Negacionismo No, Memoria Sí: son 30.000

Compartir

La Plaza de Mayo volverá este viernes 24 de marzo a reunir a miles en repudio al último golpe de Estado. No será un aniversario más. Las preocupaciones en torno a una situación regresiva para los derechos humanos y las expresiones de funcionarios macristas que estriban en el negacionismo de los crímenes cometidos y condenados por los tribunales atizan los ánimos.

Fotos: Joaquín Salguero

“Son 30.000”, es la consigna que se repite en la convocatoria de a marchar de los organismos de derechos humanos históricos y de los que están nucleados en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, también integrado por partidos de izquierda. Diferencias políticas a un lado, los organizadores de las manifestaciones han puesto como centro de la disputa los dichos del presidente Mauricio Macri y funcionarios del gobierno nacional o de la Ciudad de Buenos Aires en torno a la cantidad de víctimas del accionar del Estado terrorista en el período 1976-1983.

El presidente dijo no estar interesado en la polémica acerca del número de desaparecidos abierta por Darío Lopérfido, a quien sus dichos le costaron el repudio de la comunidad artística y su salida del ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y de la dirección artística del Teatro Colón. El director de la Aduana, el ex-carapintada Juan José Gómez Centurión, volvió a sembrar dudas en enero durante una entrevista televisiva. “No es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras”, dijo el funcionario cuya integridad fue defendida por Elisa “Lilita” Carrió, madre fundadora de la alianza gobernante Cambiemos.

El gobierno claramente no prioriza los temas vinculados a verdad y justicia”, dice Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).  “Sin embargo, la reacción social sobre el cambio de fecha del feriado o por los dichos de Gómez Centurión le marcan que éste no es un tema que esté en la grieta o que pueda ser metido como otros temas”, agrega.  “Hay consenso social y no es posible identificar el proceso de memoria, verdad y justicia con una política del kirchnerismo pese a que éste lo apoyó con decisión política”.

Para Myriam Bregman, referente de PTS dentro del FIT, hay intentos del gobierno por volver a instalar la teoría de los dos demonios. “Hay negacionistas de todo pelaje que pretenden bajarles la gravedad a las atrocidades cometidas durante la dictadura. Es parte de un cóctel reaccionario para instaurar un relato favorable a la impunidad, la reconciliación y el perdón”, sostiene la abogada.

Juicios

Durante 2016, los juicios por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar continuaron, aunque mantuvieron un ritmo cansino y en algunos tribunales se tomaron decisiones preocupantes.

El ejemplo paradigmático fue la anulación, en junio, de una condena por parte de la Cámara de Casación a tres militares por la ejecución de 14 militantes del PRT-ERP en Capilla del Monte de Rosario, Catamarca, en 1974. Con la disidencia de Ana María Figueroa, los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci – actual presidenta del máximo tribunal penal del país – consideraron que los militantes no habían sido fusilados, sino que se había tratado de un enfrentamiento, el eufemismo empleado habitualmente por las fuerzas para justificar sus crímenes, y pusieron en duda el valor de los testimonios dados por testigos que eran familiares o compañeros de las víctimas.

El 3 de octubre, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación apartó a los jueces del tribunal oral que llevaba adelante un juicio en Santiago del Estero, pese a que se habían sustanciado más de media docena de audiencias.

Para Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, otro fallo que se inscribe en una lógica peligrosa es el que dictó el sobreseimiento del exjuez de menores de San Nicolás Juan Carlos Marchetti en la causa por la sustracción de la identidad de Manuel Gonçalves Granada. El fallo fue firmado por Riggi y Mariano Borinsky – quien preside la comisión para la reforma del Código Penal – con la disidencia de Gustavo Hornos. Para el organismo presidido por Estela de Carlotto, constituye un ejemplo de las dificultades para investigar la complicidad judicial con el terrorismo de Estado.

“Es responsabilidad de la Corte evitar a tiempo que la Casación vuelva a convertirse en una trinchera de los represores”, remarca Iud. “Hoy no estamos todavía en el escenario de lo que fue Casación con Alfredo Bisordi, por eso la Corte debería dictar fallos revisando los criterios de Casación”, explica.

Después de la reapertura de los juicios en 2006, la Cámara de Casación ofició como un embudo donde todas las causas parecían atascarse. El 24 de marzo de 2007, en un acto en el ex centro clandestino de detención La Perla de Córdoba, el entonces presidente Néstor Kirchner les puso nombre y apellido a las resistencias judiciales: Alfredo Bisordi, quien terminó renunciando un año después con varios pedidos de juicio político por parte de los organismos de derechos humanos sobre sus espaldas.

