Insensibles

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Ya pasó en 2014 y acaba volver a ocurrir: un fallo determinó que un alumno down debía recibir el diploma oficial que venía reclamando hace años, y el Ministerio de Educación de la Ciudad, en lugar de aplicar la sentencia, optó por bloquearla y presentar una apelación. En ambos casos, las medidas buscaban garantizar el derecho a la educación inclusiva y sin discriminación para las personas con discapacidades. Pero tanto la gestión de Mauricio Macri como la de Horacio Rodríguez Larreta se opusieron.

La escasa sensibilidad social es uno de los gestos que con más frecuencia se le reprochan al macrismo. Ese poco “tacto” hacia los sectores vulnerables, que el PRO alimenta con medidas concretas, va desde lo macro a lo puntual. Hay un hilo que une el tarifazo o la devaluación con otros más específicos pero no por eso menos reveladores de una forma de entender el rol del Estado. De eso se trata la negativa del gobierno porteño a otorgarles a estudiantes con síndrome de down el título secundario que se ganaron en las aulas, incluso cuando hay una orden judicial de por medio.

Fueron fallos celebrados no sólo por los jóvenes y sus familias, sino también por un gran número de entidades especializadas, que luego expresaron su desazón al conocerse la conducta de la administración local. Como justificativo, la Ciudad recurrió a una supuesta imposibilidad legal. Además, los funcionarios ensayaron una paradójica interpretación de la igualdad de posibilidades, basada en desconocer las diferentes condiciones de cada individuo. Un criterio más parecido al prejuicio y a conceptos ya superados que a lo que establecen la normativa argentina y los tratados internacionales.

La lucha de Alan

A fines de octubre pasado, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1 hizo lugar al pedido de Alan Rodríguez, un estudiante con síndrome de down que en 2013 comenzó a luchar por el título secundario que le negaba la escuela privada común a la que había asistido. Si bien cursó con un proyecto pedagógico individual (PPI) y siempre obtuvo muy buenas calificaciones, al finalizar quinto año el instituto Jesús María de San Vicente de Paul y el Ministerio de Educación porteño se opusieron a que se diplomara, argumentando que no había logrado los contenidos mínimos necesarios, algo que nunca antes le había sido informado.

Para exigir el certificado, el joven –de 22 años– efectuó un amparo en la justicia, respaldado por un amplio plexo normativo. La pelea de fondo era por el derecho a la educación sin discriminación y sobre la base de la igualdad. Así lo detallaron ACIJ, la ONG que le brindó patrocinio, y las varias entidades que se presentaron como amicus curiae: el Grupo Artículo 24, el INADI, la ADC y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. “La negativa a entregarme el título secundario me ocasiona un daño irreparable y vulnera mis derechos, en tanto frustra mis posibilidades de acceder a oportunidades de empleo, me impide continuar los estudios, genera un estigma sobre mi persona y mi proceso educativo, y me coloca en una situación de desigualdad, subordinación y segregación social”, había denunciado Alan.

El gobierno porteño contestó que era inviable darle lo que pedía y que si se lo autorizó a seguir las cursadas con sus compañeros fue para “priorizar los aspectos socio afectivos y la continuidad con su grupo de pertenencia, sin que ello implicara la certificación de la aprobación de los contenidos mínimos”. A contramano de las tendencias que buscan contemplar diferencias para igualar posibilidades, la cartera de Educación que dirige Soledad Acuña sostuvo que “no ha habido discriminación alguna porque se lo ha tratado de la misma forma que a cualquier alumno que no haya aprobado todos los contenidos del Nivel Medio”. Incluso, Acuña llegó a decir que “no puede pretenderse que a la situación de Alan, quien pudo obtener muchísimos logros, remover muchas barreras, pero respecto de algunos contenidos que no ha aprobado a la fecha, se le dé el mismo tratamiento que a aquellos alumnos que sí lo han hecho”.

Fallo y apelación

El 24 de octubre, la jueza Romina Tesone ordenó a la escuela que le extienda a Alan el título de finalización del secundario, y al gobierno de la Ciudad, que lo legalice. Además, declaró la inconstitucionalidad de la Disposición 25/DGEGP, por contener una contradicción de base: “Por un lado, el Estado tiene en cuenta la individualidad y discapacidad del actor para aceptarlo y contenerlo en la escuela secundaria a fin de garantizar su derecho a la educación (…), pero irrazonablemente pondera y exige para certificar que cursó sus estudios secundarios los saberes de otros que no tienen su discapacidad, saberes que la escuela no puso a disposición del alumno”.

Para Tesone, “la normativa incumple estándares de igualdad fijados en pautas jurídicas de jerarquía superior”, además de ser “discriminatoria y contraria a las disposiciones constitucionales locales, nacionales y convencionales”. La referencia era a la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2008 y con rango en su carta magna desde 2014.

