Operación Gils Carbó completada

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El ataque conjunto del presidente Mauricio Macri, la corporación judicial y el Grupo Clarín empujaron a la procuradora Alejandra Gils Carbó, pese a que su puesto es autónomo y constitucionalmente tiene continuidad asegurada más allá de los cambios de Gobierno. Las investigaciones que molestaban al poder de turno que la empujaron y la danza de nombres para reemplazarla. El sistema acusatorío que Macri suspendió por decreto vuelve al ruedo.

Renunció Alejandra Gils Carbó. Su intención es seguir como Procuradora General de la Nación hasta el 31 de diciembre, si es que el Gobierno no intenta ninguna maniobra más antes. A partir de entonces Mauricio Macri tendrá el camino liberado para completar su copamiento del Estado, cuyo último terruño sin conquistar era la cúspide de los fiscales. Embestidas mediáticas, persecución judicial, lobby presidencial y amenazas a su familia son el combo que explica la salida de Gils Carbó. El poder económico, con el que tuvo cruces feroces desde sus inicios como fiscal, hoy festeja: gobierna y se liberó de ella.

A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal”, explicó Gils Carbó en su carta de renuncia. Hace referencia a la iniciativa anunciada por el Gobierno de Macri de modificar la ley que rige el Ministerio Público con el único objetivo de desplazarla, algo que ya intentó sin éxito a finales de 2016. “Con la esperanza de que esta decisión disuada reformas que, amén del debilitamiento señalado, rompan el equilibro que debe regir el sistema de administración de justicia, doy por finalizada mi labor en el Ministerio Público Fiscal”, concluyó en el escrito que le envió a Macri. Sin embargo, a esta altura parece difícil que el Gobierno retroceda: a Gils Carbó, le interesaba instaurar el sistema acusatorio, que Macri suspendió por decreto. Ahora, con la posibilidad de colocar un Procurador macrista, sería una preciada herramienta.

En la renuncia de Gils Carbó también subyace un deseo: que baje la intensidad de la embestida judicial en su contra. Será cuestión de esperar la respuesta del binomio Gobierno-Comodoro Py.

Esta situación es el final de una larga película, cuyos capítulos muestran el recorrido de Gils Carból, sus pleitos en el fuero Comercial, los cruces con el kirchnerismo primigenio en torno a la fusión Cablevisión-Multicanal, su propuesta como segunda opción para el cargo de Procuradora en 2012, la aprobación casi unánime de su pliego y el legado de su gestión, con una agenda de política criminal que profundizó el trabajo en narcocriminalidad, lavado de dinero, violencia de género e institucional, trata, lesa humanidad y hasta la creación del programa ATAJO, que implicó por primera vez el acceso a la Justicia a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Felices los 4

Macri no fue el único artífice de la salida de Gils Carbo. Contó con el tridente conformado por los medios oficialistas, sectores del poder judicial y los servicios de inteligencia.

Lo lógico es que siempre el presidente de la Nación proponga un procurador”, afirmó Macri en julio pasado. Fue una de sus frases más suaves contra Gils Carbó. “Gils Carbó no tiene autoridad moral para continuar en su cargo“, había afirmado unas semanas antes. En 2015, durante la campaña presidencial, Macri insistió con que removería a la procuradora. Tras sus asunción presidencial, los embates fueron sistemáticos.

Lamento que Gils Carbó insista en permanecer en el cargo, es una militante kirchnerista“, sostuvo Macri hace unos meses. “No es imparcial, sino una militante que ha omitido investigaciones de los hechos de corrupción del gobierno anterior y ha desatado con los fiscales que movió decenas de causas contra nuestro gobierno sin fundamentos”, agregó. La simple revisión de los procesamientos contra CFK y sus funcionarios lo desmiente. Las reticencias de Gils Carbó para tener apoyos explícitos del kirchnerismo también. Y otra revisión del destino de las causas que involucran a Macri y sus laderos terminan de dinamitar esa versión: sus casos se cierran con rapidez o se estancan.

Los medios oficialistas (Clarin, La Nación e Infobae) tuvieron un doble rol. Replicaron el guión presidencial, pese a la notoria violación a la división de poderes, y amplificaron las operaciones judiciales contra Gils Carbó. Los servicios de inteligencia hicieron su parte, con denuncias anómimas que fogonearon con lobby judicial. Una legión de periodistas al servicio de los servicios hizo el resto.

