Menem busca impunidad por la explosión de Río Tercero

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El senador y ex presidente Carlos Menem iba a ser juzgado por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero dentro de dos semanas como único acusado. Sus defensores pidieron que el juicio se suspenda por el estado de salud. El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba debe resolver si el juicio se lleva a delante o se suspende. La explosión, vinculada al tráfico de armas, dejó 7 muertos y 300 heridos.

DESDE CÓRDOBA.- El miércoles 24 de febrero próximo, Carlos Menem (90) debía sentarse ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) de Córdoba a rendir cuentas por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero (FMRT), ocurrida el 3 de noviembre de 1995 cuando él ocupaba la Presidencia de Argentina.

Pero ayer, los defensores del ex presidente, Omar Daer y Mauro Russo le enviaron a los jueces del TOF 2 un escrito donde le solicitan “suspender el trámite de los presentes actuados en lo que refiere al Dr. Carlos Saúl Menem”; y justifican su pedido de suspender el juicio al afirmar que “es de público y notorio el Dr. Carlos Saúl Menem se encuentra Internado el Sanatorio Los Arcos sito en Av Juan B. Justo 909 de la ciudad de Buenos Aires, Tel.: (011) 4778-4500 con pronóstico reservado ante la gravedad de su salud.- Ante ello, surge claro la imposibilidad de asistir a la audiencia de debate fijada oportunamente con fecha 24 de febrero del corriente año.- Por tal motivo entendemos que VE debe suspender el debate en la causa ut-supra indicada, hasta que el Dr. Menem se encuentre debidamente recuperado y pueda asistir en forma remota a las audiencias de juicio; suspensión que corresponde y resulta adecuada en pos de asegurar no solo el derecho de defensa en juicio, sino también el debido proceso”.

Los magistrados del TOF 2, Carolina Prado, María Noel Costa y Jaime Díaz Gavier habían decidido juzgar a Menem –el único acusado por la voladura sin llegar a Tribunales- en mayo de 2020; pero la pandemia del Covid-19 obligó a pasar las audiencias a este año. En 2014 fueron condenados cuatro directivos de Fabricaciones Militares a penas de hasta 13 años de cárcel. Desde el mismo día de la tragedia, Menem abonó la teoría de un accidente.

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En julio del año pasado, el senador y ex presidente Menem fue internado por un cuadro de neumonía bilateral. Y en diciembre, volvió a ser internado por una infección urinaria que lo descompensó y agravó su situación clínica, incluso estuvo ausente en los debates y votación de la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo sancionada el 29 de diciembre.

El fiscal federal Carlos Gonella le dijo a Nuestras Voces que “en el escrito de la defensa no se presentaron certificados médicos, sólo la dirección y teléfonos del centro médico donde lo están tratando a Menem. El Tribunal Oral debe certificar esa situación y recién ahí decidir si se suspenden las audiencias”.

Por su parte, el abogado querellante Aukha Barbero, que representa a María Julia y María Eugenia Dalmasso Gritti, opinó en igual sentido: “Hay que esperar los estudios que certifiquen la situación clínica del imputado Menem. En caso de que el Tribunal Oral evalúe que sí puede ser sometido a proceso judicial, las audiencias podrán llevarse adelante en forma remota”.

Desde hace 25 años se sospecha que Carlos Menem ordenó borrar pruebas del tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia, por el que fue condenado, y que para ello se ordenó la explosión intencional de la FMRT que convirtió a la ciudad de Río Tercero en un verdadero campo de batalla con miles de bombas cayendo, causando la muerte de siete vecinos; heridas físicas a más de 300 personas, daños psicológicos a otros miles y pérdidas materiales millonarias.

En junio de 2013, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 (TOPE 3) porteño había condenado al ex presidente Menem a 7 años de prisión por el contrabando ocurrido entre 1991 y 1995. También fueron condenados ex directivos de Fabricaciones Militares. Gran parte del armamento vendido de contrabando a Croacia había sido recolectado antes de unidades del Ejército en todo el país. En Río Tercero, cañones y proyectiles fueron repintados para ser vendidos como nuevos; según lo demostró la Justicia.

