Toma en Guernica: intendentes trabajan en una solución consensuada

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Este viernes se reunieron autoridades provinciales y municipales para encontrar una salida pacífica a la toma de tierras en Guernica. Buscan acompañar, reubicar y contener a las familias atendiendo “caso por caso”. Organizaciones de Derechos Humanos reclaman a la Cámara de Casación de la Provincia que deje sin efecto el desalojo, previsto para octubre. En el terreno viven 2.797 niños, niñas y adolescentes y 1500 personas manifiestan no poder pagar el alquiler. Testimonios de las familias involucradas. Este lunes continúan las reuniones entre las autoridades y representantes de la toma.

Este viernes se realizó una reunión en el municipio Presidente Perón donde se encuentra ubicada la toma de Guernica. Estuvieron presentes la intendenta local, Blanca Cantero, y los ministros bonaerenses de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque y de Justicia y DDHH, Julio Alak. También participaron los intendentes de Almirante Brown (Mariano Cascallares), Lomas de Zamora (Martín Insaurralde), San Vicente (Nicolás Mantegazza), Florencio Varela (Andrés Watson), Ezeiza (Gastón Granados) y representantes de Esteban Echeverría que se pusieron a disposición de la intendenta para abordar la situación de las personas que permanecen en los terrenos ocupados y que provienen de otros distritos, tal como arrojan los datos del censo realizado en el lugar. “Los intendentes vecinos se pusieron a disposición también a partir de que en la toma hay ciudadanos de sus localidades y me van a ayudar a resolver el conflicto. Estamos trabajando todos en conjunto acompañados por la provincia para poder encontrar una solución. Y cualquier salida que arreglemos tiene que ser sin que nadie incumpla la ley”, le dijo Blanca Cantero a Nuestras Voces.

Las autoridades apuntan a resolver en los próximos días “caso por caso” y encontrar una salida a ese conflicto que continua en el predio de 100  hectáreas.

El abogado de los integrantes de la toma de Guernica, Eduardo “Negro” Soares, de la Asociación Gremial de Abogados, sostiene que no hay delito por parte de las familias ocupantes y explicó a Nuestras Voces: “Los terrenos carecen de dueño. Hay titulares registrables, pero no son los que reclaman. Para que haya delito de usurpación uno tiene que despojar a la persona de su propiedad y quienes reclaman la propiedad son personas que no aparecieron allí en los últimos 30, 40 años. Allí no había ni construcciones ni nada por el estilo porque es una zona de humedales que lo único que tiene es estar rodeado por 18 countries. Vimos un buen trabajo hasta acá por parte de la gestión de la provincia, pero todavía no hay ninguna solución, ni propuesta, ni salida viable a pesar de que parece que se busca conseguir una buena alternativa para todos”.

Este lunes volverán a reunirse funcionarios de la provincia con los representantes y delegados de la asamblea de la toma para encontrar una “solución pacífica”.

Radiografía de la toma

Hace una semana, el municipio Presidente Perón y el ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia comenzaron a realizar un censo que fue entregado al juzgado a cargo y que se completó con detalle este viernes. Allí se explica que se ocuparon exactamente 2.344 parcelas. En tanto, 440 parcelas estaban deshabitadas. De aquellos, había 1.309 familias con niños, niñas o adolescentes, 307 personas adultas solas y 288 casos restantes que corresponden a otro tipo de constitución (más de dos adultos sin menores, parejas sin hijos, etc.). Los 1.904 grupos censados declararon 2.797 niños, niñas y adolescentes.

En el documento también indica que “acerca de la situación laboral, los adultos contestaron que: 1.859 son desocupados, 494 ocupados, 271 con trabajo informal y 20 otros (jubilados / pensionados / discapacidad). Respecto a las razones por las cuales ocuparon, respondieron 1.810 personas. 1.544 alegaron desocupación, empobrecimiento e imposibilidad de pagar alquiler, 183 argumentaron conflictos familiares, 51 violencia de género y 32 situación de calle. Fueron encuestados 1904 personas sobre su procedencia. 806 (42,3%) personas se negaron a responder. 1098 personas (57,7%) sí respondieron. De los que sí afirmaron su origen, 840 (76,5%) declararon pertenecer a Presidente Perón, 258 (23,5%) provienen de diferentes partidos del Gran Buenos Aires”.

Sergio y Paula Ponce son pareja, de Burzaco en Almirante Brown, y son parte de la toma desde el 23 de julio. Él es albañil y vive de changas. Tienen tres hijos en común de 1, 3 y 6 años y estaban alquilando antes de llegar al lugar. “Los gastos del alquiler los pagamos la mitad con asignación y la otra mitad con el trabajo de mi pareja, pero a partir de la situación de la pandemia se comenzó a complicar llegar a pagarlo”, le cuenta Paula a Nuestras Voces y agrega que cuando “nos enteramos de la posibilidad de conseguir un terreno nos vinimos automáticamente para acá y estamos con esta carpa que armamos con lonas y cinco palos”. “Vinimos para acá cuando nos enteramos por un amigo que se había armado la toma. Nosotros con el municipio todavía no pudimos hablar con nadie y hasta ahora las propuestas que nos hacen desde la provincia es que nos pueden pagar el alquiler en algún lugar, pero si solo nos pagan el alquiler tres meses yo no se de donde voy a poder sacar plata después si sigo sin poder trabajar”, agrega Sergio.

