Tarifazo anulado

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La Cámara Federal platense ordenó anular el aumento del gas en todo el país. Ahora Macri apuesta a pasar directo a la Corte mientras su ministro Aranguren se sigue devaluando. No hay que pagar las boletas nuevas.

Aumento anulado. Vuelta al cuadro tarifario previo en todo el país. El fallo de la Cámara Federal de La Plata de este jueves es el golpe más duro al tarifazo del gas implementado por el gobierno de Mauricio Macri. La Justicia declaró nulas las dos resoluciones sobre el aumento del ministro de Energía Juan José Aranguren, ex CEO y actual accionista de Shell, que parece pensar en las ganancias de las empresas energéticas antes que en el frío de no poder usar el gas y la electricidad en invierno para calentarse.

En lo que seguro no pensó Aranguren es en los derechos del consumidor, ya que el motivo por el que se declaró ilegal la medida fue la falta de una audiencia pública para garantizar los derechos de los usuarios. La decisión judicial tiene alcance nacional y efecto inmediato. Y significa un durísimo revés judicial y político para el gobierno de Mauricio Macri.

Fallo unánime

En un fallo unánime, la Sala II dejó sin efecto el nuevo cuadro tarifario que había transformado al suministro de gas en un bien de lujo en pleno invierno, con subas de hasta 2.000% y boletas insólitas, que de un mes a otro pasaron de $190 a $ 2.280, como le ocurrió a una vecina de Bariloche.

También ayer, el mismo Tribunal suspendió por 90 días la suba en la tarifa de  electricidad para los usuarios de Edesur y Edenor en la provincia de Buenos Aires.

Estas sentencias debilitan aún más al vapuleado ministro de Energía. Aranguren es cuestionado por sus incompatibilidades legales para ejercer el cargo, es rechazado por todos los usuarios de gas y energía.

Su encumbramiento sin trabajo previo en el grupo político generó enojos. Las subas decididas por Aranguren afectaron a todos los ministerios, licuando presupuestos: para poder pagar el gas.

Algunos ya pusieron la cuenta regresiva sobre la cabeza de Aranguren. Su apuro en otorgar los aumentos sin cumplir los pasos administrativo legales dejó un flanco débil tan grande, que pone en riesgo el próximo paso del Gobierno: Macri pondrá todas las fichas y la presión en lograr que el caso pase directo a la Corte Suprema, un tribunal donde la Casa Rosada acaba de sumar dos nuevos integrantes. Claro que ese trabajo no lo hará Aranguren, y Macri va a gastar allí parte de su capital político en defender una medida impopular, pésimamente aplicada y pensada.

El Gobierno presentará la semana próxima ante la Cámara de La Plata un recurso extraordinario para que la Corte Suprema sea la que revise el fallo. Si la Sala II no lo admite, entonces el Gobierno acudirá “en queja” al máximo Tribunal.

La Corte ya tiene otro expediente sobre el tema tarifario. Es un amparo que suspendió los aumentos para esa provincia. El macrismo acudió entonces al tribunal que encabeza Ricardo Lorenzetti para pedirle que declare inconstitucional lo dispuesto en los Tribunales de Rawson, apelando a una cuestión de competencia. Pero la Corte todavía no se expidió. La propia Cámara Federal mencionó este antecedente, y explicó que en la causa de Rawson sólo se dictó una cautelar, mientras que la que llegó a Cámara ya cuenta con una sentencia previa.

Anoche, mientras sonaban las cacerolas contra el tarifazo, muchos vecinos celebraron el fallo judicial: no tenían con qué pagar la cuenta este mes.

No pagar, esa es la cuestión

Para los usuarios siguen las dudas sobre cómo actuar con respecto a las boletas pendientes que llegaron con aumentos y a las que ya fueron pagadas. Desde todas las asociaciones de consumidores remarcaron que no hay que pagarlas y que las empresas que se negaran a aplicar la sentencia estarían incurriendo en el delito de desobediencia. Para intentar despejar toda duda, el lunes CEPIS acudirá de nuevo a la Sala II, con una nueva medida cautelar, para “que se dejen sin efecto todas las facturas de gas que se han emitido, y todos aquellos usuarios que ya la hubieran pagado, tendrán un crédito a su favor. Como al gobierno no le interesan las angustias de los bolsillos chicos ni siquiera se ocupó del tema.

Detrás de la noticia que ya repercute en el mundo como fracaso del plan económico del gobierno, está Mariano Lovelli, titular del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), la ONG que hace más de 45 días inició el expediente contra los nuevos precios: “Tiene alcance nacional en función de que nosotros iniciamos este amparo como una acción colectiva, es decir, no lo hacemos representando a alguna persona en particular sino a todo el universo de usuarios y consumidores”, explicó.

Qué dice el fallo

En concreto, los tres integrantes de la Sala II declararon la nulidad de las resoluciones 28 y 31 de la cartera que encabeza Aranguren, “retrotrayéndose la situación tarifaria a la existente previamente al dictado de ambas”. Para los camaristas César Alvarez, Olga Angela Calitri y Leopoldo Héctor Schiffrin, la ilegalidad de esas resoluciones reside en que para “reajustar” las tarifas, el Gobierno Nacional no convocó a las audiencias públicas que contempla la ley. En su voto, Alvarez sostuvo que “corresponde ordenar al Estado Nacional –Ministerio de Energía y Minería que convoque a una Audiencia Pública (…) a fin de garantizar los derechos de usuarios del servicio público de gas natural y, de esta forma, posibilitar la participación ciudadana consagrada constitucionalmente”. Para el magistrado, “las citadas resoluciones devienen nulas por no haber sido precedido su dictado de las audiencias públicas cuyo cumplimiento resulta exigible”.

El juez Schiffrin fue más allá y agregó un nuevo frente para el gobierno en la Corte. Aseguró que la resolución 28 “tiene por base dar cumplimiento a acuerdos –del gobierno– con los productores de gas natural a fin de ajustar el precio del producto en el punto de ingreso al sistema de transporte” y que el resultado de esa negociación del macrismo con los privados fue “tarifas de aplicación a consumo de los usuarios del servicio de gas las cuales, de acuerdo con las noticias que fluyen en la prensa o de boca en boca, tienen un efecto exorbitante sobre la situación económica de los sectores más débiles de la sociedad”. Para el camarista, estos nuevos valores suponen “sumas destinadas a que el Estado Nacional financie los acuerdos de precios a los que llegó con las compañías de producción y transporte de gas”.

Es decir que las boletas impagables constituyen “una contribución, no bien determinada, para gastos específicos del Estado Nacional que no sólo carece de base legal, sino que aun teniéndola sería inválida, pues los impuestos no sólo deben determinar un hecho imponible sino, un monto cuantitativo razonable para la contribución”. En otras palabras, no solo estuvo viciado de nulidad el proceso, sino su origen: Aranguren le dijo a los mayoristas que les iba a pagar más, y trasnfirió el costo a los usarios para “cumplir” con su palabra.

En medio del impacto, el ministro emitió un escueto comunicado al mejor estilo PRO: “Estamos analizando los alcances del fallo y, en cualquier caso, como hemos hecho en todos los amparos, daremos todos los pasos procesales necesarios para defender las medidas tarifarias que hemos dictado y que están plenamente basadas en los marcos legales de cada uno de los servicios públicos involucrados”. De llamar a una audiencia pública ni hablar.

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