Democratizar, esta vez sí, al Poder Judicial

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El presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de Reforma Judicial que busca desconcentrar y renovar la justicia. El doctor en Derechos Mauro Benente explica en este artículo qué significa democratización del Poder Judicial. Qué prácticas deberían reemplazarse y qué medidas aplicar para tornar menos discrecionales los ingresos, ascensos, y rendición de cuentas en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Si en los discursos de Mauricio Macri rara vez se mencionaban los derechos humanos, y cualquier referencia a ellos era asociada a un cuento de hadas del que habría que descreerse (Rinesi, 2018), en su discurso de asunción como presidente, Alberto Fernández reiteró en varias oportunidades el compromiso de la Argentina con la vigencia de los derechos humanos. Sin embargo, remarcó que su vigencia no es automática ni mágica, sino que dependía de una ingeniería institucional apropiada. Así planteaba que: “mejorar la calidad de los derechos humanos y cívicos implica, también, superar esta pobre calidad institucional en la que vivimos” (Fernández, 2019).

En aquel discurso, el Presidente apeló a un Nunca más a un Poder Judicial contaminado por los servicios de inteligencia, Nunca más a los operadores judiciales, y Nunca más a la persecución penal de adversarios políticos. En términos más generales planteó que “sin una Justicia independiente del poder político, no hay República ni democracia. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrenten” (Fernández, 2019). En este esquema, cerró: “Nunca más es nunca más. Porque una justicia demorada y manipulada significa una democracia acosada y denegada” (Fernández, 2019).

Tres meses más tarde, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, anunció los contornos de algunas medidas puntuales para ciertos fueros, y para instituciones claves como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura. En una dimensión más amplia prometió “ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables” (Fernández, 2020).

De estos fragmentos quisiera quedarme con una serie de ideas fuerza que configuran un diagnóstico sobre el Poder Judicial: la vigencia de los derechos humanos no se logra por sí misma, sino que necesita de un rediseño institucional; los déficits institucionales del Poder Judicial acosan la democracia y, simultáneamente y de modo circular, sueldan una vinculación entre el Poder Judicial (y el Ministerio Público) y ciertos poderes inconfesables.

Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, y de Mauricio Macri, también se ensayaron diagnósticos críticos sobre el Poder Judicial. El gobierno de Cambiemos no ha desarrollado, ni ha intentado desarrollar, ninguna transformación estructural del Poder Judicial, y los análisis se han reunido bajo los programas Justicia 2020 y Justicia 2030. Adjetivar a la Justicia con un simple número, es la muestra de un programa con muy es- casa politización, muy enfocada en un discurso eficientista. Es importante no regalar a las derechas las matrices de eficiencias, pero también es cardinal evitar que la eficiencia se transforme en un valor en sí mismo, y hay que orientarlo hacia la conformación de una comunidad más igualitaria y democrática. En este sentido, si se leen los diagnósticos de Justicia 2020 y 2030, prácticamente no se menciona cómo los déficits institucionales del Poder Judicial acosan a la democracia, o impiden la vigencia de los derechos humanos. De hecho, en contraste con el diagnóstico de una democracia acosada y denegada que marcó Alberto Fernández, en la presentación del programa Justicia 2020 la palabra democracia ni siquiera es mencionada (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016).

A diferencia de la gestión Cambiemos, durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner sí se desarrollaron transformaciones estructurales en el Poder Judicial: mecanismos de transparencia para nombrar jueces y jueces de la Corte Suprema, publicidad de declaraciones juradas e ingreso democrático al Poder Judicial, nuevo Código Civil y Comercial, nueva ley orgánica del Ministerio Público, y nuevo código procesal penal de la nación. Pero además se enunció una premisa que es menester recuperar: la democratización del Poder Judicial. Durante el gobierno de Cristina Fernández se levantó esta potente bandera, pero con la excepción de las modificaciones al ingreso –todavía no aplicadas por responsabilidad y proceder ilegal de la Corte Suprema-, la batería de medidas resultaba muy insuficiente para llenar de contenido la misión de democratización. Sin embargo, la apuesta no es resucitar esas medidas, sino revitalizar esa premisa. Democratizar, esta vez sí, al Poder Judicial.

