Acusan a Bullrich por reprimir mapuches para favorecer negocios

Compartir

Un fiscal Federal acusa a Patricia Bullrich, Pablo Nocetti y otros funcionarios macristas de espionaje ilegal y utilización de las fuerzas de seguridad para atacar a las comunidades originarias con el objetivo de resguardar “distintos negocios» en la Patagonia. El plan sistemático buscó favorecer a empresarios mega millonarios vinculados al presidente Mauricio Macri, como Luciano Benetton entre otros. Fue articulado con las sociedades rurales locales e incluyó las represiones que culminaron con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

El plan de miseria planificada de la Alianza Cambiemos incluyó un ataque sistemático hacia las comunidades mapuches de la Patagonia. El fiscal federal Franco Picardi dictaminó de manera contundente que la persecución estuvo encabezada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y otros funcionarios de su cartera como Pablo Noceti, actual secretario coordinador con los Poderes Constitucionales, Gerardo Milman, viceministro y Gonzalo Cané, ex secretario coordinador con los Poderes Judiciales y actual secretario letrado en la Corte Suprema de Justicia. Por eso decidió imputarles el posible delito de espionaje ilegal y la utilización de las fuerzas de seguridad para coaccionar a las comunidades con el objetivo de resguardar “distintos negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por distintos propietarios formales de tierras que detentan o pretenden la propiedad y/o explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina”. 

Es decir, existió un componente económico detrás de la persecución a los pueblos originarios con el objetivo de beneficiar a un puñado de empresas vinculadas de manera directa o indirecta con el presidente Mauricio Macri. Esa persecución incluyó la invención de causas judiciales, la utilización de la estructura del Estado para realizar operaciones de espionaje ilegal, la persecución y muerte de al menos dos personas: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. 

Una jueza le dijo a Benetton y Bullrich que la RAM no actuó en el sur y absolvió a 6 mapuches

El inicio de este embate puede ubicarse en febrero de 2016 cuando la ministra Bullrich realizó la primera reunión del Consejo Federal de Seguridad en Bariloche, ciudad clave para desplegar el ataque hacia las comunidades. En el contexto de ese encuentro, la funcionaria –a la que a esta altura podríamos calificar como el brazo armado de Macri– mantuvo una reunión secreta con representantes de la Sociedad Rural de Esquel (Jorge Turcato), Bariloche (Santiago Nazar) y Neuquén (Martín Zimmermann), los principales lobistas de la represión en el Sur del país.

Casi dos años después del comienzo de la cacería, el Ministerio de Seguridad reconoció la existencia de aquel cónclave en uno de los párrafos de su informe sobre la RAM. “Las asociaciones patagónicas manifestaron su preocupación por graves hechos delictivos cometidos por grupos autodenominados Resistencia Ancestral Mapuche (R.A.M.) y que estarían vinculados a comunidades aborígenes radicalizadas en las provincias de Rio Negro, Chubut y Neuquén”, puede leerse en el documento. 

Un lobbysta de las tabacaleras fue quien denunció a los mapuches

De esta manera comenzó a rodar la hipótesis de los nuevos enemigos internos dentro de una relanzada doctrina de seguridad nacional impartida desde los Estados Unidos que ya en 2005 había definido a las “causas mapuches” dentro de las posibles hipótesis de conflicto en la región. Bullrich copió la estrategia de persecución delineada por “La Embajada” e implementada primero en Chile. De hecho, Picardi solicitó investigar la “colaboración” entre la GNA y Carabineros en la posible realización de tareas de espionaje ilegal, tal como fue publicado en Nuestras Voces. 

A las pocas semanas del encuentro de Bullrich con los empresarios patagónicos, el Presidente Mauricio Macri pasó unos días de vacaciones –de los muchísimos que se tomó – en la casa de un amigo personal, el empresario británico Joe Lewis, uno de los principales instigadores de la represión a los mapuches en la Patagonia. “Yo tengo personal mapuche, un pueblo tranquilo, integrado a nuestra sociedad sin problema. Pero hay una rama que los usa, son terroristas”, sostuvo Nicolás Van Ditmar, testaferro de Lewis, según publicó Perfil.  Van Ditmar nunca habla por él mismo; es el alterego de Lewis.

En mayo de 2016, la Pu Lof en Resistencia Cushamen fue epicentro de una feroz represión en la que detuvieron a Facundo Jones Huala, la persona elegida por Bullrich para crear su hipótesis de los “mapuches terroristas” tal como le pidieron los empresarios de la región. En agosto de ese mismo año, Noceti estuvo presente –de incógnito- en una audiencia para seguir de cerca todo lo vinculado a Jones Huala. 

El Plan Cóndor de Macri contra los mapuches

El 30 de agosto de aquel año, Bullrich presentó su primer informe en el que hizo mención explícita a la RAM y su persecución a la comunidad mapuche, con la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en las “tareas de investigación”. Fue el fiscal de Chubut Oscar Oro quien le confirmó a este cronista que Noceti en persona se encargaba de llamar a los juzgados y oficinas del Ministerio Público Fiscal para poner a disposición a la PSA en las tareas de persecución a los mapuches. 

