Milagro Sala: 1000 días presa y una provincia devastada

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Milagro Sala, la primera presa política del macrismo, lleva mil días detenida sin condena firme. Fue torturada en la cárcel y hostigada judicialmente. Mientras tanto, la provincia de Gerardo Morales se desmorona. Crece la desocupación y la pobreza. Se criminaliza la protesta y se violan las garantías democráticas. Morales prometió 20 mil viviendas en 2015 y sólo entregó 780. La Túpac Amaru construía un promedio de 400 por semestre. “Que me entreguen la provincia así, como Gerardo Morales la está destrozando, y yo la levanto”, asegura Sala.

Mientras Milagro Sala cumple mil días de detención arbitraria, la pobreza y la desocupación en Jujuy se incrementaron. Los docentes y trabajadores estatales reclaman contra el aumento del 15 por ciento impuesto de manera unilateral por un gobierno que se autodenomina del diálogo. Los comedores, cuya demanda aumenta día a día, reciben 6,90 pesos por niño y tienen atrasos de tres meses en el pago. La persecución en la provincia llevó a la judicialización y criminalización de cada una de las protestas. El Poder Judicial, lejos de la promesa de transparencia, quedó al mando de un Superior Tribunal de Justicia que se amplió de cinco a nueve integrantes entre los cuales cuatro son ex diputados de la UCR. La gran promesa del gobierno en términos productivos, la Planta de Energía Solar Cauchari, implicó un endeudamiento de 550 millones de dólares que, según los especialistas, no se recuperarán. Jujuy ha sido, en estos dos años y medio, no solo laboratorio de ensayo a nivel nacional con el encarcelamiento de la primera presa política de la era macrista, sino también en cuanto a violación de la autonomía universitaria y persecución a abogados en ejercicio de sus funciones.

A dos años y medio de iniciado el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy, la pobreza se incrementó del 25,7 al 30,3 por ciento, según datos oficiales. Esto significa que 250 mil personas son pobres en la provincia. Según el docente universitario y economista del PTS-FIT, Gastón Remy, si se compara el segundo trimestre de este año con el mismo período del año pasado se registran 50 mil nuevos pobres y 20 mil nuevos indigentes. Pero además, explica, “las mediciones oficiales sólo dan cuenta de los datos de San Salvador y Palpalá que agrupan a la mitad de la población. Si se tomaran en cuenta las zonas rurales, donde las condiciones de ingreso y trabajo son más precarias, el nivel sería superior a lo estimado”.

En términos de empleo, los datos tampoco son alentadores. La desocupación se incrementó en un 1,4 por ciento si se comparan los índices del segundo trimestre de 2016 con el mismo período de 2018. En diálogo con Nuestras Voces, Remy explicó además que con respecto al trabajo registrado desde diciembre de 2015 a julio de 2018 –último dato disponible– se crearon 4369 puestos en total, cuando la población crece a un promedio anual de 8700 habitantes.

Respecto a los trabajadores estatales, Fernando Acosta, secretario General de la CTA Autónoma en Jujuy aseguró que “la situación hoy está mucho peor que hace dos años y medio atrás. El poder adquisitivo de los trabajadores estatales ha disminuido enormemente. El gobierno no cumplió con ninguna de las actas e incluso leyes sobre pase a planta permanente y respecto a desprecarización. El único sector privilegiado es el de los funcionarios. En años anteriores Jujuy tenía un alto nivel de conflictividad, con un promedio de 50 días de huelga por año. Desde que llegó este gobierno se implementó una práctica de persecución hacia los trabajadores con el objeto de disciplinar la protesta. Han reprimido la conflictividad con descuentos por días de paro, sanciones y persecución”.

Mientras la inflación de 2016 fue del 40,3 por ciento, el gobierno impuso un 33,6 por ciento de aumento. Al año siguiente los trabajadores estatales volvieron a perder poder adquisitivo. El aumento fue del 20 por ciento contra un alza de precios que alcanzó el 24,5 por ciento. Este año, en el que se estima que la inflación tendrá un piso del 42 por ciento, Morales sólo otorgó un 15 por ciento de incremento salarial en 3 cuotas del 5 por ciento cada una, la última en septiembre.

Otra de las grandes promesas de la campaña de Gerardo Morales estuvo relacionada con darle una solución a los trabajadores del Ingenio La Esperanza, que llegó a ser el segundo más importante de la provincia. La economía de la ciudad de San Pedro depende básicamente de esta empresa. El ingenio se encuentra en quiebra desde 1999. Desde entonces, los trabajadores sostuvieron el funcionamiento a pesar de las ineficientes medidas adoptadas por los distintos gerenciadores de la quiebra. Hasta 2016 trabajaban 1350 personas. A partir de la aprobación de la ley de emergencia del ingenio, propuesta por el gobierno de Gerardo Morales, 100 se jubilaron, otras 140 pasaron a la planta del Estado, 33 optaron por la indemnización. En noviembre de 2017 Morales anunció la venta del ingenio al grupo colombiano Omega y al día siguiente despidieron a 284 obreros. En diciembre los trabajadores que reclamaban la reincorporación de los despedidos, el pago de dos quincenas adeudadas y el aguinaldo fueron reprimidos y 29 de ellos detenidos. A casi un año del anuncio de venta del Ingenio, aún el acuerdo no fue homologado. Según el Banco Central de la República Argentina, desde octubre de 2017 a la fecha se rechazaron 255 cheques por un monto de 75,5 millones de pesos, de los cuales solo se abonaron 126 por un total de 37 millones.

