Purga judicial: Rafecas está de turno

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Mauricio Macri va por todos los que le causan problemas en Comodoro Py. Ahora es el turno del juez federal Daniel Rafecas, perseguido por el fallo en el que desestimó la denuncia que Alberto Nisman había presentado contra CFK. Hubo alineación total en el bloque cambiemos para la avanzada: Carrió, los radicales y Waldo Wolff (el lobo de AMIA y DAIA) empujaron su citación, pese a que los magistrados advirtieron que están acusando a un juez por el contenido de un fallo.

Envalentonado con sus últimos logros, el gobierno avanzó ayer en el que es su objetivo próximo dentro del mundo judicial: remover al juez federal Daniel Rafecas. Pese a la objeción de algunos consejeros que manifestaron que no se puede castigar a un juez por el contenido de sus sentencias, la mayoría de los integrantes de la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura decidió citar para el 7 de diciembre al magistrado para que rinda cuentas por haber desestimado la denuncia que Alberto Nisman presentara contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento del atentado de la AMIA.

La avanzada contra Rafecas sirvió como un aglutinador que hizo a los socios de la alianza gobernante Cambiemos hacer a un lado reclamos y enconos. Ángel Rozas –quien en septiembre había renunciado como titular del interbloque en la Cámara Alta al denunciar el ninguneo que la Casa Rosada le propinaba a los aliados radicales– fue la voz cantante para motorizar la denuncia contra Rafecas, que había surgido de presentaciones de dos referentes de los otros espacios que integran la coalición que llevó a Mauricio Macri a la presidencia: Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Waldo Wolff (PRO).

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Nisman

— ¿Te enteraste?

— ¿De qué?

— Te tocó la causa Nisman.

El 2 de febrero de 2015, Rafecas manejaba su auto por Uruguay cuando un periodista llamó al juez a su celular, y le confirmó lo que ya era la noticia del día: su colega Ariel Lijo había rechazado intervenir en la denuncia que Nisman había mandado a su despacho y la causa había enfilado para la otra ala del tercer piso de los tribunales de Comodoro Py.

El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la denuncia y pidió al juez que investigara. Trece días después, Rafecas convocó a un grupo de dirigentes de la comunidad judía, entre ellos el entonces titular de la DAIA Julio Schlosser y al ahora diputado acusador Wolff. Les comentó lo que había decidido desestimar la denuncia de Nisman y firmó la resolución delante de ellos.

El juez creía que les debía explicaciones por la buena relación que habían cosechado, aunque entonces la DAIA no era parte de la causa. El 18 de julio de 2011, Rafecas había sido el orador principal en el acto para conmemorar el ataque.  Un año después, la DAIA le había entregado el premio “Derechos Humanos” en la sede de la AMIA.

En octubre de 2015, Wolff declaró ante la fiscal Viviana Fein –a cargo de la investigación sobre la muerte del extitular de la Unidad Fiscal AMIA– que Rafecas lo había amenazado por teléfono. En realidad, sostuvo que fue una voz femenina la que pronunció la supuesta intimidación. El juez reconoció que la conversación existió y que el tono escaló, pero negó que haya habido insultos o amenazas. Fein remitió la instrucción a un juez del fuero ordinario, que a su vez la remitió a la justicia federal. Allí el fiscal Federico Delgado impulsó la investigación, pero el juez Sebastián Casanello la desestimó.

Wolff presentó una denuncia en el Consejo de la Magistratura refiriéndose al encuentro en el despacho de Rafecas y a la comunicación telefónica que mantuvo con el magistrado después de su aparición en TN. Su denuncia se unió a una anterior de Carrió, que había sostenido que el juez había desestimado “sin más” la denuncia de Nisman para congraciarse con la entonces presidenta.  Lo que no mencionó Carrió es que la decisión de Rafecas había sido validada por la sala I de la Cámara Federal y por el fiscal ante la Casación Federal Javier De Luca. La investigación finalmente se terminó abriendo en diciembre de 2016 por decisión del máximo tribunal penal del país.

Waldo Wolff, el lobo de AMIA Y DAIA

La hora del poroteo

El dictamen de Rozas apuntó a Rafecas por haber incurrido supuestamente en mal desempeño de sus funciones y adujo que el juez había buscado beneficiar a CFK y su canciller, Héctor Timerman, al no abrir en febrero de 2015 la denuncia presentada por Nisman cuatro días antes de ser encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero. “La conducta del juez, de favorecer a los posibles funcionarios públicos involucrados (presidenta de la República y canciller) se pone de manifiesto en la celeridad que tuvo al desechar la denuncia sin más fundamentos que sus apreciaciones infundadas, dogmáticas y prejuiciosas, lo que contrasta con la lentitud manifiesta que refleja su proceder en otras causas”, escribió el senador de la Unión Cívica Radical (UCR).

La propuesta de Rozas de citar al juez contó con el apoyo de Gustavo Valdés, diputado radical y gobernador electo de Corrientes, del diputado Pablo Tonelli (PRO), el abogado Miguel Piedecasas y Juan Mahiques, el enviado del Poder Ejecutivo ante el Consejo. El aval de Jorge Candis, el representante de los académicos y antiguo aliado del kirchnerismo, sorprendió a propios y extraños.

