Alonso no detectó un solo conflicto de interés

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Desde que asumió Mauricio Macri, la Oficina Anticorrupción (OA) no encontró ningún conflicto de interés entre los funcionarios macristas que tienen o tuvieron paso por la actividad privada y ahora gestionan la misma área desde el Estado. La titular de la OA, Laura Alonso, resolvió 26 de 80 casos pero no detectó conflictos de interés en ninguno: ni Aranguren con Shell, ni Braun con La Anónima, ni Macri con Correo Argentino. A la mayoría sólo les hizo recomendaciones preventivas.

En lo que va del gobierno de Macri la Oficina Anticorrupción (AO) inició 80 expedientes por conflictos de interés, lo que duplicó la cantidad de casos del 2003, anterior año record, y supera el total de los últimos cinco años. De esos 80, según consta en su informe anual, 33 empezaron por una denuncia, 18 por consultas, uno por remisión de otro organismo y 28 de oficio. La OA destaca este último dato, aunque aclara que no es todo iniciativa propia sino que varios comienzan con revelaciones periodísticas. Lo que sí tuvo el organismo es mucho más trabajo que antes: en 2016 resolvió 45 de 139 casos iniciados entre incompatibilidades y conflictos de interés.

Alonso no sólo no encontró hasta ahora ningún conflicto de interés en los funcionarios macristas: llegó a recomendarles, por televisión, que en caso de duda deleguen la firma. Es decir, les enseñó a trampear la legislación. Pensó lo mismo para ella. En una entrevista en Infobae le consultaron: “¿Cómo harías para avanzar en una información muy sensible, por ejemplo, respecto del Presidente, sabiendo lo que eso podría desencadenar?”. Alonso contestó: “La Dirección de Investigaciones tiene plena libertad en la oficina para avanzar en lo que corresponda. Y en todo caso si yo sintiera que hay un conflicto o un dilema del tipo ético en mi caso trasladaría a otro funcionario la decisión en todo caso de denunciar. Pero no llegué a ese punto”. La respuesta deja su modus operandi al descubierto. ¿Que dilema ético podría tener la titular de la oficina que justamente tiene que denunciar si encuentra casos de corrupción o conflictos de interés? La respuesta es una sola: su protección a Macri.

Alonso no sólo no encontró hasta ahora ningún conflicto de interés en los funcionarios macristas: llegó a recomendarles, por televisión, que en caso de duda deleguen la firma. Es decir, les enseñó a trampear la legislación.

En otra entrevista, esta vez en Radio Nacional, Alonso aseguró: “Los conflictos de intereses no son corrupción”. Según el diccionario de la Real Academia Española, una de las acepciones de corrupción es: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. Claramente corrupción se vincula a los conflictos de interés derivados del origen de los funcionarios.

Macri tiene claro que es la persona más observada del Gobierno, y las más observada por la Oficina Anticorrupción”, aseguró Alonso. Sin embargo, hasta ahora no resolvió ningún caso sobre el Presidente. Correo Argentino, Odebrecht, Iecsa, Avianca, son algunos de los casos donde el Macri acumula conflictos de interés. La OA no dijo nada al respecto, ni siquiera sobre las incompatibilidades en sus Declaraciones Juradas, tal como reveló Nuestras Voces.

Sí lo hizo sobre sus principales laderos, aunque a ninguno le encontró un conflicto de interés. Tanto a Mario Quintana (Secretario de Coordinación Interministerial) como a Gustavo Lopetegui (Secretario de Coordinación de Política Públicas) la OA sólo le hizo “recomendaciones preventivas en virtud de sus vínculos profesionales/comerciales previos y/o actuales”.