En su acuerdo de la semana pasada, los cinco ministros de la Corte Suprema de Justicia – incluidos Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz – le enviaron un oficio a Casación para que informe cuál es la agenda de los juicios para este año. Fuentes del máximo tribunal explicaron que la información no había llegado todavía a manos de los supremos, pero confiaban que llegaría antes del viernes.

Según estimaciones de los organismos, la Corte tiene más de 30 sentencias de tribunales inferiores para confirmar. Desde el 28 de diciembre de 2016, el tribunal presidido por Ricardo Lorenzetti tiene el dictamen de la procuradora fiscal Irma García Netto, quien sostuvo que debe revocarse la falta de mérito que la sala IV de la Cámara de Casación le concedió a Carlos Blaquier en marzo de 2015 en la causa que se investigan los apagones en el ingenio Ledesma de Jujuy en 1976.

Responsabilidad empresarial

Hace un año, Marcos Levín – dueño de la empresa de transportes La Veloz del Norte – fue condenado a doce años por el secuestro del trabajador Víctor Cobos en Salta. Levín se convirtió en el primer empresario en recibir condena. Sin embargo, los obstáculos para avanzar con la determinación de responsabilidades de los civiles y empresarios se acrecentaron.

En Jujuy, aunque sin Blaquier en el banquillo, estaba previsto para el 6 de marzo el inicio del juicio por el apagón de Ledesma, pero el proceso volvió a postergarse. Lo mismo había pasado en octubre del año pasado.

El tribunal oral federal 1 de San Martín postergó por tiempo indeterminado el juicio por los secuestros de 24 obreros de la Ford. En 2013, tres jefes de la automotriz fueron procesados, pero uno murió antes del juicio. No sólo los juicios vinculados a empresas sufren postergaciones. El mes pasado, los fiscales Abel Córdoba y Ángeles Ramos advirtieron sobre demoras y recusaciones que podrían hacer peligrar la finalización del juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que se inició a fines de 2012.

En diciembre del año pasado, el juez Julián Ercolini dictó el sobreseimiento de los imputados en la causa Papel Prensa. Léase: Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre, los dueños de Clarín y La Nación. La causa se había iniciado en 2010 por una presentación de la Secretaría de Derechos Humanos. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión del magistrado, pero la Secretaría de Derechos Humanos – actualmente a cargo de Claudio Avruj – desistió.

Los tropiezos no fueron solo en la arena judicial. Los organismos de derechos humanos siguen esperando que Gabriela Michetti y Emilio Monzó les expliquen por qué no se constituyó la comisión bicameral para la identificación de las complicidades económicas durante la última dictadura. La comisión fue votada en 2015 y promulgada la ley que ordenaba su creación por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner antes de dejar la Casa Rosada.

En sintonía, el directorio del Banco Central votó por la disolución de la subgerencia de derechos humanoscreada en 2014 – para investigar la vinculación entre el sistema financiero y los delitos de lesa humanidad.

Domiciliarias

Setecientas cincuenta personas fueron condenadas por su rol durante el terrorismo de Estado en la Argentina. Todavía hay 45 prófugos, 284 causas en instrucción, 118 elevadas a juicio y 16 en desarrollo en este momento, según información proporcionada por la Procuradoría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal.

De los 2780 imputados, 1044 están detenidos y 1149 se encuentran en libertad. De esos 1044 detenidos, 518 están en arresto domiciliario y 455 en dependencias del servicio penitenciario federal.

Las cifras que la Procuración General hará públicas en los próximos días contradicen los dichos de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri – como Avruj – que sostuvieron que había una tendencia a negar la domiciliaria a mayores de 70 años investigados por delitos de lesa humanidad.

Guadalupe Godoy es una de las impulsoras de las causas en La Plata desde la reapertura y es una de las abogadas en la causa por la desaparición de Jorge Julio López. Como tal denunció una maniobra del Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) de La Plata tendiente a otorgarle la domiciliaria a Miguel Osvaldo Etchecolatz. Los jueces se basaban en los informes de los médicos penitenciarios, que están bajo la lupa del juez federal Ernesto Kreplak, por presuntamente haber adulterado los estudios del exdirector de investigaciones de la policía bonaerense durante la dictadura.

“Con la denuncia de la domiciliaria a Etchecolatz logramos frenar la situación, pero, en La Plata, se están dando masivamente y esto está relacionado, en mayor medida, con la nueva composición del tribunal oral”, explica Godoy.

