Un rechazo a las «predicciones» de Stornelli sobre el observatorio NODIO

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La jueza criminal federal María Eugenia Capuchetti rechazó la medida cautelar presentada por el fiscal Carlos Stornelli para frenar la creación del observatorio NODIO, de la Defensoría del Público. Capuchetti señaló que los perjuicios invocados por el fiscal son “meras hipótesis” y se basan en “interpretaciones apresuradas” de la ley que no fundamentan de qué modo el órgano afectaría la libertad de expresión. La denuncia fue realizada por 11 diputados macristas.

La Justicia desechó la medida cautelar realizada por el fiscal Carlos Stornelli, quien pidió la indagatoria de la Defensora del Público, Miriam Lewin, por los supuestos delitos de “abuso de poder” y “violación de los deberes de funcionario público”, después que once diputados nacionales macristas la denunciaran por la creación de NODIO, un “Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica de medios y plataformas digitales” que a los ojos de los legisladores era una “comisaría del pensamiento”.

En su resolución, la jueza María Eugenia Capuchetti consideró que Stornelli –muy cercano al expresidente Mauricio Macri– había basado su pedido en “predicciones” y “conjeturas”, sin presentar ningún hecho concreto que justificara su pedido para frenar la creación del observatorio.

Para la jueza, el Ministerio Público Fiscal, “se centralizó únicamente en demostrar la presencia de un interés público que eventualmente se vería comprometido (claro está, en el caso que se comprueben todas las conjeturas realizadas); pero nada hizo para explicar por qué entiende que los hechos ocurrirían del modo en que lo dictan sus predicciones”. Según la titular del juzgado Criminal y Correccional Federal Nro 5, “en el relato del Fiscal, no se verifica –más allá de las formulaciones genéricas e invocaciones a normas de distinta jerarquía– de qué modo concreto la creación del organismo afectaría el derecho a la libertad de expresión protegido por la Constitución Nacional, ni tampoco ha intentado demostrar la ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta en la creación del citado observatorio”.

Finalmente, consideró que el fiscal,”no se encuentra cuestionando una norma o un acto en particular sino que su pretensión se dirige a evitar que cualquier organismo estatal dicte un acto administrativo que pudiera tender a llevar adelante las actividades del Observatorio”, del cual ni siquiera precisó si fue creado.

Miriam Lewin, por recomendación de sus abogados no opinó sobre la resolución judicial.

Un límite a la ofensiva antidemocrática de las hate news

Las fake news, esa es la cuestión                              

La denuncia realizada, entre otros por Fernando Iglesias, Waldo Wolff (que es presidente de la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso) y Graciela Ocaña, habían tenido una gran repercusión en los medios de comunicación. Se unieron las alertas de las entidades periodísticas, entre ellas ADEPA, con la cual Lewin se había reunido, y las empresas dueñas de medios, que informaron en todos sus formatos que el observatorio afectaría la libertad de prensa y opinión. Lo mismo repitieron sus columnistas, algunos de los cuales, habían participado de una mesa de debate –invitados por la Defensoría del Público– donde se compartieron ideas acerca de la creación de dicho observatorio y su alcance. En todos los casos, se afirmaba la creación de una mordaza para los periodistas y una institución que los señalara y persiguiera. La desinformación, paradójicamente, fue lo que reinó.

Según explicó Lewin, en distintas entrevistas, la propuesta del observatorio estaba aún en estado embrionario y no era otra cosa que seguir las recomendaciones hechas por diferentes organismos internacionales, como las Naciones Unidas, en cuanto a generar un estudio sobre de qué manera se originan y cómo circulan los mensajes de odio en todas sus formas: xenófobos, misóginos, homofóbicos y también por razones políticas. No se trata, entonces, de silenciar voces, sino poner el tema en el debate democrático como defensa y protección de los derechos humanos de las audiencias.

En tal sentido, la jueza Capuchetti, también consideró en su resolución que la importancia de “abordar la problemática de la desinformación en línea que el Observatorio cuestionado tendría como objetivo es evidente y bastante común en diversas partes del mundo, pero también lo es la preocupación de la ciudadanía respecto de la forma en que se lleva a cabo este tipo de tarea pues, a través de ese tipo de iniciativas es posible limitar de manera indebida la libertad de expresión, extender el control del Estado sobre los medios, restringir la libertad en Internet y ampliar la facultad de diversos actores de recopilar datos personales”.

Por tal motivo, y teniendo en cuenta las recomendaciones que realizan los organismos sobre la proliferación de las noticias falsas, son los Estado los que tienen que “evaluar la posibilidad de respaldar medidas positivas para abordar el problema de la desinformación en línea, como la promoción de instancias independientes para la verificación de información”.

Pero además, la jueza sostuvo su resolución no solo en esas recomendaciones sino que repasó las experiencias de otros países sobre el seguimiento de las fake news.

En el Reino Unido se creó la “Unidad de Comunicaciones de Seguridad Nacional” que tiene la función de combatir la desinformación por parte de actores estatales. Y se agregará contenido educativo a los niños en las escuelas para detectar información errónea online.

Australia tiene el “Grupo de Trabajo de Garantía de Integridad Electoral”. En Bélgica e Italia existen sitios web para informar a las personas sobre desinformación en el que se vota a favor y en contra de las soluciones propuestas por el gobierno. Los legisladores brasileños presentaron unos 20 proyectos de ley sobre desinformación.Canadá creó un protocolo para monitorear y notificar al públicos sobre intentos de desinformación y en el año 2019 creó la “Carta Digital” sobre confianza en un mundo digital. Francia aprobó una ley que aporta los conceptos de “noticia falsa” y “manipulación de información”, dandole a las autoridades la potestad de eliminar contenido falso o manipulado. Alemania, tiene una ley contra el discurso del odio en las redes sociales y pueden actuar contra contenido cuestionable online.

En México existe la agencia de noticias del Estado mexicano que tiene como fin “darle certeza e información veraz a la sociedad mexicana, combatir las fake news y desinformación existente en la web”.

Sin ir más lejos, Chile está debatiendo un proyecto de ley con el objetivo de sancionar la difusión, promoción o financiamiento de fake news.

 

Resolución Rechazo Medida Cautelar 8080-20 by NuestrasVoces on Scribd

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