Qué tarifazo

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Qué implican los aumentos en los servicios públicos, si no había alternativa al tarifazo y hasta dónde llegan las medidas compensatorias como la tarifa social.

El gobierno nacional anunció aumentos en prácticamente todos los servicios públicos. El debate en torno al ajuste incluye desde las inequidades que se presentan a lo largo del país y la falta de inversiones, hasta la definición de una tarifa social y ausencia de medidas compensatorias. Todo esto en un contexto de duplicación de la inflación, devaluación, quita de retenciones y despidos.

¿Cuál es el alcance del ajuste de tarifas anunciado?

Los incrementos alcanzan prácticamente todo el universo de servicios públicos: colectivos urbanos e interurbanos, trenes del área metropolitana de Buenos Aires, subtes, gas de red, aguas y cloacas, nafta y GNC. A esto hay que sumarle las subas anunciadas anteriormente en electricidad (350% promedio), peajes nacionales (entre 270% y 500%) e incluso en la emisión de documentos de identidad (72%).

Por el lado del transporte público, los colectivos y trenes duplicarán su boleto mínimo: el pasaje mínimo del colectivo se irá a 6 pesos, y el viaje en tren costará entre 2 y 6 pesos. El subte aumentará a $7,50, aunque debe pasar previamente por audiencia pública, por lo que su implementación efectiva se estima en dos meses.

En el caso de los servicios residenciales, el Ministerio de Energía y Minería oficializó aumentos en los tres segmentos del gas: producción, transporte y distribución. Los nuevos cuadros tarifarios varían según la región y el nivel de consumo. En el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), donde la provisión está brindada principalmente por Metrogas y Gas Natural, los hogares de menor consumo (hasta 800 m3 al año) tendrán aumentos en torno al 300%, mientras que los usuarios de consumo más elevado recibirán subas cercanas al 200%.

Quienes serán todavía más afectadas son las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), donde su costo variable pueden verse multiplicado por 17 tras el ajuste tarifario.

Por su parte, AySA estima un aumento promedio del 216% para el servicio de agua potable y cloacas para su área de cobertura (AMBA) con máximos que pueden alcanzar 375 por ciento, según la zona: un hogar que venía pagando $132 por bimestre pasará a abonar $500.

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¿Era necesario ajustar tarifas y subsidios?

Luego del estallido de la convertibilidad en 2001/2002 el Estado Nacional mantuvo fijo por varios años el precio de la mayoría de los servicios públicos, cuyas tarifas en dólares durante la década de los `90 eran excesivamente elevadas. Esto se conoció como el “congelamiento tarifario” y los primeros años esta política tuvo un costo fiscal relativamente bajo al tiempo que permitió ir mejorando el poder adquisitivo de la población y la competitividad de las empresas, aunque ya desde entonces se instaló la discusión sobre la falta de incentivos (y recursos) que las empresas proveedoras de servicios públicos tenían para invertir en mejorar la provisión de dichos servicios, en especial aquellas que continuaban siendo empresas privadas. Sin embargo, con el paso de los años se fue generando un importante desfasaje entre el costo de la provisión de dichos servicios y la tarifa que se cobraba -la diferencia se fue cubriendo con subsidios-, dado que los primeros se fueron incrementando a un ritmo mayor que en los primeros años de la posconvertibilidad, al igual que el nivel general de precios de la economía argentina.

Si bien desde 2008 se comienza a aumentar el precio que pagaba el usuario en algunos de estos servicios (como es el caso del transporte público), recién en 2012 se intenta un reacomodamiento más general del cuadro tarifario, intento que queda a mitad de camino y no llega a contener la “bola de nieve” que los subsidios implicaban.

El desfasaje mencionado ocasionó no solo que se disparara el gasto público destinado a subsidios que no se traducía en inversiones, sino también una creciente inequidad entre distintas regiones del país, particularmente entre el AMBA y el interior.

