Al servicio del establishment jurídico

Compartir

El Ministro de Justicia, Germán Garavano, firmó un convenio de asesoría gratuita para sectores vulnerables con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA). Entre sus integrantes hay representantes de grandes empresas que litigan contra el propio Estado y defensores de genocidas como Videla y Etchecolatz. Con la llegada del macrismo al menos 30 de los 82 Centros de Acceso a Justicia (CAJ) cerraron y se despidieron a más de 200 trabajadores. 

25102016-villa-31-grande-wpcf_1133x850

En un acto que confirma la relación del macrismo con los sectores del poder concentrado, el ministro de Justicia, Germán Garavano, firmó un convenio con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA) para, según afirman, “facilitar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables”. Las apariencias, una vez más, engañan. Los integrantes de esa institución son, en su mayoría, los abogados de grande empresa e integran muchos de los estudios que históricamente litigan contra el Estado. Estos juicios le hacen gastar millones de dólares al fisco, que podrían utilizarse para políticas sociales dirigidas, justamente, a los sectores vulnerables. Otros miembros del CACBA patrocinan (y defienden a viva voz) a represores. Con este convenio, lo que estos abogados generan en abundancia pretenden mitigarlo con migajas de asesoría legal.

Según difundió el Ministerio de Justicia, el convenio pone en marcha el Plan de Patrocinio Jurídico Pro Bono “que contempla la asistencia de los abogados de la red de estudios jurídicos de la Comisión Pro Bono (Red Pro Bono), que patrocinarán gratuitamente a vecinos que sean derivados por los Centros de Acceso a Justicia (CAJ) de las Villas 21 -24 , 31 y 31 bis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Pro Bono es el término que usan los abogados para los trabajos que toman ad honorem, supuestamente porque se trata de un caso de interés público o social. No es la primera vez que los CAJ establecen convenios de este tipo. De hecho, con la gestión anterior, existía una similar con la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA). Pero tanto la gestión de Garavano como la propia historia del CACBA y sus miembros está lejos de esos objetivos.

Por un lado, desde la asunción de Mauricio Macri, los CAJ fueron desmantelados. Según denunciaron trabajadores despedidos, desde los CAJ distribuidos en todo el país “se ofrecía un servicio gratuito de asesoramiento jurídico, derivación institucional, acompañamiento psicosocial y mediación comunitaria”. Cuando asumieron Macri y Garavano existían 82 CAJ. Pero el macrismo cerró al menos 30, en su mayoría en el conurbano bonaerense, y despidió a más de 200 trabajadores. En su lugar designaron a abogados macristas que reniegan del rol que desempeñan los CAJ, e incluso justifican sus ausencias porque tienen que mantener sus estudios jurídicos privados. Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), desde 2010 los CAJ atendieron 1.437.457 consultas, con un crecimiento desde su creación de un 877%. Tras su vaciamiento, ahora el ministro Garavano decidió que ciertos casos judiciables que llegan a los CAJ se deriven a abogados de las grandes firmas.

Cuando asumió Macri había 82 CAJ. Pero el macrismo cerró al menos 30 y despidió a más de 200 trabajadores. En su lugar designaron a abogados macristas que reniegan del rol que desempeñan los CAJ, e incluso justifican sus ausencias porque tienen que mantener sus estudios jurídicos privados.

Según establece el convenio, cada CAJ seleccionará “casos asignables” en las siguientes áreas: cuestiones relativas a identidad y documentación; cuestiones de acceso a prestaciones de salud y cobertura ante Obras Sociales; temas de discapacidad y obtención de pensiones no contributivas; reclamos laborales; casos de daños y perjuicios; casos vinculados al asesoramiento de víctimas en procesos penales, con especial hincapié en la problemática de violencia familiar. En los casos asignables no figura, por ejemplo, el derecho al consumidor, uno de los mayores inconvenientes que tienen los sectores vulnerables. Con un aliciente: muchos de los abogados que integran el Colegio de la calle Montevideo son justamente los que patrocinan a grandes empresas proveedoras de servicios.

El establishment jurídico

Según relatan trabajadores despedidos de los CAJ, uno de los impulsores de este acuerdo es Martin Böhmer, fundador de la Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público del CACBA, que actualmente es funcionario del ministerio de Justicia. El 17 de agosto de este año Garavano lo designó al frente de la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil. Bohmer, doctor en derecho de la Universidad de Yale, pasó por varias ONG´s, y aún hoy es Consejero Honorario de la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y miembro del Consejo Consultivo del portal Chequeado.com

El CACBA está más lejos aún que Garavano del interés por los sectores vulnerables. No se trata del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), que funciona en Corrientes 1441, sino del Colegio de Abogados de la calle Montevideo 640, donde se nuclea lo que Horacio Verbitsky definió como el “establishment jurídico que postró al país”. El propio Verbitsky publicó que “en 1976 el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo sostuvo que las Fuerzas Armadas salvaron a la República, cuando ‘había vacancia de poder y un vaciamiento de la Patria, tanto moral como político y económico’”. El responsable del reformateo económico que retrotrajo la matriz productiva argentina y, a su vez, del andamiaje jurídico para que los juicios contra el Estado pudieran realizarse en el exterior fue José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía dictatorial. Por tomar un ejemplo de los que integran este nuevo convenio con el Gobierno, su hijo homónimo, que integra el estudio Perez Alati, Grondona (h), Benitez, Arnsten & Martínez de Hoz (PAGBAM), forma parte de este acuerdo. Para mayores contradicciones, Martínez de Hoz hijo es Secretario de la Comisión Pro Bono del Colegio de la calle Montevideo. Y el estudio PAGBAM aportó 934.000 pesos para la campaña de Macri en 2015. Todo se encadena.

