Vidal despide la educación

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La Unidad Ejecutora Provincial, encargada de la reparación, restauración y construcción de escuelas de la provincia de Buenos Aires, fue desmembrada. De los 380 trabajadores, 200 fueron despedidos. A los otros 180 les prometieron la reubicación, pero a través de contratos basura. Organizados y en forma colectiva, todos ellos luchan por sus puestos de trabajo en una toma que ya lleva diecisiete días. Los delegados esperan novedades en las primeras horas de hoy: quieren ser recibidos para solucionar el conflicto y proteger la fuente de ingreso de las familias.

La toma de un edificio es una experiencia ardua: para alguien que ha sido despedido, además, significa convivir con la incertidumbre de una noticia que afecta en un cruel desamparo. Cada día, desde el 29 de diciembre, cuando les comunicaron que su espacio de trabajo desaparecía, los trabajadores de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) aguantaron el soporífero calor de enero entre mates, charlas, plenarios, guardias y turnos de limpieza. Se contuvieron, cuidaron lo que había adentro del edificio.

Los más azuzados caminaban hacia la vereda de calle 8 y 47, en pleno centro de La Plata, para repartir volantes y conversar con la gente. Otros armaban el cronograma de actividades, que incluía desde notas a la prensa hasta la organización de recitales y ciclos de cine.  Entraban y salían a toda hora del inmueble, que pertenece a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires: la mayoría pasó más tiempo allí que en su propia casa. Todas las semanas se movilizaba en las calles, generalmente hacia las puertas del Ministerio de Educación y de la Casa de Gobierno. No se permitían estar quietos: el tiempo muerto pesaba en el aire como los 40 grados de temperatura que otros calmaban en una pileta mientras ellos permanecían en la tensa espera.

Los delegados esperan novedades en las primeras horas de este lunes. Pasaron 17 días desde lo que denominaron como “toma pacífica” del edificio y, después de horas de debate en la última asamblea, decidieron revisar la medida de fuerza ante la posibilidad de una negociación con los funcionarios.  “Se evaluó levantar la toma, liberando el edificio a cambio de la recontratación de todos los despedidos en una negociación colectiva con el gremio y la junta interna de ATE Educación”, dice el último comunicado de los trabajadores, a la vez que se convocó a un paro regional con movilización al Ministerio de Educación, “para ser discutido y coordinado con otros sectores en plenario de delegados regional a la brevedad, antes del llamado a indemnización del miércoles propuesto por el Ministerio de Trabajo, frente a la posibilidad de un resultado negativo de la reunión con las autoridades”.

Todo comenzó el viernes 29 de diciembre, cuando 200 trabajadores recibieron un mail rubricado por la gestión del ministro de Educación Gabriel Sánchez Zinny, advirtiéndoles que sus contratos no serían renovados. Les avisaron, además, que como el vínculo laboral que los une a la cartera educativa era un contrato, se contemplaría “según cada caso” una indemnización. La resolución del gobierno de María Eugenia Vidal establecía la disolución total de la UEP.

Negocios de familia en la escuela

Desde aquella fecha, los trabajadores se organizaron y decidieron tomar el edificio, pasando fin de año adentro del mismo. “Nos conocemos hace años, porque esto es una gran familia y ésta nuestra casa, donde hemos criado a nuestros hijos y nos hemos hecho amigos. Que digan que tu lugar de trabajo va a desaparecer y por ende también el grupo con el que todos los días laburabas, es muy fuerte”, dijo en aquella oportunidad la trabajadora Jésica Alegría a la agencia Perycia, mientras recreaba un brindis agridulce junto a sus compañeros caídos en desgracia: cuando dieron las doce de la noche, en el edificio de 8 entre 46 y 47,  alzaron las copas con muchos más motivos de resistencia que de celebración.