Los jueces, aunque con diferencias, se mostraron en alerta por la avanzada del gobierno. El juez Luis María Cabral –referente de la Asociación de Magistrados– se inclinó por convocar a Rafecas para dar explicaciones por las presuntas amenazas a Wolff, pero advirtió a sus colegas que estaban transitando un camino sinuoso: avanzar contra los jueces por el contenido de sus fallos. El juez Leónidas Moldes votó en contra del llamado a comparecer al titular del juzgado federal 3. Gabriela Vázquez –quien no integra la comisión, pero participó del debate– insistió en que Rafecas no había hecho una desestimación exprés de la denuncia, sino seguido lo que el Código Procesal ordena: resolver en un plazo no mayor a tres días.

El juez deberá presentarse el 7 de diciembre ante los consejeros. Puede hacer su descargo por escrito, pero fuentes del juzgado sostuvieron que posiblemente concurriera. “No tiene por qué no presentarse”, dijeron. El oficialismo deberá emitir luego un dictamen acusatorio que tiene que ser tratado antes de marzo, porque en esa época se vence el plazo para investigar las denuncias.

Lo que sigue es el poroteo. Para avanzar con un juicio político, se necesita contar con el voto de nueve de los trece integrantes del Consejo. Si el juez Cabral se suma a la postura de sus dos colegas Vázquez y Moldes, el gobierno tendrá problemas a la hora de reunir los nueve votos. Se descuenta que el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade – quien ayer defendió al juez – se opondrá al jury. La senadora Virginia García dejará su banca el mes próximo y deberá ser reemplazada. Todo predice que el gobierno encontrará mejores canales de diálogo con el gobierno. El senador Mario Pais – quien asumió en lugar de Ruperto Godoy – también concentrará la atención. En el Consejo sostienen que la abogada Adriana Donato aún no tiene definido su voto, pese a que la presidenta del cuerpo ganó su banca en una alianza con Germán Garavano.

Reclutamiento y entrenamiento de magistrados y funcionarios judiciales

Apunten contra Rafecas

Rafecas estaba fuera del país cuando el 7 de septiembre de 2016 empezó a circular el texto de una solicitada que exigía su remoción. Cuentan que le llegaron los mensajes de solidaridad antes que el texto que –desde las páginas de Clarín y La Nación- reclamaba su destitución.

Su intervención en las causas llevó a Rafecas a convertirse en uno de los emblemas del proceso de justicia por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en la Argentina y uno de los magistrados más respetados por los organismos de derechos humanos, que en 2014 cerraron filas con el juez después de que el entonces vicepresidente Amado Boudou encabezara una conferencia de prensa en la semana santa de 2012 para acusar al juez, al procurador Esteban Righi y al fiscal Carlos Rívolo por impulsar la investigación por la adquisición de la imprenta –que actualmente se analiza en un tribunal oral.

El excamarista Leopoldo Schiffrin es también considerado uno de los impulsores de las causas por crímenes de lesa humanidad y de los juicios por la verdad en La Plata. Su firma fue una de las sorpresas que trajo la solicitada. Allí también estaba estampado el nombre de Graciela Fernández Meijide, una de las integrantes más activas de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), ex funcionaria del gobierno de la Alianza y tentada por María Eugenia Vidal para ser su secretaria de Derechos Humanos en la provincia. Dentro de los integrantes de Cambiemos estaban Carrió, Wolff y Luis Etchevehere, el exlíder de la Sociedad Rural Argentina y nuevo ministro de Agroindustria.

En la solicitada no abundan los entusiastas de los juicios por delitos de lesa humanidad. Hay varios nombres de abogados que militan en la asociación Justicia y Concordia, que ha hecho de la domiciliaria para los represores su razón de ser. Guillermo Lipera, el presidente del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, también se sumó a la campaña anti-Rafecas. Lipera impulsó la auditoría en los juzgados federales que fue aprobada por el Consejo de la Magistratura y que contó con el apoyo de varias organizaciones, entre las que se encuentra Justicia y Concordia, la SRA o el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) — al que pertenece el ministro Garavano. La auditoría sirvió para reactivar las sospechas sobre Rafecas y Lijo, el juez que semanas atrás ordenó la detención de Boudou.

Hay quienes sostienen que el propio Julio Saguier fue quien se movilizó para conseguir las firmas contra Rafecas. ¿Por qué lo haría? Papel Prensa, contestan. En julio de 2010, el juez había declarado que las amenazas sufridas por el Grupo Graiver para desprenderse de la empresa y su posterior secuestro y torturas constituían delitos de lesa humanidad, pero que debían investigarse en La Plata. La resolución llenó de ira al CEO de Clarín, quien mandó a su abogado José Saénz Valiente a radicar una denuncia en su nombre contra el magistrado en el Consejo, que fue desestimada en 2014.

Así robaron Papel Prensa

A la solicitada se le respondió con una contra-solicitada publicada en Perfil y Página/12, y que contó con las firmas de los principales referentes de los organismos de derechos humanos. También lo firmó Stella Maris Martínez, la titular del Ministerio Público de la Defensa. Versiones indican que Rafecas se presentaría a un concurso en febrero para secundarla.

Sólo el gobierno de Macri sabe qué sucederá después con el juez que llegó por concurso en 2004 a Comodoro Py. Lo único claro es que la buena cosecha en las elecciones de medio término, también, sirvió a Cambiemos para afilar su puntería frente a sus objetivos judiciales: Alejandra Gils Carbó, Eduardo Freiler, Rafecas. La lista sigue – y promete seguir ampliándose.

 

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Luciana Bertoia

Luciana Bertoia

Periodista, Licenciada en Ciencia Política y Magíster en Derechos Humanos. Cubre temas vinculados con justicia y derechos humanos. Formó parte del Buenos Aires Herald y trabajó en la sección El Mundo del diario Página/12 y en Miradas al Sur.

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