Graciela Rutilo Artés: el rapto de una bebé y un altiplano del terror

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A la argentina Graciela Rutilo Artés la raptaron el 2 de abril de 1976 en Oruro. Estaba con su hija de nueve meses. En esa ciudad detuvieron meses después a su marido, que era uruguayo. Ambos militaban en el Ejército de Liberación Nacional boliviano. A madre e hija las trasladaron a Argentina. La beba, Carla, fue entregada a uno de los represores de Orletti. Fue uno de los primeros casos de niños secuestrados que fueron recuperados por sus familias biológicas, en 1983.

Cuando tenía veinte años y vivía en Oruro, una ciudad de casi cuatro mil metros de altura en Bolivia, Graciela Rutilo Artés pensó que las montañas serían el refugio perfecto para la militancia política. Estudió Farmacia, Bioquímica y Asistente Social. Como dirigente estudiantil, se relacionó con obreros y participó de una huelga minera sin saber que los agentes secretos la vigilaban de cerca. Creía que la dictadura más sangrienta estaba en Argentina, su país natal, hasta que a los 24 años y, de forma intempestiva, los militares bolivianos dieron un golpe feroz: la secuestraron junto a Carla, su bebé de nueve meses.

Fue el 2 abril de 1976. No pudo reaccionar: le taparon la boca con una venda y la golpearon salvajemente. La secuencia se expandió como una ráfaga de horror. En los meses siguientes secuestraron a su marido uruguayo, Enrique Lucas López, que había sido parte de la organización Tupamaros. Los dos militaban en el Ejército de Liberación Nacional boliviano y habían participado en una huelga minera. Poco tiempo después, a Enrique lo ejecutaron a sangre fría. Graciela y su bebé fueron trasladadas a La Paz.

La misión, sin embargo, tenía destino sudamericano.

“Sacha”, la madre Coraje

Matilde “Sacha” Artes Company, madre de Graciela, hizo las primeras denuncias en Bolivia. Por una serie de averiguaciones, se enteró que la habían sacado hacia Argentina el 29 de agosto de 1976. Los represores argentinos se movieron rápidamente en la clandestinidad. A Graciela la desaparecieron y Carla fue entregada a Enrique Ruffo, ex miembro de la Triple A, su apropiador y uno de los más brutales verdugos de Automotores Orletti, donde madre e hija permanecieron cautivas. Carla Rutilo Artés fue uno de los primeros casos de niños secuestrados que fueron recuperados por sus familias biológicas. En 1983, las Abuelas de Plaza de Mayo la encontraron cuando aún vivía con Ruffo. Dos años después se logró la reunificación con su abuela natal.

Bolivia no fue un país ajeno a la Operación Cóndor. Fue uno de los “binomios” más representativos  de la investigación judicial argentina, con 14 víctimas: nueve de ellas fueron bolivianos secuestrados en Argentina, y los cinco restantes fueron argentinos detenidos en Bolivia. Siete de los casos llegaron al juicio del Plan Cóndor: Graciela Rutilo Artés, Oscar Hugo González de la Vega, Efraín Fernando Villa Isola, Luis Faustino Stamponi Corinaldesi, Mafalda Corinaldesi de Stamponi, Jorge Hernán Villavicencio Calderón y Erasmo Suárez Balladares.

Según se comprobó por documentación de los servicios de inteligencia de ambos países, la dictadura del entonces presidente de facto boliviano, Hugo Banzer Suárez,  tuvo un intercambio fluido con la Junta Militar argentina. “La conexión entre los agentes de inteligencia fue directa, había un interés recíproco en no sólo hacer operativos en la frontera sino en procedimientos específicos en ciudades de ambos países. El caso de Rutilo Artés, además, fue paradigmático porque tuvo repercusión por las denuncias de Matilde, que llegaron al propio presidente Banzer. Y por eso las fueron moviendo de un lugar a otro”, explicaron desde la secretaría de Pablo Ouviña, el fiscal argentino del juicio por Plan Cóndor.

“Sacha” era actriz y militante política. La dictadura de Banzer la había detenido, interrogado y torturado por sus vínculos con organizaciones latinoamericanas. Cuando detuvieron a su hija, no era una desconocida para el régimen. Ante la falta de respuestas, llegó a escribir una carta dirigida al presidente Banzer. El escrito se publicó en el diario “Presencia” y provocó un revuelo social. Los medios de comunicación la mencionaban como “la defensora de los derechos humanos”.

