Para trans y travestis no hay trabajo formal

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En Argentina, el 91 por ciento de las personas trans y travestis no tienen trabajo registrado; el 82 por ciento atribuye las dificultades para acceder a un empleo formal a la discriminación por identidad y/o expresión de género. Los datos surgen del proyecto de Ley Lohana Berkins de Inclusión Laboral Formal Trans y Travesti, presentado hace algunos días en diputados. La “aprobación y cumplimiento efectivo del cupo laboral trans/travesti en todo el país” es una de las demandas de la 27ª Marcha del Orgullo LGBTIQ que tendrá lugar este sábado.

Sabrina Crespo

A los 32 años Sabrina Crespo tuvo su primer empleo registrado, con un salario regular, obra social y todos los derechos que debe tener garantizado una persona trabajadora. Había estudiado gastronomía y también economía. Sin embargo, se las rebuscaba haciendo viandas con una amiga porque cada vez que iba a una entrevista de trabajo a dejar su CV se encontraba con la misma respuesta: “Bueno, te vamos a llamar”. Y no la llamaban. No se lo decían pero ella sabía que el prejuicio y la discriminación tenían que ver con ese rechazo.

Sabrina es una joven trans. Hace un año y medio fue parte del primer grupo de cinco trabajadores que ingresó a la planta Municipalidad de Rosario, gracias a la ordenanza que aprobó el cupo laboral trans en esa ciudad. “En enero de 2017 me enteré a través de los medios que existía el cupo y fui a anotarme a la oficina de diversidad sexual. Presenté todos los papeles para postular, me hicieron una entrevista y después me llamaron que había quedado. Me cambió totalmente la vida poder tener un empleo regular”, dice Sabrina Crespo a Nuestras Voces. Ahora ya son diez las personas trans que trabajan en la Municipalidad.

Los prejuicios con los que se encontró Sabrina Crespo no forman parte de una historia aislada. En el país que supo ser pionero al sancionar la ley 26.743 de Identidad de Género en 2012, la falta de acceso al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda sigue siendo parte de una trama de violencia estructural y sistemática que viven las personas trans. Una situación que se agrava en tiempos de ajuste, despidos masivos y crisis económica.

Si desglosamos el 9,6 por ciento de tasa de desocupación en Argentina por género y edad, las mujeres y lxs jóvenxs son lxs más afectadxs. La tasa de desocupación femenina es del 10,8  por ciento y en las mujeres de 14 a 29 años trepa a 21,5 por ciento. Las estadísticas oficiales aún siguen pensando en términos binarios: no existen cifras para dar cuenta de la desocupación en el colectivo travesti/trans. Las cifras que circulan las construyen las organizaciones, determinados organismos en territorios específicos o remiten a experiencias de relevamientos locales.

El 91 por ciento de las personas trans y travestis no tienen trabajo registrado, el 82 por ciento atribuye las dificultades para acceder a un empleo formal, a la discriminación por identidad y/o expresión de género. Los datos se desprenden de una propuesta de ley presentada a comienzos de noviembre por la diputada nacional del Frente para la Victoria (FpV) Gabriela Estévez. Se trata del proyecto de ley Lohana Berkins de Inclusión Laboral Formal Trans y Travesti, impulsado por las organizaciones que integran la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina y más de 50 diputadxs nacionales.

La lucha de los trans por trabajar

Estas iniciativas evidencian la importancia de diseñar e implementar medidas de acción positiva que permitan remover prácticas discriminatorias por parte del sector empleador, público o privado. La Ley Lohana Berkins propone declarar la emergencia laboral, prohibiendo el despido de trabajadorxs trans y travestis por un periodo de 18 meses y dispone la reincorporación de lxs mismxs despedidxs en los últimos tres años del Estado Nacional; la reserva del 1,5 por ciento de los puestos del sector público nacional para este colectivo, la institución de un sistema de becas de capacitación con el objetivo de ser empleadxs efectivamente al concluir la formación, y la creación de un programa de sensibilización sobre discriminación por identidad y/o expresión de género destinado a la administración pública y las empresas privadas.

En el Congreso, a su vez, hay otra iniciativa similar para abordar este tema a nivel nacional. La diputada de Unidad Ciudadana, Mónica Macha presentó en agosto la ley Diana Sacayán de Cupo Laboral Trans. El texto de la propuesta de ley señala que el sector público nacional debe ocupar, en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgéneros, y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público.

Buenos Aires fue pionera en términos de cupo laboral trans. El 17 de septiembre de 2015 la legislatura bonaerense convirtió en ley 14.783 el proyecto impulsado por la referente Amancay Diana Sacayán. Sin embargo, aún no está reglamentada. Es decir, no se aplica. Diana Sacayán fue asesinada un mes después de la sanción. Su crimen fue juzgado este año y la sentencia marcó un hito: por primera vez la Justicia argentina aplicó la figura del crimen de odio –travesticidio– al homicidio de una persona travesti trans, incorporando esta perspectiva de la violencia por prejuicio en razón de la identidad de género o su expresión.