El confort de los sótanos de la democracia

En sus discursos, Alberto centró su mirada en el modo en que un Poder Judicial vinculado a poderes inconfesables atenta contra la vigencia de los derechos humanos y acosa la democracia. Frente a este diagnóstico, la cura no puede ser otra que su democratización. Democratizar representa una acción que se aplica sobre ciertas prácticas institucionales, para volverlas más democráticas. Que ciertas prácticas se tornen más democráticas supone que existan más personas que puedan participar, en pie de igualdad, de esas prácticas. Dicho de otra manera, en línea con los planteos de Rancière (1995), democratizar implica igualar, hacer parte a los que no tenían parte, sumar las voces de quienes otrora se consideraba que no eran capaces de discurso, que emitían ruido.

En general, cualquier intento de democratizar al Poder Judicial y al Ministerio Público es catalogado de inconstitucional. A menudo esto es así porque la posibilidad de catalogar no se encuentra democráticamente distribuida, sino que son las privilegiadas y privilegiados que integran el sistema judicial quienes pretenden monopolizar el discurso legal y constitucional. En este sentido, una primera democratización del Poder Judicial y el Ministerio Público radica en dinamitar todas las prácticas culturales, rituales y formales que crean distancias allí donde tendrían que existir cercanías. Estas prácticas refieren a la extraña vestimenta que lucen abogadas y abogados, magistradas y magistrados, a esa absurda práctica de hablar con lenguajes opacos y emplear el latín sin conocer las declinaciones, y a trabajar en palacios que solamente se encuentran abiertos en horarios matutinos. Además, estas prácticas se vinculan con los lugares de enunciación: así como en la religión católica las sagradas escrituras tienen sus intérpretes institucionales, existen prácticas que dejan en manos de magistradas y magistrados, abogadas y abogados –que en muchos casos tienen compromisos ideológicos y/o materiales con aquellos y aquellas- la verdad sagrada sobre las normas. Desde esos lugares de enunciación es inesperable que se realicen interpretaciones democratizadoras de los textos constitucionales. Sin embargo, legos de esos lugares de enunciación podemos afirmar que las únicas vallas –aunque bien altas de saltar- para democratizar al Poder Judicial se vinculan con el modo de selección de magistradas y magistrados, y con su carácter cuasi vitalicio. Sin embargo, existe un enorme catálogo de medidas para democratizar al Ministerio Público y al Poder Judicial.

A la democratización de las prácticas culturales, rituales y formales, hay que sumar un elenco de medidas para tornar menos discrecionales las prácticas de ingreso, ascenso, y rendición de cuentas en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Respecto del ingreso, magistradas y magistrados carecen de legitimidad democrática, pero al menos atraviesan un muy endeble mecanismo de selección en el Consejo de la Magistratura (Benente, 2019), y deben obtener un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Senado. Sin embargo, los mecanismos de ingresos y ascensos de empleadas y empleados, funcionarias y funcionarios –fundamentalmente en el Poder Judicial porque en el Ministerio Público existen mínimas evaluaciones- se encuentran teñidos de discrecionalidad y opacidad. Esto no resulta anecdótico, puesto que funcionarias y funcionarios llevan adelante los procesos judiciales, proyectan las sentencias; y quienes se desempeñan en las Cámaras de Apelaciones o en la Corte Suprema, cobran salarios iguales o más altos que magistradas y magistrados de instancias inferiores, que al menos pasaron por el mencionado proceso en el Consejo de la Magistratura.

Respecto de la rendición de cuentas, magistrados y magistradas del Poder Judicial se encuentran bajo a un muy insuficiente mecanismo de control instrumentado en el Consejo de la Magistratura (Benente, 2019). Por su parte, fiscales y defensores tienen raquíticos mecanismos de control interno, lo que se hizo patente con la prolongada situación de rebeldía en la que estuvo el Stornelli en el año 2019. Asimismo, este caso puso de manifiesto la inexistencia de mecanismos ciudadanos para instar a su presentación ante el juez que llevaba adelante la instrucción penal, y para suspender su labor como fiscal mientras estuviese violando la ley. Finalmente, funcionarias y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público carecen de todo tipo de mecanismo de rendición de cuentas frente a la ciudadanía.

La nebulosa

El déficit democrático de las prácticas culturales, rituales y formales que se despliegan en el Poder Judicial y el Ministerio Público; las insuficiencias democráticas en la selección de magistradas y magistrados combinadas con los muy escasos mecanismos de rendición de cuentas; la discrecionalidad en los nombramientos y ascensos de funcionarias y funcionarios que no están sujetas ni sujetos a rendiciones de cuentas frente a la ciudadanía; debe leerse junto con la privilegiada situación material.