De los 380 trabajadores de la UEP, a 200 les comunicaron el despido. Y a otros 180, entre quienes estaba Jésica,  les dijeron que tendrían una entrevista de trabajo y luego se los “reubicaría”. Ningún funcionario comunicó, jamás, los criterios con los que se armó la lista: por qué eligieron despedir a 200, por qué reubicar a 180.

Con el correr de los días, y como efecto de la lucha gremial, el gobierno aceptó reincorporar a un grupo de trabajadores, aunque ofreciéndoles contratos más precarios aún que los que tenían: sin obra social ni vacaciones ni aguinaldo. En la actualidad, son 114 los despedidos que continúan sin respuesta. Y a los que han sido reubicados, la mayoría sabe que trabajará en otra dependencia del Ministerio de Educación pero aún no les asignaron oficina, ni escritorio, ni computadora. Hay muchos de ellos que siguen a la deriva, sin haber recibido ningún tipo de notificación. El escobazo también afectó a trabajadores pioneros de la UEP, alguno de sesenta años que estuvieron desde el minuto cero de su creación.

En la relación a la UEP, no hay ningún tipo de información oficial de qué van a hacer con los fondos que administraba: creada en 1996, su función principal era la de administrar el presupuesto de la educación de la provincia de Buenos Aires. De ese modo, ejecutaba las obras, las reparaciones de las escuelas, pagaba honorarios a talleristas, a profesores de institutos de Formación Docente y de las capacitaciones en toda la provincia, entre otras actividades.

“La unidad manejaba recursos de mucho peso –explicó Jésica Alegría-, había docentes que cobraban a través de contratos y eso lo coordinaba la UEP. Esa gente no sabe ahora cómo va a seguir cobrando, a quién le va a seguir facturando, porque el gobierno no les dio tampoco una respuesta. Es una cadena de trabajo en la que están involucradas muchas más personas que los 380 que trabajaban acá”.

El Estado, líder en despidos

Gerónimo Mártire, miembro del cuerpo de delegados de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) del Ministerio de Educación provincial, contextualizó la situación de la UEP en un marco de despidos y de achique en la estructura estatal provincial.  “Después del respaldo de las urnas, el gobierno de Macri profundizó el ajuste y a la vez tiene un tiempo político para hacerlo, porque no se le puede juntar con la reforma laboral. Es una señal, a la vez, por las paritarias que se vienen. Lo hacen para fragmentar las peleas y que no nos juntemos, pero la resistencia está firme. Hace un mes que empezaron con los despidos en Ministerio de Producción, en el Ministerio de Trabajo, también en el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima del Ministerio de Justicia, entre otros. Sabemos que empiezan por los estatales y después siguen en la órbita privada. Pero la solidaridad creció, juntamos más de tres mil firmas por los despidos de la UEP, y no es un dato menor que en Azul todo el pueblo se movilizó por el cierre de la fábrica FANAZUL”.

Nuestras Voces habló con algunos de los trabajadores y trabajadoras que contaron en primera persona cómo les afectó la desaparición del organismo de trabajo y de qué modo, desde entonces, siguen esperando respuesta del gobierno de Vidal mientras permanecen con el plan de lucha.

