Hacia un control de quienes nos cuidan

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La pandemia incrementó las interacciones en la web. En paralelo crecieron diversos delitos vinculados con la estafa, el fraude, grooming, sexting, acoso, trata de personas, lavado de dinero, entre otros. Es preciso desarrollar políticas de prevención y seguridad para combatir el cibercrimen pero al mismo tiempo, el Congreso debe legislar en función de proteger a la ciudadanía y garantizar nuevos derechos en esta era digital.

El 17 de agosto de 2016 un joven twitteó una canción insultando al entonces presidente Mauricio Macri, días después fue allanado y detenido por la Policía Federal Argentina (PFA) producto de la denuncia formulada por la División de Investigación de Amenazas e Intimidaciones Públicas en el marco de un procedimiento penal contra aquel joven.

Durante la gestión de Patricia Bullrich, 68 personas fueron detenidas y judicial- izadas por presuntos delitos de amenaza, intimidación pública o “terrorismo”.

En abril de este año, otro joven era demorado y allanado por twittear. Esta vez, el tweet no amenazaba ni insultaba a nadie, bromeaba con la idea de los “saqueos”, y la fuerza interviniente no era la PFA sino la Subdirección de Delitos Tecnológicos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

El 6 de noviembre de 2019, Ricardo Russo recibió la condena de 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la profesión de médico. Se trataba del caso del “Pediatra del Garrahan” condenado por tenencia, producción y distribución de imágenes de abusos sexuales de menores. Esta condena se logró principalmente por las tareas de investigación en el ciberespacio.

No es inocente la presentación de estos casos ni tampoco el orden elegido para ser exhibidos. Se trata de una provocación y una invitación al lector para desarrollar debates públicos sobre las implicancias de las técnicas de investigación y/o prevención, en derechos fundamentales en torno al avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), de modo que el presente trabajo busca incorporar datos para un debate democrático en materia de seguridad y DDHH en los espacios de Internet.

Desde que el 20/03/2020 el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, los argentinos nos encerramos en nuestros hogares con el fin de evitar la circulación del virus COVID-19, el colapso de nuestro precario sistema sanitario y proteger nuestra salud. Como consecuencia, se disparó el uso cotidiano de las TICs. A su vez, ello trajo aparejado una serie de datos relevantes a los efectos de este análisis:

● Disminución de conductas delictivas en el espacio público (en algunas jurisdicciones hasta un 90% menos).

●  Agudización de violencia de género y femicidios, resultando un aumento del 40% de consultas realizadas a la línea 144.

● Aumento del 500% de reportes diarios en relación a delitos informáticos, de acuerdo a lo que informó el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia.

Es decir, el realce en las diversas interacciones de la web trajo, con cada instancia de innovación y desarrollo tecnológico, una serie de servicios que permearon la vida diaria en la sociedad, modificando la forma en que nos comunicamos con nuestros seres queridos, hacemos negocios o buscamos y compartimos información. Además de acelerarse los procesos en la aplicación de la telemedicina, la educación virtual y el teletrabajo. En paralelo han crecido actividades cuyos medios informáticos facilitan la comisión de diversos delitos vinculados con la estafa, el fraude, grooming, sexting, acoso, trata de personas, lavado de dinero entre otros.

Los narcoblefs de Bullrich

Situación de Argentina

Nuestro país ha venido dando algunos pasos orientados hacia la reglamentación de actividades que se desarrollan en Internet intentando, de este modo, adecuar y actualizar la legislación en función de los nuevos escenarios que imponen los avances tecnológicos: firma electrónica y digital, protección de la propiedad intelectual, regulaciones del comercio electrónico, inviolabilidad de las comunicaciones por medio de las TIC, Ley 27.078 Argentina Digital, son algunos de los pasos dados. No obstante, con relación al avance tecnológico y al uso y/o consumo de estas tecnologías por parte de las nuevas generaciones, tales disposiciones están lejos de ser suficientes.

En el 2008 se sancionó la Ley 26.388 con la cual se inició un proceso de regulación de nuevas conductas relacionadas al ciberdelito, tales como: el acceso ilícito (art.153 bis y 157 bis inc.1o), interceptación ilícita (art. 153, 155 y 157 bis inc.2o), estafa informática (art. 173 inc. 15o y 16o) y delitos relativos a la pornografía infantil (art. 128). Este proceso continuó con la adhesión al “Convenio sobre Ciberdelito del Consejo de Europa” por medio de la ley 27.411.