Para mayores contradicciones, Martínez de Hoz hijo es Secretario de la Comisión Pro Bono del Colegio de la calle Montevideo. Y el estudio PAGBAM aportó 934.000 pesos para la campaña de Macri en 2015. Todo se encadena.

La Comisión Directiva actual del Colegio de la calle Montevideo muestra, al igual que las anteriores, su sesgo pro-empresarial. De la firma del convenio participó el presidente del Colegio, Guillermo Lipera. Socio del estudio Bulló y formado en la Universidad Católica Argentina (UCA), Lipera es además miembro de la Asociación Cristiana de Dirigente de Empresa y del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). Su especialidad es el derecho administrativo y de la regulación económica, tributario, bancario y financiero, en seguros y litigios. Lipera integra además la agrupación Será Justicia, nacida en el marco de la resistencia contra las medidas de reforma judicial del kirchnerismo.

El secretario del Colegio es Ezequiel Cassagne, del estudio Cassagne, patrocinante entre otros casos del diario La Nación en su eterna cautelar para no pagar impuestos adeudados y de la Sociedad Rural en el juicio por la compra a precio vil del predio que usufructúa en Palermo. Como tesorero oficia Roberto Crouzel, socio del estudio Beccar Varela, fundado en 1897 por Horacio Beccar Varela, años más tarde ministro del dictador José Félix Uriburu. Crouzel es especialista en derecho empresarial, fusiones, bancos, reestructuración de deudas, transacciones internacionales y esos tópicos, todos adecuados para los clientes del estudio: bancos, petroleras, laboratorios, automotrices, entre otras empresas.

El secretario del Colegio es Ezequiel Cassagne, del estudio Cassagne, patrocinante entre otros casos del diario La Nación en su eterna cautelar para no pagar impuestos adeudados y de la Sociedad Rural en el juicio por la compra a precio vil del predio que usufructúa en Palermo.

Entre los directores titulares del Colegio revistan Pablo Louge, del estudio Allende & Brea, especialista en Derecho Corporativo, Fusiones, Seguros y Agrobusines; Alejandro Messineo, especialista tributario del estudio M&M Bomchill, uno de los buffetes que mayor cantidad de juicios hizo contra el país; Alberto D. Q. Molinario, de Marval, Marial & O´Farrell, cuya área de práctica es el derecho comercial, a la competencia, litigios y arbitrajes; Uriel O´Farrell, socio principal del Estudio O´Farrell, donde se dedica al derecho societario, fusiones y adquisiciones; Jorge L. Pérez Alati, fundador del estudio PAGBAM y que aportó (ahora de forma individual) $1.736.000 a la campaña de Macri en 2015; Andrés Sanguinetti, del estudio Moltedo, miembro entre otros clubes de la Asociación de Abogados de Bancos

Muchos de los abogados que pululan por los pasillos de la calle Montevideo son miembros a su vez del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), institución de lobby creada en plena dictadura para su soporte cívico-legal. De allí proviene también el ministro Garavano, que mientras fue Fiscal General de la ciudad recibió financiamiento de parte de Macri, por entonces Jefe de Gobierno, para una investigación de FORES. Con su llegada al gobierno, Macri y Garavano presentaron el proyecto Justicia 2020: el ministro lo había presentado en 2015 como un documento de FORES.

Este establishment jurídico ahora atiende de ambos lados del mostrador. Los grandes estudios siguen patrocinando a empresas pero han colocado funcionarios en áreas clave del gobierno. Este acuerdo es una muestra de lo que esa operación genera.

Justicia y Concordia

El estatuto del Colegio de la calle Montevideo establece que para ser socio activo se requiere “gozar de reputación intachable”. La inclusión en su lista socios de abogados de represores y genocidas revela que esa definición es, al menos, flexible. La institución, por su parte, se brinda para actividades que reivindican la represión. En 2013, la sede de la calle Montevideo 640 albergó un homenaje a la extinta Cámara Federal en lo Penal, conocida como el “Camarón”, una verdadera Cámara del Terror fundada en 1971 por la dictadura de Alejandro Lanusse que tenía competencia en todo el país y se dedicó a la persecución de organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles. Lo organizó la agrupación “Abogados por la Justicia y la Concordia”, que integran abogados que defienden represores y genocidas y que en 2010 llegaron a enviarle una carta a la Corte Suprema para que impulsara una amnistía general a todos los condenados por delitos de lesa humanidad.

