La infancia, el poder y el Derecho

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Es momento de pensar cómo generar pisos sólidos e infranqueables sobre temáticas centrales para el bienestar de les niñes de nuestro continente. El Estado Plurinacional de Bolivia ha constituido un piso firme de derechos para les más pequeñes, sin embargo la voluntad política de un ilegitimo autoproclamado gobierno no parece direccionarse en la defensa de sus derechos. Igual de frágil es la situación en la Argentina que deja Macri, en Chile y en Brasil.

América Latina vive un momento de mucha incertidumbre con situaciones que creíamos sepultadas en este lado del mundo pero que el Golpe de Estado en Bolivia nos obligan a estar más atentes que nunca. El derecho como dique de contención de los abusos y las arbitrariedades del poder ha salido derrotado en más de una contienda. Latinoamérica ha sabido construir en varios de sus países pisos de derechos que parecían intocables. Sin embargo, economías asfixiantes y voluntades políticas elitistas han socavado sobre los derechos de nuestres niñes para retraer, pausar y frenar el reconocimiento y la ampliación de sus derechos. Ya que nombramos Bolivia, por allí podemos arrancar. En el año 2001 Bolivia celebró el primer Taller Nacional de la Alianza Boliviana con la Niñez y la Adolescencia (ABNA) El ABNA es un movimiento de participación de niños, niñas y adolescentes que pretende que sean ellos y ellas los protagonistas de la defensa y la ampliación de sus derecho. Dicha iniciativa de promovida por UNICEF cuenta con más de 1500 niños, niñas y adolescentes. El resultado de dicho taller fue un Decálogo Nacional donde se ponderan los diez derechos prioritarios para su desarrollo. En términos estadísticos Bolivia avanzó en la última década en la protección y las garantías del ejercicio de los derechos de la niñez, con una inversión que aumentó de 3,5 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en 2005 a 8,2 por ciento en 2018. Además, el gobierno boliviano ha aprobado tres decretos en 2018, orientados a proteger a la niñez boliviana. El primero establece la difusión gratuita de contenidos de publicaciones relacionados a los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes, y la prevención de violencia infantil en medios de comunicación. El segundo otorga licencias especiales para madres, padres o tutores de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en un estado crítico de salud, con el goce del 100 por ciento de su remuneración, adicionalmente, a la inamovilidad de sus fuentes laborales. El tercer decreto, referido al Registro Único de Abogadas y Abogados del Niño, tiene como objetivo garantizar la defensa técnica, gratuita y especializada de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. El Estado Plurinacional de Bolivia ha constituido un piso firme de derechos para les más pequeñes, sin embargo la voluntad política de un ilegitimo autoproclamado gobierno no parece direccionarse en la defensa de sus derechos consagrados.

El caso de Chile es muy particular. A pesar de no tener una Ley de Protección Integral de la Niñez, cuestión que como desarrollo más abajo, comienza a esbozarse desde el 2015, ha sabido llevar adelante programas y realizar declaraciones en línea con la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Incluso cabe destacar el programa Chile Crece Contigo, un Sistema de Protección a la Infancia que brinda prestaciones sin costo a niños y niños desde la gestación hasta los 9 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que se hayan registrado en el Registro Social de Hogares. Data del año 2007 y ya se han beneficiado con el mismo más de dos millones de niños y niñas. Como mencionaba previamente la presidenta Michelle Bachelet en el año 2015 presentó la Política de la Niñez y la Adolescencia en Chile 2015-2025 y en su documento se destacan varios puntos como indica UNICEF Chile en su página: “El documento, entre sus principios rectores, considera a los niños como sujetos de derechos, el interés superior del niño, la autonomía progresiva, la igualdad y no discriminación, y la participación y el derecho a ser oídos. Cuenta, además, con un enfoque intersectorial y reconoce la necesidad de realizar cambios legales para adecuar la institucionalidad vigente a la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por Chile en 1990. Entre otros aspectos que destacan en la política es la erradicación de la violencia hacia los niños y niñas con el apoyo del Estado a las familias, tanto en la crianza como en la educación de sus hijos Según cifras de UNICEF, el 71% de los niños y niñas que viven en Chile manifiesta haber sido víctima de algún tipo de violencia en sus hogares, ya sea física o psicológica. Este instrumento recomienda específicamente desarrollar un Plan Nacional de Buen Trato y de respuesta ante situaciones de violencia, de manera de garantizar que los niños no sean víctimas de ninguna forma de violencia. Además se destaca la creación del puesto de Defensor de los Derechos de la niñez, que tendrá a su cargo un consejo consultivo y que la designación de su director/a necesitará de los votos de 2/3 de les senadores en ejercicio. Sin embargo, la existencia y creación de derechos no es garantía de accesibilidad. Chile es uno de los países mas desiguales de América Latina, con altos grados de discriminación y xenofobia de quienes obtienen mayores ingresos para con los de menores ingresos (el 1% de la población posee el 25% de las riquezas). La actual movilización popular es una muestra del descontento social por esta situación, la cual parece encaminarse a la sanción de una nueva constitución.

