Operaciones y desinformaciones en el caso Maldonado

Compartir

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos incorporó al legajo de la causa Maldonado un crítico informe sobre la actuación del Gobierno en operaciones y campañas de desprestigio de la familia de la víctima. También revela el juego de desinformaciones y complicidades entre los grandes medios y el macrismo en la manipulación del expediente judicial y la opinión pública. Se trata de una novedosa medida de prueba sobre el rol del Estado.

En uno de sus últimos comunicados, publicado el 6 de noviembre en la web www.santiagomaldonado.com, la familia de Santiago Maldonado expresó lo siguiente: “Nos mantenemos ajenos a cualquier intervención pública donde se avance sobre detalles de la causa que, como sabemos, está en una etapa clave de investigación. Aún no están los informes de la autopsia y no se ha podido establecer el tiempo y causa de la muerte de Santiago. Pedimos prudencia y muchos, casi todos, lo han entendido y respetan. Aún así, siguen apareciendo notas en algunos medios de comunicación con detalles y resultados que no surgen de las constancias de la causa y que no conocen nuestros peritos de parte”.

Las palabras no son inocentes, nunca lo son: nombran, en este caso, la intención de protegerse de un daño severo. De una falta de ética y de crueldad que el entorno íntimo de Santiago Maldonado sigue recibiendo de los medios corporativos, en uno de los capítulos memorables de la infamia comunicacional de los últimos tiempos.

La repetición de versiones falsas y la especulación en torno a tramas y personajes alrededor de la causa, como el inexacto rol del llamado “Testigo E” en la escena del hallazgo del cuerpo, no han sido maniobras casuales: forman parte de una conducta, de una manera de ver el mundo, en este caso emparentada con el poder político del macrismo. Así lo entiende el informe “Medios, redes sociales y desapariciones forzadas en democracia”, que fue elaborado con la participación de colectivos periodísticos como La Vaca y que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la reunión  del 24 de octubre en Montevideo, en su 165° periodo de sesiones. El documento, hoy, está en proceso de evaluación en las comisiones de la CIDH y se espera una novedad en las próximas semanas.

La pesadilla del gendarme que ríe

El filósofo Tomás Abraham, en su libro “El presente absoluto. Periodismo, política y filosofía en la Argentina del tercer milenio”, sostiene que la sociedad moderna tiene dos “instancias dominantes de estructuración”. Una es la economía; la otra, es la mediática. El mundo mediático, postula Abraham, tiene dos palabras: novedad y actualidad. “Los medios cumplen la función de intermediarios estratégicos entre grupos de poder –explica-. A menudo reciben información de un sector con el que compite o está en conflicto. Así circulan videos, grabaciones, fotos, testigos o imprevistas confesiones. De este modo la política mediática se vincula con la extorsión. La segunda fase es la difusión. Una vez lanzada la noticia, entra en un circuito de refuerzo, de divulgación, repetición”.

En ese ejercicio de extorsión permanente el informe “Medios, redes sociales y desapariciones forzadas en democracia” demuestra la operación ente la concentración mediática, los ataques de granjas de trolls y su relación con las desapariciones forzadas en democracia. El documento presentado ante la CIDH, en efecto, no es una simple monografía sobre el caso Maldonado: es un trabajo de carácter histórico, que relaciona un contexto sociopolítico del pasado reciente.

“Una desaparición forzada en democracia implica ahora que el Estado active un procedimiento comunicacional de shock porque no puede ignorar el factor “opinión pública” como si puede hacerlo una dictadura militar –se lee en parte del informe-. Algo tiene que hacer con ella y, según se evidencia en estos casos, lo que hace atenta contra el rol que tiene la opinión pública en la vida democrática. En palabras de Noelle-Neumann es una forma contemporánea de La Espiral del Silencio: ya no se trata del aquel miedo a ser castigado por no pensar como la mayoría, sino de perder el parámetro de qué es esa “mayoría”. Desquiciarla, para que esa noción de opinión pública pierda fortaleza y confianza. Contaminar lo común, lo social, aislar a los individuos, conlleva el peligro que describió Giovanni Sartori: “el gobernante gobernándose a sí mismo”.

La fiscal que defiende a Gendarmería

¿Qué aporta el informe para entender el caso? Algo novedoso en materia jurisprudencial, al menos en la órbita internacional: el meticuloso análisis del rol de los medios alrededor del expediente. Más allá de los nuevos movimientos de la causa judicial –a la vez que los medios hegemónicos intentan quitar peso a la hipótesis de desaparición forzada y poner el eje de la responsabilidad en los mapuches y no en Gendarmería-, una de las querellas de Santiago Maldonado dijo a Nuestras Voces que no descarta que el organismo internacional incluya el informe para un nuevo llamado de atención contra el gobierno de Mauricio Macri, al cual ya advirtió por medidas judiciales adoptadas sobre violaciones a los derechos humanos y por el desconocimiento de los estándares internacionales para juzgar la impunidad.