Pese a los temores de algunos fiscales, que advirtieron en los aprietes a Gils Carbó un peligroso antecedente para ellos mismos, siempre apareció algún colega presto a impulsar las denuncias contra su jefa y algún juez permeable a lo mismo. El ejemplo, la dupla Julián Ercolini-Eduardo Taiano, que la procesó por la compra del edificio donde funciona la Procuración en base a dos sobre anónimos. La misma dupla que evitó durante años y por todos los medios citar a Héctor Magnetto y sus secuaces en la causa Papel Prensa.

Con su renuncia, Gils Carbó expuso una lastimosa realidad: hasta el 31 de diciembre existirá en la Argentina algún resabio del Estado de Derecho. Luego, es una incógnita.

Saquen (como sea) a Gils Carbó

Macri buscó vías alternativas para desplazar a Gils Carbó sin juicio político, tal como establece la ley. Una fue la que los medios oficialistas bautizaron ahora como la causa que “decidió el destino de la procuradora”.

En otros medios: El fallo de Clarín

Tal como informó Nuestras Voces, se trata de una operación de Macri en alianza con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, (CACBA), más conocido como el Colegio de la calle Montevideo, cuya sede nuclea lo que Horacio Verbitsky definió como “el establishment jurídico que postró al país”.

Cómo es la operación de Macri contra Gils Carbó

El modus operandi fue la presentación de dos denuncias gemelas. Una presentada por el Colegio de la calle Montevideo y otra, por un sello de goma creado por el mismo Colegio, la agrupación Será Justicia. Ambos tienen un vínculo estrecho con el Gobierno y el devenir de la causa muestra cómo coordinaron la acción.

Tal como contó Nuestras Voces, los cruces entre el Gobierno, el Colegio de la calle Montevideo y Será Justicia son alevosos. Sus miembros pasan de uno a otro sin solución de continuidad. Ejemplos sobran: Maria Eugenia Talerico, vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), es fundadora de Será Justicia. El presidente del CACBA, Guillermo Lipera, fue presidente fundador de Será Justicia. Hicieron enroque con Máximo Fonrouge, que pasó de conducir el Colegio de la calle Montevideo a presidir Será Justicia. Y la lista sigue.

La estrategia coordinada entre el Gobierno y los abogados del establishment consistió, primero, en presentar dos denuncias gemelas para poder hacer Forum Shopping. Es decir, elegir que juez les convenía. La denuncia de Será Justicia le tocó al juez Ernesto Marinelli, la del CACBA a Rita Ailán. A pedido del CACBA, el juez Marinelli las unificó. Es el mismo juez que rechazó la suspensión del decreto que permitió ampliar la amnistía de delitos financieros (que el Gobierno llamó “blanqueo”) a los familiares de los funcionarios.

Las denuncias tenían un sólo objetivo: lograr el desplazamiento de Gils Carbó. Pedían que se declare inconstitucional el artículo 76 de ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que a Gils Carbó sólo se la puede remover por vía del juicio político. En lugar de defender al Estado y la legalidad de las leyes, el Ministerio de Justicia comandado por Germán Garavano le dio la razón a los demandantes. Fue la confesión de que era una maniobra coordinada, ya que el Estado siempre debe defender la legalidad de las leyes.

Finalmente el juez Marinelli fue recusado y el expediente recayó en manos del juez Pablo Cayssials.  Este juez anuló la adecuación de oficio del Grupo Clarin a la ley audiovisual, otro de los antiguos enconados contra Gils Carbó. Tal como informó Nuestras Voces, el juez Cayssials tiene en sus manos la demanda de la familia Macri contra el Estado por la estatización de Correo Argentino donde reclaman 2.365 millones de pesos.

Aunque pague, Macri igual gana

Macri logró que el juez Cayssials fallara a su favor. Llegó a fundamentar su decisión con un párrafo del prestigioso constitucionalista Germán Bidart Campos al que le recortó un fragmento que decía exactamente lo contrario a los intereses del Gobierno. El fallo fue apelado, pero en el entorno de Gils Carbó descontaban que la Cámara lo ratificaría. Cuentan que los tentáculos de Javier Fernández, uno de los más antiguos y efectivos operadores judiciales, llegan y fuerte al fuero contencioso administrativo, donde tramita el caso.