Macri y el abandono de la infancia

Un último ejemplo previo a adentrarnos en nuestro país es la situación brasileña. En temas como la salud, Brasil es un modelo mundial de descentralización e inclusión en la atención primaria pudiendo trascender a los distintos gobiernos que se suceden ya que la gran transformación data de principios de los noventa. Volviendo a la infancia el actual gobierno de Jair Bolsonaro, y su antecesor Temer han asfixiado y retrocedido en materia de derechos de les niñez como nunca se había hecho. En un encuentro reciente de la Red Latinoamericana y Caribeña por los derechos de los niños, niñas y adolescentes se destaca la preocupación de la organizaciones vinculadas a esta etapa etaria por el bloqueo de los fondos públicos destinados al a primera infancia, por la falta de políticas públicas de integración e inclusión de la comunidad negra y por la persecución de los defensores de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este presente de Brasil es una muestra clara de la labilidad del derecho, incluso de les más indefensos, al momento de quedar a cargo del ejecutivo un gobierno como el actual de Bolsonaro.

Es momento de pensar cómo generar pisos sólidos e infranqueables sobre temáticas centrales para el mismo desarrollo humano: el bienestar de les niñes de nuestro continente. Que mejor pie que este para pensar Argentina. Durante los gobiernos de Nestor Kirchner y Cristina Fernandez han habido importantes avances en materia jurídica y que han sido llevados adelante mediante El Plan Qunita –que entregaba un kit para el recién nacido, para madres que estén gestando el embarazo y no tuviera recursos para afrontar dichos gastos–; la Asignación Universal por Hijo –un derecho de cada niño y niña que ha nacido en nuestro país y recibe una transferencia directa del Estado–; el notable aumento de los fondos destinados a educación; la creación de Escuelas Infantiles; la enorme ampliación del calendario de vacunación, son algunas de las transformaciones que han tenido les niñes durante la etapa 2003-2015.

La política más sólida de toda esta etapa fue la creación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el reconocimiento de los niños , niñas y adolescentes como sujetos de derecho a partir de la ley 26.061 (2005). Sin embargo toda esta investidura dedicada a la infancia ha sido víctima de un gobierno que tuvo una gran narrativa sobre el futuro pero que no puso el foco en los protagonistas de ese tiempo histórico: les niñes.  José Machain, investigador de la infancia en Argentina lo describe con claridad en una frase: “La cuestión de la infancia está atravesada y principalmente afectada por la política de ajuste. (…) hay una característica habitual que es la de ir desfinanciando y subejecutando e ir vaciando, no reponiendo personal y eso hace al deterioro de los servicios y las prestaciones”.

No son demandas, es el modelo

Argentina, Bolivia, Brasil y Chile son ejemplos donde la tensión entre derecho y poder se ha profundizado, deslegitimando al derecho como herramienta de transformación. Esto nos deja una idea central: la actual América Latina, convulsionada y despierta, necesita repensarse. El derecho ha cedido frente a los embates del poder real. En esta línea sirve para pensar la exigibilidad del derecho este extracto de Victor Abramovich y Christian Courtis: «Si bien puede concederse que existen limitaciones a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, cabe concluir en el sentido exactamente inverso: dada su compleja estructura, no existe derecho económico, social o cultural que no presente al menos alguna característica o faceta que permita su exigibilidad judicial en caso de violación». Frente a este párrafo cabe preguntarse: ¿la cooperación internacional de nuestra región tiene la capacidad de generar un estructura de derechos mínimos? ¿Es esto una posibilidad o sería sobreestimar al derecho como proyecto emancipador

Latinoamérica está hablando, solo hay que agudizar la escucha. Los pueblos de nuestro continente estamos exigiendo dejar de volver al subsuelo del mundo cuando los gobiernos de turno deciden quitarnos nuestros derechos. La manipulación electoral, la posverdad y la injerencia extranjera nos quieren hacer retroceder en nuestras conquistas que tanto nos ha costado conseguir. Argentina tiene la posibilidad, con un gobierno progresista, de ser la punta de lanza para que la historia sea una herramienta de enseñanza y aprendizaje y no un libro en nuestra biblioteca anacrónica. Les niñes de nuestra América reclaman protagonismo, porque el futuro llegó hace rato.

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