Vuelta a la flexibilización

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Las últimas medidas económicas de Cambiemos anticipan una historia conocida: llevar los derechos de los trabajadores al mínimo posible con la excusa de atraer inversores. El acuerdo en Vaca Muerta es un ensayo para imponer la llamada flexibilidad laboral bajo la falacia de la productividad. Pasantías, reducción de aportes patronales, extensión de la edad jubilatoria, techo a las paritarias son algunas de las ideas del gobierno de Macri para reactivar la economía. Las recetas del FMI otra vez rigiendo los destinos del país.

El gobierno de Mauricio Macri terminó 2016 prometiendo que lo más duro ya había pasado, y comenzó 2017 lanzando una batería de aumentos de todo tipo, que seguirán impactando de lleno en la economía doméstica de los sectores medios y bajos, y en la viabilidad de las pymes y la industria nacional. Además, Cambiemos anunció una nueva tanda despidos en el Estado y un plan para flexibilizar el mercado laboral, que dará por tierra con muchas de las garantías que hoy tienen los trabajadores. Como si se tratara de un vicio difícil de dejar para las gestiones de perfil conservador, el ajuste llama a más ajuste, y se sabe dónde comienza pero no cuándo termina.

En un repaso rápido por las cifras que van a subir aparece el incremento promedio del 11 por ciento en las compañías de celulares, el 8 por ciento de las naftas –con revisiones trimestrales de los valores–, el 6 por ciento de las prepagas, el 14 por ciento de cable, el 36 por ciento de la luz en el Área Metropolitana, el 27 por ciento del gas para hogares residenciales, un 20 por ciento de agua, un 30 por ciento de ABL porteño –con picos de 38 por ciento–, un 17 por ciento de patentes y un 36 del Impuesto Inmobiliario en la provincia de Buenos Aires. En la Capital Federal, la suba en los peajes que ronda el 100 por ciento, al igual que los parquímetros para estacionar en la vía pública. En cuanto a viajar en el subterráneo, el PRO quiere que de los 7,5 pesos de hoy, trepe a 10 pesos.

Algunas de estas cifras ya entraron en vigencias y otras todavía están por definirse, pero el paquete consolidado habla por sí solo: una trompada a la altura del bolsillo. En muchos casos no se descartan subas posteriores a lo largo del año. Además, es esperable que estos casos concretos gatillen un alza generalizada en otros rubros de la economía, como los alquileres, la gastronomía, los supermercados o la educación privada, entre otros.

En paralelo, con la asunción de Nicolás Dujovne como ministro de Hacienda la Casa Rosada está dispuesta a avanzar sobre lo que considera un obstáculo para la demorada lluvia de inversiones: desmontar el plexo normativo de derechos laborales que el movimiento sindical fue ganando principalmente desde el ‘45 y que recuperó y robusteció en los últimos 12 años. Entre otros ejes, la reforma de Cambiemos busca mermar los aportes patronales, facilitar los despidos –lo que llaman estimular “movilidad laboral” y bajar la “ligitiosidad”–, facilitar el uso de pasantes y los contratos basura, terminar con las paritarias o, en todo caso, atarlas a la productividad, y subir la edad jubilatoria. En definitiva, se trata de las viejas recetas del FMI, a cuya demora en la instrumentación atribuyen el escaso ingreso de capitales entre los halcones más endurecidos del PRO.

En la cruzada, Dujovne tiene el apoyo de su par de la cartera laboral, Jorge Triaca, para quien en el país “existe un problema muy grave de acceso al empleo”. Más claro fue el secretario de Empleo, el ex Techint Miguel Ángel Ponte, para quien “la posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema laboral. Como en el organismo lo es comer y descomer”. Con esa misma matriz de pensamiento el presidente Macri anunció desde la Casa Rosada el plan de flexibilización para Vaca Muerta, al que presentó como la base para “un revolución del trabajo” y la llegada de inversiones. En concreto, la idea es reducir el salario de los trabajadores, modificando el convenio colectivo vigente, para lo cual el gobierno cuenta con la anuencia del gremio del petróleo.

