Salven a Michetti

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La investigación sobre el dinero no declarado de la vicepresidenta Gabriela Michetti avanza y complica al gobierno, que intentó dar una señal de lucha contra la corrupción echando al titular de la Aduana,  Juan José Gómez Centurión. Una foto con el Presidente se sumó al reclamó de la vicepresidenta que siente que dentro mismo del gobierno hay muchos que quieren que avance la causa.

Gabriela Michetti cree a esta altura que es un sector interno del gobierno el que está fogoneando las denuncias y las investigaciones sobre su Fundación y el dinero hallado en su casa. Por eso esta semana presionó para tener su foto junto al presidente Mauricio Macri y lo consiguió el viernes, cuando el gobierno necesitaba una respuesta política a una semana difícil signada por el fallo de la Corte dando la razón a los usuarios que se opusieron al aumento de tarifas.

Las dudas de Michetti tienen su origen en los enfrentamientos que siempre tuvo con el sector más cercano al presidente y su amigo empresario Nicolás Caputo, y en la amistad que éstos tienen con el fiscal Guillermo Marijuan, quien lleva adelante la causa que la involucra.

Sin embargo, más allá de esa interna que se arrastra desde los orígenes del macrismo, la causa que complica a la vicepresidenta avanza por el peso mismo de las pruebas que van apareciendo. “Dejaron todos los dedos marcados”, dicen los voceros del gobierno que se resignan a que mucho antes de lo pensado hay una causa judicial que pone en vilo al gobierno.

Esta semana, los movimientos hechos en la Inspección General de Justicia (IGJ) para tratar de ordenar los papeles de su Fundación empeoraron la situación: con el pedido del juez para que le remitieran esa información ya hecho, la vicepresidenta inscribió empleados, cambió el domicilio a su casa y trató de presentar los balances. Anoche, la IGJ había cerrado la posibilidad de acceder públicamente, como establece la ley, a estos registros.

La causa amenaza con ramificarse a otras fundaciones del macrismo y a las andanzas de los dos principales sostenedores políticos de Gabriela Michetti: el actual embajador en Uruguay Guillermo Montenegro y el titular de los Medios Públicos, Hernán Lombardi. Esta semana también la Cámara Federal ordenó reabrir una causa en la que se investiga el desvío de fondos a través del mecanismo de mecenazgo desde el Ministerio de Cultura que él encabezaba a la campaña política.

La causa Michetti

La noche en que se convirtió en vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti sufrió el robo en su casa del barrio porteño de Balvanera de 245 mil pesos y 50 mil dólares.

El robo tuvo precisión quirúrgica: “Del cajón de la mesa de luz situada en el lado izquierdo, la suma de 5000 pesos; de una bolsa de papel madera que se encontraba al costado de la cama, 200 mil pesos; del interior del placard, envueltos en una bolsa de cartón, 40 mil pesos; del otro placard de madera, 50 mil dólares”.

La noticia publicada por Tiempo Argentino el domingo 17 de julio motivó una denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero, a la que se acumuló otra de los diputados nacionales Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade.

La causa recayó en el juez Federal Ariel Lijo, quien autorizó todas las medidas solicitadas por el fiscal Guillermo Marijuan en la causa que investiga el origen y la legalidad de esos fondos. Pidió las declaraciones juradas ante la AFIP de Gabriela Michetti y todos los datos sobre la Fundación SUMA, que la vicepresidente impulsa, a la AFIP y la Inspección General de Justicia (IGJ).

Finalmente, la vicepresidenta Gabriela Michetti fue imputada el 12 de agosto porque no pudo explicar el origen del dinero robado en su casa.

El novio

Michetti alegó originalmente que los 50 mil dólares se los dio su novio para abonar una maestría de su hijo, aún no recibido, y que los 200 mil pesos pertenecían a donaciones de la Fundación SUMA llevadas a su domicilio por “voluntarios” de la fundación.

El novio

En cambio, su pareja declaró haber llevado el mismo día los 200 mil pesos, pero no mencionó en ningún momento que fueran donaciones recibidas en la fundación. Y llamativamente tampoco hizo mención alguna a los 50 mil dólares que supuestamente él le prestó, según declaraciones de la vicepresidenta.

Tampoco aclara por qué él, que no tiene relación alguna con la Fundación, tenía en su poder donaciones en efectivo y sin bancarizar por un monto de $200 mil.

La empleada

La otra declaración que complica la versión de Michetti es la de su empleada doméstica, quien explicó que el dinero de la mesa de luz era el que la vicepresidenta le dejaba “para comprar comida, pagar impuestos y pagarse su labor”. También refirió que Michetti “guardaba dinero en el interior de la vivienda, ya que en varias oportunidades le había pedido a ella misma que lo hiciera, dándole distintas sumas que colocaba dentro de un placard envueltos en pañuelos, desconociendo la cantidad exacta dado que se la daba en sobres cerrados”.

