A la cárcel por protestar

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El pasado 3 de abril cuatro trabajadores de la Empresa Línea 7 de colectivos de La Plata fueron detenidos y encarcelados. Habían sido despedidos dos años antes. Estaban luchando por mejorar sus condiciones laborales: manejar 16 horas por día, sin seguridad e higiene en los lugares de descanso; sin baños, ni agua en las cabeceras de línea. En marzo de 2017 luego de una huelga fueron denunciados penalmente por la patronal con la complicidad del Municipio de Julio Garro y ahora los detuvieron. Sus familiares y organizaciones sociales exigen la liberación y denuncian que las detenciones buscan disciplinar la protesta social.

La persecución del gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal hacia los trabajadores llegó a niveles extremos: protestar ya es un delito que puede terminar con la cárcel. La invisibilización y el cerco mediático, también se agudizan.

El último 3 de abril, cuatro trabajadores que habían sido despedidos de la Empresa Línea 7 de Colectivos de La Plata en un conflicto en 2017, fueron detenidos y encarcelados dos años después. Se trata de Sebastian Mac Dougall, Emanuel Lazzaro, Pablo Varriano y Luciano Ficchi que se encuentran detenidos en varias alcaldías de La Plata, hace casi veinte días, en una causa caratulada “Coacción agravada en concurso con daños”.

Para que quede claro: detuvieron a cuatro trabajadores que cortaron el tránsito el 16 de marzo de 2017, en el contexto de una protesta social por un conflicto laboral. La pena puede llegar a los diez años de cárcel.

En una situación inédita y altamente preocupante, sus familiares, compañeros y una numerosa comunidad de la ciudad de las diagonales reclama a viva voz su liberación y no tienen dudas de que se trata de una “detención política”.

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Los hechos

A comienzos de 2016 trabajadores fueron transferidos desde la “Empresa Línea 7” hacia la Empresa “Expreso La Plata Bs As”. El personal estaba compuesto por colectiveros de mucha experiencia y antigüedad. Aún no había concluido el trámite de la concesión de la Línea 7 y no hubo una licitación pública. El dueño de la empresa, Osmar Corbelli, es el dueño del 80 por ciento del transporte de la ciudad. En este contexto, ya eran obscenas las pésimas condiciones en las que trabajaban.

“Estábamos dieciséis horas al volante, con falta seguridad e higiene en los lugares de descanso y en la cabecera: no teníamos ni baños, ni agua, por ejemplo. Trabajábamos con una persecución constante, con suspensiones arbitrarias. Encabezamos con cuatro compañeros las elecciones y ganamos en los hechos. Ni la empresa ni el gremio, la UTA, nos lo permitieron. Así que estábamos en la justicia peticionando para ser formalmente delegados”, cuenta a Nuestras Voces Fabián Ayala, uno de los primeros cinco despedidos de la empresa a mediados de 2016.

Pero antes de que pudieran oficializar su condición de delegados de manera formal, la empresa decidió despedirlos. Y ahí empezó lo peor. Como un boomerang, los hechos se sucedieron de manera vertiginosa. Tras una retención de tareas que terminó en conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo provincial, el conflicto se agudizó. En octubre de 2016 se produjo una represión violenta, con trabajadores detenidos y hospitalizados, lo que terminó, finalmente, en la reincorporación de esos cinco trabajadores despedidos. Sin embargo, la empresa siguió poniendo palos en la rueda no solo a los trabajadores sino que nunca mejoró las condiciones laborales. Los trabajadores no bajaron los brazos y siguieron tocando puertas, reclamando al gremio, al Ministerio de Trabajo y al propio intendente. La situación llegó a su climax el 13 de marzo de 2017 con el inicio de una huelga que duraría tres días, hasta el 16. La modalidad fue la retención de tareas en los puestos de trabajo en la ruta 11 Km 8 de La Plata. Los propios trabajadores custodiaron los colectivos para evitar que se infiltraran personas ajenas contratadas por la empresa o el sindicato he hicieran destrozos para inculparlos. El 15 de marzo los trabajadores recurrieron ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia denunciando los incumplimientos patronales y solicitando urgente intervención y mediación del Ministerio para remediar el conflicto. Pero el Ministerio no solo no intervino sino que un día después, los trabajadores recibieron una orden policial y judicial de liberar los ingresos del establecimiento, lo que se acató sin resistencias. Esta orden se decretó a instancia de una denuncia penal formulada por la patronal con el aval de la Municipalidad de La Plata.