Sin margen

“El gobierno ha entrado en una fase en la que pone en ejecución el mandato de los grupos económicos más poderosos de la Argentina”, sostuvo Hugo Yasky en diálogo con Nuestras Voces. Desde Brasilia, donde asistió a un congreso de sindicatos de Brasil y América Latina, el secretario general de la CTA de los Trabajadores aseguró que el nuevo ajuste que se viene “es resultado de la crisis económica generada por las medidas del propio gobierno”, en referencia a “la recesión y el incremento de la pobreza”.

Yasky señaló que “el mandato que la Asociación de Empresarios de la Argentina (AEA), la Cámara de Comercio y los sectores más poderosos de los grupos financieros tienen para el gobierno es abaratar el salario, desmembrar las conquistas del movimiento sindical, desmantelar todas las instituciones que garantizan la seguridad social y poner a la clase trabajadora en una situación de paridad con el estado de explotación y de miseria que existe en otros países de América Latina”.

En ese escenario, como ya había adelantado en noviembre pasado durante una entrevista con este medio, el dirigente de la CTA consideró que se terminó el tiempo de la pasividad, en clara referencia a la postura asumida por parte de la conducción de la CGT. “Llegamos al punto en que el movimiento sindical ya no va tener margen para seguir jugando a las escondidas. O asume la defensa de las conquistas, de los convenios colectivos, del fuero laboral y del salario, o directamente va a tener que aceptar su condición de furgón de cola de un gobierno que viene a liquidar las conquistas del peronismo”. En ese sentido, consideró que el objetivo del PRO “es llevar al país a una especie de Argentina pre 1944, cuando al trabajador se usaba y se descartaba”.

En cuanto a la cúpula de la CGT, mantiene la postura expectante que adoptó desde el momento mismo de la llegada de Macri a la Casa Rosada: muestra su descontento, hace duros diagnósticos y lanza advertencias al aire, pero sigue sin tomar medidas de acción directa, al tiempo que tiende puentes para solucionar los problemas del Ejecutivo, como cuando le ofreció un salvoconducto para salir del berenjenal por el Impuesto a las Ganancias.

Semanas atrás, la central emitió un comunicado donde señaló que “los despidos y suspensiones en diversos rubros industriales, como textil, calzado y metalúrgicos, atentan contra la paz social, al tiempo que violan los compromisos asumidos en la mesa de diálogo social organizada al final del año pasado”. Por un supuesto “descuido”, el documento llevó sólo la firma de uno de los secretarios, Juan Carlos Schmid. Los otros dos, Héctor Daer y Carlos Acuña, ambos diputados del Frente Renovador, manifestaron luego sus propias quejas al Ejecutivo, que se suman a un larga lista de advertencias y ultimátums que cayeron en saco roto. Por lo pronto, Schmid aseguró que “si se profundiza la situación habrá una reunión de emergencia del Consejo Directivo”, que tenía pautado un encuentro para fines de enero.

Según cifras del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en octubre y noviembre del año pasado 20 mil trabajadores fueron despedidos o suspendidos, lo que totalizó 232.286 sólo en primer año de la gestión PRO, con un promedio de 650 afectados por día.

Sin derrame

El razonamiento es simple: “Si se sigue aplicando la misma política, los resultados van a ser los mismos”. Para el economista Andrés Asiain, esto se debe a que el gobierno parte de un diagnóstico equivocado, ya que atribuye los malos resultados obtenidos a 2016 “a un problema de implementación, que estaría dado porque se les fue de las manos el déficit fiscal”, lo que derivó en la salida de Alfonso Prat Gay y la llegada de “Nico” Dujovne, guardián del gasto público. En cambio, Asiain, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), aseguró que “el problema es el programa económico, que como deprime el mercado interno en un contexto internacional poco favorable para Argentina, termina deprimiendo las ventas y, por lo tanto, después la inversión. Nadie invierte si no vende”. Como prueba, recordó que desde el macrismo, “paradójicamente, se dijo que en 2016 se acababa la etapa del consumo y venía la de la inversión, cuando los resultados muestran que lo que más cayó en la economía argentina fue la inversión”. En cuanto a los nuevos planes del oficialismo, advirtió que “si continúan achicando el mercado interno, si encima flexibilizan el mercado laboral, lo que significa más facilidades para despedir gente o bajar salarios en un escenario recesivo, eso va a deprimir todavía más el consumo interno y a generar una continuidad de la recesión”.