Que la OA no encuentra conflictos de interés choca con el minucioso estudio realizado por el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad de San Martin (UNSAM), que muestra que el gobierno de Macri esta plagado de funcionarios con conflictos de interés potenciales, ya que hoy controlan a grandes empresas en las cuales trabajaron hasta antes de asumir o, incluso, donde aún tienen participación accionaria. Este trabajo, coordinado por Ana Castellani, Paula Canelo y Mariana Heredia, destaca “el inédito peso que alcanzan los llamados ‘CEOs’ en el conjunto del gabinete: nada menos que el 31,3% de los funcionarios (114/364) ocupó alguna vez un puesto de alta o media/alta gerencia en diversas empresas”. Este estudio sostiene que esto genera varios riesgos, entre ellos, “las lealtades que traen al seno del Estado y del Gobierno quienes desarrollaron sus trayectorias en el sector privado, aumentando la probabilidad de conflictos de intereses y la permeabilidad a las presiones de los actores económicos”. La OA, sin embargo, no encontró hasta ahora un sólo conflicto interés, a pesar de que las denuncias por este tema son record en su historia.

Todo el poder para los CEOs

Alonso afirmó en la radio pública que “la Oficina Anticorrupción funcionó en estos 15 meses como nunca había funcionado desde que se creó”. Lo cierto es que la frase “No es delito en sí mismo”, que esgrimió Alonso para defender públicamente pero sin pruebas a Macri por su vinculación a los Panamá Papers, marcó la impronta del organismo.

Conflicto gasolero

Uno de los casos más destacados en los que intervino la OA fue el del Ministro de Energía Juan José Aranguren, ex presidente de Shell Argentina. Aranguren fue denunciado el 16 de marzo de 2016 por posibles conflictos de interés, tanto por su pasado reciente como CEO de Shell en Argentina como por su continuidad como accionista de Royal Dutch Shell, empresa que controla la sede local. A lo anterior se sumó la compra de 7 cargamentos de gas oil por parte de CAMMESA a Shell.

En su descargo, Aranguren sostuvo: “Ni el mercado argentino de petróleo ni los actos de sus autoridades regulatorias tienen la posibilidad de incidir en el precio internacional del petróleo. En consecuencia, no puede afirmarse en modo alguno –como pretende la denuncia- que las medidas generales que adopte en mi cargo de Ministro pueden influir en el valor de las acciones de RD Shell ni en su rendimiento, ni por ende que mis actos de gobierno puedan juzgarse guiados por un supuesto ánimo de lucro personal”. Hay un detalle curioso: según consta en el expediente de la OA, Aranguren “actualmente es beneficiario de un sistema de medicina prepaga de carácter vitalicio” que le paga Shell.

La OA analizó y descartó tres aspectos del posible conflicto de interés de Aranguren. El primero, si su ex trabajo en Shell generaba un conflicto de interés. Como Aranguren renunció a Shell para asumir en el gobierno de Macri, Alonso determinó que “la circunstancia de que el Ing. Aranguren, dentro de los últimos tres años, haya estado relacionado laboralmente con la empresa Shell CAPSA no lo hace incurrir en conflicto de intereses sino que –habiendo renunciado con carácter previo a asumir su función pública- sólo le impone el deber de abstenerse de intervenir respecto de la citada empresa y del Grupo al que ésta pertenece”. Tarea imposible: es Ministro de Energía y, por lo tanto, sus decisiones influyen en Shell. La propia OA reconoce lo obvio: “resulta indudable que, en su carácter de Ministro de Energía y Minería, el Ing. Aranguren posee atribuciones respecto de la empresa Shell CAPSA en la que cumplió funciones hasta el mes de junio”. Sin embargo, la misma Alonso plantea “que conforme interpretación uniforme y concordante de esta Oficina, el Ing. Aranguren podrá continuar definiendo políticas públicas generales que podrían eventualmente repercutir sobre grupo empresario con el que estuvo relacionado (sobre todo sobre su filial local). Pero no podrá adoptar políticas públicas dirigidas específicamente a éste grupo petrolero en forma claramente identificable”. Es decir, no puede beneficiar a su ex empresa de forma muy obvia.

Para Alonso, Aranguren “no podrá adoptar políticas públicas dirigidas específicamente a éste grupo petrolero en forma claramente identificable”. Es decir, no puede beneficiar a su ex empresa de forma muy obvia.