Los nexos entre la Federal y la inteligencia boliviana

Tiempo después se supo que Graciela Rutilo Artés, dirigente estudiantil, había caído bajo el poder del Departamento de Orden Político -DOP- boliviano, la estructura de inteligencia más grande del país. A uno de los verdugos lo llamaban “Gemio” y respondía a las órdenes de Guido Benavídez, jefe del DOP y una de las cabezas del Cóndor del altiplano. El secuestro de Graciela fue minuciosamente planificado. La sometieron con el cuerpo desnudo a la picana y la quemaron con cigarrillos en las oficinas del DOP.

Una comisión de la Policía Federal Argentina, que viajó especialmente al altiplano, completó el interrogatorio en una casa de seguridad del Ministerio del Interior. Luego, Artés pasó un tiempo en la prisión de Viacha. La torturaron con dureza porque querían conocer el paradero de su compañero. Un agente de inteligencia boliviano dio detalles macabros: “En las paredes de la celda encontramos poemas conmovedores dedicados a su hija y a su esposo. Los escribió sobre el yeso de los muros”.

A Carla, mientras tanto, la mantenían en un orfanato con el nombre falso de Norah Nentala. Por la presión de su abuela Matilde, que la buscaba incansablemente, Carla fue trasladada a un orfanato de La Paz, donde la registraron con su nombre verdadero. “Sacha” se enteró que a la niña la habían sacado varias veces de visita. “Mi nieta fue llevada por los represores a ver a su madre maltrecha en la sala de tortura (la tenían desnudita, cogida de los pies y boca abajo)”, declaró luego ante la CONADEP.

Pero el calvario siguió en Argentina. Madre e hija fueron entregadas en la frontera Villazón-La Quiaca. Los militares argentinos las llevaron a Automotores Orletti.

Uno de los primeros casos de apropiación

Carla Rutilo Artés tenía un año y tres meses cuando llegó a Orletti, centro neurálgico del Plan Cóndor y donde había una importante cantidad de presos políticos uruguayos. “Yo sé que debo haber estado tres semanas, como mucho un mes. Me acuerdo del suelo, la altura de una canilla, los pitidos del tren: eso no se me olvidó nunca, porque al día de hoy sigo teniendo los pitidos frecuentes adentro del oído”, declaró en 2011 en el juicio por robo de bebés. Había regresado después de 25 años de vivir en España con su abuela “Sacha”.

Un sobreviviente situó a su madre en ese espacio, pero en Argentina nadie la reconoció porque su  militancia se había desarrollado centralmente en Bolivia.  “A mí me sacan en esos días y me llevan a Magister –siguió en su declaración-, que era una empresa regenteada por Otto Paladino, un lugar encubierto donde trabajaba la Triple A con Eduardo Alfredo Ruffo, Aníbal Gordon. A días de estar ahí, fui apropiada por Ruffo. Me inscribieron como Gina Amanda Ruffo, nacida el 26 de junio de 1976, figuro haber nacido en el seno de esa familia, como hija de él y de Amanda Cordero de Ruffo”.

En aquel juicio, Carla contó otra cruda realidad: fue abusada por su padre represor –“sufrí violencia psicológica y  sexual”, dijo ante el tribunal-. En la vuelta de la democracia, la familia apropiadora se mudó varias veces. “Mis padres iban donde la lucha les llevaba; esta gente iba huyendo de la Justicia. Hasta que  encontraron al represor en el Tigre. Ahí volví a nacer”, dijo a la prensa hace unos años. En 2001, pidió una solicitud de extradición al juez español Baltasar Garzón contra Hugo Bánzer. Pero el dictador boliviano, quien siempre negó la existencia del Cóndor, murió al año siguiente.

Un altiplano del horror

El caso de Graciela Rutio Artés dejó una certeza. Alrededor de los ejes de la represión del Cono Sur –Chile, Argentina, Brasil y Paraguay-, la historia colocó a Bolivia en el centro de la escena. El altiplano fue un punto de frontera y de convergencia en la inteligencia del Plan Cóndor, con una arquitectura del terror tan sofisticada como la cualquier otro país del Cono Sur entrenado en la cacería contra el enemigo comunista.

Además, la apropiación de su hija evidenció otro método. “Los Estados depredadores: la Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina”, de Patrice McSherry, fue una investigación periodística que demostró un mecanismo: el “rapto de infantes”, una práctica que consistía en matar a los padres para apropiarse de sus hijos. Los niños viajaban por las fronteras con identidades falsas. Para criarlos, luego, en casas de militares o policías.

Como pasó con Carla.

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Juan Manuel Mannarino

Juan Manuel Mannarino

Periodista. Colabora en este portal, en la revista digital Anfibia y el sitio Cosecha Roja. Es docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y escribe obras de teatro.

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