Belén Tagliabue tiene 30 años y un hijo llamado León, de seis años. Vive sola y aún no sabe cómo va a pagar el alquiler de su departamento. “Trabajo acá hace cuatro años, somos una planta de casi 400 trabajadores que nos veníamos organizando previamente al desmantelamiento de la UEP. Era administrativa y me desempeñaba en el área de bienes y servicios, una de las tareas era la de contactar proveedores para que cubran jornadas educativas. Siempre estuvimos en las mismas condiciones laborales: un contrato de locación de obra. Con nuestra lucha, conseguimos que se nos reconozcan aguinaldo, obra social y vacaciones. Hace cuatro meses hubo una primera camada de ocho despidos, de los cuales sólo pudimos reincorporar a cuatro compañeros. Desde allí estábamos en estado de alerta y movilización permanente, con quita de colaboraciones. Antes de fin de año siempre nos avisaban de la renovación de los contratos, pero esta vez nos dijeron que íbamos a tener un asueto y eso nos generó una enorme incertidumbre. Los directivos se fueron yendo lentamente, retirando sus cosas. Finalmente nos llegó en un mail que la UEP se disolvía, con la camada de 200 despidos. Desde allí decidimos, en asamblea, tomar el edificio pacíficamente. Buscamos respuestas, reuniones, pero sólo nos solicitaron recibirnos si abandonábamos el edificio, en una clara maniobra extorsiva, cosa que en principio no aceptamos. Nos organizamos en comisiones de seguridad y limpieza. Ya hicimos tres festivales, que tuvieron mucha convocatoria, hemos recibido una enorme solidaridad de movimientos políticos, de organizaciones sindicales y de la gente en general. Estamos juntando firmas en la calle para presentar un petitorio. Hemos hecho movilizaciones al Ministerio de Educación y a Casa de Gobierno, pasamos por las oficinas alertando por los recortes que afectan a los trabajadores del Estado. Por ahora no tenemos novedades, seguimos en estado de asamblea y de permanencia en el edificio, exigiendo que reincorporen a los compañeros. Le explicamos a la sociedad que la UEP es la encargada de la reparación, restauración y construcción de escuelas de toda la provincia, y su desaparición significaría un golpe letal a la educación pública. No hay dudas que este gobierno pretende el vaciamiento de la misma. En mi caso, fui reubicada firmando un contrato más basura del que teníamos, obligada a hacerlo para mantener el puesto laboral. No se habla de aguinaldos, vacaciones ni obra social. Además hay una cláusula de rescisión que dice que nos pueden despedir cuando se les dé la gana. Todavía no sé dónde voy a estar, en qué área de trabajo estaré, qué función ocuparé. La sensación es que no podemos irnos de acá porque es nuestro lugar y nos los van a terminar usurpando”.

Julián Morales tiene 31 años, es arquitecto, delegado de la Junta Interna de Educación por ATE. Trabajó cuatro años en un programa de proyecto de escuelas rurales en la UEP. Estaba contento por “el compromiso del grupo”, hacían horario de 9 a 17 todos los días. Hasta que le llegó el mail de despido.  “El conflicto no está ajeno a una política de achicamiento y ajuste del Estado, que está contemplado en la nueva Ley de Ministerios, donde se expresa que tienen la facultad de disolver los organismos públicos. Ellos lo plantean como un “ahorro”, pero esto está afectando a los laburantes. No hay diálogo, nos cierran las puertas. Nosotros desarrollamos las obras de infraestructura escolar, y no estamos dispuestos a permitir ningún despido. No es casual que en las escuelas se caigan los techos, y las condiciones desastrosas en la que los maestros enseñan a los chicos. No es casual que quieran desaparecer el sentido de lo público, que quieran desfinanciar los programas y desarticular los proyectos. Vemos que está pasando en toda la provincia. En el SENASA, en Quilmes, en Azul. Queremos unificar todos los reclamos para dar una lucha común y frenar esta política. Es una situación complicada para todos, en mi caso no tengo una familia que mantener, pero no tengo otro ingreso laboral. Es un golpe grande en lo anímico, en lo económico. Hay que seguir peleándola hasta el final porque es una causa justa, no puede ser que en una provincia donde hacen falta tantas escuelas se desmantelen programas y unidades. Es una lucha importante no sólo para nosotros sino para la sociedad”.