El 30 de marzo, la Cámara de Casación tiene previsto celebrar una audiencia para debatir la domiciliaria a Etchecolatz, que fue concedida por los jueces del TOF 1, pero rechazada por Kreplak en las causas que están en instrucción. El año pasado, la Sala IV de la Casación anuló el beneficio de la prisión domiciliaria para el represor concedido por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires en una causa que Etchecolatz también tiene en el juzgado de Daniel Rafecas.

En febrero, el TOF 1 le otorgó la prisión domiciliaria a Norberto Cozzani, condenado en 2012 por haber participado en el ataque a la casa de la calle 30, cuando asesinaron a Diana Teruggi y robaron a su beba, Clara Anahí, la nieta de María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani. Para la abogada, puede ser inminente un beneficio similar para Jaime Lamont Smart, el primer funcionario civil en ser condenado por su rol en la represión en 2012 y en cuya defensa el diario La Nación ha dedicado varios editoriales. En un fallo del 24 de febrero, la sala IV de Casación – Hornos, Borinsky y Gemignani — le notificó a Kreplak y a la Cámara de Apelaciones de La Plata que deberían mandar a Smart a su casa.

Concesiones y desmantelamiento

El ministro de Defensa Julio Martínez autorizó mediante una resolución que los represores condenados o en prisión preventiva vuelvan a atenderse a los hospitales militares.  En 2013, después de la fuga de Jorge Olivera y Gustavo Demarchi del Hospital Militar Central, el entonces ministro Agustín Rossi canceló tal beneficio.

El 1 de diciembre, el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Emilio Blanco, dispuso el traslado de más de 50 represores a la Unidad 34 de Campo de Mayo – que funcionó como un campo de concentración durante la dictadura y como una maternidad clandestina. El argumento dado por el gobierno era que necesitaba las plazas de los represores para aquellos que sean detenidos bajo la nueva ley de flagrancia y que Campo de Mayo ofrecía mejores condiciones para la asistencia de una población de la tercera edad.

Para Alan Iud, abogado de Abuelas, una de las preocupaciones es que las condiciones de detención se vuelvan tan laxas que se replique la situación que se vio durante los primeros tiempos después de la reapertura de los juicios, donde los represores eran alojados en dependencias según la fuerza a la que pertenecían. Eso quedó al descubierto después de que el exprefecto Héctor Febres – el primer represor de la ESMA en ser juzgado – apareció envenenado en su celda VIP del destacamento de la Prefectura en el Tigre. La investigación – a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado – nunca logró determinar qué pasó con el represor al que los sobrevivientes recordaban como el “Gordo Selva”.

Los representantes de los organismos también lamentaron los cambios que se propiciaron en el Programa Verdad y Justicia, creado después de la desaparición de López bajo la órbita del Ministerio de Justicia para contribuir con los procesos. También, señalaron el desmantelamiento de la dirección de derechos humanos del Ministerio de Seguridad, que dejó de existir como tal en el organigrama de la cartera dirigida por Patricia Bullrich. Allí se desmontó el Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERD), creado en 2011 por pedido de los jueces federales para buscar información que pudiera acelerar los tiempos en las investigaciones por delitos de lesa humanidad. También Abuelas manifestó su preocupación por los cambios en el Grupo Especial de Asistencia Judicial (GEAJ), que interviene en casos de apropiación. En todos los casos, el desmantelamiento significó despidos de trabajadores y trabajadoras que hacía años trabajaban en la temática.

Sin vuelta atrás

Después de casi cuatro años de audiencias, hubo sentencia por los crímenes cometidos en La Perla y 38 represores resultaron condenados. En la Ciudad de Buenos Aires, el TOF 1 reconoció que los países de la región habían conformado una asociación ilícita para secuestrar y desaparecer personas en el marco del Plan Cóndor.

En su visita a la Argentina, el entonces presidente de los Estados Unidos Barack Obama se comprometió a desclasificar archivos vinculados a la represión en la Argentina, proceso que ya está en marcha. El gobierno de Francia también anunció una desclasificación. Lo mismo hizo el Vaticano. Según un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina, es probable que en los próximos días se conozca el protocolo para acceder a estos documentos y se pueda determinar si constituye en verdad un aporte de la Iglesia argentina con el proceso de verdad y justicia en el país.

“Las sentencias en Cóndor y en La Perla, así como el procesamiento de César Milani dan cuenta de la solidez del consenso social que tiene este proceso”, dice Chillier. “No tiene vuelta atrás”.

 @lucianabertoia

Comentarios

Comentarios

Hacé tu anotación Sin anotaciones


NuestrasVoces.com.ar 2017 - Todos los derechos reservados - Contacto