectuar en lo que va del año. En suma, los recursos están, las herramientas para ampliarlos también, pero no se ha hecho.

Otro elemento que destaca el informe de CEPA es la pérdida de poder adquisitivo de las partidas en el contexto de altísima inflación. Cuando se analiza el ritmo de crecimiento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), se constata que las partidas son insuficientes. Si se hubiesen actualizado según la evolución de la CBA, los montos hubiesen sido casi $2.000 millones adicionales en 2018 y más de $3.000 millones en 2019.

La erosión del presupuesto por efecto de la inflación, también se constata en un ajuste en términos reales de las partidas. Por ejemplo, en el programa de Apoyo al Empleo la reducción real del presupuesto supera el 30% tanto en 2018 como 2019 y en políticas alimentarias la reducción fue de -18% y -1% respectivamente. Otras partidas sufrieron ajustes reales más fuertes, como abordaje territorial que se redujo en un 77%. Por el contrario, las partidas vinculadas a los servicios de deuda han crecido notablemente por encima de la inflación. En suma, el grueso de nuestros recursos públicos, lejos de estar destinados a enfrentar la problemática social, se destinan al pego de la deuda. 

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Débora Ascencio

Débora Ascencio

Periodista especializada en economía. Integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), becaria doctoral de CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Sociología y maestranda en Sociología Económica.

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