La empleada Norma Rojas Sanchez, trabajaba para Michetti desde hace 22 años y percibía un salario de $4000 al mes por su trabajo diario de 8 horas, en pagos semanales de $1000. El sueldo de Norma está muy por debajo del salario mínimo y según consta en los registros de AFIP, recién fue blanqueada el 1 de Mayo de 2013.

La familia

Gabriela Michetti eligió el programa de Alfredo y Diego Leuco para hacer su descargo sobre el dinero que se encontraba en su casa sin declarar y por el que acaba de ser imputada. “Era para pagar los gastos de organización de la cena en la Rural, el decorado, la organización”, repitió ante el atento periodista. Alfredo Leuco sabía perfectamente de qué le hablaba: su pareja, Cecilia Ruth Brook, fue la encargada de organizar esa fiesta y la que, por lo tanto, era la beneficiaria de esos doscientos mil pesos destinados a gastos.

Cecilia Ruth Brook, pareja del periodista Alfredo Leuco, fue nombrada en el Senado por la vicepresidente Gabriela Michetti pero trabaja en su Fundación Suma, que no declaró durante años sus ingresos ni su personal, y fue la organizadora de la fiesta de la que se perdieron los doscientos mil pesos.

En el programa de Leuco, Michetti fue más allá y declaró que los 200 mil pesos eran “puchitos” juntados entre amigos y alcanzados a su casa por miembros de la Fundación para abonar la organización de la Gala de SUMA en la Rural (gala organizada justamente por la novia de Leuco, Cecilia Brook, empleada por Michetti en el Senado de la Nación desde Marzo 2015, en la categria A1).

La esposa de Leuco, quien caracterizó a Michetti como “un ángel que viene a hacer justicia”, tiene un cargo de planta en el Senado de la Nación, nombrada por Gabriela Michetti, y formó parte de sus equipos de campaña, así como los de Hernán Lombardi y de Guillermo Montenegro en Vicente López.

Todo queda en familia

La Fundación

Sobre los 200 mil pesos, Michetti aseguró que provenían de su fundación, Suma, que es totalmente trucha: creada en 2009, recién este año se presentó por primera vez ante la AFIP y la Inspección de Justicia con su balance.

Truchísima

Tampoco tuvo nunca empleados declarados, pese a que Michetti públicamente admitió pagarle a la Directora y a dos personas que realizaban tareas full time en una entrevista en Radio Vorterix. Recién a fines de julio y luego de presentada la denuncia penal, la Fundación se inscribió frente a la AFIP como empleadora.

Otros de los trámites que la Fundación presentó una vez investigada fueron las actas de asambleas, hace dos semanas, todas juntas bajo el rótulo “fuera de término”, y un llamativo cambio de domicilio de la fundación a la dirección de Pasco 640, donde vive Gabriela Michetti y de donde fue robado el dinero investigado.

El cambio podría leerse como una estrategia para alegar que el dinero que le robaron a la vicepresidenta se encontraba en la sede de la Fundación. Es decir, en su casa.

Como si fuera poco, entre los sponsors que la propia Fundación consigna, se cuentan decenas de contratistas millonarios del Gobierno de la Ciudad y, desde diciembre, también del nacional.

Más fundaciones truchas

Además del legajo de la Fundación SUMA, el juez Lijo pidió a la IGJ los antecedentes de las fundaciones Fundar, Seguridad y Justicia (presidida por Eugenio Burzaco), Creer y Crecer (presidida por Néstor Grindetti, intendente PRO de Lanús) y Formar (presidida por Guillermo Dietrich, ministro de transporte), haciendo lugar a la ampliación de denuncia presentada por los diputados Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade.

Michetti bajo la lupa

Lijo también quiere saber “si las mismas fueron beneficiarias de donaciones efectuadas por terceros contribuyentes en el 2015”, con lo cual la causa -más allá de su desenlace penal, que se puede prever lejano- dará un panorama de las empresas amigas de las fundaciones de los lugartenientes del macrismo. Justamente los diputados sospechan que las fundaciones son utilizadas para financiar el partido político Propuesta Republicana.

Tanto la fundación Formar como la Fundar presentaron recién la semana pasada sus asambleas ante la IGJ, fuera de término, junto a la actuación sumarial. Mientras que la fundación Creer y Crecer, según pudo comprobar Nuestras Voces, incumplió sus presentaciones los últimos dos años.

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