Con el encarcelamiento de la diputada del Parlasur, aseguró Juan Manuel Esquivel – dirigente de la Tupac y diputado provincial–, buscaron criminalizar la protesta y disciplinar a todo aquel que saliera a reclamar por sus legítimos derechos. Además, señaló, que “en mil días no han podido cumplir con lo que ha prometido. La pobreza, la indigencia, la ocupación, la educación y la salud han empeorado como indicadores. En mayo de este año, la provincia declaró la alerta epidemiológica para VIH-Sida, sífilis, tuberculosis (TBC) y también al consumo problemático de sustancias. La obra pública está prácticamente parada en la provincia. No se han hecho hospitales, no hay obra de infraestructura vial nueva, lo que hay son meras reparaciones. La provincia está muy parada. Lo único que ha hecho y con lo que ha sostenido su gobernabilidad es con la detención de Milagro. Y esto se hizo sino con la complicidad o al menos con el silencio de todo el arco político opositor del justicialismo”.

Jujuy, el Estado del Terror

El ensañamiento

Para entender por qué Milagro Sala fue detenida basta un ejemplo. En el 2014, cuando el Municipio de San Salvador de Jujuy, a cargo del radical Raul Chuli Jorge anunció que el boleto del transporte público pasaría de 4,25 a 7 pesos, Milagro Sala junto a las organizaciones de consumidores, vecinales y sociales organizó una protesta frente al Consejo Deliberante que duró varios días. Finalmente, en una sesión simulada, la mayoría radical aprobó el aumento pero a 5 pesos en enero y a 5,50 en mayo de ese año.

Hay otras tres razones que explican el ensañamiento contra la dirigente social. Esquivel lo explica así: “Por un lado, Milagro a través del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular rompió el bipartidismo que históricamente existió en la provincia y con ello los acuerdos entre ambos bloques. En una oportunidad los diputados quisieron acordar una suba de la dieta y Milagro se opuso. Dijo que hasta que no se aumentara a los estatales, los legisladores no podían aprobar eso. Por otra parte, gracias al acompañamiento de la Tupac Amaru a los organismos de Derechos Humanos se logró la renuncia del juez Carlos Olivera Pastor que tenía paralizadas las causas de delitos de lesa humanidad y con la designación de Fernando Poviña, se logró el procesamiento de Blaquier. El ex titular de Ledesma financió la campaña de Morales en la provincia. Y por último, lo que significó Milagro en relación a la construcción de viviendas. Aproximadamente el 50 por ciento de la construcción de viviendas sociales pasó de manos de las empresas constructoras a las organizaciones”.

En relación a la construcción, en el Plan de Gobierno 2015-2019, Morales prometió 20 mil viviendas para dicho período. A dos años y medio del inicio del gobierno sólo entregó 780. La Tupac Amaru, construía un promedio de 400 por semestre.

Los 23 polideportivos con piletas de natación de la organización social fueron cerrados. En San Pedro y Libertador se produjeron incendios. Los centros de salud que tenía la Tupac en cada una de las localidades fueron saqueados y hoy no prestan ningún servicio. La réplica del Templo de Kalasasaya, en el corazón del barrio construido en Alto Comedero se está cayendo a pedazos, literalmente. Las fábricas bloquera y metalúrgica cerradas.

La sede en pleno centro de la ciudad fue allanada en junio de este año, dos días antes de la audiencia preliminar del juicio conocido como Pibes Villeros que actualmente se está desarrollando contra Milagro Sala y otros 28 imputados. Policías encapuchados y con armas entraron a las 7 de la tarde de un martes, bajo el mando del juez Pablo Pullen Llermanos. El magistrado se encuentra habilitado para intervenir en causas anteriores a 2011, pero sin dar explicaciones actuó en este caso en el marco de un expediente de 2018 y cuyos fundamentos se desconocen ya que impidió el ingreso a los abogados de la organización y nunca mostró el acta de allanamiento. En ese momento niños se encontraban en la pileta climatizada de la que debieron salir abruptamente. Otros jugaban al básquet en la cancha central y personas de distintas edades que estaban realizando otro tipo de actividades en la sede fueron desalojados. Desde ese día, el edificio permanece vallado.