El segundo aspecto fue si había conflicto de interés ya que Aranguren seguía siendo accionista de Royal Dutch Shell, controlante de Shell Argentina. Estas acciones las obtuvo, según el expediente, como parte de una política de premios a los gerentes que daba la empresa. En su descargo, Aranguren afirmó que la incidencia que tiene la filial argentina en las ganancias de Royal Dutch Shell es insignificante, del 0,004 por ciento en el primer cuatrimestre de 2016. Otra vez, la propia OA reconoce el absurdo de este argumento, aunque luego resuelve al revés. Dice la OA: “Cualquier mejora en los negocios de la empresa podría repercutir, aunque sea de modo remoto e ínfimo en su cotización, ya que esta no depende exclusivamente del precio internacional del petróleo –como pareciera sostener el Ing.Aranguren en su descargo- sino de la oferta y demanda en el mercado, las cuales están relacionadas con la valoración que los inversores hacen sobre la empresa que emite las acciones”. Sin embargo, la OA toma la letra de la ley de Ética Pública para justificar que Aranguren no tiene que desprenderse de las acciones en la empresa a la cual controla.Cabe concluir que el señor Juan José Aranguren no tiene obligación legal de desprenderse de las acciones que posee en la empresa Royal Dutch Shell Plc, debiendo excusarse de intervenir en todas aquellas cuestiones relacionadas con dicha sociedad”. Reconoce, eso sí, que “la ley no lo obliga a desprenderse de sus acciones, pero redundará en un constante cuestionamiento de las medidas adoptadas” y le recomiendan que se desprenda de las acciones o las ponga en un fideicomiso ciego.

El tercer aspecto de este caso es la compra de 7 cargamentos de gas oil por parte de CAMMESA (a través de YPF) a la empresa STUSCO (parte del Grupo Shell) en de abril de 2016. Para Alonso, “no surge ninguna intervención formal del señor Ministro de Energía y Minería en la renovación del acuerdo entre CAMMESA e YPF”, y plantea que la participación de Aranguren en Royal Dutch Shell, que controla de forma indirecta a STUSCO, es “insignificante” y no llega a tener influencia. El porcentaje es insignificante, del 0,01 por ciento de la empresa. Pero tratándose de una corporación multinacional, no sólo no es insignificante para un individuo ese 0,01 por ciento sino que, además, no es insignificante que el Estado contrate a la empresa donde el Ministro es accionista, haya intervenido o no.

En síntesis, para Alonso no hubo conflicto de interés.

Conflictos anónimos

Otro caso resonante fue el del Secretario de Producción, Miguel Braun. Por un lado, su familia es dueña de los supermercados La Anónima, de fuerte presencia en la Patagonia. Es decir, por su cargo debe controlar a su propia familia. Por otro lado, en su declaración jurada de 2015 consignó su participación accionaria en 7 empresas: las financieras EBA Holdin, Finisterra, Santamera y Marín; Santiago de Compostela Promotora de Seguros; Estancia Sara Braun, donde realiza explotación agropecuaria y otras actividades; Pampa Cheese, que elabora productos lácteos. Ante esto, el 21 de abril de 2016 Braun le pidió a la OA que opinara si había posibilidad de que incurriera en incompatibilidades o conflictos de interés, ya que obviamente como Secretario de Comercio tiene posibilidad de influir en esas actividades. Como en los demás casos, la OA de Alonso resolvió que la tenencia accionaria no implica violar la ley de Ética Pública pero que Braun debe excusarse en expedientes que tengan relación directa con las empresas donde es accionista. La fórmula, de nuevo, fue: “Las empresas en las que el funcionario posee participación no representan mayor incidencia, en el área a cargo del Dr. BRAUN, que el resto de las empresas del país”. La excusación y abstención “se revela suficiente para garantizar la imparcialidad en la toma de decisiones respecto de las mencionadas empresas” afirman de la OA. O sea, para la OA, Braun “no tendría vedado adoptar medidas que –por su generalidad – incidan en forma indirecta sobre la actividad desarrollada por las sociedades en cuestión”. Lo que tiene vedado es beneficiarlas directamente, lo que sería, otra vez, muy obvio.

Conflicto impositivo

Alberto Abad, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fue otro de los casos analizados por la OA. La cuestión comenzó con una nota publicada en Ámbito Financiero el 1 de junio de 2016 titulada: “Número 1 de AFIP posee títulos en empresa acusada de evasión”. El propio Abad consultó al área jurídica de AFIP si había algún conflicto de interés en lo que reveló el artículo periodístico y desde allí lo remitieron a la OA.

