Michetti en problemas

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La querella pidió que la vicepresidente sea citada a indagatoria por “enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión maliciosa” en la causa que investiga el origen del dinero robado en su casa el año pasado y los fondos de las fundaciones del PRO. Y también solicitó el procesamiento de la socia de su hermana y testigo en la causa por falso testimonio, ya que justamente ocultó el vínculo comercial y su amistad con la vicepresidente. La fundación SUMA no estaba inscripta en AFIP pese a tener empleados, no cumplía las normas antilavado y no presentaba balances hasta que fue denunciada. Sin embargo Michetti, que tenía 200 mil pesos de donaciones en efectivo en su casa, dijo que “obvio que no hay delito”.

El objetivo de la conferencia de prensa era anunciar la creación de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Senado. Pero la vicepresidente Gabriela Michetti terminó  en problemas al hablar sobre la causa judicial en la que está imputada, y en la que se investiga el origen de los 50 mil dólares y 245 mil pesos robados de su casa el 22 de noviembre del año pasado, el mismo día que ganó las elecciones.

El abogado querellante, Leonardo Martínez Herrero, le sumó un problema ya que solicitó ayer al juez Ariel Lijo que indague a Michetti por “enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión maliciosa” debido a que en la causa consta que:

  • que no se emitieron recibos de las supuestas donaciones por 200 mil pesos para la fundación por expreso pedido de Michetti, contrariamente a lo fija le ley, que dice que las donaciones deben ser por vía bancaria y con entrega de recibo;
  • que las refacciones en casa de la vicepresidenta fueron por $150 mil más $15 mil de honorarios, y no de $40 mil como había declarado;
  • que no hay recibos ni facturas por las refacciones “por una cuestión de confianza”;
  • que según los contadores de Michetti no existe contrato que de fe del préstamo de 50 mil dólares que asegura le habría hecho su novio, y que ambos declaran como parte del robo.

En su conferencia de prensa ayer Michetti intentó mostrarse serena ante el periodismo a la hora de hablar de la causa e incluso reveló que había informado al Papa Francisco de la misma en una conversación telefónica. “Todo lo que la justicia tiene que tener, ya lo tiene. Colaboro desde el primer día”, sostuvo.

Pero luego aseguró que en la causa están “las documentaciones de la fundación de la IGJ (Inspección General de Justicia, la AFIP, y la UIF (Unidad de Información Financiera) con informe de que la Fundación SUMA tiene todos sus papeles sin observación”. Lo que no aclaró Michetti es que esos informes se refieren al presente, y la investigación de la fundación es sobre su pasado y allí la vicepresidente está en problemas: SUMA fue creada en 2009 y se mantuvo en forma ilegal, ya que no presentó balances en la IGJ, hasta luego de las denuncias, y recién los puso al día este año. Tampoco tenía el alta en AFIP hasta este año, pese a contar con empleados. Además, la UIF exige que las fundaciones que reciben donaciones por más de 50 mil pesos en un lapso de no más de treinta días presenten una declaración jurada anualmente de información sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. La fundación de Michetti superó esta suma y no lo hizo. Solo durante el 2015, recibió 4.100.000 millones de pesos en donaciones.

Pese a esto aseguró Michetti que “obvio que no hay delito” y se jactó de haber aportado ”las declaraciones de las personas que habían donado los 200 mil pesos para la realización de la fiesta”.

La vicepresidente no había revelado públicamente el robo, pero hizo la denuncia. Hace cuatro meses el robo salió a la luz gracias a una nota del diario cooperativista Tiempo Argentino. Según declaró Michetti, los 50 mil dólares eran un préstamo de su pareja, Juan Tonelli –proveedor del Estado porteño cuyos contratos investiga ahora el juez – y 200 mil pesos eran de donaciones a su fundación, el dinero restante era para pagar obras en su casa.

Michetti describió detalladamente las pruebas de la causa, pero al ser consultada por una testigo acusada de falso testimonio, Claudia Del Valle Nunia, una de las testigos propuestas por la defensa de Michetti se negó a responder si es o no socia de su hermana y cambió de discurso: “Yo no voy a hablar, no puedo hablar, no quiero y lo he dicho desde el principio de la causa… no quiero ni debo hablar, porque así me lo he, lo hemos decidido con el abogado”.

Antes había revelado que había hablado con su jefa de prensa (“me lo acaba de contar Paula”, dijo refiriéndose a la acusación) y la describió como “amiga de mi hermana”.

Claudia Nunia fue acusada porque, al ser consultada por el Juez Lijo respecto a su actividad laboral principal y su remuneración mensual, se definió como consultora y declaró unos 20 mil pesos, omitiendo especificar que es amiga de la familia Michetti según se desprende de sus publicaciones en Facebook, que es socia de la hermana de Michetti en la empresa SIL S.A. desde el año 2004 como consta en el Boletin Oficial. Esta empresa obtuvo ganancias millonarias y, según un informe de Nosis cuenta con más de 25 empleados.

Debido a la causa judicial Michetti ya había llevado el foco hacia otros lugares incómodos: los negocios de su novio Tonelli con el gobierno porteño, las donaciones de empresarios que son proveedores del estado y el manejo de fondos de sus otras fundaciones. Ahora sumó a su hermana Silvina y su empresa. De ella se sabía hasta ahora, según declaró la vicepresidente en la causa, la ayudaba con la recaudación de la fundación.

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