A modo de referencia de lo descrito anteriormente, en el caso de la energía eléctrica el conjunto de subsidios del Estado Nacional -incluyendo generación, transporte y distribución- pasó de ubicarse en el año 2012 en torno a 7.600 millones de dólares, de los cuales apenas el 12% se destinó a inversiones, a casi 16.000 millones de dólares en 2015 -un aumento de 110%-, año en el que la participación de la inversión se incrementó al 19%. A su vez, en este último año la factura promedio por mes para usuarios que consumen 500 kw fue para el caso del AMBA (Edenor y Edesur) de cerca de $25, los niveles más bajos del país, frente a los más de $100 que se abonaba en provincias como Chaco, Jujuy y Entre Ríos, y los más de $200 en Córdoba y Santa Fe. La inequidad regional también la podemos observar en el caso de los subsidios al transporte automotor (colectivos principalmente), donde el AMBA concentró en los últimos años cerca del 70% de los recursos destinados, y el resto del país un 30%, con una relación poblacional casi inversamente proporcional.

Discrepancias en la tarifa social y ausencia de medidas compensatorias

En simultáneo con la presentación de los aumentos, distintos funcionarios anunciaron tarifas sociales complementarias para algún sector de la población. El primer problema que se encuentra es la falta de acuerdo entre las distintas carteras para definir cuál tendría que ser el universo a beneficiar con una tarifa diferenciada.

Por ejemplo, con los trenes y colectivos el Gobierno se comprometió a continuar subsidiando vía tarjeta SUBE el 55% del boleto a todos los jubilados y pensionados, ex combatientes, beneficiarios de la asignación universal, PROGRESAR y personal doméstico. Al mismo tiempo incorporaría programas de Desarrollo Social como Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Monotributo Social. La cartera de Transporte estimó que podría alcanzar los 6 millones de beneficiarios. Ante la consulta al Ministro en conferencia de prensa sobre la posibilidad de subsidiar a los desempleados, Dietrich no tuvo mejor respuesta que culpabilizar al gobierno anterior por los despidos.

En el caso de la energía eléctrica del AMBA sólo se subsidiará los consumos menores a 150 kWh mensuales a un universo similar (pero en este caso, sí incluyendo a quienes estén percibiendo el seguro de desempleo, y limitando a los jubilados y pensionados de menos de 2 haberes mínimos). Sin embargo ponerle un límite a la energía asignada para la tarifa social tiene implicancias importantes. En primer lugar, el 70% de los usuarios residenciales del AMBA tienen consumos mayores a ese nivel.

En segundo lugar, no se contempla que muchos hogares no cuentan con acceso a gas de red (y con mayor incidencia en los hogares más humildes), lo que implica que la energía eléctrica sustituye al gas, superando ampliamente ese techo.

A su vez, los hogares de menores recursos son justamente los que tienen menor acceso a electrodomésticos de alta eficiencia, por lo que su capacidad a reducir el consumo se ve prácticamente imposibilitada.

Para entender la limitaciones de esta medida, analicemos el consumo de unos pocos aparatos domésticos: una heladera con freezer, una estufa de cuarzo, una TV 20”, una computadora, una bomba de agua, una ducha eléctrica y tres lámparas fluorescentes, encendidos durante un tiempo normal de uso, superan los 400 kwh/mes de consumo (más del doble de lo establecido para la tarifa social). Si encima se tiene en cuenta que a más antiguos son los electrodomésticos, más ineficientes son y más energía utilizan, la mera posibilidad de conseguir un ahorro de consumo en un hogar, se encuentra limitada a la capacidad que tenga esa familia de acceder a aparatos modernos y más eficientes. Un ajuste tarifario de este tipo debería incluir indiscutiblemente un programa que facilite la renovación del parque de productos electrónicos de todos los hogares si se busca producir un ahorro efectivo en todo el sistema.

A la hora de establecer el universo de beneficiarios de la tarifa social, quizás convenga recordar las excepciones que implementó el kirchnerismo en 2012 cuando intentó ajustar los cuadros tarifarios. En ese momento se exceptuó de los aumentos a usuarios que demostraran ser: electrodependientes (sin agua y/o gas de red), viviendas con varias familias y un solo medidor, instalaciones asistenciales como asilos, hogares sustitutos, comedores, etc., construcciones desfavorables que implican mayor consumo de servicios, casos de enfermedades crónicas e incapacidades y casos de ingresos insuficientes.