El proyecto formal del cupo laboral bonaerense había sido presentado por la diputada Karina Nazábal, del Frente para la Victoria. Los Municipios que adhirieron al cupo en sus plantas de trabajadores han sido Lanús, Avellaneda, Almirante Brown, Quilmes, Morón, Merlo, San Miguel, Tres de Febrero, Campana, Azul, Chivilcoy, General Pueyrredón, Tandil, entre otros

A nivel federal existen distintas iniciativas provinciales y locales para impulsar legislaciones similares que reviertan la iniquidad e incluyan al colectivo travesti-trans en el mundo laboral. En Santa Fe, por ejemplo, la ley tuvo media sanción y quedó cajoneada en el Senado.

La “aprobación y cumplimiento efectivo del cupo laboral trans/travesti en todo el país” junto con la “inclusión laboral de las personas que salen de un contexto de encierro” es la segunda subconsigna de la marcha de la XXVII Marcha del Orgullo LGBTIQ, que tendrá lugar este sábado en Buenos Aires. La primera evidencia las alianzas entre las disidencias y feminismos: “Aborto legal, seguro y gratuito para personas con capacidad de gestar. Producción pública de misoprostol y mifepristona”. Y el lema de la convocatoria reafirma el corte opositor que tiene el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans desde que asumió Mauricio Macri. “Basta de genocidio trans-travesti. No al ajuste la violencia y la discriminación. Macri y la Iglesia son anti-derechos”, señala la convocatoria.

Reconocimiento trans y travesti para reparar

“Es urgente declarar la emergencia nacional trans travesti. Este contexto nos afecta a muchas con muchísimas más fuerza”, dice a Nuestras Voces la militante travesti Alma Fernández. Ella pudo terminar la secundaria en el Bachillerato Popular Trans Travesti-Trans “Mocha Celis”, la primera escuela secundaria pública y gratuita para personas trans y travestis del mundo. Ahora estudia periodismo en la Universidad Nacional de Avellaneda. Para ella el cupo laboral es una de las deudas pendientes centrales, junto con la vivienda y la salud. “Hay una agenda que venimos arrastrando”, señala.

En 2017 ocurrieron en Argentina 103 crímenes de odio motivados en la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género, que se encuentran registrados. Estos datos no son exactos, ya que incluyen sólo aquellos que han sido relevados por los medios de comunicación. Fueron publicados por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, creado por la Defensoría LGBT dependiente del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación.

La falta de trabajo se ata a una cadena de violencias. El acceso al empleo formal supone no sólo autonomía económica, sino también posibilidad de formación, capacitación y acceso a la seguridad social. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación creó en 2012 la Línea Nacional de Inclusión Laboral para Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros con el objetivo de incorporar a las personas del colectivo trans (travestis, transexuales, transgéneros) a los programas de mejora de la empleabilidad. Un año después se sancionó la Resolución de la Secretaría de Empleo N° 331/13 que amplió a las personas trans el Seguro de Capacitación y Empleo, un programa de transferencia de dinero de apoyo a la inserción laboral. En el período 2013-2015 se incorporaron 1.069 personas, de las cuales el 58 por ciento realizó un trayecto formativo ocupacional y se vinculó a alguna actividad. De acuerdo al informe “Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina”, desarrollado por un grupo de organizaciones entre las que podemos mencionar al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Colectivo para la Diversidad (COPADI), Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), entre otras, la nueva gestión de la Secretaría de Empleo ratificó esta política, pero observaron dificultades en su operatoria debido a que la convocatoria, adhesiones y seguimiento se realiza a través de la Red Federal de Oficinas Municipales de Empleo, las cuales se encuentran con problemas de funcionamiento por la suspensión de la asistencia técnica y financiera por parte del Estado Nacional, vital para su sostenimiento.

Los pliegos de consignas de la XXVII Marcha del Orgullo LGBTIQ, que será este sábado 17 de noviembre a las 16 hs., se despliegan en 21 puntos que van desde la producción de misoprostol, pasando por la derogación de los códigos contravencionales, la aplicación de la educación sexual integral. “Que nuestras identidades no sean causal de despido o exclusión laboral”, dice el punto 17. Trabajo para las personas travestis y trans sigue siendo una demanda pendiente.

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María Florencia Alcaraz

María Florencia Alcaraz

Es integrante del colectivo Ni Una Menos. Aborda temas como violencia institucional y violencia de género. Además de escribir en este portal, publica en Anfibia, El Destape y es cofundadora de Latfem, un medio de comunicación feminista.

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