Viejas y últimas batallas

El antagonismo entre el Gobierno y sus operadores judiciales con Gils Carbó fue cada vez más notorio. Unos pocos casos, los de mayor trascendencia, ilustran esta tensión.

El caso de Milagro Sala es claro. Hace 654 que está detenida por cuenta de Macri y el gobernador jujeño Gerardo Morales, decisión ejecutada por el servil poder judicial desoyendo los reclamos de numerosos organismos internacionales. Una curiosidad: cuando era senador Morales votó a favor del pliego de Gils Carbó. Cuando el caso llegó a instancias de la Corte Suprema, Gils Carbó dictaminó en 2 expedientes que correspondía dejar a Milagro en libertad. Fue en abril. Desde entonces, el expediente duerme en los cajones de Ricardo Lorenzetti.

Las causas vinculadas a Odebrecht y el capítulo argentino del Lava Jato son otro ejemplo. Como reveló Nuestas Voces, fue Gils Carbo quien, junto a su par brasileño Rodrigo Janot, buscó darle impulso a las investigaciones a través de la creación de Equipos Conjuntos de Investigación entre fiscales argentinos y brasileros. Esto quedó trabado por el Gobierno, puntualmente en cancillería.

El gobierno traba la investigación de Odebrecht

Con Macri los cruces llevan años. Uno de los centrales tiene que ver con la intención (aún vigente) de Macri de convertir a Buenos Aires en una guarida fiscal. En 2008, cuando era Jefe de Gobierno porteño, Macri logró la sanción de una ley 2.875, que creaba un “Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas”. En síntesis, una Inspección General de Justicia (IJG) porteña, que tendría entre sus competencias la “fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Es decir, el registro y control de las sociedades extranjeras. El 2 de febrero de 2009 Gils Carbó presentó una medida cautelar ya que esta ley infringía varias normas, incluida la Constitución.  La posición de Gils Carbó fue contundente: “En la medida en que rijan en los registros locales diferentes políticas sobre el control y fiscalización de las sociedades extranjeras offshore, ello permite la creación de ‘paraísos societarios’ en nuestro país, en beneficio de un sector privilegiado de la sociedad y con grave daño al resto de la comunidad”. La causa dura hasta el día de hoy. La decisión final está en manos de la jueza subrogante Macarena Marra Giménez, que está concursando su cargo y pende de la decisión del Gobierno.

El Grupo Clarín

Siete pedidos de enjuiciamiento y una denuncia penal. Eso fue lo que recibió Gils Carbó de parte del Grupo Clarin cuando intentó frenar su reestructuración fraudulenta de deuda.

El encono del holding comandado por Magnetto con Gils Carbó lleva años. Uno de los motivos principales es la actuación de Gils Carbó cuando era Fiscal General ante la Cámara Comercial y se negó a convalidar la reestructuración fraudulenta de la deuda de Cablevisión.

Cablevisión estaba en cesación de pagos desde febrero de 2002 ya que, al igual que muchas empresas, tenía deudas en dólares pero facturaba en pesos y con la implosión de la convertibilidad a finales de 2001 se le dificultaron los pagos. Inició un proceso de negociación con sus acreedores que derivó en un Acuerdo Preventivo Extrajudicial, el APE de Cablevisión. Entre que Cablevisión presentó el APE en 2004 y la resolución judicial a favor a finales de 2005, Clarín adquirió una participación minoritaria en Cablevisión. Luego, en 2006, completó la adquisición del 60% de la empresa.

El 27 de abril de 2007, Gils Carbó firmó un dictamen de 79 páginas rechazando la homologación del APE y solicitando a la Cámara que lo declarara inválido. En sus fundamentos, Gils Carbó solicitaba que se “declare la nulidad absoluta de un acuerdo preventivo extrajudicial realizado en fraude a normas de orden público, que protegen el interés de la Nación y de la ciudadanía”.