En síntesis, la jueza concluyó que la forma en que fue tratado Alan, a quien primero se lo contempló en su discapacidad y luego se le exigieron los conocimientos del plan general, supuso un “doble estándar” que le impuso un requisito “lesivo de sus derechos, que cercena su desarrollo y es estigmatizante”.

A pesar del peso de estos elementos, el macrismo, replicando conductas del pasado, apeló la sentencia que ahora debe ser analizada por la Cámara. De poco sirvió que ACIJ hubiese desplegado una campaña en las redes para que los ciudadanos le pidieran al Ejecutivo que no se opusiera. En un comunicado, la ONG señaló que la apelación “daña irremediablemente (a Alan) y pospone la obtención de su título por tiempo indeterminado”, además de ser una medida que “muestra una ausencia de interés por la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo”.

En diálogo con Nuestras Voces, la abogada Mariela Galeazzi, de ACIJ, detalló que el gobierno “no solo no agrego nada nuevo a la discusión que venía dada en primera instancia, sino que lo preocupante es que niega hechos ya probados en la causa y que no estaban controvertidos”. Por ejemplo, la Ciudad ahora discute que Alan haya logrado las metas de su proyecto personalizado. “Todas las pruebas del expediente dicen lo contrario”, indico Galeazzi. La abogada recordó que el Ministerio de Educación porteño está obligado a adecuarse al compromiso del Estado nacional por garantizar los derechos de las personas con discapacidad. “No lo hizo y ante un fallo que le explica la obligación que tiene y cómo una norma se contradice con lo que debería ser, la actitud podría haber sido felizmente otra”, sostuvo Galeazzi. “Creíamos ingenuamente que esto era una oportunidad para avanzar hacia una educación inclusiva, para que la Ciudad sea pionera en el país, y no fue así”, se lamentó.

Javier Speroni, referente del área de Educación de la Asociación Síndrome de Down (ASDRA), advirtió que “Alan es el caso visible, pero en todo el país existen muchos más”. Subrayó que “Argentina está completamente en falta” y que “hay políticos que tienen terror de que los chicos vayan a la universidad”. Relató que un funcionario de la Ciudad le dijo: “Imagínate si el día de mañana me opera una persona con síndrome de down”. La respuesta que le dio Speroni fue simple: “Lo más seguro es que no te vaya a operar, pero puede ser un excelente ayudante de enfermería, porque puede haber otros caminos alternativos para que ellos también puedan estar en la universidad”.

Melina, la otra lucha

Como hoy lo hace la ministra Acuña, cuando el actual titular de Educación en la Nación, Esteban Bullrich, cumplía ese rol en la Ciudad, también se opuso a que una alumna con síndrome de down, Melina Quereilhac, recibiera un título secundario. Al igual que Alan, en marzo de 2014 Melina tuvo que recurrir a un amparo contra la Ciudad y la escuela donde había cursado, el Instituto Modelo de Enseñanza Privada. Con el apoyo de una maestra integradora y la adaptación de la currícula escolar, en 2005 había finalizado sus estudios. Sin embargo, se topó con la negativa a entregarle su título oficial de bachiller porque, le dijeron, no había alcanzado los contenidos mínimos. Cuando Melina fue a la Justicia, la Ciudad respondió que lo suyo era “una mera disconformidad con una normativa vigente” y que no había “un perjuicio cierto, concreto y directo que provoque una lesión actual o inminente a un derecho que requiera una tutela inmediata”. Además, aclararon que “la pretensión de la entrega del título secundario es de cumplimiento imposible”.

El caso estuvo en manos del juez Andrés Gallardo, del Contencioso Tributario N° 2, para quien era “una flagrante contradicción asignar a las materias cursadas una calificación elevada, que implica aprobación, y luego hacer constar que la alumna no ha alcanzado los contenidos mínimos”. Indicó que la actitud de la Ciudad era “arbitraria, contraria a derecho y violatoria de garantías fundamentales consagradas en normas de rango constitucional y supraconstitucional”. También recordó que el Ejecutivo “tiene a su cargo, de modo indelegable, la evaluación, regulación y el control de la gestión de los establecimientos educativos privados o públicos no estatales”. Por último, agregó que Melina “se ha esforzado, a lo largo de su vida, en superarse a fin de lograr un desarrollo de sus capacidades que le permita integrarse al mundo social laboral”, y que “la conducta displicente de las autoridades implican una falta de consideración para con los sentimientos de las personas involucradas”.

Gallardo ordenó que se le entregará el certificado oficial a la joven, pero la Ciudad apeló y la Sala II del fuero, en junio de 2014, le dio la razón por un frío tecnicismo: “La demanda estuvo mal dirigida contra el GCBA, no siendo el legitimado pasivo en la relación jurídica sustancial en la que la parte actora considera que fue afectado el derecho”. Es así que la Cámara revocó la sentencia de Gallardo, pero la medida resultó abstracta: para entonces, Melina ya tenía el título, fruto del impacto que había tenido la difusión televisiva de su caso en el programa CQC.

@soycarlosromero

 

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