Hay alternativa y es superadora: la agroecología

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La agricultura industrial no sólo no cumplió con los objetivos de “resolver el hambre en el mundo” y “reducir la degradación de los ecosistemas”, sino que agravó la situación. El gobierno, en el marco de la pandemia, colocó la salud y la vida como centro de las políticas públicas. Se abre una oportunidad para desarticular la hegemonía del agronegocio y recuperar el equilibrio ecosistémico.

Todo abordaje integral-profundo de la crisis ligada al COVID-19 nos revela la centralidad que los desequilibrios ecológicos revisten como matriz comprensiva de la tragedia en curso. Por la envergadura y la transversalidad que el agro como negocio (sic Gras y Hernández 2013) tiene con relación a la transgresión del equilibrio necesario entre el par sociedad/naturaleza, hemos de problematizar la (in)viabilidad del modelo agrícola hegemónico a nivel global y, en especial, los desafíos para la Argentina en tanto experiencia paradigmática en lo que a la adopción del paquete tecnológico del agronegocio refiere.

Impulsada por las industrias químicas reconvertidas tras la Segunda Guerra Mundial, la agricultura industrial con base a insumos tóxicos y organismos genéticamente modificados, no sólo no cumplió con los objetivos publicitados de “resolver el hambre en el mundo” y “reducir la degradación de los ecosistemas”, sino que ha agravado el cuadro de situación a partir de la pérdida sustantiva de la soberanía alimentaria de los pueblos, al tiempo que ha erosionado y privatizado la biodiversidad de especies del planeta.

Andrés Carrasco fue pionero en denunciar que el avance de la agricultura moderna representaba un verdadero experimento a cielo abierto. Una evaluación tras más de dos décadas de consolidación del paradigma agroindustrial refleja lo inviable de una agricultura fuertemente expulsiva de población rural, peligrosa en términos sanitarios, ineficiente en términos energéticos, onerosa dado sus costos crecientes, e insustentable en virtud del agotamiento de los bienes comunes.

De allí que desarticular la hegemonía del agronegocio constituya un imperativo a los efectos de recuperar el equilibrio eco sistémico. Semejante desafío nos interpela a construir una narrativa superadora que coloque al ambiente en el centro de la praxis política. Siendo las crisis momentos auténticos de suspensión de los conceptos-nociones que rigen y ordenan las sociedades, la coyuntura habilita oportunidades igualmente inauditas para disputar el orden del agronegocio.

Chantal Mouffe (2019) en un reciente libro llamaba a las fuerzas progresistas a construir un populismo de izquierda. Un estado de situación es el que habilitaba tal posibilidad: en Occidente, tras décadas de políticas neoliberales, se multiplicaron las demandas sociales sin avizorarse respuestas en marco del orden establecido. Con la irrupción de la pandemia este momento populista se ha radicalizado. Si bien hasta el momento no está definida la orientación ideológica que adquirirá la política populista, sí existe una doble certeza: una salida por derecha significaría el camino al abismo pero, una por izquierda, a lo welfare state como meta a alcanzar, un simple aplazo de la catástrofe socioambiental.

No renegamos aquí de un Estado benefactor como tránsito para recrear un nuevo orden social, sino de la inviabilidad de una re-cristalización del paradigma consumista como aspiración global. El agotamiento de los bienes comunes no resiste un nuevo impulso de una economía centrada en la multiplicación de los bienes cuya obsolescencia programada reincite el consumo. Una eventual profundización del daño ambiental tendrá consecuencias de las que la humanidad como especie no está preparada.

Esta lectura desde la ecología profunda no resulta compatible empero tampoco con las apuestas ecológicas conservacionistas. Antes bien, subyace en el diagnóstico trazado una lectura interesada, anclada en la perspectiva de la justicia ambiental. Así como el eco- sistema planetario no tolera un nuevo impulso depredatorio de naturaleza, el mundo no soporta la actual desigualdad socioambiental.

Si la izquierda global es capaz de articular el ecologismo combativo de lxs pobres junto al de una pluralidad de narrativas subalternas herederas de resistencias centenarias, habrá entonces salida efectiva de la crisis civilizatoria. Pero las prédicas internacionalistas no acontecen en el vacío sino en la dialéctica con las experiencias situadas.

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La Argentina del agronegocio, ¿al de la agroecología?

La experiencia argentina resulta paradigmática en lo que atañe a la adopción acelerada del paquete tecnológico del agronegocio. Con la desregulación de las juntas de granos y carnes, sumado a la aprobación de la soja transgénica en los años ’90, prontamente el país registraría un proceso de agriculturización bajo la primacía del monocultivo. Justificada con la narrativa del progreso, avalada por los centros hegemónicos del conocimiento y legitimada por las usinas mediáticas, el agronegocio vertebró a lo largo y ancho del país consensos significativos en distintos espacios urbanos, cuya máxima expresión se evidenció en el conflicto por la 125: amplios sectores sociales adoptaron como propia la idea de que “todos somos el campo”.

La derrota política de 2008, sin embargo, no suturó los conflictos. Esta vez actores y actrices no representadxs o, en el mejor de los casos, articuladxs de un modo periférico en la narrativa nacional y popular durante aquel litigio, pasarían a multiplicar los cuestionamientos al modelo dado sus impactos sanitarios y ambientales. En distintos espacios urbanos del país se constituyeron asambleas contestatarias a una lógica productiva que se desentiende de la multiplicación de patologías que provoca: tipos de cáncer, problemas respiratorios, abortos espontáneos, infertilidad y malformaciones que millones de argentinxs están padeciendo.