Gils Carbó mostró que el Grupo Clarín había truchado las mayorías necesarias para aprobar su reestructuración de deuda, que le mintió a los organismos que debían controlar la operación, c+omo operó para esto el fondo Fintech (con el que Clarín comparte ahora Telecom), cómo se violaron la entonces vigente Ley de Radiodifusión de la Dictadura (que prohibía la participación extranjera en medios de radiodifusión) y la ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales,  más conocida como Ley Clarín, que ya había constituído otro salvataje para sus deudas, entre otros puntos. La resolución del “APE de Cablevisión” no era una cuestión menor: era un requisito indispensable para un proyecto central del Grupo Clarín: la fusión de Cablevisión y Multicanal.

Gils Carbó concluía: “lo cierto es que el acuerdo fue celebrado con abuso y fraude. Opino que los jueces no deben homologarlo”. Apenas lo presentó, Clarín impulsó los siete pedidos de enjuiciamiento y la denuncia penal.

A pesar de lo que demostraba el dictamen de la fiscal, el 31 de marzo de 2008 los jueces Pablo Heredia, Juan José Dieuzeide y Gerardo Vassallo convalidaron el “APE de Cablevisión”. El considerando 39 de su fallo lo dedicaron a denostar a Gils Carbó en términos similares a la denuncia penal en su contra iniciada por Clarin. Tiempo después, también a pedido de Clarín, los mismos jueces fueron los que condenaron a Victor Hugo Morales a indemnizar a Cablevisión por haber trasmitido la final de Boca-Real Madrid en el 2000.

Los personajes y la historia se repiten.

Lo que queda

La avanzada sobre los fiscales no termina con Gils Carbó. Es más: su renuncia implica en cierta forma la desprotección de muchos de los que llevaron adelante los ejes de política criminal establecidos desde su gestión y por los cuales fueron víctimas también de la tendenciosa lupa mediática. Por citar algunos, es el caso de Carlos Gonella, cuyo trabajo al frente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) hizo temblar por primera vez a poderosos delincuentes financieros; o de Felix Crous, un destacado fiscal en causas de lesa humanidadque pasó primero por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y ahora, desde la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) tuvo un rol fundamental en el caso Santiago Maldonado. También de Cristina Caamaño, fiscal que llevó adelante la investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra, que pasó por el Ministerio de Seguridad, que recaló en el último tiempo en la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y que denunció amenazas por parte de personas ligadas al fiscal José Campagnoli, el candidato de Elisa Carrió al cargo de Gils Carbó. O de Julián Axat, director del programa de Acceso Territorial a la Justicia (ATAJO) que cuenta con oficinas en villas de Capital, conurbano y varias provincias y que el macrismo ya quiso borrar de un plumazo en 2016.

El Gobierno también tiene en la mira a varios de los fiscales que tienen investigaciones avanzadas sobre las tropelías de Macri y sus laderos, aún a pesar del acuerdo del Gobierno con la corporación judicial y el blindaje mediático a sus problemas judiciales. Por dar otros ejemplos, es el caso de la fiscala Gabriela Boquin, que logró frenar la condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia Macri por la deuda de Correo Argentino, o del fiscal Gabriel De Vedia, cuyas denuncias por los desmanejos de los fondos de la Anses llevaron al Gobierno a intentar demantelar la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES).

En caso de que Macri no intente ninguna maniobra extraña, Gils Carbó estará en su cargo hasta fin de año. Según la ley orgánica del Ministerio Público, a partir de entonces asumirá de forma interina el procurador fiscal “que tenga más antigüedad en el cargo”. Actualmente, es Eduardo Casal, que tiene el cargo desde 1992.

Los candidatos

Ayer, poco después de que se conociera la renuncia de Gils Carbó, comenzó el acto de Macri en el Centro Cultural Kirchner donde anunció distintas medidas de ajuste. Allí, se pudo ver al ministro Garavano conversando con el senador Miguel Ángel Pichetto. Esas charlas será claves para el devenir del cargo que dejó vacante Gils Carbó. El cargo no se ocupa de un día para el otro. Requiere lo mismo que para nombrar un juez de la Corte: el acuerdo de dos tercios de los miembros presentes del Senado, tras un proceso de presentación del pliego y de audiencias. Aunque desde el Gobierno quieran acortar los plazos, será clave la negociación con Pichetto y el peronismo no kirchnerista. Mucho quedará en manos de la zanahoria o el garrote que Macri esgrima frente a los gobernadores.

