Relaciones carnales con Estados Unidos en clave PRO

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En esta investigación se revelan los temas tratados en ocho reuniones bilaterales de alto nivel casi secretas posteriores a la visita de Obama. Acuerdos para la instalación de una base norteamericana, acceso a información sensible de nuestro país, alineamiento militar, judicial y en materia de seguridad interior. De transparencia informativa e inversiones, nada.

Desde la visita de Barack Obama el último 24 de marzo, se sucedieron por lo menos ocho reuniones bilaterales entre Estados Unidos y Argentina. Algunas con información de prensa protocolar; otras, ni siquiera. La injerencia norteamericana en el Gobierno de Mauricio Macri avanza velozmente y atraviesa los campos más diversos. Bases logísticas norteamericanas en la Patagonia, control sobre el espacio aéreo, entrenamiento militar y monitoreo de instituciones financieras son algunas de las concesiones que la Argentina está firmando en este combo de pactos que incluye hasta cláusulas secretas.

Cuando Obama abandonó las tierras porteñas en búsqueda de la paz del Llao Llao, su estela dejó un acuerdo diplomático que afecta distintos puntos de la política local. La Administración Cambiemos se limitó a informar sólo los títulos prometedores, y recién se conoció en la Argentina un poco más del contenido cuando Horacio Verbitsky publicó un artículo sobre lo que sí se difundió en Estados Unidos. La Cancillería entonces improvisó una traducción propia del acuerdo completo, en la que se repasan todos los puntos, pero se olvidan algunas palabras claves. Por ejemplo, FBI.

Los primeros acuerdos giran en torno a entrenamiento de militares argentinos en Estados Unidos; envío de soldados a misiones de paz, comenzando por Colombia; transferencia de datos satelitales sobre el espacio aéreo; monitoreo de instituciones financieras; intervención militar en la triple frontera y hasta una base estadounidense en Tierra del Fuego.

En estos dos meses que han pasado, funcionarios de la Argentina y de Norteamérica se reunieron por lo menos ocho veces, tanto en Buenos Aires como en Washington, para comenzar a implementar la hoja de ruta firmada por los mandatarios.

En esta investigación, Nuestras Voces pudo comprobar que los primeros acuerdos giran en torno a: entrenamiento de militares argentinos en Estados Unidos; envío de soldados a misiones de paz, comenzando por Colombia; transferencia de datos satelitales sobre el espacio aéreo; monitoreo de instituciones financieras en busca de operaciones de lavado; intervención militar en la triple frontera y hasta una base estadounidense en Tierra del Fuego.

Además, la Administración de Macri habría tendido un enlace con la Cuarta Flota del Comando Sur de EEUU que patrulla las costas caribeñas y latinoamericanas; y, el 25 de abril, asistió a un encuentro no difundido públicamente en el que notificó su intención de participar del polémico programa de “Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos” hecho a medida de las multinacionales de la minería y el petróleo.

El narcotráfico es la puerta

Aunque los acuerdos que se están firmando abarcan puntos y ministerios diversos, uno de los denominadores comunes pareciera ser la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Ese es, al fin y al cabo, el pilar sobre el cual Estados Unidos construye su política exterior desde hace décadas.

La batalla contra el comercio ilegal de estupefacientes sentó en el último mes a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con dos pesos pesados norteamericanos: Leslie R. Caldwell, la procuradora de la División Penal del Departamento de Justicia  de los Estados Unidos; y William Brownfield, secretario adjunto para Asuntos Internacionales del Departamento de Estado.

El mismo o similar motivo llevó al Pentágono a una comitiva del Ministerio de Defensa argentino, encabezada por el número dos de esta dependencia, Ángel Tello, a una reunión de la que poco se sabe, y a un café con la subsecretaria adjunta de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Rebecca Chávez.

En este último viaje a Washington, la Argentina firmó un acta de la que se ignora hasta ahora su contenido, pero que filtraciones de la prensa norteamericana posteriormente subrayaron que se trató la posibilidad de que Estados Unidos instale una base logística-militar en la ciudad de Ushuaia, capital de Tierra del Fuego.

Las reuniones bilaterales, por orden cronológico
  • El Pentágono

Hace menos de dos semanas, el 17 de mayo, el Ministerio de Defensa envió una comitiva de altos funcionarios a una reunión en el Pentágono en la que se comenzó a delinear el calendario de formación del personal militar argentino directamente en bases norteamericanas.

El grupo que viajó estuvo encabezado por Ángel Tello, secretario de Estrategia y Asuntos Militares (en los hechos, el número dos del Ministerio); el secretario de Servicios Logísticos y Coordinación militar en emergencias, Walter Ceballos; el subsecretario de Asuntos internacionales de la Defensa, José Luis Vila (un hombre del “Coti” Nosiglia); y el agregado militar a la Embajada Argentina en los Estados Unidos, Juan Rodolfo Brocca.