El universo de la tarifa social en el caso de agua y cloacas es todavía más difuso. Según informa AySA “se adapta a los ingresos de las familias”. Cada usuario deberá presentar un formulario con los ingresos y gastos del hogar donde las autoridades evaluarán “caso por caso”.

Por otra parte, resulta llamativa la falta de medidas compensatorias tras la implementación de un plan de ajuste de estas características. Parte del ahorro que implica esta quita masiva de subsidios, que el Ministro de Hacienda Prat Gay estimó en 1,5% del PIB para 2016, se podría haber transferido a los sectores más postergados, por ejemplo vía asignaciones o jubilaciones, dándole al ajuste algún grado de progresividad -vale recordar que en 2014, luego de la devaluación de enero el Gobierno Nacional lanzó el plan Progresar y aumentó un 40% las asignaciones-. Sin embargo, hasta el momento solo se han anunciado aumentos del 15% en jubilaciones y asignaciones, con ajustes tarifarios que superan los tres dígitos en todos los casos.

Un cocktail difícil de digerir

Un aspecto central del aumento de tarifas es el contexto en el cual se inserta y cómo interactúa con este. Desde la asunción del nuevo gobierno se vienen tomando un conjunto de medidas asociadas a un claro ajuste ortodoxo: una devaluación del 50% acompañada de reducción de retencionesa diferencia de los ajustes tradicionales– y eliminación de cuotas a las exportaciones de alimentos para garantizar el abastecimiento interno, que provocaron la duplicación de la inflación en los primeros tres meses del gobierno de Macri en comparación con los últimos meses del gobierno anterior (del 2% al 4% promedio de incremento mensual), según las estadísticas del Gobierno de la CABA. Esto se acompañó con reducción del gasto público y una política monetaria contractiva, siendo estos dos aspectos donde encaja el ajuste tarifario en el esquema liberal: reduciendo los subsidios a los servicios públicos se achica el déficit fiscal y deja de ser necesario emitir dinero para financiar dicho déficit, lo cual -siempre según la visión liberal- genera inflación.

Sin embargo, es la devaluación la que genera en este caso mayor inflación debido al aumento del precio en pesos que se genera en los bienes importados, sean bienes finales para consumo, o insumos para la producción.

Al mismo tiempo, también genera una presión al alza de los precios de los productos que se exportan, ya que los productores de estos bienes intentarán vender en el mercado interno al mismo valor que exportan.

En un país exportador de alimentos como la Argentina este último punto es muy relevante, ya que la devaluación tiende a incrementar el precio de los alimentos, con su consecuente impacto en los salarios reales, por lo cual históricamente los ajustes con fuerte devaluación -aún en casos de gobiernos liberales como el de Onganía y su ministro Krieger Vasena- se acompañaron con aplicación de retenciones a las exportaciones para contener el alza de precios. Como se mencionó, en el proceso actual se redujeron y eliminaron retenciones y cuotas de exportación, aumentando la presión inflacionaria.

Esta aceleración inflacionaria provoca una caída en la capacidad de consumo de la población, deprimiendo el nivel de actividad económica y poniendo en riesgo una gran cantidad de puestos de trabajo, a lo que se suma el efecto de la reducción del gasto público y la deliberada política de despidos en distintos niveles de la administración gubernamental. Asimismo, el Secretario General de la UIA, tras una reunión con el Ministro de la Producción, advirtió que de no tomarse medidas rápidamente se podrían perder entre 100 y 200 mil puestos de trabajo en el sector industrial en poco tiempo.

En este escenario el ajuste tarifario implica “echar más leña al fuego”: incrementa aún más la inflación -tornando muy improbable la meta de 25% para todo el año que anunció el ministro Prat Gay-, profundiza la caída de los salarios reales ya que los aumentos de los servicios públicos están por encima de cualquier paritaria y de los aumentos a jubilaciones y asignaciones, y aumenta los costos de las empresas, alcanzando casos extremos como el de la provisión de gas para las PyMEs con aumentos del costo variable que podrían llegar al 1.700%, provocando mayor desempleo.

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