Agencia nacional de ajuste a discapacitados

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La Agencia Nacional de Discapacidad se convirtió en una agencia de ajuste. Mantiene frenadas 100 mil pensiones por discapacidad. Esta semana comenzó con 70 despidos en todo el país. Y en lo que va del año ya se cerraron tres Centros de Atención Local (CAL) con un método primitivo pero efectivo: dejan de pagar el alquiler.

Este lunes 16 de abril los trabajadores de la ex Comisión Nacional de Pensiones y ex CONADIS se encontraron rodeados de policías al querer entrar a su lugar de trabajo; sólo ingresarían aquellos cuyo apellido no figurara en “las listas”. Habían comenzado los despidos.

Entre los 70 despedidos figuran 4 delegados de ATE, de los cuales 2 son dirigentes del Consejo Directivo. En Quilmes, uno de los trabajadores despedidos, Carlos Vargas, posee una discapacidad.

Los despidos se produjeron en todo el país, tanto en las provincias de Córdoba y Mendoza, como en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Luján, Necochea, Viedma, San Vicente y Quilmes, entre otras.

Sin embargo el ajuste no comenzó este lunes, ni parece que vaya a finalizar con estos despidos. En lo que va del año se cerraron 3 Centros de Atención Local (CAL), en Tigre, Moreno, y Lomas de Zamora. La estrategia de ajuste del organismo fue dejar de pagar los alquileres de los edificios donde funcionan los CAL para no dejar otra alternativa que el cierre de los mismos. En esos casos los trabajadores pudieron ser reubicados, pero “los principales perjudicados son las miles de personas con discapacidades físicas y mentales que se quedan sin lugar donde realizar sus trámites, teniendo que viajar a lugares más lejanos para ser atendidos”, explica el secretario general de ATE Pensiones, Walter Pignataro.

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Pignataro denuncia que aún “hay 100 mil pensiones frenadas sin otorgar, 100 mil trámites parados en el área de auditoría médica, esperando su resolución, con demoras de hasta 2 años y medio para ser dados de alta”.

El 6 de septiembre de 2017, hace menos de un año, la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti, afirmaba al presentar la nueva Agencia Nacional de Discapacidad que “todas las personas que hoy tienen una pensión van a continuar recibiéndola de la misma manera que hasta ahora. También los centros de atención locales continuarán funcionando con normalidad y todos los trámites de solicitud de pensiones que ya se hayan iniciado seguirán su curso; no es necesario volver a iniciar ningún trámite. Los equipos de la CONADIS y de la Comisión Nacional de Pensiones continuarán trabajando como hasta hoy”.

 

Escaneo – Pedido de Acceso a La Información Sobre Las Pensiones by nuestrasvocesok on Scribd

Esto no ocurrió y, tal como lo revelamos en Nuestras Voces, desde la Agencia Nacional de Discapacidad, ahora bajo la dirección de Javier Ureta Sáenz Peña,  continuaron un proceso de recortes de derechos que se había iniciado durante la anterior gestión y que quedó en evidencia cuando el entonces Director de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino expresó que “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara” para justificar la quita intempestiva de aproximadamente 70 mil pensiones por discapacidad.

Respuesta de Pedido de Acceso Sobre PNC 2018 – 1 by nuestrasvocesok on Scribd

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Fue luego del masivo rechazo que generaron estas expresiones que el gobierno nacional decidió crear, mediante el Decreto de necesidad y urgencia 698/17, la Agencia Nacional de Discapacidad llevando al organismo a la órbita de la Secretaría General de Presidencia de la Nación. Dicho DNU fue rechazado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que presidía el diputado nacional del FPV, Marcos Cleri. “Se entendía que no había ninguna necesidad y urgencia, el Congreso estaba sesionando. Además había tratamientos legislativos de distintos proyectos que eran mucho mejores y contemplaban algo muy importante: el presupuesto necesario para darle verdadera cobertura a los derechos de personas con discapacidad, establecido por un tratado internacional que tiene jerarquía constitucional en nuestro país”, explica Cleri y agrega que “este mismo tratado internacional por los derechos de personas con discapacidad establece que cualquier ley o modificación de la legislación vigente le debe dar consulta a los distintos organismos y espacios de la sociedad civil que trabajan con la problemática de la discapacidad en defensa de estos derechos, cuestión que no se le consultó a ninguna institución, a ningún organismo, con lo cual es un nuevo fundamento de la violación de la ley cuyo objetivo era decir que estaban creando una Agencia Nacional de Discapacidad cuando lo que estaban haciendo era desfinanciar un ente muy importante”.

La actitud de Javier Ureta Sáenz Peña ante los despidos es, por lo menos, preocupante. El mismo lunes en el que la policía rodeaba el edificio para impedir el ingreso de los trabajadores, el director del organismo encargado de otorgar pensiones a personas con discapacidad, solicitaba una licencia dejando acéfala la conducción de la Agencia. Había firmado los despidos la semana pasada y se especula que estaría viajando rumbo a California, Estados Unidos, para realizar una maestría.

Desde la Red por los Derechos de Personas con Discapacidad (REDI) manifestaron su preocupación por los despidos y por la insatisfactoria respuesta que recibieron por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad ante un pedido de acceso a la información pública realizado en febrero luego de la nota publicada en el portal Nuestras Voces. La Agencia respondió que para el 2018 “no está prevista una disminución de las pensiones no contributivas por invalidez respecto al ejercicio del año 2017”, pero además agrega que solicitaron “a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA, una reprogramación de la meta física en materia de pensiones no contributivas por invalidez, llevándolas a 1.042.386”. Desde REDI entienden que “la Agencia solicitó al Ministerio de Hacienda que se aumentara el monto destinado a las pensiones, pero el informe no aclara si este pedido fue concedido. Por lo tanto, nos resulta llamativo que se afirme que no se prevé otorgar una menor cantidad de pensiones, al mismo tiempo que se solicitó un incremento del dinero destinado a tal fin, pero que aún no sabemos si fue aprobado”.

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Este miércoles 18 de abril los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad realizarán un paro nacional activo de 24 horas y continuarán en estado de alerta y movilización hasta que sus compañeros despedidos sean reincorporados, además denuncian el vaciamiento del organismo. Hasta el momento son 70 despedidos en todo el país pero nadie puede asegurar que la próxima semana la lista sea aún mayor. Lo que queda claro es que el proceso de ajuste en los sectores más vulnerables de la sociedad comenzó con la decisión y estrategia política de “no recurrir a la baja de pensiones, no denegarlas, sino dejarla dormir el sueño eterno en sistema de circuito de tratamiento, cuando en realidad muchas están ya en archivo”, así lo afirma el secretario general de ATE Pensiones. Las acciones del gobierno nacional parecen darle la razón a sus afirmaciones, y a la preocupación de los trabajadores, de  las asociaciones civiles, y de las familias que transitan por el organismo esperando la pensión que por derecho les corresponde.

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