El socio N 4074 del Colegio de la calle Montevideo es Adolfo Casabal Elía, abogado de la familia Videla y de Miguel Etchecolatz. Cuando patrocinaba a Videla llegó a plantear que su prisión preventiva era un secuestro orquestado por el gobierno y los organismos de Derechos Humanos. Mientras defendía a Etchecolatz, en 2004, alegó respecto al Néstor Kirchner: “en el gobierno nacional soplan vientos montoneros y lo vemos cuando el Presidente toma la ESMA y se perfila detrás de una ideología de derechos humanos, y olvida que hay otros derechos humanos, como el de los militares muertos por la subversión”. El ex ministro de Justicia de Videla, Alberto Rodríguez Varela, es el socio 2884. Alberto Solanet, presidente de la Asociación de Abogados por la Concordia y la Justicia, es el socio 2614. El ministro Garavano lo recibió al menos dos veces en sus primeros meses de gestión, encuentros donde Solanet le pidió que los represores tuvieran prisión domiciliaria. El abogado Guillermo Jesús Fanego es el socio 5239. Durante el juicio por la Megacausa ESMA patrocinó a 13 imputados, entre ellos a Carlos Guillermo Suárez Mason.

Adolfo Casabal Elía fue abogado de la familia Videla y de Miguel Etchecolatz. Cuando patrocinaba a Videla llegó a plantear que su prisión preventiva era un secuestro orquestado por el gobierno y los organismos de Derechos Humanos.

Hay además varios funcionarios macristas que son socios del CACBA. El socio 5698 es Ricardo Gil Lavedra, abogado de la vicepresidenta Gabriela Michetti y responsable del programa Justicia 2020. El director del Banco Central Horacio Tomas Liendo hijo es el socio 4534. El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, es el socio 5294. Fue abogado de represores en La Pampa y Entre Ríos. La lista sigue.

Pro Bono pero no tanto

Según difundió el Ministerio de Justicia, el acuerdo con el CACBA establece que “la ayuda tendrá lugar desde el inicio del caso hasta su finalización, sea de manera judicial o extrajudicial (por acuerdo entre partes) y contará con el mismo alcance que cualquier patrocinio pago”.

Pero el propio el texto del convenio lo desmiente. En los casos laborales y por daños y perjuicios, el patrocinio se queda a mitad de camino. Según la cláusula novena del convenio, “la actuación que asumirá el estudio jurídico asignado consistirá en la representación extrajudicial, eventual proceso de conciliación ante el SECLO y/o mediación prejudicial obligatoria. Una vez cumplida esta etapa de actuaciones pre-judiciales, cesará la actuación del profesional patrocinante, incluso en los casos en los que no se haya obtenido el resultado perseguido”. Es decir, si un caso laboral o por daños y perjuicios llega a juicio, la persona que se acercó al CAJ debe buscarse un abogado propio.

Estas prácticas Pro Bono son a su vez residuales. Estos grandes estudios de abogados firmaron la “Declaración de Trabajo Pro Bono para el continente americano”, donde se afirma “que los recursos estatales y los de las entidades no gubernamentales son insuficientes para atender las necesidades legales básicas de personas pobres” y que “la profesión legal tiene un rol privilegiado y está posicionada de manera única en materia de acceso a la justicia y tiene la responsabilidad, los medios y la oportunidad de promover un sistema legal justo y equitativo”. Sin embargo, el aporte que sugieren es meramente simbólico, ya que los firmantes del acuerdo se comprometen a “aportar anualmente un mínimo de 20 horas o tres días de servicios legales pro bono por abogado individual, o en promedio en el caso de firmas, instituciones o grupos de abogados”. Ínfima porción de su tiempo, dedicado en exclusiva a otros negocios.

En el convenio que firmó Garavano se establece que la Comisión Pro Bono recibirá hasta 10 casos por mes.

Casi sin ATAJOS

El desmantelamiento de los CAJ por parte del ministro Garavano no es la única medida en contra del acceso a la justicia de los sectores vulnerables. En su cruzada contra la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, en el proyecto original para modificar el Ministerio Público Fiscal el macrismo había borrado de su estructura al Programa de Acceso Comunitario a la Justicia. Esta área, conducida por Julián Axat, instaló Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia, más conocidos como ATAJO, que funcionan en buena parte de las villas de la ciudad de Buenos Aires y en varios lugares del país, en algunos de forma permanente y otros con ATAJOS móviles. Desde su creación en 2014, se abrieron ATAJOS en las villas 20, 21, 1-11-14, 31-31is, en Constitución, Barrio Mitre, Dock Sud, San Martín, Mar del Plata, Rosario, Mendoza y un ATAJO móvil que recorre La Boca, la villa 15, Devoto, la villa Rodrigo Bueno, Saldías e Isla Maciel.

Si bien la intención de Garavano era eliminar este programa, la gestión de Gils Carbó y Axat logró sostenerlo y reincorporarlo al menos al proyecto que se tratará en los próximos días en el Congreso, aunque dados los antecedentes nada asegura que el gobierno pretenda mantener esta iniciativa destinada a brindar acceso a la justicia a los sectores más vulnerables.

@arilijalad

Compartir

Comentarios

Comentarios

Hacé tu anotación Sin anotaciones