“Medios, redes sociales y desapariciones forzadas en democracia” revela con rigor y minuciosidad de qué forma se lanzó el ataque mediático en consonancia con una defensa de la versión oficial. Desde que el 24 de agosto el caso cambió la carátula judicial a la figura de “desaparición forzada”, se detectó una ofensiva de los “medios corporativos”, que difundieron falsas hipótesis y declaraciones de funcionarios de Estado, como la del supuesto ataque del puestero de Benetton, como la idea de que Santiago estuviera en Entre Ríos o en Chile, o como su posible vínculo con la RAM.

La “autoexculpación” improcedente

Luego de que la campaña #DóndeEstáSantiago superara  los 469 mil tuits, logrando un alcance potencial de 62,9 millones de usuarios, ocurrió el primer ataque troll. Del 9 al 18 de octubre, se pasó del #DóndeEstáTuHermano al #SergioDevolvéATuHermano. Y entre fines de octubre hasta la actualidad, el tercer ataque fue focalizado contra Sergio Maldonado -como ejemplo, el boicot contra su pequeña empresa de venta de té-, organismos de Derechos Humanos  -como ejemplo, la falsa noticia de que la abogada Verónica Heredia trabaja para el CELS y su posible vinculo con el kirchnerismo, algo desmentido por la propia familia-, y testigos –como la demonización del testigo Matías Santana, que se lo tiñó de sospecha al igual que al resto de la comunidad mapuche-. Por otro lado, los trolls han operado a favor de la ministra Bullrich y Gendarmería, sobre todo, después de los dichos del juez Gustavo Lleral de que el cuerpo “no tenía lesiones aparentes”. Allí aparecieron hasthags como #NoFueGendarmería, reflejando la principal hipótesis del Estado: que Maldonado habría muerto ahogado, por sus propios medios, desvalorizando la represión previa de los gendarmes en el contexto del hecho.

A su vez, el informe constata que los medios corporativos no hicieron referencia a la desaparición de Maldonado hasta tres días después de presentarse el habeas corpus que la denunciaba. Y lo hicieron de manera indirecta, al informar sobre una manifestación en El Bolsón que reclamaba “por un artesano”. El encasillar a Santiago Maldonado como un simple artesano, tatuador, e incluso como un posible integrante de la RAM, persistió hasta su muerte, negando su trayectoria como defensor de derechos humanos, como si fuera un errante sin ideología y sin poder de decisión.

La miseria de los medios

Como capítulo central de la maniobra comunicacional, el documento centra el análisis en la “operación complementaria” entre Clarín y La Nación. “Para facilitar la comparación entre lo publicado en ambos diarios, hemos clasificado la información en tres categorías específicas: difusión de operaciones de prensa, tendientes a desviar los ejes de la investigación judicial, manipular la opinión de “influencers” sociales y encubrir responsabilidades estatales. Difundir la palabra y versión de diferentes funcionarios estatales. Y relacionar el caso con la campaña electoral y en beneficio del partido oficial”.  El detalle de las notas, su contenido y sincronía con los acontecimientos sociales –marchas, campañas en redes sociales- y, en especial, con hechos relacionados con el trámite de la causa judicial, hablan por sí mismo. Títulos como “Aunque un joven dice ser el del video, aún no descartan que sea Maldonado”, “la foto de un joven parecido a Santiago Maldonado, eje de otra controversia en El Bolsón” y “La pelea interna mapuche fue clave para encontrar el cuerpo en el río Chubut”, entre otros, han sido elocuentes, en sintonía con declaraciones de funcionarios como Elisa Carrió y su macabra opinión de que “hay un 20 por ciento de posibilidades de que Maldonado esté en Chile”.

“El Caso Maldonado nos expone y compromete a analizarlo en contextos más complejos, como lo son los Estados democráticos y el impacto de las nuevas tecnologías sociales en la difusión de la información.  ¿Cuál es el rol de los medios concentrados y las granjas de trolls en esta batalla contra la impunidad del mayor crimen de Estado? ¿Cuáles son las preguntas que nos impone un caso manipulado por operaciones de prensa y ataques virtuales a la dignidad  de las personas que reclaman verdad y justicia?”, expresa el documento en su primera parte, que también fue compartido en la web oficial www.santiagomaldonado.com.

Así espían a la familia de Santiago Maldonado

Nuestras Voces habló con Claudia Acuña, periodista e integrante del Colectivo periodístico La Vaca, parte fundamental en la elaboración del informe. Nos contó detalles del armado, del contenido y de las expectativas por el posible impacto del mismo.

-El punto principal de análisis es cómo operó la concentración de medios y los trolls en el caso Maldonado. ¿A qué conclusiones llegaron?

