Hace algunas semanas, sin mucho ruido, el Gobierno decidió derogar el denominado Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables. Este programa ofrecía recursos para apoyar políticas de promoción y prevención en salud. A pesar de contar con la participación de más de 300 municipios y haber tenido una vigencia de casi 25 años, el Ministerio de Salud comunicó en el Boletín Oficial que el programa no había cumplido sus objetivos, lo que llevó a su eliminación. Aquí exploramos hasta qué punto fue ineficaz y qué falló específicamente.
Objetivos y Fallas del Programa
La última versión del programa, lanzada en 2021, pretendía reforzar diversas actividades de promoción y prevención de salud a través de siete áreas de acción: “ciudad amigable para personas mayores”, “entornos saludables”, “gestión de servicios de salud”, “fortalecimiento institucional”, “salud ambiental”, “salud alimentaria” y “seguridad vial”. Dado que se planeaba dar prioridad a las áreas más vulnerables, se otorgó a las provincias el poder de seleccionar los municipios participantes.
Aunque el programa fue inicialmente creado en 2008 y se relanzó en varias ocasiones (la última en 2021), sus raíces eran más antiguas, habiendo nacido como una iniciativa local en 2001 con la formación de la Red Interinstitucional de Municipios. En 2003, se creó una Coordinación Operativa que dependía del Ministerio de Salud, consolidándose finalmente durante los últimos días del gobierno de Néstor Kirchner. Sin embargo, este esquema fue derogado recientemente por la gestión de Javier Milei.
Diagnóstico y Resolución
Se llevó a cabo una consulta en algunas de las provincias más pobladas del país, y en base a las respuestas de seis localidades, se constató una aparente disfuncionalidad del programa en sus últimos años. La resolución firmada por el actual ministro, Mario Lugones, señala sin especificar que “no se lograron los objetivos” y que hubo una “limitada participación de los municipios” y un “bajo cumplimiento de indicadores”.
Por otro lado, se argumenta que la inversión en políticas sanitarias, dadas las circunstancias actuales, requiere una evaluación bajo criterios de costo-oportunidad, costo-efectividad y costo-beneficio. Además, se debe dirigir recursos hacia áreas de salud pública prioritarias donde el impacto pueda ser mayor, maximizando así los beneficios para la población en general.
Impacto en las Provincias
El Ministerio de Salud considera que el programa falló también por la limitada participación de municipios: solo 323 municipios, que representan un 14% del total del país, estaban integrados. Entre 2021 y 2023, se transfirieron 1.057.650.000 pesos a través del préstamo del BID 5032/OC-AR, pero solo 125 municipios completaron todas las fases estipuladas.
Critican al programa por incluir objetivos débiles, como proyectos que no impactaban directamente en el sistema sanitario. Además, hay acusaciones de que la selección de municipios se basó en criterios políticos, algo que no pudo ser verificado.
En Santa Fe, por ejemplo, Rosario participó desde 2020, pero solo recibió un quinto de los fondos prometidos. Por su parte, la ciudad de Santa Fe ya había dejado de participar debido a cuestiones del contexto nacional, como la inflación.
En Mendoza, municipios como Godoy Cruz, Maipú y Guaymallén señalan que solo recibieron financiamiento hasta la segunda fase, faltando el comprometido apoyo técnico y financiero. Denunciaron, además, falta de claridad en la implementación del programa a nivel nacional.
Entre Ríos destaca los objetivos del programa y refiere que nueve municipios se unieron, pero los fondos adeudados por la Nación significan compromisos incumplidos. Subrayaron la relevancia de la deuda pendiente derivada de la derogación del programa, que ha dejado a muchas comunas sin los recursos prometidos.
Por otro lado, Buenos Aires y su ciudad capital expresaron que aprovecharon debidamente el programa, pero reconocen que el cumplimiento de las metas ha sido desigual. Sin embargo, destacaron que las actividades se integrarán en la planificación y presupuesto propio de la jurisdicción, minimizando la necesidad de más recursos tras el cierre del programa.