Nuevo ajuste de Macri a personas con discapacidad

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Otro ajuste excluyente de la gestión de Mauricio Macri. Una resolución establece recortes en terapias, horarios y establecimientos donde se brindan prestaciones de rehabilitación. Profesionales marcharon ayer a la Superintendencia de Servicios de Salud  para pedir su derogación. Rosana Morales, madre de un chico de 13 años que asiste a fonoaudiología y terapia ocupacional, denunció: «Con esta limitación es claro que quieren dificultar el acceso”.

Fotos: Joaquín Salguero

Este miércoles profesionales que prestan atención a personas con discapacidad reclamaron en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) la derogación de la resolución 1231/19 que establece recortes en terapias, horarios y establecimientos donde se brindan prestaciones de rehabilitación. La medida dejó al descubierto no sólo el desconocimiento de las necesidades de los individuos con capacidades diferentes por parte de quienes deben trabajar para que se respeten sus derechos sino también el estado de precarización que sufren miles de trabajadores del sector.

Debido a los reclamos que formularon familiares, organizaciones no gubernamentales y los propios prestadores que en pocos días juntaron 60 mil firmas en contra de la medida la SSS se vio obligada a  suspender temporariamente la resolución, pero aún no la derogó. En diálogo con Nuestras Voces especialistas y familiares de personas con discapacidad dieron cuenta de la gravedad del recorte que, según muchos denunciaron, se viene realizando en la práctica y la resolución de la Superintendencia sólo legitimó a través de la nueva normativa.

A través de la resolución 1231/19, la Superintendencia de Servicios de Salud dispuso que “sólo reconocerá el financiamiento de los módulos de rehabilitación integral intensivo y/o simple realizados en instituciones debidamente acreditadas y categorizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”. Pero además, ordenó en los casos de “Rehabilitación Integral Intensiva”, en los que se incluyen cinco sesiones o más en forma semanal, concentrar las prestaciones en 3 días a la semana y en los casos de “Rehabilitación Integral Simple”, es decir cuando se ordenan no más de 4 sesiones semanales, concentrarlas en no más de dos días a la semana. Esta decisión, además de excluir a los miles de profesionales independientes desconoce que los centros categorizados no llegan a atender la demanda existente. Y eso, sin tener en cuenta que lejos de los grandes centros urbanos ni siquiera se encuentran esas instituciones. Un ajuste disfrazado detrás de una decisión administrativa.

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Los profesionales que prestan los servicios, denunciaron que se trata además de  “una lógica que unifica iguales modalidades de tratamiento para todas las personas con discapacidad, llegando al absurdo de suponer que todas las problemáticas son idénticas. Además, implica mayores obstáculos burocráticos para la aprobación de los tratamientos, tanto para los terapeutas que brindan estas prestaciones como para los beneficiarios y sus familias”.

Un ajuste excluyente

Rosana Morales tiene un hijo de 13 años con trastornos del lenguaje, de la infancia y de la adolescencia. En diálogo con Nuestras Voces contó que a pesar que la problemática del niño es leve debe asistir a cinco sesiones de terapia en forma semanal. Va una hora cada día de lunes a viernes. “Si tengo que ajustarme a esta resolución tendría que llevar a mi hijo a la mañana a  fonoaudiología y a la tarde a terapia ocupacional. El segundo día llevarlo a la mañana a terapia ocupacional y a la tarde a fonoaudiología y así tendría que estar yendo con mi hijo dos veces al día, trasladándome, dentro de la misma tarde o a la mañana y a la tarde después de la escuela y de un consultorio a otro. Eso sería mucho mas agotador que lo que hacemos ahora que es ir a terapia después de la escuela”, relató.

Uno de los argumentos que está plasmado en el texto de la normativa sostiene que el fin de la resolución es “revalorizar el derecho del niño con discapacidad al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad”. Sin embargo, Rosana sostuvo que “muchos chicos para poder jugar primero tienen que tener acceso al mundo simbólico y la posibilidad de relacionarse con otros y eso se logra con las terapias. Con esta limitación es claro que lo que quieren hacer es dificultar el acceso”.

