A Vicentín le llegó la hora de pagar

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Frente a los múltiples obstáculos impuestos por los dueños y el juez de la quiebra, el presidente Alberto Fernández decidió poner fin a la intervención de la cerealera Vicentín y anunció que avanzará en el cobro de los créditos y la investigación de los ilícitos. Las autoridades de la firma rechazaron la opción propuesta por el ejecutivo provincial de armar un fideicomiso y así se acabaron las propuestas de salvataje. Trabajadores y acreedores temen el quiebre y están pendientes a la resolución del concurso. Los mensajes del secretario de Macri por los préstamos irregulares.

A casi dos meses del anuncio de la intervención de la cerealera y aceitera santafecina Vicentín, el gobierno decidió dar marcha atrás y derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 522/2020, que la ordenaba. Según explicita un nuevo decreto, publicado el viernes en el Boletín Oficial, la decisión fue tomada ante las imposibilidades de que el Estado pudiera «conocer cuál es el pasivo real de la compañía» por las resoluciones del juez que interviene en el concurso, Fabián Lorenzini.

Fue el mismo presidente Alberto Fernández quien lo anunció a través de su cuenta de twitter y explicó los motivos. «El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa», escribió junto al texto de la norma. Y señaló que concentrarán su fuerza en la recuperación de los activos en riesgo y colaborar con la justicia para «esclarecer las eventuales responsabilidades civiles, comerciales y penales de quienes han llevado al grupo empresario a esta situación o han colaborado en ello».

«He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado», aclaró el mandatario en la red social.

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El punto final del gobierno a la intervención de Vicentín se da en una semana movida para la empresa en la que también dio fin a la propuesta del gobierno de Omar Peretti de formar un fideicomiso para manejar la empresa durante el proceso de concurso. Además, se realizaron protestas porque los trabajadores de Algodonera Avellaneda -perteneciente a Vicentín- no están cobrando sus sueldos y por el otro lado,  se dieron a conocer mensajes del secretario del ex presidente Mauricio Macri, Darío Nieto, quien habría gestionado el millonario crédito para la empresa.

La intervención

Desde su anuncio, la intervención de la aceitera fue resistida por un sector del agro que intentó instalar la idea de una peligrosa expropiación estatal que se repetiría a mansalva con otras empresas y escondió sus intereses propios. 

Vicentín es una de las únicas cuatro empresas nacionales que exportan granos, legumbres, harinas y aceites vegetales del país. Durante el macrismo la firma llegó a posicionarse en primer lugar del ranking de exportadores pero justo días antes del cambio de gobierno nacional entró en cesación de pagos y convocatoria de acreedores. 

Su principal acreedor es el Banco Nación, del cual obtuvo 300 millones de dólares en préstamos por prefinanciación de exportaciones.Tres cuartos de ese préstamo lo recibió 30 días antes de declararse insolvente en diciembre. Según un informe realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en menos de dos años la empresa incrementó un 126% su pasivo y su Patrimonio Neto cayó un 88%.

Vicentin, la empresa aceitosa

Leandro Monzón, integrante de la Comisión Interna de la empresa y del Sindicato de Aceiteros de Reconquista, contó a Nuestras Voces que los trabajadores no sabían la situación en que estaba la empresa ni que había tomado créditos tan importantes: “Hasta diciembre 2019, sólo se hablaba de expansión. Sabíamos que tomaban créditos pero no que tan abultados. Decían que estaban construyendo un edificio de última generación y que iban a comprar un puerto en Bahía Blanca”.

El 8 de junio, el presidente encabezó una conferencia de prensa en Casa Rosada donde anunció la firma del DNU por el cual intervenía la empresa por 60 días y  comunicó el envío al Congreso de un proyecto para expropiar la agroexportadora.

Se destacaban entre los motivos: asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, la protección de los puestos de trabajo en peligro y evitar daños sobre el mercado agroexportador y la economía en general.

Además, se remarcó la importancia de la medida en materia de soberanía alimentaria: «La producción agropecuaria resulta estratégica para nuestro país, garantizando la provisión de alimentos para la población y la exportación de materias primas, las cuales tienen un peso considerable en la estructura del comercio exterior”, decía el texto.

En el mismo sentido, el presidente explicó esta semana que “era importante ese rescate para que el Estado pudiera tener una referencia de un mercado muy importante y a la vez, para evitar que la exportación se concentre”.