Siguiendo el lineamiento del documento firmado por Obama y Macri, los representantes del Pentágono pidieron a la Argentina que se sume a las Fuerzas de Paz y que inicialmente envié militares a Colombia, bajo la tutela de las Naciones Unidas, en cuanto se firme la paz con la guerrilla. A cambio, Tello pidió ayuda financiera para poder reequipar las Fuerzas, especialmente con los cazas Northrop F5 y con entrenadores para la Armada.

De esa mesa en Washington también se desprendió un acta y modelo de convenio bilateral del cual se desconoce plenamente su contenido y que ahora está en manos de la Cancillería para evaluar riesgos jurídicos y plazos de implementación. Tras la reunión, fuentes de la prensa norteamericana confirmaron que en la agenda del encuentro también figuró la posibilidad de habilitar una base logística estadounidense en la capital de Tierra del Fuego, con acceso estratégico a la Antártida.

Luego, la comitiva de Defensa de la Argentina se juntó con la subsecretaria adjunta de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Rebecca Chávez, en una mesa de discusión alojada por el Centro de Estudios Hemisfericos de Defensa William J. Perry, un think tank del ex secretario del Pentágono William Perry. Tello firmó entonces un acuerdo con el director del Perry Center, Mark Wilkins, para que esta entidad pueda establecer cooperación con el Estado argentino.

  • Caldwell en BsAs

Caldwell, Procuradora  General Adjunta de la División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, estaba en Argentina el mismo día que los hombres de Defensa estaban en el Pentágono. El 17 de mayo pasado.

Su paso fue todavía más misterioso. Se reunió antes de irse, como todos los representantes que vienen del norte, con el embajador Noah Mamet. Pero antes, había tenido dos citas claves: Una en el Ministerio de Seguridad, con Patricia Bullrich, y la otra en la Suprema Corte, con los miembros del Tribunal y con Lorenzetti en privado, según confió a Nuestras Voces una fuente judicial.

Las agendas tratadas se desconocen plenamente. Se habló genéricamente de “cooperación bilateral en materia de justicia y seguridad” y se incluyó la problemática del “cibercrimen”. De acuerdo a esta misma fuente, también se habría dialogado sobre la Triple Frontera, un asunto que quedó signado en el acuerdo presidencial de marzo como “preocupante”.

En la reunión en la Corte, además de los Ministros y de Caldwell, también aparecieron Steven Genevish, agregado de la DEA en Argentina; y Paul Bingham, de la oficina del FBI en Buenos Aires. La presencia de estas dos agencias norteamericanas en reuniones con Caldwell refuerza la hipótesis de que la Triple Frontera pudo estar en discusión, por cuestiones de narcotráfico y terrorismo.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos además organizó en coincidencia con el viaje de la Procuradora y en asociación con el Ministerio de Justicia argentino un taller sobre delitos cibernéticos en el hotel Sheraton. Básicamente, se trató de una capacitación norteamericana para medio centenar de jueces de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

  • Brownfield, de la villa al palacio

El 29 de abril, el secretario de Asuntos Internacionales del Departamento de Estado, William Brownfield, tuvo una maratónica recorrida porteña. Del Palacio San Martín a la Villa 21-24, pasando por el Ministerio de Seguridad.

Con la canciller Susana Malcorra, el norteamericano firmó un acuerdo de cooperación en la lucha antinarcóticos y el crimen organizado. Se reunió luego con Roberto Moro, cabeza del Sedronar, primero en Barracas y después en su despacho: tampoco fue mucho lo que se difundió públicamente al respecto, pero se informó sobre otros acuerdos de cooperación, en este caso relativos al consumo de sustancias.

En el medio, mantuvo un encuentro con la ministra Bullrich, con quien trató dos temas claves, según pudo confirmar este medio. Primero, aunque no es un tema aún para nada cerrado, se habló de la posibilidad de que Argentina transfiera a Estados Unidos datos satelitales sobre vuelos posiblemente asociados a narcotráfico. Podría ser esta una pre-condición tácita para el levantamiento de la visa necesaria para entrar a Norteamérica, que también quedó firmado en el documento Obama-Macri

En segundo lugar, se habría trabajado sobre la implementación de un programa contra lavado de dinero asociado a terrorismo, que se instrumentaría a través de un acuerdo con el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). En los hechos, esto implicará que la Argentina comparta con Estados Unidos información sensible sobre posibles delitos financieros que luego se juzgará si están asociados a terrorismo.

Brownfield es el máximo responsable del Departamento de Estado en materia de narcotráfico. Maneja los programas relacionados con la lucha contra las drogas ilícitas y el delito organizado; es decir que tiene una cartera millonaria, de casi cinco mil millones de dólares, que va habilitando en los países donde los acuerdos promovidos por Estados Unidos avanzan.