“Normalmente nuestros chicos, sobre todo en la primer infancia, tienen una carga horaria de terapias importante porque es un momento óptimo para la expansión que puedan tener. Es una etapa de la vida en la que se trabaja muchísimo, y esta resolución nos cayó muy mal”, contó a este medio Adriana Cuchetti, que tiene un hijo con trastornos del espectro autista (TEA). Y agregó: “¿Desde qué lugar y con qué autoridad el Estado te va a decir a vos qué cantidad de terapias y sesiones va a tener tu hijo con la excusa que tiene que tener tiempo para jugar? Es una falta de respeto. Primero, es totalmente violatoria a todas las leyes, normas y convenciones a las cuales nuestro país adhirió, pero mas allá de eso, yo tengo un hijo adulto, de 38 años, que también hace terapias. Mi hijo no necesita tiempo de juego. Si encima le tengo que limitar las terapias, ¿qué hace con su tiempo? Porque no hay una institución ni ningún lugar que brinde abordajes a adultos con TEA”.

Por otra parte, Adriana señaló que la resolución también impone restricciones a las terapias dobles, es decir, a concentrar dos sesiones en un mismo día en forma consecutiva. “Cuando los chicos están escolarizados, las terapias se hacen a contraturno. Y esta resolución dice que no se autorizan terapias dobles. Eso muchas veces optimiza los tiempos de los papás, los gastos de viaje”. Su hijo hace psicoterapia, musicoterapia y terapia ocupacional. “Eso lo ayuda con su autovalimiento y otras cuestiones sensoriales que tiene que atender y para él es muy importante. Hace dos horas seguidas de cada una y esta resolución limita esa posibilidad. Hay mamás además que tienen otros hijos, que tienen otras actividades y estar trasladándote con tu hijo de acá para allá porque no te permite tener una sesión doble es una limitación que establece alguien que está atrás de un escritorio y no tiene ni idea lo que es combinar el trabajo, la casa, los chicos y los horarios de todos”.

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La resolución dispuesta por la Superintendencia también excluye a los trabajadores independientes y beneficia a los Centros Categorizados. Esto no sólo afecta a los prestadores sino también la elección que cada familia pueda realizar respecto a qué tipo de atención quiere para sus parientes. En ese contexto, Adriana Cuchetti explicó: “En mi caso yo atiendo a mi hijo con profesionales independientes. Elegí a estos profesionales y esta modalidad de prestación porque fue la que me resultó mas adecuada para mi hijo y para mi vida familiar, para lo que yo vi que funcionaba bien para mi caso. En los prestadores independientes yo encontré un compromiso mayor que el que me pueden dar en un centro categorizado que tiene una estructura más grande. Ahí mi hijo era un número más. Me ha pasado por ejemplo que cuando lo llevaba a un centro donde había psicomotricista, psicopedagoga, fonoaudióloga, neuróloga por ahí se perdía una sesión porque el profesional no iba o se enfermaba y nunca podías recuperar esas sesiones. Ellas trabajaban para esta institución, entonces aparecía una relación mas lejana, más institucional que por ahí no se da si tenés una psicopedagoga que se atiende en su consultorio y si un día tiene un inconveniente te ofrece recuperar la sesión”.

Rafael Malacosti es coordinador de un centro de formación de adultos mayores y personas con discapacidad en la provincia de Misiones. Relató que los centros categorizados se encuentran en Posadas o en las grandes ciudades. “La movilización es compleja. Las ambulancias o los vehículos para traslados a veces no llegan. En muchos casos pierden los turnos. La movilidad es compleja y si no tienen auto propio también es muy costoso”.