Si democratizar es igualar, es menester equiparar las condiciones laborales y materiales que gozan quienes se desempeñan en el Poder Judicial y el Ministerio Público. A nivel nacional, encontramos características extraordinaria- mente particulares: salarios altísimos en comparación con los restantes poderes del Estado, y con las y los profesionales de la salud –para poner solo un ejemplo-; auto-exención del tributo a las ganancias de casi todos esos salarios; vacaciones de cuarenta y cinco días; jornada laboral de seis horas –que en algunas ocasiones se extiende, y en otras tan- tas se acota-. Cuando se ponen en discusión estos asuntos, se plantea que el salario no es ganancia, y que la disputa debería ser que todas las trabajadoras y trabajadores tengan salarios altísimos, una jornada laboral de seis horas, y cuarenta y cinco días de vacaciones. En términos generales, el planteo es no nivelar hacia abajo. Sin embargo, no se trata de nivelar hacia abajo, sino de igualar. Se trata de nivelar hacia el medio, porque como cualquier mecanismo de redistribución de riqueza, para que las trabajadoras y trabajadores que están en la base de la escala salarial puedan incrementar sus ingresos, es menester limitar los salarios y las riquezas de quienes están en la cúspide, y dentro del Estado esa cúspide está ocupada por magistradas, magistrados, funcionarias y funcionarios. Del mismo modo, seguramente sea posible universalizar la jornada laboral en seis horas, y el goce de cuarenta y cinco días de vacaciones, pero el interrogante es si con ese esquema, en un país periférico como Argentina, y frente a una inevitable reducción de la recaudación im- positiva, es posible sostener los altísimos salarios que cobran magistradas y magistrados, funcionarias y funcionarios.

En numerosas oportunidades, Alberto Fernández planteó la necesidad de poner a la Argentina de pie. En el caso particular del Poder Judicial y del Ministerio Público, el recorrido a transitar debe ser el contrario. En su dimensión material, el Poder Judicial y el Ministerio Público están tan de pie, en su plano cultural y ritual se sienten tan de pie, y al no rendir cuentas se encuentran tan erguidos y erguidas, que ni se preocupan por quienes todavía no han podido ni siquiera arrodillarse. No se preocupan porque muchas veces no las y los ven. Y otras tantas, como no las y los ven, las y los terminan pisoteando.

Referencias

– Benente, M. (2019). Selección y disciplina de jueces y juezas. Notas críticas sobre el Con- sejo de la Magistratura. En M. Benente, Las deudas y promesas incumplidas de la reforma constitucional de 1994. A 25 años. José C. Paz: Edunpaz.

– Fernández, A. (2019). Palabras del presidente Alberto Fernández en su acto de asunción ante la Asamblea Legislativa. Recuperado de: https://www.casarosada.gob.ar/informacion/ discursos/46596-palabras-del-presidente-alberto-fernandez-en-su-acto-de-asuncion-an- te-la-asamblea-legislativa

(- 2020). Discurso del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la apertura del 138° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Recuperado de: https:// www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/46746-discurso-del-presidente-alberto-fer- nandez-al-encabezar-la-apertura-del-periodo-138-de-sesiones-ordinarias-del-congre- so-de-la-nacion

– Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2016). Política de Estado: Justicia 2020. Recuperado de: http://www.jus.gob.ar/media/3139950/JUSTICIA%20VEINTEVEINTE.pdf

– Rancière, J. (1995). La Mésentente. Politique et philosophie. París: Galilée.

– Rinersi, E. (2018). Este es un gobierno profundamente autoritario. Entrevista con Martín Piqué. Recuperado de: https://www.primereando.com.ar/entrevistas/eduardo-rinesi—es- te-es-un-gobierno-profundamente-autoritario-_a5b413b38eef6d707bbaf1f89

* Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Director del Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales de la Universidad Nacional de José C. Paz y coordinador del grupo de trabajo “Pensamiento jurídico crítico” del Consejo Latinoamericano de CIencias Sociales (CLACSO).

Este trabajo forma parte de «Debates Albertos», un dossier que compila textos de diversos intelectuales y pensadores para debatir los tiempos que vivimos. El dossier completo puede leerse haciendo click aquí

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