Mientras que un año y medio después, en diciembre de 2014, fueron juzgados y condenados por la tragedia directivos de la Dirección General de Fabricaciones Militares, acusados de ser “autores mediatos” del delito de “estrago doloso agravado por muerte de persona”. El coronel Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto, quienes ocupaban cargos directivos en la planta de Río Tercero; y Carlos Franke y Edberto González de la Vega quienes se desempeñaban como directivos de la Dirección General de Fabricaciones Militares en Capital Federal fueron condenados, mientras que Menem fue excluido de ese juicio porque un fallo de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba del 12 de febrero de ese mismo año revocó su procesamiento y lo sobreseyó.

Cornejo Torino, quién era director de la FMRT el 3 de noviembre de 1995, en una carta enviada a fines de los 90 al diario La Nación había sostenido: “No sólo nunca adherí a la hipótesis del accidente, sino que, además, estuve siempre convencido de la intencionalidad del desgraciado hecho”.

En ese juicio de 2014, Cornejo Torino, Franke y De la Vega recibieron condenas a 13 años de cárcel, mientras que Gatto fue sentenciado a 10 años.

Los abogados querellantes Aukha Barbero, Ricardo Monner Sans y Horacio Viqueira -en representación de las hermanas Dalmasso Gritti- habían solicitado penas de 17 años de prisión. Mientras que el fiscal Alberto Lozada había pedido condenas de 15 años. La madre de las chicas, la abogada Ana Gritti, batalló en soledad contra el aparato estatal menemista y logró llevar el caso a juicio. A ella se sumaron luego, Barbero, Monner Sans y Viqueira. La mujer murió en abril de 2011, esperando justicia por su esposo muerto, Hoder Dalmasso: “Si la justicia llega después de mucho tiempo, ya no es justicia”, sentenció Gritti semanas antes de morir.

Siete sueños

Hoder Dalmasso (52) era profesor de química en la ENET 1, una escuela técnica de la que salieron la mayoría de los empleados de la Fábrica Militar de Río Tercero y del complejo petroquímico de Río Tercero. La ENET 1 queda muy cerca de la fábrica, por lo que cuando escuchó las primeras explosiones, el profesor Dalmasso evacuó a los alumnos y fue el último en abandonar el edificio. Minutos después le dio un infarto y murió.

Ese 3 de noviembre de 1995, también murieron en la ciudad bombardeada: Romina Torres, una adolescente de 15 años; Laura Muñoz, una chica de 27 años que intentaba escapar de las bombas con su mamá y su hermano; Leonardo Solleveld (32), quién le dijo a su esposa que lo esperara con sus hijos, mientras él buscaba el auto para que huyeran; Elena Rivas de Quiroga (52) fue herida cuando iba en bicicleta a ver a familiares tras la primera andanada de bombas. Murió días después en Córdoba. Aldo Aguirre (25) estaba cerca de la Terminal, cuando socorrió a una mujer y sus dos hijos, a una chica que se cayó de una moto y cuando buscó resguardo fue herido por una esquirla. Mientras que José Varela (51), operario de la FMRT murió de un ataque al corazón producto del estrés.

“Fue un atentado”, sentenció Pedro Salazar, ex juez de Río Tercero y militante del colectivo “3 de Noviembre”. Salazar le dijo a Nuestras Voces que “Río Tercero no olvida que hace 25 años, en tiempos de paz, sin hipótesis de conflictos, fuimos una ciudad bombardeada en la que se perdieron siete vidas humanas, que no son sólo nombres o estadísticas, mataron proyectos, sueños, familias. Tuvimos cientos de heridos y miles de vecinos, ancianos, adultos y niños con secuelas psicológicas, además de casas destruidas y millones de pérdidas materiales. El principal responsable de este acto criminal, es el ex presidente Carlos Menem y aún goza de impunidad. Que quede claro, fue un atentado para encubrir actos de corrupción del gobierno de Carlos Menem y 25 años después, aún esperamos justicia”.

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