Más allá del trámite parlamentario, hace tiempo que circulan nombres para reemplazar a Gils Carbó. Algunos postulados por el Gobierno, otros por los medios, otros se autopostularon.

Uno de los nombres que baraja el macrismo es el fiscal Raúl Plee. Actualmente es Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación Penal, pero hasta 2012 fue titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (UFILAVDIN). Mientras estuvo a cargo de esa unidad sus resultados fueron casi nulos. El fiscal Plee acumula denuncias por obstaculizar los avances en las causas por delitos de Lesa Humanidad en la Cámara de Casación y por demorar la acusación contra los acusados del encubrimiento del atentado a la AMIA. Es cercano a Macri ya que fue uno de los fiscales que se integró en 2007 a la comisión asesora en temas de seguridad en Boca, junto al entonces juez Guillermo Montenegro y al fiscal Carlos Stornelli. Para completar el círculo, la hija del fiscal Plee, Celeste, fue designada en un cargo en la UIF.

Otro de los pretendientes a ocupar el lugar de Gils Carbo es el mediático fiscal Ricardo Saenz, asiduo columnista de Clarín y La Nación. Saenz tuvo una causa por forum shopping junto al jefe de jurídicos de la Policía Federal, dictaminó a favor de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y que tuvo un rol fundamental en la presión a la fiscal Viviana Fein, su subalterna, durante el primer tramo de la investigación por la muerte del fiscal Natalio Alberto Nisman.

El fiscal José Campagnoli también se anota en la carrera por la procuración. Es el candidato de Elisa Carrió. En los principios del kirchnerismo integró los equipos del ministro de Justicia Gustavo Béliz en un grupo denominado los Centauros. Luego, como fiscal de la ciudad de Buenos Aires en la zona de Saavedra, puso en práctica su pasión por los despliegues desenfrenados de fuerzas de seguridad para casos menores. Los habitantes de Barrio Mitre, una zona humilde que queda bajo su jurisdicción, denunciaron que los mantiene atemorizados. En su fiscalía se encontraron álbumes de fotos para marcar chicos por portación de cara. Su nombre saltó a la fama cuando intervino de forma irregular en la causa que vinculaba a Lázaro Baez. Siendo un fiscal porteño quiso meterse en un caso federal y fue denunciado por modificar su objeto procesal y le iniciaron un jury por mal desempeño. Nunca pudo concluir. Una de las integrantes del jurado pidió una licencia por estrés y luego renunció; otro de los integrantes, el fiscal marplatense Daniel Adler, denunció escraches y amenazas en su casa y en el colegio de su hija.

En la discusión también entraron el fiscal Guillermo Marijuan, que inauguró la temporada de imputaciones a CFK durante el macrismo y que a principios de 2016 produjo un reality show de excavadoras en el sur; el juez Gustavo Hornos, nombrado en la Cámara Nacional de Casación Penal en 1995 por Carlos Menem, entre cuyos últimos fallos está la falta de mérito a Carlos Blaquier, la reapertura de la causa contra CFK por la denuncia de Nisman y la condena a Milagro Sala por un escrache a Gerardo Morales del que no participó; el ex funcionario menemista Alberto García Lema; y el actual procurador general de la provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand, designado por Maria Eugenia Vidal. Algunos medios incluyeron a Margarita Stolbizer en la lista, dada su reciente vocación de denunciadora serial del kirchnerismo.

Al bolillero se suman incluso Bernardo Saravia Frías, ex abogado del Grupo Macri puesto al frente de la Procuración del Tesoro, y Guillermo Lipera, el titular del Colegio de abogados del establishment que formó parte del tándem de Macri para sacar a Gils Carbó por decreto.

Texto de Renuncia de Alejandra Gils Carbó por nuestrasvocesok

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Ari Lijalad

Ari Lijalad

Periodista, politólogo y documentalista. Ganó el premio Democracia en la terna Periodismo Gráfico y Digital por su investigación sobre Correo Argentino en este portal (2017). Es columnista en Radio del Plata y FM La Patriada. Compiló los libros La Argentina gobernada por las corporaciones y Plan Macri, ambos en 2016.

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