Para fines del primer año de gestión macrista, los empresarios rurales (incluido el llamado turismo rural) le solicitó a Bullrich un “nuevo gesto de autoridad” para disciplinar a las comunidades originarias. Por entonces estaba en discusión el paso del tren La Trochita por el territorio recuperado por la Pu Lof en Resistencia Cushamen. El juez Guido Otranto había convocado a una mesa de diálogo que fue disuelta de manera abrupta por el entonces gobernador Mario Das Neves, en sintonía con el pedido de mayor mano dura de Macri – Bullrich.

Para que quedara clara la persecución, Das Neves presentó una denuncia contra Otranto en el Consejo de la Magistratura, acompañado por el representante de Benetton, Diego Palazzo. El juez cedió a las presiones y ordenó la represión de la comunidad. Meses más tarde, Otranto se convertiría en uno de los principales encubridores del Caso Maldonado al avalar el plantado de pista falsas dentro del expediente judicial.

Una vez que el juez dispuso el desalojo de las vías de La Trochita le solicitó a Gonzalo Cané el envío de agentes de la Gendarmería. Los efectivos que llegaron a la zona fueron alojados en el Maitén y dentro del casco de la Estancia Leleque, propiedad de Benetton. Así quedó registrado en un escrito incorporado en el expediente por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. La Estancia Leleque fue utilizada como un virtual cuartel de operaciones para la GNA.

Con la venia de Bullrich y Otranto, los verdeoliva reprimieron. Esto ocurrió el 10 de enero de 2017, en un episodio que constituyó la antesala del horror de la desaparición y muerte de Maldonado. Los empresarios rurales estaban ansiosos por ese “gesto de autoridad”. Tres días antes, el 7 de enero, El Bolsón fue cubierto por una masiva manifestación en contra de un loteo de tierras que pretendía favorecer a Lewis. Al día siguiente, el diario Perfil publicó un artículo que buscó instalar la idea de vínculos íntimos entre la inexistente RAM con las FARC. Una de las personas que brindó su testimonio fue Santiago Nazar, vice presidente de la Sociedad Rural de Bariloche, lobista de Lewis:

“Hay un hostigamiento constante. En las estancias de El Maitén están viviendo situaciones horribles. Eso no tiene otro nombre que ´violencia´ y eso mismo está ocurriendo del lado de Chile. Y no es un vandalismo aislado, de alguien que salió drogado a hacer desastres. Lo que hacen es algo organizado, también en Chile, con armamentos pesados que también tienen acá. Es grave que la Justicia esté atrasada como para tomar el toro por las astas. Uno puede decir ‘el juez tiene una familia, casa y también corre peligro’, es cierto; pero hay una seguridad que debe estar tomando cartas en el asunto y si está de juez está para eso. En la parte civil se vive un vacío donde el Estado no está presente.”

Luego de la represión de enero, los empresarios patagónicos continuaron con su diatriba tal cual lo describió el fiscal Picardi. El funcionario del Ministerio Público Fiscal citó las palabras de Martín Zimmermann, presidente de la Sociedad Rural de Neuquén, pronunciadas en el marco de la 75ª Exposición Rural y 7ª Exposición Caballos de la Patagonia en Junín de los andes (febrero 2017), que contó con la presencia de Bullrich y Milman sentados en primera fila. 

“Queremos plantearle a la ministra (Patricia Bullrich) la posibilidad que las fuerzas nacionales se involucren en el problema. Si la policía provincial no da abasto, es bueno que pueda actuar más gendarmería”.

Según la argumentación de la APDH, avalada por el dictamen de Picardi, “el reclamo por tierras de las comunidades mapuches viene de larga data y sus reivindicaciones encontraron una tenaz resistencia por parte de sectores ligados a negocios inmobiliarios y de terratenientes de la región patagónica pero hasta el 2015 se desenvolvió esencialmente dentro de los marcos de conflictos acotados a las provincias cordilleranas; sin embargo, desde diciembre de 2015 se dio un cambio de rumbo en el procesamiento del conflicto, un ‘salto cualitativo’, con la intervención directa de parte del Ministerio de Seguridad de la Nación y con el armado de un plan organizado para combatirlos.”

El informe trucho que Bullrich compró a Chile

En su avanzada contra las comunidades mapuches, Bullrich copió el modelo chileno. En los documentos de Carabineros enviados a los agentes de inteligencia de GNA, Rafael Benz y Jorge Domínguez, pueden verse algunas de las diapositivas que luego fueron utilizadas por la ministra en su informe sobre la RAM. En diciembre de 2017, la Alianza Cambiemos publicó un trabajo donde incluyó 96 expedientes vinculados a la “causa mapuche”. De ese total, 25 correspondían a la Justifica Federal y 63 a la Justicia Provincial: 54 de Chubut, 6 en Río Negro y 3 de Neuquén. Había 8 sin jurisdicción determinada. La mayoría de esas causas no tenía autores identificados. Con el tiempo, la mayoría de los casos se cayeron al descartarse la existencia de la tan mentada RAM. 