La líder de la organización barrial Tupac Amaru a lo largo de dos años y medio fue hostigada por un Poder Judicial que tiene como presidenta del Superior Tribunal de Justicia a la ex diputada radical Clara Langhe de Falcone. Organismos de Derechos Humanos presentaron en su contra una denuncia por la apropiación ilegal de un menor el 16 de febrero de 2017. La causa duerme en uno de los cajones del despacho del fiscal Ernesto Lian Resúa, en San Pedro, donde la jueza fue nombrada por la dictadura militar como funcionaria de cultura. Junto a ella integran la Corte otros ocho integrantes, cuatro de los cuales fueron designados por el actual gobernador. Dos de esos cuatro, Pablo Baca y Elizabeth Altamirano eran diputados provinciales por la UCR en diciembre de 2015. A las pocas horas de levantar la mano para aprobar la ampliación del máximo órgano del Poder Judicial, fueron nombrados jueces. Desde entonces, se iniciaron contra Milagro Sala 17 causas.

Claudia González, de la Asociación de Abogados de Jujuy (AAJ), señala: “Vemos con mucha preocupación el estado del sistema de justicia actual. Uno de los motivos que nosotros esgrimimos desde la conformación de la AAJ y lo transformamos en una bandera de lucha era el ingreso a tribunales por medio de concursos para que todos los profesionales que tuvieran interés en ingresar a la justicia, que se encontraran capacitados, pudieran demostrar mediante un examen que podían acceder al Poder Judicial en condiciones objetivas de igualdad. No queríamos mas designaciones a dedo. Desgraciadamente el sistema que se implementó no nos garantiza la objetividad”.

A través del Concurso 10 en el que se seleccionarían dos cargos de Juez de la Cámara del Tribunal en lo Criminal de San Salvador de Jujuy, las juezas Carolina Pérez Rojas y Claudia Cecilia Sadir quedaron tercera y sexta respectivamente en el orden de mérito. Sin embargo, en diciembre de 2017 fueron nombradas juezas y hoy integran el Tribunal que actualmente juzga a Milagro Sala en la causa que se conoce como “Pibes Villeros”. La abogada Sara Cabezas que sacó el máximo puntaje nunca fue convocada. Por otra parte la jueza Alejandra Tolaba, desaprobó los dos concursos en los que se presentó. Sin embargo fue nombrada administrativamente como presidenta del Tribunal.

Los olvidados de Gerardo Morales

Hasta el momento la dirigente social no tiene ninguna condena firme. Tiene una sentencia en su contra a tres años de prisión en suspenso en “la causa de los huevos”, donde se la acusó de ser la autora intelectual de un escrache en 2009 contra Gerardo Morales. Fue absuelta en diciembre de 2017 en el juicio que se conoció como “la causa de las bombachas”. Se dictó una falta de mérito y dos sobreseimientos en otros expedientes. Hoy transita el tercer proceso judicial en su contra en la causa llamada “Pibes Villeros”.

Elizabeth Gómez Alcorta, integrante del equipo de abogados de la dirigente social asegura: “Hay una clara decisión de mantener presa a Milagro a cualquier costo. Se llevaron adelante irregularidades de un nivel de gravedad y abuso que implica una violencia institucional pocas veces vista. Los mil días de detención de Milagro, los mil días de prisión preventiva, superan los estándares impuestos por el Sistema Interamericano y por nuestra propia legislación para la detención de cualquier persona sin una sentencia firme. En cada una de las causas en las que Milagro fue imputada las personas que declaran en su contra reciben beneficios por parte del gobierno o por parte del Poder Judicial. Además se repite un patrón: hablan de hechos que no se pueden corroborar por ninguna otra persona o con ninguna otra prueba. En todos los casos, los testigos tienen contrataciones, son empleados directos del gobierno o sobreseídos en causas que tienen en su contra”.

Distintos organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía declararon que su detención era arbitraria. En hechos históricos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitieron una medida cautelar y una medida provisional en favor de la dirigente social. Un Poder Judicial que aún hoy continúa cumpliendo solo parcialmente lo dispuesto por esos organismos y por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación que resolvieron que se sustituya la prisión preventiva por arresto domiciliario en su lugar de residencia habitual que se encuentra en el centro de la capital jujeña.

Hace pocos días, Milagro Sala aseguró que sigue en sus planes ser gobernadora de la provincia de JujuyNuestras Voces le consultó cómo cree que sería hoy la provincia con ella a cargo del Poder Ejecutivo. “Nosotros con las cooperativas hicimos 23 polideportivos, la mayoría de ellos con piletas de natación; centros de salud, escuelas, construimos miles y miles de casas, ¿vos te imaginas si nosotros gobernamos? Que me entreguen la provincia así, como Gerardo Morales la está destrozando y yo la levanto. Hoy la minería y el litio se sacan afuera. Yo quiero que las industrias y el trabajo se generen en Jujuy, que se cuide el medio ambiente, que la salud sea gratuita y de calidad. Los centros de salud que se han cerrado se van a volver a abrir. Va a haber alegría. El otro día en una conferencia de prensa del Ministerio de Desarrollo Social anunciaron que van a abrir mas comedores y entregar mas bolsones de mercadería. Así no se combate la pobreza. La pobreza se combate con trabajo. Nadie quiere un plan social. Es una humillación. La gente quiere trabajar. Nadie vive con una yerba, un kilo de azúcar, un kilo de arroz. Eso se gasta en dos días. El que menos tiene quiere trabajo. Y eso es lo que vamos a lograr siendo yo gobernadora”.

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