Los despidos de Vidal

Hugo Rodríguez también es arquitecto, tiene 58 años y hacía 7 años que se desempeñaba en la UEP como inspector de obras. “La realidad es que la UEP se venía vaciando hace dos años. El organismo hizo más de tres mil escuelas, intervenciones en más de diez mil establecimientos en 22 años de existencia. Es una política educativa de este gobierno hacerla desaparecer de un plumazo, una señal en contra de la educación pública, que se enmarca en despidos que también están ocurriendo en otras áreas públicas. Ha sido una humillación y un destrato como se manejaron con nosotros, hay quienes tienen más de 22 años con un contrato precario, sin reconocimiento de nada. Y los que fueron ahora reincorporados no les dieron opción porque de lo contrario se quedaban en la calle. Y ahora siguen avanzando contra los derechos, porque pusieron la cláusula de que pueden despedir a partir de ahora cuándo y cómo quieren. Es angustiante, agobiante, hay gente que no sabe de dónde va a sacar plata para darle de comer a sus hijos. Otros interrumpieron procesos de salud, como un compañero que está con tratamiento oncológico, porque les han quitado la obra social. Fui despedido y mi única fuente laboral era la UEP. Y no quiero ser recontratado, estoy remontando mi profesión, que si bien siempre la conservé, ahora trato de incrementarla. Pero sigo dando pelea por la reincorporación de los compañeros que están sin trabajo. Las autoridades en principio ahora dijeron nos recibirían pero no sabemos nada de lo que propondrán. Se portaron muy mal con nosotros”.

María Rosa Boccaleri, 25 años, empezó a trabajar en la UEP antes de recibirse de arquitectura, hace tres años. Pasó por diferentes programas en el área de Infraestructura. Hacía relevamientos de las condiciones de las escuelas para generar sus refacciones. Allí también había ingenieros y técnicos de diferentes rubros. “Lo que más nos parte al medio es que el laburo nos encantaba, estábamos haciendo escuelas públicas, con todo lo que significa para una comunidad. Es cierto que había cuestiones políticas de arriba que no podíamos manejar, muchos condicionantes, pero nos habíamos comprometido con la tarea. En la toma del edificio entendimos que el camino es colectivo, un grupo fuerte nos quedábamos de noche, unas veinte personas, fue mucho desgaste, y otros que se turnaban en el día. Todos hacíamos de todo. Algunos compañeros que fueron reincorporados tuvieron que empezar a trabajar y no pudieron seguir. Mi situación es que no fui reconvocada, hasta ahora. Soy de los que forman parte de los 114 despidos. Me bancaba sola con mi economía, esto me agarra de sorpresa, tenía un viaje que tenía planeado no sé qué hacer. Es algo duro, en la toma empezás a conocer más a los compañeros, cada historia, cada singularidad. El impacto en la vida es total. Nosotros veníamos con un proceso de organización hace dos años, nos empezamos a juntar en conjunto con el gremio ATE. En este último tiempo había poco laburo, con menos horas de trabajo, y las obras estaban paralizadas. Hasta que llegó diciembre del año pasado y nadie nos decía nada por la renovación de los contratos. El gobierno nos cortó el canal de diálogo y jamás pensamos que la UEP se iba a dinamitar. Vimos que los jefes iban sacando sus cosas, y nos desesperamos, y entonces empezaron a caer los mails. Fue desesperante, hay gente que hizo su vida acá, que construyó su historia. Y de la noche a la mañana, de un plumazo, sacan a la gente a la calle, sin empatía de nada. Parecía surrealista. Pero siempre nos pareció que teníamos que unirnos, cada uno desde su lugar, conscientes que lo que nos queda es esto, que si las autoridades nos van a dar nuevas respuestas, es por la lucha grupal. Yo soy del interior del país y no me quise ir a mi casa a llorar porque estaba desempleada, me quedé a pasar fin de año acá adentro, con mis compañeros. Y pienso seguir hasta que nos den la última respuesta, conservando hasta el último puesto de trabajo”.

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Juan Manuel Mannarino

Juan Manuel Mannarino

Periodista. Colabora en este portal, en la revista digital Anfibia y el sitio Cosecha Roja. Es docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y escribe obras de teatro.

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