  • Una ayuda al extractivismo

Apenas cuatro días antes de la llegada de Brownfield, una comitiva argentina que se desconoce su composición viajó a Bogotá al plenario anual del programa de “Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (PV)”. Allí, la administración Cambiemos anunció que el país se sumará a la iniciativa promovida por Estados Unidos. Esto, naturalmente, también estaba en el pliego de condiciones Obama-Macri.

Cambiemos anunció que Argentina se suma a los “Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos” para regular la seguridad privada y pública en multinacionales petroleras, gasíferas y mineras. Los beneficios son todos empresariales: “Reducción de retrasos de producción; mantenimiento de la ‘licencia social para operar’; acceso a financiación; mitigación del peligro de litigios; mantenimiento y mejora de la reputación de la empresa; y confianza para operar correctamente en entornos empresariales complejos.

El PV es un polémico programa que regula el sistema de seguridad privada y pública en empresas multinacionales que se dedican a actividades extractivas, principalmente, petróleo, gas y minería. Los beneficios son, claramente, empresariales: “Reducción de retrasos de producción; mantenimiento de la ‘licencia social para operar’; acceso a financiación; mitigación del peligro de litigios; mantenimiento y mejora de la reputación de la empresa; y confianza para operar correctamente en entornos empresariales complejos”, según se cita en esta guía orientativa para la implementación del programa.

En cuanto a seguridad, en los papeles el PV habilita directamente a tareas de inteligencia de las empresas en las regiones donde se emplazan y hasta se refiere a la importancia de equipar con armas de fuego y capacitar a la seguridad privada de esas compañías. Todo un adelanto de frente de conflicto en las provincias mineras.

  • Gottemoeller a Defensa

El 15 de abril, la subsecretaria de Control de Armas y Seguridad Internacional del Departamento de Estado, Rose Gottemoeller, viajó a la Argentina para preparar el terreno de lo que un mes más tarde fue la comitiva de Tello al Pentágono. En esa oportunidad, la funcionaria norteamericana se reunió directamente con el ministro de Defensa, el radical Julio César Martínez. Aunque la agenda no salió a luz y en los registros de audiencias nada de esto está publicado, se infiere que dialogaron sobre los acuerdos y cierres políticos que luego se charlaron en Washington. Sólo es seguro que la temática “colaboración con la Fuerza Aérea a través de equipamiento y entrenamiento” estuvo presente.

  • James en el Cóndor

En la sede de la Fuerza Aérea Argentina, su titular, el brigadier Enrique Víctor Amrein recibió el 4 de abril a su par estadounidense, Deborah James. El Edificio Cóndor se revolucionó con la visita; colocó su alfombra roja y los encargados de protocolo se ocuparon de que la firma de James quede tatuada en el libro de visitas.

Allí, los funcionarios aéreos acordaron colaboración entre fuerzas, especialmente en materia de entrenamiento por parte de Estados Unidos con los militares argentinos. La agenda tampoco fue pública, y simplemente se conocieron algunas gacetillas de comunicación posterior. Es un continuo: estas reuniones con representantes de fuerzas militares o del Departamento de Estado permanecen en el secretismo de Cambiemos.

James, posteriormente, cumplió con el ritual. Visitó a Mamet en la Embajada.

  • La 4ta flota, finalmente

Mucho antes de que se coordine la visita de Obama a la Argentina, la Administración Cambiemos había dado un temprano giro de 180 grados en materia de política militar internacional con la decisión de enviar a Mayport, Florida, una representación a la conferencia anual de lanzamiento de la 4ta Flota del Comando Sur. Es, definitivamente, un cambio de época. Durante el kirchnerismo, Estados Unidos intentó en vano que la Argentina tienda un enlace con esta División norteamericana.

Se desconoce quiénes pudieron integrar el grupo militar que viajó en representación del país o si se concretaron reuniones particulares. De hecho, si este periodista no se equivoca, la versión sobre la participación de Argentina en la conferencia de lanzamiento no se conocía hasta ahora. El dato lo confirmó una fuente militar a Nuestras Voces, aunque otra fuente de Defensa aseguró desconocer si el país había enviado representantes a Florida.

La Cuarta Flota es parte del plan militar de Estados Unidos para el Caribe y América del Sur, con décadas en su haber. Había permanecida dormida durante años, hasta que en 2008 el Comando Sur la reactivó, con el foco puesto en la creciente imagen de Hugo Chávez.

En Argenleaks, Santiago O’Donnell revela que la Embajada intentó persuadir a Nilda Garré para que visite la base en Mayport o que se nombre un funcionario “que actué como enlace permanente”. La Argentina jamás avanzó en ese sentido. Al menos hasta la Administración Cambiemos.

@alegiuffrida

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