“Acá nos ayudamos con los vecinos y no siempre es fácil entrar con la mercadería que compramos para hacer la comida y las ollas populares porque la policía está aquí controlando desde el principio. No es mucho lo que hay para comer, pero nos ayudamos entre todos para poder completar la comida de todos los días. Nosotros lo que esperamos es que no nos desalojen y que nos den a pagar este pedazo de tierra donde estamos ahora acá y que si una parte la podemos pagar con lo que recibimos de asignación estamos dispuestos a hacerlo. No queremos que nos regalen nada”, cuenta Paula.

Solución a la toma de tierras: terrenos fiscales para vivir y producir

Asamblea y solidaridad

Luego de la toma se conformó una asamblea en Guernica integrada por las ocho organizaciones que representan a las familias que están allí presentes. La asamblea conformó comisiones para atender todos los temas como la salud, la contención para los niños y una comisión de urbanismo con integrantes de la FUBA y arquitectos que planificaron lo que podría ser un barrio en ese territorio.

La miembro de la asamblea y de la organización Choque Barrial-MULCS, Lorena Ojea, le dijo a Nuestras Voces que “la idea siempre fue permanecer en la toma hasta que haya una propuesta concreta por parte de las autoridades”. Además Ojea explicó: “La organización sirvió para que la asamblea pueda conformar distintas comisiones que ofrezcan contención a las familias allí presentes. Hay que destacar que el plan que se está llevando adelante aquí implica garantizar un lugar donde vivir para muchos ciudadanos que lo necesitan, pero también trabajar la tierra como idea para generar puestos de trabajo y recursos para quienes lo necesitan”.

Además del MULCS y los delegados de los cuatro barrios que se conformaron en la toma, la asamblea también la integran las organizaciones: FOL, Barrios de Pie, Polo Obrero, OLP resistir y luchar, MTR votamos luchar, MST y el FDPS CN.

“Desde la Defensoría apenas comenzó el conflicto fuimos convocados por la justicia porque conformamos el protocolo de la corte bonaerense. Conformamos una mesa gestión con el municipio y la provincia. El objetivo siempre fue poder cuidar a esas familias que ocupan el espacio y también poder darles una respuesta a los dueños de los terrenos. En esta etapa acompañamos la propuesta de la gestión de la provincia para acompañar, reubicar y contener a esas familias. Ese proceso fue lo que hizo que se suspenda el desalojo y estamos avanzando en una solución para todas las partes siempre poniendo el foco en los más vulnerables”, dijo el titular de la Defensoría del Pueblo de la provincia, Guido Lorenzino, en diálogo con Nuestras Voces.

La Pastoral Social a través de la Diócesis de Lomas de Zamora también se sumó al pedido de una salida armoniosa que respete los derechos de todos los actores a través de un comunicado en las últimas horas.

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales difundió ayer un pedido a la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires –firmado también por la Defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el Servicio de Paz y Justicia, entre otros– donde solicitan que el desalojo quede sin efecto: “Además de que no tienen donde vivir, estas personas están sometidas a un proceso penal. Es decir: en la situación de tener que ‘elegir’ entre la intemperie o el desalojo. El poder judicial y el poder ejecutivo de la PBA tienen que definir alternativas de acceso a la vivienda, sea a través de la mejora de las condiciones en el lugar o del realojo. Esto debe ocurrir con la participación de quienes están en la toma”, sostienen.

Antecedentes

Las tomas en Guernica empezaron el pasado 20 de julio y según confirmaron los vecinos ya se habían dado algunos intentos en ese mismo predio en el mes de marzo, previo a que se decrete la pandemia y la cuarentena en nuestro país. Sin embargo, el caso alcanzó impacto mediático cuando la justicia bonaerense y el Juzgado 8 de Garantías de Cañuelas, a cargo de Martín Rizzo, comenzó a actuar y a amenazó con la orden de desalojo a partir de agosto, pero que recién se hizo efectiva la semana pasada con fecha de 23, 24 y 25   de septiembre.

Esa orden se logró frenar a partir de la intervención de la provincia, los intendentes y la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires para ganar tiempo y lograr que se pase para el próximo 1,2 y 5 de octubre.

El problema de la vivienda en el país y en la provincia no es nuevo, pero todas las cifras indican que el conflicto se profundizó durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Al tal punto que esta semana el presidente Alberto Fernández reveló en uno de sus anuncios que se encontró con más de 11 mil viviendas que se habían comenzado a construir previo al 2015, y que durante la gestión macrista no se terminaron y quedaron abandonadas.

En este contexto, suceden las tomas de tierras de los últimos meses en la provincia, con familias con conflictos económicos y sociales agravados por la pandemia. Una de las más importantes es, sin duda por sus dimensiones, la de Guernica, en el municipio Presidente Perón. Van más de dos meses y tal como explicitan las partes está siendo muy laborioso encontrar una salida que conforme a todos.

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