Una bolsa de López para Michetti

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La vicepresidenta Gabriela Michetti continúa sembrando dudas y contradicciones sobre el origen del dinero robado en su casa en diciembre pasado. En el último escrito que le presentó al Juez Lijo, Michetti tuvo que admitir finalmente que la Fundación SUMA recibió donaciones por más de $60.000 del Grupo Farallón de Eduardo Gutiérrez. El asunto adquiere relevancia porque Gutiérrez es proveedor del Estado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y además, se encuentra procesado por sospechas de ser el testaferro del ex secretario de obras públicas José López.

La nueva declaración de Michetti contradice lo que ella misma había afirmado meses atrás. En aquel momento, frente a las denuncias que señalaban que recibir donaciones de proveedores del Estado representaba un conflicto de intereses, la vicepresidenta había dicho desconocer la empresa de Eduardo Gutiérrez: “Ayer pregunté qué cuernos es Farallón”, dijo entonces la vicepresidenta. Sin embargo, tal como denunciamos en julio pasado en Nuestras Voces, Farallón fue uno de los principales sponsors de la cena de fin de año de la Fundación SUMA. Hay fotografías donde se ve a la vicepresidenta con la gráfica del evento de fondo y entre los anunciantes figura Farallón.

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Foto: Michetti en la gala de fin de año 2015 de la Fundación SUMA en La Rural.

Incluso el propio Gutiérrez confirmó su colaboración en declaraciones al diario La Nación: “Fui a la cena porque desde la Fundación SUMA me invitaron a colaborar, como ya hicimos con muchas otras instituciones, y le dimos el apoyo que nos pidieron”.

Las declaraciones de Michetti confirman las sospechas de que su Fundación recibía dineros de empresarios adjudicatarios de obra pública en la CABA mientras ella era la vicejefa de gobierno. A su vez, incrementan la necesidad de que se avance en la investigación no sólo de la Fundación SUMA, sino también en las de ex miembros del gobierno porteño, sospechados de llevar adelante el mismo modus operandi. Son los casos que los diputados Roberto Tailhade y Juan Cabandié denunciaron hace algunos meses ante la Justicia y competen a las fundaciones: Fundar–Justicia y seguridad (de Eugenio Burzaco); Formar (de Guillermo Dietrich); y “Creer y crecer (de Néstor Grindetti).

Las declaraciones de Michetti confirman las sospechas de que su Fundación recibía dineros de empresarios adjudicatarios de obra pública en la CABA mientras ella era la vicejefa de gobierno.

El estado de la investigación

Hace algunos días, Tailhade exigió que se avance en la investigación de “una modalidad de corrupción que involucra a empresarios concesionarios de obra pública de la Ciudad de Buenos Aires, funcionarios del macrismo y sus fundaciones, creadas a tal fin”. Según explicó “esto está reñido con la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, N° 26.215, que establece en su Art. 15 inc “C” que los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires”.

La sospecha es que la fundación sea una pantalla recaudatoria de fondos para la actividad política, afirmó Tailhade a Página 12: “Los dirigentes políticos del PRO están acostumbrados a financiar su actividad política con este tipo de fundaciones. Por eso queremos que se investigue a esa fundación”.

En este sentido, los últimos avances del Juez Lijo habían sido solicitarle al titular de la UIF (Unidad de Información Financiera) que comunique si se reportaron operaciones sospechosas o si hay alguna investigación de lavado de dinero con relación a la fundación SUMA (todos los movimientos de la fundación debían estar bancarizados, por lo que resulta irregular que Michetti acumulara donaciones en efectivo, como declaró). También le había pedido al Banco Central que levante el secreto bancario sobre las cuentas de la fundación y que averigüe en todos los bancos todos los productos y servicios contratados: titulares, cotitulares, firmantes y apoderados; transferencias recibidas y realizadas con fecha, monto, emisor, receptor; plazos fijos; cheques librados y operaciones de cambio de divisas.

En lo referido a las fundaciones de Burzaco, Grindetti y Dietrich, Lijo había pedido avanzar en la investigación de sus DDJJ para corroborar si habían declarado correctamente las donaciones que recibieron.

El origen

El 22 de noviembre del año pasado, el mismo día que ganó las elecciones, entraron a la casa de Michetti y le robaron 50 mil dólares y 245 mil pesos. La vicepresidenta no lo reveló públicamente, pero hizo la denuncia. Hace dos meses, el robo salió a la luz gracias a una nota del diario cooperativista Tiempo Argentino. Según declaró Michetti, los 50 mil dólares eran un préstamo de su pareja, Juan Tonelli –proveedor del Estado porteño cuyos contratos investiga ahora el juez – y 200 mil pesos eran de donaciones a su fundación.

La fundación SUMA fue creada en 2009. Sin embargo, se mantuvo en forma ilegal ya que no presentó balances en la IGJ. Recién a partir de las denuncias los realizó este año. Tampoco tenía el alta en AFIP pese a contar con empleados, según reveló la misma Michetti.

La fundación SUMA fue creada en 2009. Sin embargo, se mantuvo en forma ilegal ya que no presentó balances en la IGJ. Tampoco tenía el alta en AFIP pese a contar con empleados, según reveló la misma Michetti.

Además, la UIF exige que las fundaciones que reciben donaciones por más de 50 mil pesos en un lapso de no más de treinta días presenten una declaración jurada anualmente de información sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. La fundación de Michetti supera esta suma y no lo hizo. Solo durante el 2015, recibió 4.100.000 millones de pesos en donaciones.

@mpsosa88

Salven a Michetti

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