-No es un tema nuevo para nosotros estudiar el impacto de los medios dominantes en la coyuntura contemporánea. Hace tiempo que estamos analizando este fenómeno y cómo afecta la libertad de expresión. Sobre este tema ante la CIDH ya habíamos presentado un informe desde Arecia (Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina) sobre el impacto de la concentración de medios, a partir de analizar el mercado de distribución de la prensa gráfica. Y ese informe tuvo un gran resultado: por primera vez en la historia, la Relatoría de Libertad de Expresión tomó como indicador Latinoamericano el tema de la concentración de medios. Puntualmente, en el caso Maldonado, relacionamos el tema de la concentración con las granjas de trolls. Nuestra hipótesis está sintetizada en este link.  Analizamos el caso Ayotzinapa y Maldonado y exigimos que se investigue el uso de recursos del Estado para financiar campañas sucias contra las propias víctimas de crímenes de Estado. Tenemos expectativa que la CIDH se pronuncie al respecto.

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en México, ocurrida en la noche del 26 de setiembre de 2014, fue citada en el informe como antecedente esencial en la operación de los medios hegemónicos. “La experiencia mexicana nos advierte que los trolls no representan meros ataques virtuales, sino que incitan a crímenes que se concretan –explica el documento-. No los justifican: los anticipan. Y en esa anticipación, reiterada al infinito por los trolls, aturden los mecanismos sociales para prevenirlas, impedirlas y juzgarlas dónde y cómo corresponde: la justicia. Es decir, el Estado. ¿Advertimos entonces lo que representa que un crimen de Estado active mecanismos comunicacionales capaces no ya de justificar sus propios  crímenes sino también de garantizar su impunidad? Ese es el interrogante que nos deja la lección de Ayotzinapa”.

Para el caso Maldonado, según se cita en el informe, “lo publicado por la prensa gráfica es vital para analizar un aspecto central de las desapariciones forzadas en democracia: ya no alcanza todo ese poderoso arsenal para acallar la potencia social que condena este crimen de Estado. Es entonces cuando se activa el ataque de las granjas de trolls que trabajan en la zona más oscura, con argumentos más arteros, sin el bozal de la corrección política ni profesional que, aún en apariencia, deben representar los medios corporativos. Se trata de atacar la dignidad social, a través de personalizar en un blanco todas las indignidades posibles e imposibles de ser expresadas en voz alta y en una democracia”.

El blanco principal del ataque fue Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, y la campaña de trolls se activó luego de que asumiera el nuevo juez que “en principio, representó que el gobierno no tuviera pleno acceso a maniobrar la propia causa, tal como lo hizo impúdicamente durante la gestión del juez Otranto, de tal forma que el responsable del enlace legal del Ministerio de Seguridad se convirtió en un puente entre el juzgado y los medios, filtrando información sesgada. Medios corporativos y redes se transformaron así en formas de presión a la justicia a través de intoxicar a la opinión pública”.

-En el informe pusieron el foco, además, en el telón de fondo del caso Maldonado, algo que fue descartado en el análisis periodístico que hicieron los medios dominantes.

-Exactamente.  Nuestro equipo docente del Diplomado Ambiental preparó un informe sobre Esquel y el modelo extractivo, que es el conflicto de fondo del tema Maldonado. De allí surge que Santiago desapareció y su cuerpo apareció en una zona donde desde hace 10 años la comunidad se organizó para rechazar un modelo económico de concentración y extranjerización de tierras y explotación minera. Y que en muchos e importantes casos, ganó esas batallas. En el informe hicimos una síntesis de esos conflictos, que incluyó espionaje por parte del Estado a asambleas ciudadanas y pueblos originarios.

-A la vez que denunciaron la “campaña sucia” mediática, además, como medio alternativo, han construido una mirada propia sobre el caso Maldonado. ¿Cuál es?

-Según nuestro enfoque, la desaparición y crimen de Santiago no debe ser percibida como la de un “artesano” o un “tatuador”, sino como un defensor de derechos. Estaba allí apoyando un reclamo por tierras de un pueblo originario y en el contexto de una represión violenta e ilegal, se produjo su desaparición. En ese sentido, se corresponde a la larga lista de crímenes que se producen hoy en Latinoamérica. Ese es el sector que está sufriendo las violaciones de derechos humanos en la actualidad, al que hay que proteger de forma urgente porque existe hoy un Estado dirigido a favorecer a corporaciones que quiere hacer desaparecer a esos grupos que resisten. ¿Cómo prevenir que el Estado actúe contra la opinión pública ante una denuncia de desaparición forzada? ¿Cómo investigar qué hizo el Estado y cómo lo hizo cuando hay indicios de que se produjo una? ¿Cómo no dejar impune este ataque a la opinión pública,  uno de los pilares fundamentales de la vida democrática? Son los desafíos que nos toca responder en medio de un crimen brutal y traumático, como lo es una desaparición forzada en democracia, que exige tantas respuestas, todas urgentes, todas necesarias y todas determinantes para el futuro de nuestras sociedades.

Comentarios

Comentarios

Hacé tu anotación Sin anotaciones


NuestrasVoces.com.ar 2017 - Todos los derechos reservados - Contacto