El integrante de CESO se refirió a “un error en la concepción del presidente y su equipo de gobierno, que piensan que si redistribuyen ingresos a los grupos concentrados eso va a derivar en un incremento de la inversión y el crecimiento”. Asiain señaló que “es en esa segunda etapa donde estaría la mala praxis, no en la primera, porque ellos beneficiaron a los grupos concentrados, pero lo que se terminó generando es una parálisis de inversiones y crecimiento”. También marcó “errores que parten de la diferencia que hay entre la micro y la macro economía, y que se ven en la mentalidad de los empresarios que hoy administran el país”. Porque si “dentro de una empresa al dueño le conviene pagar menos salarios, menos impuestos y aportes, cuando toda esa política se aplica a nivel masivo de una economía nacional”, los efectos son otros. “Como menos salarios es después menos ingresos del trabajador para consumir, se pincha el consumo; y como menos impuestos es un Estado sin capacidad de hacer obras, se pincha la obra pública; y como menos aportes significa un sistema de seguridad desfinanciado, entonces se pinchan las jubilaciones y las asignaciones”. En resumen, Asiain consideró que “al tratar de administrar la economía de un país con la cabeza de un empresario individual, lo que se genera es este desbarajuste económico que estamos viviendo”.

Déjà vu

Héctor Recalde, abogado laboralista y jefe del bloque de diputados del FPV, no olvida la tormenta perfecta que se desencadenó la última vez que se aplicaron medidas como las que preanunció Cambiemos: “Se enajenó el patrimonio nacional; aumentó el desempleo, que llegó al 26 por ciento, y el trabajo en negro, que trepó al 52 por ciento; las paritarias no funcionaron y tampoco el Consejo del Salario, y resultamos en una crisis tremenda, que culminó con la última ley precarizadora, conocida como ley Banelco”, enumeró Recalde, para quien “si van a seguir esos métodos, los resultados van a ser los mismos”.

El legislador aseguró que el objetivo del PRO es “bajar al costo laboral y maximizar la rentabilidad de las empresas, porque hace a la ideología de este gobierno”. Y consideró que “ese esquema no es sustentable porque tenemos la experiencia, ya ni hablo de la dictadura cívico-militar, sino de los 90 hasta 2002, cuando Cavallo, Caro Figueroa, Herman González, Triaca padre y Alejandro Díaz, todos esos ministros, trataron de precarizar y flexibilizar los derechos de los trabajadores, y la realidad es que la sociedad se hizo pelota”.

Por estos días, desde el FPV recordaron que “entre 1994 y 1999 se redujeron los aportes patronales más del 50 por ciento pero el desempleo aumentó el 48 por ciento”, y que “lo mismo ha ocurrido en el resto del mundo cuando se otorgaron ventajas impositivas a los empresarios”.

En cuanto al clima en el Congreso, Recalde señaló que “estos proyectos de ley van a encontrar muchísima resistencia”, sobre todo porque el resto de las fuerzas políticas van a estar empujadas a endurecerse ante la cercanía de las elecciones. “Si confunden su rol de opositor con el de oficialista o para-oficialista, el ciudadano va a votar al titular, no al suplente. En ese sentido, creo que nos van a acompañar más en la lucha por la defensa de los trabajadores”, evaluó.

Sobre el papel que les toca a los gremios, sostuvo que “van a resistir una política así”, pero tampoco negó los antecedentes. “No ignoro la historia: un 25 de julio del ‘94, en pleno apogeo de la flexibilización, una parte del movimiento obrero firmó lo que se llamó el acuerdo marco por el Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, donde había bocetos de proyectos de leyes flexibilizadoras que se sancionaron al año siguiente”. De todos modos, Recalde es optimista: “Creo que algo ha cambiado y espero, tal vez es voluntarismo, que todo el movimiento obrero, o la gran mayoría, va a resistir”.

Flashback

Más vigentes que nunca son entonces las palabras de Macri en 1999, durante el programa televisivo Fuego cruzado, cuando le dijo al periodista Marcelo Longobardi que “los salarios son un costo más” y que, por lo tanto, deben reducirse, a través de “un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace”.

@soycarlosromero

Derrame para los ricos

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