Al día siguiente, el 16, impedidos de manifestarse en su lugar de trabajo, los trabajadores junto a un núcleo de políticos, gremialistas y militantes de movimientos sociales —un frente multisectorial— se manifestaron pacíficamente en la Plaza San Martín de esa ciudad. Y como en toda movilización, la circulación se vio interrumpida.

“Un chofer que fue mandado por la empresa hizo una denuncia en la Fiscalía 7 por daños. Al chofer lo acorralaron y lo mandaron a hacerla porque sino perdía el trabajo”, cuenta Ayala.

La Empresa despidió a varios choferes a causa del paro y al cabo de unos meses se logró llegar a un cierre del conflicto por vía judicial en julio de 2017 mediante el acuerdo celebrado ante el Tribunal del Trabajo Nº 1 de La Plata donde la empresa se comprometió a indemnizar a los despedidos, no despedir más trabajadores y a no realizar denuncias penales por los hechos sucedidos entre los días 13 a 16 de marzo.

Los trabajadores despedidos intentaron rehacer su vida: algunos se pusieron a ser remiseros, otros con changas de plomería, en fin, el rebusque. Dos años después, cuando parecían haber logrado rehacer su vida después de lo que significó perder el trabajo en blanco con años de antigüedad, como un fantasma, les volvieron a tocar la puerta. Pero esta vez de la peor manera.

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Todo preso es político

“Durante la noche del 3 de abril de 2017 fuerzas policiales de la DDI de La Plata —la fuerza que depende del poder judicial— bajo el engaño de que tenían que ir a notificar por una causa los llevaron detenidos. Es decir, ya los subieron al patrullero esposados, lo cual si era simplemente para declarar está mal”, explica a este portal Eduardo Curuchef, el abogado de los trabajadores. Ese mecanismo utilizaron para Sebastián Mac Dougall; Emanuel Lazzaro y Pablo Varriano. Al cuarto detenido, Luciano Fiocchi, lo fueron a buscar a la empresa de colectivos: él no había estado en la tanda de despedidos. Quedó automáticamente detenido. La causa está radicada en la Fiscalía 7 a cargo de Virginia Bravo.

“En la causa no hay elementos objetivos que incriminen a los trabajadores en relación a los delitos que se les imputan. Incluso el gremio UTA dio a conocer su apoyo a la inmediata libertad de los choferes presos. No hay delito alguno, no hay nada que los incrimine. Están detenidos porque su ex patrón y el gerente general de la Empresa, que no estaban presentes el día de los hechos, los identificaron en fotografías que les mostraron, que apenas reflejan personas existentes en la manifestación, pero de ninguna manera acreditan el delito investigado”, explica el abogado.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostienen que “aunque no ofrecieron resistencia al momento de la detención y uno de ellos se presentó espontáneamente al conocer el requerimiento de detención, el juez Pablo Raele prolonga injustificadamente su detención preventiva. El único argumento que el juez tuvo en cuenta a la hora de rechazar el pedido de excarcelación extraordinaria de los trabajadores detenidos fue la alta pena prevista para el delito que se les imputa”.

Por eso, desde el corazón de la cocina de la política bonaerense, donde ni siquiera el intendente cambiemista Julio Garro recibió a los familiares de los detenidos, sus compañeros exigen la inmediata libertad. Y sostienen, sin duda alguna, que la prisión de los choferes es política.

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Tali Goldman

Tali Goldman

Es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y periodista. Escribe crónicas en medios digitales como Anfibia, Nuestras Voces, Latfem, entre otros. Es columnista en el programa de radio Cheque en Blanco, que se emite en Futurock. Su primer libro La Marea Sindical, mujeres y gremios en la nueva era feminista de Editorial Octubre ya va por la segunda edición.

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