Ahora bien, Argentina padece de varios problemas para poder perseguir y sancionar conductas delictivas cuyo medio o fin sea el uso de medios informáticos. Veamos, según datos estadísticos del Ministerio Público de la Provincia de Bs.As se inician, en promedio anual, alrededor de 800 mil investigaciones penales preparatorias, de las cuales el 0,12% de ellas son conductas vinculadas a delitos informáticos. Este escaso nivel de denuncia puede ser por:

● Bajo o nulo conocimiento de las personas de estar siendo víctima de algunos de los delitos tipificados.

● Estructural falta de conocimientos y capacitación del derecho informático de los operadores del sistema (fuerzas policiales y poder judicial).

● La implementación de soluciones preventivas que evitan la consumación del delito. Pensemos el rol que cumplen los antivirus, que dejan en grado de “tentativa” intentos de robo de datos, suplantación de identidad, estafas etc. Sin una lesión concreta de bienes jurídicos, nadie formula denuncias.

¿Qué es el “Ciberpatrullaje”?

Este concepto, no posee sustento ni consenso en la academia, pero en nuestro país comenzó a ser popularizado por una resolución del 2016 del Juez Ariel Lijo a la cual definió “[la causa se inició] a raíz del ciberpatrullaje de rutina realizado por el personal del Área de Cibercrimen de la Policía Metropolitana, en el marco del cual los efectivos se abocan a la prevención de delitos, contravenciones y faltas realizados en la red de Internet.” (El destacado es nuestro). Ahora bien, cabe aclarar que no siempre es concebida ni entendida de esta manera.

En función de ello, ensayamos una definición sobre el ciberpatrullaje lo más acorde posible a nuestros antecedentes. Podemos decir que es una actividad llevada a cabo por miembros de las fuerzas policiales sobre fuentes digitales abiertas que no requieran de certificados de autenticación para su visualización, estas actividades consistirán en la observación y análisis de la información de carácter público en medios y plataformas digitales con el fin de prevenir conductas delictivas, cuyo acceso no implique una vulneración a los derechos fundamentales de las personas. Como vemos, no es hacer “inteligencia”, pues esta actividad -sin orden judicial- está prohibida por la ley No 25.520, sino que el objetivo buscado es prevenir conductas que resultan disvaliosas.

De acuerdo con esta definición, en el marco de tareas de investigación y/o prevención policial, surge la discusión en torno a la concepción de lo “público y lo privado”. En esta era digital de sobreutilización de diversas redes sociales donde interactuamos con nuestro entorno, compartimos fotos y videos que van desde lo que desayunamos, hasta el lugar de la casa que ocupamos. Es decir, lo “público” y lo “privado” resulta muy difícil delimitar, sumado a que estos son ámbitos gobernados por empresas privadas que mantienen sus propias reglas de juego al establecer los términos, condiciones y las políticas de privacidad, las cuales hasta los Estados son sometidos.

Entonces, la construcción tradicional dibujaba el derecho a la tutela de la vida privada según el esquema del derecho de propiedad, excluyendo al “acceso” por parte de los demás a su propia esfera privada. Es decir, esta idea vinculada a la popular frase “Mi casa es mi castillo” de Edward Coke (a finales del siglo XVI), debemos reconsiderarla en función de los tiempos actuales, en donde tanto la protección de datos como la intimidad se pone casi del revés, toda vez que el “acceso” -al castillo- está al alcance de un click de distancia, y este lugar publico o privado ya no está protegido de la mirada de los ciudadanos.

El filósofo Byung-Chul Han (2013) denomina a este nuevo fenómeno “sociedad de la exhibición”(pp. 25-35), en donde todo debe ser mostrado para existir, produciendo así valor de exposición, el cual tiene por fin generar atención – o Likes –, pues cada persona es también su propio objeto publicitario.

Abordar este tema, trae consigo una serie de interrogantes vinculados al tratamiento de nuestros datos personales, el derecho a la intimidad, la libertad de expresión y el ámbito de lo público y privado en las redes sociales cuyos dueños son empresas privadas e internacionales.

