Por una nueva ley de Transparencia

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Ante la judicialización de la política y el achique del Estado, un nuevo proyecto de ley  de ética pública presentado por el FPV propone que la Oficina Anticorrupción esté dirigida por un Directorio de siete miembros, presidido por alguien propuesto por el Presidente de la Nación y con acuerdo con Ambas Cámaras del Congreso; el Directorio incluiría tres miembros que proponga una Comisión Bicameral; dos miembros propuestos por las Universidades Nacionales y uno por Organizaciones no gubernamentales. 

Foto: Joaquín Salguero

La semana que comienza será crítica en todos los sentidos. A la disparada del dólar y la incertidumbre absoluta en la Casa Rosada se sumó la reducción inédita del Estado con la eliminación de alrededor diez ministerios que será anunciada este lunes. El Gobierno de Mauricio Macri vive sus horas más aciagas, sobre todo, porque comienza a sentirse la poca certidumbre ya no solo para los mercados sino para la sociedad. Y como si fuera poco, este mismo lunes 3 de septiembre el remanido Juez Claudio Bonadío volvió a citar a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa de las “fotocopias de los cuadernos de corrupción”. Y mientras la Senadora presentará un escrito en Comodoro Py, en el Congreso de la Nación un nutrido grupo de diputados del Frente Para la Victoria presentará un proyecto para crear la “Oficina Anticorrupción como Ente Autárquico y Descentralizado”. El proyecto lleva la firma de los diputadxs Gabriela Cerruti, Máximo Kirchner, Agustín Rossi, Axel Kicillof, Mónica Macha, Hugo Yasky, Leopoldo Moreau, Adrián Grana, Cristina Álvarez Rodríguez, Nilda Garré y José Carro.

Se trata de la modificación de la Ley de Ética Pública—25.188—con el objetivo de crear un verdadero Organismo independiente y pluralista que contrasta con el actual, dirigido por una persona que designa el Poder Ejecutivo y en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. “Un Directorio pluralista y democrático que tenga como objetivo central la búsqueda de la transparencia y profunda investigación de los actos de corrupción efectuados por los funcionarios, organismo basado en su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos”, reza el escrito. Se sabe: la actual gestión que conduce la abiertamente macrista Laura Alonso—a quien ajustaron la actual ley por decreto a su imagen y semejanza porque no cumplía los requisitos—demostró con creces la doble vara que maneja en casos que involucra al nuevo gobierno y a su antecesor.

El nuevo proyecto propone que el ente esté dirigido por un Directorio de siete miembros presidido por una persona que será propuesto por el Presidente de la Nación, en acuerdo con Ambas Cámaras del Congreso. Asimismo, la conformación del Directorio estaría compuesto por tres miembros que proponga la Comisión Bicameral permanente de Transparencia y ética pública; dos miembros propuestos por las Universidades Nacionales y uno por las Organizaciones no gubernamentales.

«Hoy vemos cómo con una Oficina Anticorrupción tomada por una amiga del presidente, y donde ya ni siquiera hay conflictos de interés porque ni siquiera hay separación entre quienes llevan adelante sus negocios y el estado, se habla de corrupción sólo para perseguir a una fuerza política y no con verdadera vocación de transparentar el estado», dice Cerruti.

Alonso no detectó un solo conflicto de interés

El proyecto que será presentado hoy en la Cámara Baja no nació de un repollo. Tiene como antecedente uno similar que había presentado la entonces legisladora porteña Cerruti en el año 2009 y que fue votado por unanimidad. En ese momento —casi diez años atrás— Cerruti ya encontraba el patrón común entre el macrismo y sus incompatibilidades: “Este gobierno de la Ciudad tiene un problema muy serio que es el tema de las incompatibilidades, esta es la tercera gestión de Macri en la ciudad, primero gobernó con Cacciatore y luego con Grosso, siempre los grupos vinculados a los Macri tuvieron y tienen negocios con el Estado Municipal. A pesar que estas incompatibilidades están lo suficientemente bien expresadas en la Constitución de la Ciudad, esto no se cumple y los recursos públicos están manejados por los mismos grupos de siempre». Hoy ya sería la cuarta.

A la distancia se ve casi como un acto premonitorio, pero lo cierto es que nada de lo que es o hizo Macri en estos casi tres años de Gobierno no fueron ya experimentados en sus gestiones en la Ciudad. Los que algunos decían que era “campaña del miedo” era tan solo relato de la experiencia.

El proyecto de Ley que impulsan los diputados lleva adjunto una carta al Presidente de la Nación con algunas consideraciones interesantes que dejan en evidencia, justamente, las decisiones discrecionales que tomó el organismo comandado por Alonso desde que asumió en 2015.

El primer ejemplo que citan es la investigación efectuada por los periodistas de La Nación y Perfil sobre los “Paradise Papers” en 2016. Allí se demostraba que el Ministro de Finanzas Luis Caputo tuvo participación accionaria en sociedades offshore que operan en paraísos fiscales. “Sin embargo, el Ministro negó tener participación accionaria en estas empresas offshore al ser consultado en el marco de la investigación de los Paradise Papers. Omisión que sostuvo al momento de presentar sendas declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (OA), tanto al momento de asumir en la función pública en el año 2015 (información correspondiente al 2014) como en el año 2016 (correspondiente al periodo 2015)”, sostienen los diputados.

Otro de los ejemplos que sirven para argumentar por qué es importante crear una real Oficina Anticorrupción verdaderamente independiente es la reciente investigación periodística que la Oficina Anticorrupción contrató a la consultora “Consuasor” para realizar tareas de prensa y manejo de redes sociales.

“En este sentido, resulta llamativo e incluso podría implicar la posible comisión de delitos contrarios a la Ley de Ética Pública, el hecho de que el organismo del Estado encargado de velar por la prevención e investigación de las conductas de corrupción dentro de la esfera pública, investigando los posibles cruces y conflictos entre los interés públicos y privados, contrate a una empresa cuya función es justamente la de representar los intereses privados antes el Estado mediante el Lobby”.

Laura Alonso contratando amigos

Por último, recuerdan otra reciente investigación periodística que también dejó en evidencia una terrible trama de corrupción y que tampoco obtuvo una debida respuesta por parte de la cartera que comanda Alonso. Se trata de la investigación realizada por el periodista Juan Amorín de “El Destape” que desnuda el sistemático método que utilizó Cambiemos para blanquear dinero de la campaña electoral a través de beneficiarios sociales.

Será cuestión de ver si al Gobierno de Cambiemos le interesa realmente acabar con la corrupción o como parecen demostrar, lo utilizan únicamente para perseguir política y judicialmente a los miembros del gobierno que los precedió.

Modificación Ley de Etica Publica – Proyecto de Gabriela Cerruti by nuestrasvocesok on Scribd

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Tali Goldman

Tali Goldman

Es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y periodista. Escribe crónicas en medios digitales como Anfibia, Nuestras Voces, Latfem, entre otros. Es columnista en el programa de radio Cheque en Blanco, que se emite en Futurock. Su primer libro La Marea Sindical, mujeres y gremios en la nueva era feminista de Editorial Octubre ya va por la segunda edición.

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