Vía libre para los negocios de Avian-MacAir

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La Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación resolvieron que no existe conflicto de intereses en el caso Avian-MacAir. En marzo, luego del escándalo de corrupción denunciado por Nuestras Voces, el gobierno se vio obligado a postergar la adjudicación de las rutas. Con esta decisión la línea de aviones está lista para operar.

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) dictaminaron ayer a favor de la empresa aérea Avian-MacAir. Alonso descartó que exista conflicto de interés –una vez más para los funcionarios macristas– en la venta y adjudicación de las rutas aerocomerciales de esta empresa: “El señor Presidente de la Nación no dirige, administra, representa, patrocina o asesora ni de cualquier forma presta servicios a la empresa Avian”, dijo Alonso y agregó: “A la fecha de inicio del procedimiento (de adjudicación de rutas) ni el Sr. Presidente de la Nación ni sus familiares poseían interés económico en la sociedad McAir Jet SA”.

Para la SIGEN, “la empresa no tiene actualmente vinculación societaria ni comercial alguna ni con el Presidente ni con su familia ni así tampoco con las empresas Socma Americana ni Sideco Americana”.

La información contrasta los dichos que el mismísimo Carlos Colunga, ex gerente de MacAir que sigue a cargo de la empresa Avian, le dio en exclusiva a Nuestras Voces en las que afirmó “yo soy de Franco”.

Este dictamen habilita que Avianca (el nombre comercial que adquirió la aerolínea) pueda comenzar a operar las 16 rutas que antes del escándalo la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) le había adjudicado. En esta línea, el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, declaró al Diario La Nación que van a “firmar la autorización de las rutas aéreas que solicitó la empresa para que pueda empezar a volar”.

Haciendo tiempo

Los primeros días de marzo, el jefe de gabinete, Marcos Peña, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el ministro de Turismo, Gustavo Santos, se vieron obligados a anunciar la suspensión de la concesión de parte de las rutas aéreas luego de que se conociera una denuncia por conflictos de intereses en la adjudicación de las líneas aéreas Flybondi y MacAir: “Hemos decidido enmarcar el proceso de aprobación en la nueva normativa que está por salir, que busca prevenir eventuales conflictos de intereses”, afirmó Dietrich, aclarando que se trataba de una expresa decisión del presidente pero omitiendo mencionar que tanto él como Macri se encuentran imputados por presunto tráfico de influencia y defraudación contra la administración pública por la asignación de dichas rutas aéreas a las dos empresas. Y que dieron marcha atrás luego de que sus abogados analizaran la situación les advirtieran que podrían terminar procesados más temprano que tarde.

La denuncia fue realizada por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié a raíz de la investigación publicada por Nuestras Voces semanas atrás en la que se expuso que la empresa MacAir pertenece a la Famiglia Macri y que, a pesar de haber difundido su venta a la empresa Avianca, en realidad Avianca Argentina es la misma empresa que antes era de los Macri (MacAir Jets S.A.), solo que con otro nombre (Avian S.A.) y con un acuerdo de uso de la marca Avianca.

La decisión de Peña y Dietrich en realidad fue un pedido del propio fiscal Jorge Di Lello, quién imputó a Macri, a su padre y a funcionarios macristas el 1 de marzo por “presuntas irregularidades” en la concesión de rutas a Avianca y solicitó suspender la concesión de dichas rutas hasta tanto se evalúe el impacto económico que ello tendría sobre Aerolíneas Argentinas.

Por esta denuncia también fueron imputados Mario Quintana, Secretario de Coordinación Interministerial, el Secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y Fernando de Andreis, entre otros. Los empresarios imputados fueron Carlos Cobas, Germán Efromovich, Carlos Benjamín Colunga López y Diego Martín Conlunga López. Además, el titular de la ANAC, Juan Pedro Irigoin y el director nacional de Transporte Aéreo, Hernán Gómez, completan la nómina de los funcionarios que serán investigados.

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La denuncia original nació a raíz de la concesión para operar en 334 rutas a las empresas llamadas “low cost”. Avianca fue una de las grandes beneficiadas ya que, sorpresivamente, le fueron otorgadas el 100 por ciento de las rutas que solicitó. La otra gran ganadora por la nueva concesión fue Flybondi, que se quedó con las rutas que más cotizan: Miami, Nueva York, Beijing, etc. La empresa entró en el ojo de la tormenta porque uno de sus dueños es Richard Guy Gluzman, que actualmente es vicepresidente en Banco Supervielle, pero antes se desempeñó en el mismo cargo en Pegasus Argentina. Esa empresa inversora tuvo como titular, hasta diciembre de 2015, a Mario Quintana, actual vicejefe de Gabinete.

Macri anunció en la apertura de sesiones, el mismo día que fue imputado por este caso, que publicaría “dos decretos sobre juicios y contrataciones para la prevención de conflictos de intereses”. Además, afirmó “pedí a la Oficina Anticorrupción – a cargo de la ex diputada del PRO Laura Alonso – que cree un mecanismo para separar mi actuación ante cualquier suspicacia por un potencial conflicto de intereses. Que nadie dude de las decisiones que toma esta presidente”. Finalmente, Laura le hizo el favor.

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