Créditos irregulares

Días antes de conocerse la derogación de la intervención de Vicentín, el canal de noticias C5N reveló parte de las pericias al celular de Darío Nieto -secretario del ex presidente Mauricio Macri-, en el marco de la causa abierta por espionaje ilegal. En uno de los chats, del 22 de noviembre de 2019, Nieto recibe un mensaje: “Habla con Martin Mura (Ministro de Economía de la Ciudad) por el préstamo a Sergio Nardelli (Ceo y accionista de Vicentin en ese entonces) por 10 palos” y agrega: “Que no lo lleven al directorio, ni a la SIGEN porque lo van a complicar, que lo resuelvan por afuera”.

El fiscal Gerardo Pollicita pidió incorporar los chats a la causa en la que ya se investigan las irregularidades en los créditos otorgados durante el macrismo por el Banco Nación a la cerealera. De esta manera, esa causa podría escalar hasta Macri.

Para Pollicita, quedó claro que hubo una maniobra para perjudicar al Estado armada por ex funcionarios del BNA y empresarios, y así lo dictaminó ante el juez del caso, Julián Ercolini. Pidió además la inhibición de bienes de ex funcionarios del Banco Nación y de directivos de Vicentín. Describió cómo se desarrolló la maniobra fraudulenta en los últimos meses del gobierno de Cambiemos que permitió a la empresa acumular 18.500 millones de pesos.

Por su parte, el representante de los trabajadores dijo que les sorprendió que se revelaran los mensajes pero no que existieran porque ya se sospechaba el vínculo de la empresa con el gobierno macrista. “Se venía hablando de la relación de los Vicentin con el ex presidente desde que se conoció el monto de los créditos que obtuvieron.Nosotros nos seguimos preguntando qué pasó con todo ese dinero. Hoy más de 4000 trabajadores de Algodonera Avellaneda no reciben sus sueldos, que oscilan entre los escasos 20 y 25 mil pesos”, dijo Monzón.

La justicia además investiga el posible lavado de dinero y operaciones sospechosas en la que estarían vinculados bancos de Paraguay, Uruguay y Europa. Bancos extranjeros en Estados Unidos también abrieron una causa para investigar el destino de la plata que le prestaron.

Motivos de la marcha atrás

“Me equivoqué con Vicentín. Pensé que estaba más asumida la situación de crisis”, con esas palabras el Presidente adelantaba el pasado 13 de julio, durante una entrevista a FM La Patriada, la decisión que plasmaría luego en el DNU derogatorio.

Entre las principales razones del freno a la intervención de la agroexportadora está la actitud obstruccionista de los accionistas y dueños de la empresa, que fueron avaladas por el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini. «El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019», escribió Fernández en su twitter. Lorenzini fue quien reinstauró al Directorio de Vicentín en la administración de la empresa y  desplazó a los interventores designados por el Estado. 

El presidente además explicó que la intervención «era fundamental antes de declarar a Vicentin como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial», por tanto anunció que «en estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”.

Los trabajadores de Vicentin fueron desde el primer momento quienes más celebraron la intervención y apoyaron el proyecto de ley. Monzón contó que entonces sintieron que era ponerle fin a meses de incertidumbre. “Desde el primer momento la bancamos porque fue la única solución que contemplaba salvar la fuente laboral. Después de declararse en cesación de pagos la empresa nunca mostró un plan de cómo seguir adelante sin despedir a ninguno de nosotros. Ni se presentaron a la mayoría de las conciliaciones en el Ministerio”, afirmó.

Un futuro incierto

La alternativa de un fideicomiso se hiciera cargo de la firma hasta finalizara el proceso de convocatoria de acreedores fue planteada por el gobierno de Santa Fe para destrabar el conflicto de la intervención. Para hacerlo, era condición que los directores de Vicentin dejarán sus cargos y el manejo de las acciones de la empresa. Como era de esperar, el presidente de la firma Daniel Buyatti y el vice Alberto se negaron y dieron por finalizado ese intento de salvataje.

Ante el nuevo anuncio del gobierno, los trabajadores vuelven a hablar de un futuro incierto. “El presidente siempre dijo que si había una idea superadora iba a dar marcha atrás, tenemos esperanza de que sea así. Volvemos a la incertidumbre. Estamos esperando conocer que decidirá la justicia”, dijo el integrante del sindicato de aceiteros.

Con el apartamiento los ejecutivos nacional y provincial, el futuro de Vicentín queda a cargo de la justicia. El magistrado Lorenzini deberá llevar adelante el proceso concursal que podría derivar en la quiebra del grupo. Para evitarla debe llegarse a un acuerdo con los 2.638 acreedores que reclaman más de 800 millones de dólares.

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