Medidas urgentes contra la desigualdad económica de las mujeres

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La informalidad laboral de las mujeres se cristaliza en que el 86% de las jubiladas mujeres accedieron a su haber mediante moratoria. Por eso, el aumento de la jubilación mínima decretada por Alberto Fernández impactó directamente como política de equidad en el ingreso de las mujeres ancianas. El aumento de la AUH por encima del coeficiente derogado y la implementación de la tarjeta alimentaria también apuntan a combatir la desigualdad: este mes se proyecta alcanzar un total de 2.762.429 menores de 6 años, 42.744 hijos menores discapacitados y 75.648 embarazadas, lo que totalizará una inversión de $ 7.700 millones.

A lo largo de su vida laboral, varones y mujeres presentan diferencias importantes en su inserción en el mercado de trabajo. Las mujeres acceden de forma mayoritaria a trabajos más precarios y de menor jerarquía, lo que redunda en una brecha de ingresos del 27% y en mayor informalidad laboral. Esta situación tiene su correlato en la tercera edad, cuando varones y mujeres acceden a una jubilación. Las mujeres argentinas que se jubilan perciben haberes mucho más bajos que los varones y son quienes más se jubilan mediante un plan de facilidades. Del universo de mujeres, el 86% de las que acceden a una jubilación lo hacen a través de la moratoria, es decir que solo el 14% lo hace por tener 30 años de aportes. 

Quienes acceden a la jubilación sin moratoria tienen haberes superiores al promedio, pero más altos para los varones, quienes lo llegan a superar en un 79% mientras que las mujeres en un 41%. Por otro lado, aquellos que llegan a jubilarse vía un plan de facilidades tienen jubilaciones menores, pero la baja es más profunda para las mujeres que reciben ingresos un 25% por debajo del haber medio mientras que los varones un 19%. Además, el haber promedio que perciben las mujeres jubiladas en Argentina es menor que el que perciben los varones en la misma condición. Tal como se mencionaba más arriba, este fenómeno se explica a través de la brecha de ingresos que existe en el mercado de trabajo entre varones y mujeres del 27%.  Los varones en su vida “activa” perciben mayores ingresos y realizan mayores aportes al sistema previsional lo que explica que en promedio tengan haberes más elevados.

Las medidas recientemente aplicadas para las y los jubilados de menores ingresos consistieron en: 1) el otorgamiento de bonos de hasta $5.000 en los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020 a todas las jubilaciones y pensiones inferiores a $19.068 y 2) un primer aumento general decretado para el mes de marzo 2020 por un monto de $1.500 más el 2,3%, en un contexto de suspensión de la fórmula de movilidad previsional por 180 días. El objetivo de estas decisiones fue reducir la brecha al interior del sistema previsional entre los haberes de menor y mayor poder adquisitivo lo que redundó en la mejora de la situación de las mujeres jubiladas y pensionadas, quienes son las que menores ingresos perciben. Del total de los beneficiarios, el 48,85% percibe un haber mínimo y, de ese total, el 82,19% corresponde a jubilaciones con moratoria. Si tenemos en cuenta que del total de beneficios con moratoria el 73,46% son percibidos por mujeres, se pone de manifiesto que de los adultos mayores que perciben haberes mínimos, la mayoría son mujeres.

AUH y Tarjeta Alimentaria con perspectiva de género

La asignación universal por hijo es una política ampliamente reconocida por su impacto favorable en niños, niñas y adolescentes. Como ejemplo de esto, UNICEF ha destacado la importancia de la AUH para «reducir -en promedio- un 31% la pobreza monetaria extrema en niñas y niños 6”. Sin embargo, fueron menos explorados los impactos en términos de equidad de género.

Para comprender la relevancia de la AUH en términos de género es preciso preguntarse por la feminización de la pobreza. Si bien no existen diferencias tan significativas entre el porcentaje de mujeres y varones pobres, el componente de género aparece cuando se considera la maternidad, particularmente en aquellas mujeres que crían a sus hijos solas. Tanto la desigual distribución de ingresos, como de las tareas de cuidado se potencian en los hogares monoparentales donde una mujer está al frente. Si bien los hogares monoparentales con niños/as menores de edad solo son el 27% del total, dentro de este universo el 66% son hogares pobres y el 60% de estos tiene jefatura femenina. Aquí tenemos evidencia empírica de la feminización de la pobreza en Argentina.

Desde las políticas públicas puede reconocerse la importancia de la Asignación Universal por hijo para los hogares monoparentales. La encuesta ENES muestra que el 47% de los hogares monoparentales con Principal Sostén del Hogar (PSH) corresponde a una mujer que percibe la AUH. Se trata de un valor muy superior al 37% de hogares con principal sostén del hogar varón y con cónyuge mujer, e incluso superior también al pequeño universo de hogares monoparentales con PSH (Principal Sostén del Hogar) varón.

Si se considera la evolución del poder adquisitivo de la AUH entre abril de 2015 y febrero de 2019, puede observarse que la suma de la actualización de diciembre de 2019 con los dos bonos otorgados en los meses de enero y febrero generaron una mejora del monto promedio percibido en el trimestre diciembre 2019-febrero 2020 del orden del 11%. El poder adquisitivo durante el primer trimestre de gestión de gobierno del Frente de Todos fue el más alto desde el trimestre diciembre 2016-febrero 2020.

A partir de la sanción de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva a finales de 2019, se suspendió el coeficiente de actualización de haberes que había impulsado el gobierno macrista en diciembre de 2017 y que ajustaba tanto la AUH como las jubilaciones por un promedio ponderado entre el la inflación y el coeficiente de variación salarial. La ley dictamina que en los meses de marzo y junio de 2020 los incrementos se realizarían mediante decreto del Poder Ejecutivo y el 14 de febrero de 2020 se dio a conocer que el primer incremento sería de 13%. Este valor es superior al 11,6% que hubiese correspondido según la fórmula suspendida.

La tarjeta alimentaria constituye una política de complemento integral alimentario que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Programa Argentina contra el Hambre. La tarjeta no sirve para extraer dinero en efectivo y sólo puede ser usada para la compra de alimentos y productos de primera necesidad, como de limpieza o pañales. El universo al que se destina esta tarjeta consiste en hogares que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijas e hijos de hasta 6 años inclusive, embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social y personas con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad. En total, se proyecta alcanzar un total de 2.762.429 menores de 6 años, 42.744 hijos menores discapacitados y 75.648 embarazadas para el mes de marzo de 2020 lo que totalizará una inversión de $ 7.700 millones. Considerando la vulnerabilidad y dificultades que el maternaje de un niño o niña pequeña genera al momento de insertarse laboralmente y generar ingresos , la tarjeta alimentaria una medida que no sólo protege a los menores, sino que también tiene un impacto de género significativo.

En conclusión, las primeras medidas en torno a jubilaciones, AUH y la Tarjeta Alimentaria contribuyen a reducir las desigualdades de género ya que atacan dos componentes centrales de la desigualdad económica: la precariedad laboral femenina, el acceso a menores ingresos y la feminización de la pobreza cuando hay menores a cargo. Esto se da en un contexto de medidas destinadas a mitigar las desigualdades de género entre las que destacan la inclusión de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo en el Sistema Estadístico Nacional, la extensión en el programa PROG.R.ES.AR del requisito de edad para mujeres con hijos que se encuentren a cargo de un hogar monoparental y exención del requisito para personas trans y la creación de un Mapa Federal del Cuidado. 

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Débora Ascencio

Débora Ascencio

Periodista especializada en economía. Integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), becaria doctoral de CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Sociología y maestranda en Sociología Económica.

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