Desde el punto de vista de los profesionales, la decisión de la Superintendencia implica además una mayor precarización. Guillermo Kühl es licenciado en psicología, integrador escolar y acompañante terapéutico. Forma parte del colectivo de “Prestadores Precarizados”. “Lo que buscan a través de esta resolución es centralizar el trabajo en los centros categorizados que son los que nos quitan un 30% de lo que ganamos. De los 575 pesos que es el valor por hora que cobramos los prestadores según el nomenclador de discapacidad, se quedan con un 30%. Nosotros estamos por fuera de cualquier paritaria. Como somos monotributistas, el Estado, las cámaras empresariales o los centros  que nos contratan y nos precarizan son los que deciden cuánto vamos a ganar. En los últimos cuatro años nosotros, frente a la inflación, perdimos un 100%. Tenemos una precariedad muy grande por nuestra condición de monotributistas y la obra social no sólo terceriza al profesional sino que terceriza la prestación a un centro”.

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Además de la situación de precarización y del bajo valor que cobran por hora según el nomenclador en discapacidad, Kühl señaló que los profesionales que trabajan en forma independiente, deben pagar el monotributo y los consultorios en los que atienden. “Las obras sociales tardan tres meses en pagar. Lo último que cobré es lo de mayo y tal vez soy uno de los que tiene suerte. Estamos a mitad de septiembre y todavía no me pagaron ni junio, ni julio ni agosto. Los ingresos se van desvalorizando y este año conseguimos un aumento que no se oficializó. En 2017 recibimos 5% de aumento frente al 25 de inflación y frente al 47% del año pasado recibimos cero por ciento. Aprobaron el aumento en noviembre y recién en enero de este año cobramos un 12%”. En el caso de los profesionales que prestan servicios a personas con discapacidad en establecimientos educativos, Kühl reclamó que “trabajando 20 horas cobramos 13300 pesos una jornada simple de escuela. Un maestro integrador bajo estatuto docente cobra neto 23000 pesos, casi el doble, más aguinaldo, más vacaciones. En la provincia de Buenos Aires, los que prestan servicio en discapacidad tienen que pagar además la Caja de Jubilación y el el 3% de ingresos brutos”.

En lo que tiene que ver con la atención, explicó: “Hasta ahora cualquier médico recetaba la cantidad de tratamientos y sesiones que creyera que correspondían según cada uno de los casos. Cada persona es diferente y según el grado de la discapacidad se dispone la terapia y la cantidad de sesiones que se requieren. Desde hace varios años vemos un ajuste, obras sociales que aprobaban sólo entre 20 y 24 horas mensuales de tratamiento. Si quedaban grises para pelear contra las obras sociales esta resolución viene a legitimar esa práctica”, sostuvo.

Claudio Espósito, abogado, magister en derechos humanos y director del Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados de San Martin explicó: “El Plan Médico Obligatorio (PMO) cubre a todas las personas que no tienen discapacidad en la Argentina. Y ese PMO es nuestro techo. Si uno quiere una prestación superior, la paga aparte. Sin embargo, la ley 24901 que es para las personas con discapacidad que están certificadas, hace que eso se invierta y el PMO pasa a ser el piso. La 24901 no tiene techo para las prestaciones, depende de cada persona con discapacidad y de cada médico cuántas y qué terapias va a tener cada uno. La resolución de la Superintendencia estableció límites en la cantidad de sesiones y en los días en los que se podían hacer.  Uno puede tener fonoaudiología, terapia ocupacional, apoyo a la integración, todas cosas que lo van a ayudar a lograr la mayor autonomía posible. Ahora te están diciendo: todas las demás hacelas en centros categorizados, a esos no le ponemos límite, pero si vas a buscar un profesional independiente tenés ese limite. Entonces me llama gente de Coronel Suárez que no tiene centros categorizados a menos de 100 kilómetros y para hacer una terapia de 40 minutos tiene que hacer 100 de ida y 100 de vuelta. Ahora si voy a los grandes centros urbanos, probablemente tenga más centros categorizados, pero además tenés que sumarle que la demanda que hay de prestaciones no la pueden ni siquiera contener los propios centros categorizados. Entonces sí o sí se necesitan profesionales independientes que brindan prestaciones de apoyo. Ahora se los está limitando y además les ponen más trabas para el ejercicio y eso redunda en que la mayoría de las prestaciones las personas con discapacidad las hacen con profesionales independientes y no en centros categorizados porque no hay lugar y porque el Estado tampoco tiene lugares distribuidos en las distintas provincias. La categorización es de un nivel de  exigencia tan profundo que es muy difícil llegar. Hay profesionales independientes que buscan salidas laborales en este ámbito y está bien que se les exija determinada capacitación o inscripción, que el consultorio esté de determinada forma pero no pueden decirle al padre o a la madre de una persona con discapacidad que de siete sesiones semanales no puede tener más de cuatro”.