No obstante, a pesar de la multiplicidad de acciones colectivas registradas en lo que va del siglo XXI, las demandas socioambientales no lograron permear mayormente los ámbitos de gobierno aún frente experiencias gubernamentales con contrastes ideológicos marcados: el proyecto nacional y popular de 2003-2015 y el del reciente ciclo neoliberal (Cambiemos).

En la actualidad, sin embargo, se ha abierto una oportunidad inaudita para las luchas socioambientales. Es que el actual gobierno, en el marco de la pandemia, ha colocado la salud y la vida como centro de las políticas públicas. A contracorriente de las presiones del bloque de poder económico por cortar la cuarentena, el Gobierno nacional construyó sobre el binomio aludido un consenso mayoritario que no solo redunda en una mayor fortaleza del Ejecutivo para enfrentar los desafíos heredados, sino también abre la posibilidad para que las denuncias por los impactos sanitarios del agronegocio tomen mayor estado público.

Un seguimiento del modo en que las demandas de los colectivos socioambientales críticos a los proyectos neoextractivos se vienen expresando en el espacio público refleja que el tándem salud y vida constituye el núcleo central de las reivindicaciones. De modo que esta coincidencia con el discurso del Gobierno nacional habilita de un modo inusual las posibilidades de que los problemas socioambientales se conviertan en asuntos de debate público. Pero la correspondencia no se ciñe solo a ello. El Gobierno nacional, en lo que va de su breve mandato, ha avanzado a instancias de sus Ministerio de Ambiente y Agricultura, en posiciones auspiciosas en lo que refiere a las posibilidades de transitar hacia un modelo agrícola productivo sustentable.

El Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, ha trazado un diagnóstico crítico en torno a los impactos ambientales de la agricultura con base a insumos tóxicos, al tiempo que ha destacado a Gualeguaychú como modelo ambiental. Importa destacar que este municipio está a la vanguardia con relación al cumplimiento de la normativa constitucional de garantizar un ambiente sano, al prohibir en su ejido urbano el herbicida de amplio espectro más utilizado bajo el modelo sojero (el glifosato) y al alentar el desarrollo de los cultivos agro- ecológicos.

A la par, el Ministerio de Agricultura ha confirmado la creación de la Dirección en Agroecología, apertura institucional más que significativa respecto a las posibiidades de proyectar una orientación de política agraria que libere la dependencia del agro argentino de los insumos comercializados por las multinacionales del sector. Con la agroecología, al prescindir de los insumos tóxicos y las semillas transgénicas, los costos se reducen de manera significativa otorgando una mayor rentabilidad a los productores. Pero hay más: a esta mejora potencial de la balanza comercial de transitar hacia la agroecología, habría que agregar la caída de los presupuestos destinados a salud por la reducción de las patologías asociadas a las exposiciones de agrotóxicos y menores recursos estatales para desarrollar obras de infraestructura para enfrentar los desastres “naturales” que el modelo provoca.

Importa reconocer que la alternativa superadora al modelo de “externalidades” crecientes tiene ya en Argentina una importante trayectoria a partir de experiencias agronómicas intensivas y extensivas. Quien precisamente reúne una profunda formación en virtud de años de asesoramiento a productores agropecuarios que han decidido cambiar de paradigma es Eduardo Cerdá, ingeniero agrónomo que ocupará la mencionada Dirección de Agroecología. Cerdá junto a un colectivo de profesionales y productores viene demostrando año a año cómo desde un manejo integral en la labor agronómica es posible recuperar la salud y vida de los suelos, condición ésta fundamental para una producción agropecuaria sustentable en términos ambientales, económicos y sociales.

Destacamos, además, que Cerdá coordina la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, de la que actualmente 20 municipios están adheridos. Valoramos aquí el rol fundamental que los Estados locales tienen de cara al crecimiento de la agroecología y las oportunidades que ésta reviste para las comunidades. El desarrollo de esta agricultura, que combina los conocimientos campesinos milenarios y los aportes de la ecología, además de permitir una convivencia armónica entre los habitantes de los espacios urbanos y las zonas rurales adyacentes (dado que desaparecen los conflictos socioambientales) permite a las ciudades y pueblos ser autosuficientes en lo que al acceso de alimentos refiere. En un mundo donde los combustibles fósiles constituyen una variable de encarecimiento de los precios de los alimentos, y dada la urgencia de reducir la utilización de estas energías que incrementan el calentamiento global, la proximidad entre la producción y el consumo se convierte en un objetivo insorteable.

Finalmente, y en pos de efectivizar la transición hacia la agroecología, además de reivindicar el rol estratégico de los municipios (que éstos sancionen ordenanzas locales que fijen plazos de transición hacia este modelo y que acompañen a los productores en el asesoramiento así como instrumentando espacios de comercialización de las producciones), es vital que el Estado nacional, a partir de organismos como el INTA, el CONICET y en general las Universidades, desarrollen mayores líneas de investigación sobre otros modelos agrícolas. La pandemia es, ante todo, una oportunidad para reorientar los presupuestos de tales instituciones en pos de una alternativa agrícola garante de la soberanía alimentaria: la agroecología.

Bibliografía:

Gras, Carla y Hernández, Valeria (2013). El agro como negocio. Editorial Biblos. Mouffe, Chantal (2019). Por un populismo de izquierda. Editorial Siglo XXI.

* Lic. Ciencia Política, becario doctoral de CONICET. Miembro Centro de Formación y Pensamiento Gènera.

Este artículo forma parte del Dossier: ¿Cómo construir el futuro? Apuntes para pensar sociedades alternativas. Para leer el libro completo ingresar aquí.

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