Stefano Rodotá (citado por Riquert Marcelo, 2011) decía que “la era digital obliga a repensar todo: la organización social, la democracia, la tecnología, la privacidad y la libertad”(pp. 10), parece que el COVID-19 nos invita formalmente a hacerlo.

Del famoso caso “Snowden”, acordamos limitar la vigilancia y el espionaje masivo en las comunicaciones por parte de los Estados sin la debida transparencia y control de los actos estatales. Ahora bien, siguiendo la reflexión del profesor Stefano Rodotá, ¿no deberíamos repensar nuevas reglamentaciones y modos de regular el espacio cibernético?

El reciente Protocolo Gral. para la Prevención Policial del Delito con uso de Fuentes Digitales Abiertas (RESOL-2020-144-APN-MSG) elaborado por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se desarrolló convocando a la Defensoría del Pueblo, organismos de Derechos Humanos y ONG’s especializadas en la materia.

Debemos imitar esta vocación democrática de la ministra en abrir el campo de juego a los actores civiles para la participación en la elaboración de normas de política criminal digital. Establecer principios y criterios, definir ámbitos de aplicación, prohibir conductas y actividades que puedan importar lesiones a los derechos fundamentales, es la cabal evidencia de que se puede pensar en disposiciones que regulen actividades en el espacio cibernético con una perspectiva respetuosa de los DDHH.

El slogan “volver mejores” sin dudas está vinculado -entre otras cosas- con la transparencia y la participación democrática, por ello es necesario el debate en el Congreso de un nuevo cuerpo legislativo armónico con los DDHH, la ley “Argentina Digital” es un vestigio sobre cómo transitar los caminos para “la protección y garantías del ejercicio de los derechos humanos en línea.”

Gil Domínguez (2020) se pregunta si “¿Está en condiciones el constitucionalismo analógico de proteger la intimidad digital del siglo XXI cuando sigue encorsetado en un concepto propio del siglo XX?”. Pensarlo, decirlo y hacerlo no debe ser interpretado como ideas de un Estado autoritario que amenaza a la libertad de expresión u otros derechos fundamentales, sino un acto de independencia soberana de nuestro sistema democrático orientado a desarrollar nuevas reglas de juego que respondan a los intereses y necesidades de nuestro pueblo, pretendiendo de ese modo repensar nuevos derechos y horizontes luego de la pandemia en una nueva era: la digital.

Referencias bibliográficas:

Byung-Chul Han. (2013). La sociedad de la transparencia. Ed.Herder.

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Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 27-04-2020. Ministra Gómez Alcorta, Elizabeth – Comisión de Mujeres y Diversidad. https://www.youtube.com/watch?v=L6eCN- fo_RLM

Locco Natalia. (2020). En 10 días Coronavirus en Argentina: drástica baja de robos en el país, ningún secuestro y un solo crimen en Rosario. 2020, marzo 30, de clarin.com Recuperado de https://www.clarin.com/policiales/coronavirus-argentina-drastica-baja-ro- bos-pais-secuestro-solo-crimen-rosario_0_t-gxQwcGg.html

Meza Juan. (2020). Ciberpatrullaje en épocas de pandemia. 2020, abril 19, de anred. org Recuperado de https://www.anred.org/2020/04/19/ciberpatrullaje-en-epocas-de-pan- demia/

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Riquert Marcelo. 2011. Delincuencia informática y control social: ¿excusa y conse- cuencia? Revista Jurídica Facultad de Derecho de la UNMDP, 6, 15.

Youtube C5N. 3-05-2020. El Ciberdelito aumentó 500%: entrevista a Horacio Azzolín (Unidad de Ciberdelicuencia). https://www.youtube.com/watch?v=DUpqkfAEmjg

* Abogado Penalista. Se desempeña actualmente como Asesor en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Docente de la materia Elementos del Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho (UBA). Cursando el Posgrado Cibercrimen y Evidencia Digital. Maestrando en Derecho Penal. Miembro del Centro de Estudios “Génera”.

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Este artículo forma parte del Dossier: ¿Cómo construir el futuro? Apuntes para pensar sociedades alternativas. Para leer el libro completo ingresar aquí.

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