Espósito también agregó que “se trata de una transferencia de las obligaciones del Estado a las familias, porque si el Estado no cubre las sesiones, las familias por ahí dejan de comer para poder pagarlas”. Y aseguró que desde el comienzo del gobierno de Macri “vinieron a mostrar una idea de la discapacidad con un componente que no tenía que ver con la habilitación y los derechos. Cuando crearon la Agencia Nacional de Discapacidad hicieron un plan nacional inejecutable. Este año se hizo una Cumbre Mundial de Discapacidad que el año pasado el gobierno nacional había tomado el compromiso de hacerlo con el de Ecuador. Cuando Ecuador vio lo que quería hacer la Argentina se bajó. Gastaron 88 millones de pesos en una cumbre que no tuvo ningún resultado. Era una feria de venta de aparatos de rehabilitación. Cuando nosotros hablamos de personas con discapacidad trabajamos mucho lo que es la autonomía, la independencia, la toma de decisiones, tratar desde chiquitos que puedan ser lo más autónomos posible con su propia vida, no una feria de rehabilitación. La ANDIS tiene que acompañar a la gente a que pueda ejercer su derecho a la educación, a comer, de acceso a la justicia. Y ellos con una visión de solidaridad te quieren decir que las personas con discapacidad merecen nuestra solidaridad y no ejercer derechos. Es totalmente asistencialista”.

Lo cierto es que detrás de la resolución, aseguran tanto los familiares de las personas con discapacidad, como los especialistas y prestadores, se esconde un ajuste. El sistema se financia a través del aporte del 15% que realizan todos los afiliados a las obras sociales y, a su vez, la Agencia Nacional de Discapacidad posee un fondo específico que creó el Programa de ley de cheques para que las personas con discapacidad tengan acceso a herramientas para cambiar su calidad de vida. Sin embargo, fuentes que trabajan en dicho programa que pidieron reserva de identidad, explicaron que el dinero que no se ejecuta dentro del año vuelve al Tesoro Nacional. En 2016  se ejecutó entre un 20 y un 30% del presupuesto; en 2017 el 30%; el año pasado alrededor del 35% y ahora estamos en el 46%”

En ese contexto, Espósito recordó: “Los gobiernos de Néstor y Cristina lo primero que hicieron fue decir que esa plata no se tocaba y que  había que ejecutarla, que los programas debían llegar directamente a las personas con discapacidad. El que no la ejecutaba se iba, porque el dinero tiene que llegar a la gente a través de propuestas que pueden hacer los prestadores, las provincias, los municipios y las propias personas con discapacidad pidiendo dispositivos por ejemplo para la autonomía”.

Mientras a cuatro meses del final de su mandato, el macrismo sigue imponiendo recortes a los sectores más vulnerables, las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores se siguen organizando para exigir que se respeten sus derechos.

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Sabrina Roth

Sabrina Roth

Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Es corresponsal de Telesur en Argentina y escribe colaboraciones en Página/12 y #LaGarcia.

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