Sin embargo, la acusación masiva urdida por Bullrich le sirvió a Macri para congraciarse con los sectores económicos de la Patagonia que le pidieron la expulsión de las comunidades de los territorios. 

Benetton

Los representantes de Benetton en la Patagonia no sólo alojaron a la Gendarmería en la antesala de una feroz represión sino que presionaron a la propia Policía de Chubut –con la que mantienen una relación de ¿sumisión?, ¿lealtad? ¿connivencia?- para avanzar contra Facundo Jones Huala. Así quedó registrado durante el juicio por usurpación contra los integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, tal como publicó este cronista en Nuestras Voces. 

En la audiencia realizada el 19 de febrero de este año, el comisario de El Maitén, Víctor Osvaldo Veloso, sostuvo que “se había sentido presionado por La Compañía para hacer cosas ilegales”. Cuando le repreguntaron “de qué cosas hablaba”, el agente fue evasivo; sin embargo, logró balbucear que se refería a distintos métodos para detenerlo a Jones Huala, de los que él prefirió no formar parte, según su testimonio.

En la causa por usurpación, todos los imputados fueron sobreseídos. 

Por otro lado, cada uno de los movimientos vinculados a Benetton eran informados directamente a Hernán Alonso, por entonces titular de la Sociedad Rural de Esquel y luego funcionario de Mario Das Neves y Mariano Arcioni. Cuando les fiscales María Bottini y Fernando Rivarola recibieron información ilegal producida por el agente de inteligencia Dante Domínguez, actualmente procesado, lo primero que hicieron fue llamarlo a Alonso para ponerlo en autos de la información que habían recibido. 

“Llamalo a (Hernán) Alonso, acá tenemos mucha información que le interesará.” La frase la pronunció Rivarola luego de la visita del espía que quedó registrada en una filmación del Ministerio Público Fiscal. Ambos fiscales fueron procesados en primera instancia por el juez Otranto pero luego de varios fallos el mismo magistrado los sobreseyó con el endeble argumento de que en realidad no sabían que el espía había obtenido la información de manera ilegal porque básicamente les fiscales desconocían las leyes de inteligencia vigentes en el país. 

Parques nacionales

El 22 de mayo de 2019 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 368/19 mediante el cual el Presidente Mauricio Macri avanzó sobre la autarquía de la Administración de Parques Nacionales con el principal objetivo de allanar el camino para la concreción de determinados negocios privados en las áreas protegidas. ¿Será por eso que militarizaron la región luego del asesinato de Rafael Nahuel en Villa Mascardi? 

El proyecto del PEN para quitarle autonomía a las autoridades de Parques Nacionales y flexibilizar el avance de los negocios privados dentro de las áreas protegidas fue rechazado por los senadores y senadoras Ana María Ianni (Frente para la Victoria – PJ), Magdalena Odarda (Alianza Frente Progresista), María Catalfamo (Frente Unidad Justicialista San Luis), María Pilatti Vergara (FpV), Nancy González (FpV), Ana Almirón (FpV), Fernando Solanas (Alianza Unen) y Marcelo Fuentes (FpV): 

“A través del decreto 368/19 se pretende desplazar totalmente el accionar y la capacidad de decisión de la Administración de Parques Nacionales. Dicho planteo conlleva un riesgo y siembra la duda acerca de la correcta protección de estas áreas naturales. Este decreto deja de lado la opinión de los expertos en la materia, de esta manera no es posible dictaminar si las proyecciones de infraestructura destinadas en los Parques Nacionales estarán limitadas a lo verdaderamente indispensable o si éstas modifican o no sus ecosistemas. Con argumentos falaces, la decisión del Poder Ejecutivo pretende alterar el espíritu de la ley 22.351 (Administración de Parques Nacionales) y avasallar la autarquía de un organismo descentralizado, negándole una competencia propia y necesaria para la correcta salvaguarda de las áreas naturales protegidas.”

¿Cuál sería el argumento falaz?: la supuesta modernización del Estado. Macri autorizó a la Secretaría de Ambiente, a cargo de Sergio Bergman, a flexibilizar las contrataciones de proyectos privados dentro de Parques Nacionales. Un decreto simple con olor a negocios privados a costa de los recursos naturales. Este tema también forma parte central de la denuncia de la APDH impulsada por Picardi. 

La Alianza Cambiemos (y los sectores concentrados del capital que integraron su Gobierno) necesitaban una Patagonia vacía, sin comunidades que se opusieran al avasallamiento de su territorio.

Comentarios

Comentarios

Avatar

Sebastián Premici

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Autor del libro De patrones y peones. Los aliados esclavistas de Mauricio Macri. Colabora en Página/12 y formó parte de Radio Nacional.

Hacé tu anotación Sin anotaciones
Apoyan Nuestras Voces

NuestrasVoces.com.ar - 14/12/2019 - Todos los derechos reservados
Contacto