Ámbito Financiero publicó que en la declaración jurada de Abad constaban títulos de la empresa Molinos Río de la Plata que “en 2015 fue acusada por el Organismo que él ahora preside de haber evadido al fisco $1.100 millones en concepto de pagos atrasados del Impuesto a las Ganancias” de 2006 y 2007. En esos años, Abad también comandó la AFIP, pero por entonces no tenía acciones en Molinos. En la declaración jurada de 2015 de Abad también figura que tiene inversiones en Pan American Energy, IRSA y Arcor, así como deudas con el Banco Santander Rio (donde trabajó) y Prisma Medios de Pago.

La OA de Alonso resolvió este tema el 20 de octubre de 2016. Como en los demás casos, no encontró problemas. La resolución fue casi calcada a la de Aranguren: tener acciones de una empresa no genera conflicto de interés, siempre y cuando se abstenga de intervenir “en cuestiones particularmente relacionadas con esas empresas”. Al igual que Aranguren, para Abad esto es, en la práctica, imposible. Cualquier decisión sobre impuestos, por menor que sea, repercutirá en esas empresas. O sea: no puede fijar una política para una sola empresa pero sí puede para el rubro que esa empresa desarrolla. Puede, por ejemplo, dictar una resolución que beneficie a los bancos en general y no al Banco Santander Río en particular, aunque el resultado sea el mismo. Desde la OA repiten que “no existe ninguna disposición en la normativa sobre conflicto de intereses que obligue a una persona a desprenderse de su capital como condición para acceder a un cargo público”.

Para Abad abstenerse de intervenir en cuestiones relacionadas con las empresas en las que tiene acciones en la práctica es imposible. Cualquier decisión sobre impuestos, por menor que sea, repercutirá en esas empresas.

Desde distintas áreas de AFIP le informaron a la OA que Molinos Río de la Plata canceló esa deuda en 2013 pero aún tenía pendientes varios pleitos judiciales con el organismo. También que Abad no intervino en ninguno de estos procedimientos. “Cabe concluir entonces que, actualmente, el Dr. ABAD no se halla incurso en conflicto de intereses”, afirman desde la OA.

La OA reconoce que la legislación de conflicto de interés deja este agujero, pero resuelve que no hay problema. “En el caso bajo análisis, no se advierten tales extremos, toda vez que, según se pone de manifiesto al analizar las facultades del Titular de la AFIP, no existe inmediatez entre sus atribuciones sobre la política tributaria nacional y las actividades de las empresas sobre las que posee títulos y acciones, así como tampoco tales empresas representan mayor incidencia, en el área a cargo del Dr. ABAD, que las demás empresas del país”. Como si las empresas donde Abad es accionista no pagaran impuestos ni se vieran beneficiadas o perjudicadas por decisiones en materia impositiva.

Lo dicen clarito: “El Dr. ABAD no se encuentra limitado en el ejercicio de las funciones relacionadas a la determinación de las políticas y fijación de reglas generales en materia de recaudación tributaria, aduanera y de la seguridad social aun cuando las medidas generales que adopte incidan en forma indirecta sobre la actividad desarrollada por las sociedades en cuestión”. Al igual que con Aranguren, le recomiendan abstenerse de cualquier expediente vinculado a Molinos y todas las empresas que figuran en su Declaración Jurada, pero nada más.

Conflicto lavado

Constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo”, fue el tuit de Alonso para defender a Macri el mismo día que su nombre apareció en una empresa radicada en la guarida fiscal de Bahamas, tal como revelaron los Panamá Papers. Esta línea de conducta se mantuvo cuando le tocó resolver sobre personas vinculadas al entramado de lavado de dinero.

La última resolución firmada por la OA respecto a conflicto de interés (y la única en lo que va de 2017) corresponde a Juan Félix Marteau, personaje central del oscuro entramado de estudios jurídicos que pasaron de defender a empresas o personas acusadas de lavado de dinero a conducir los organismos públicos encargados, justamente, de perseguir delitos financieros. Marteau conecta varios puntos: empresas, abogados, jueces, fiscales. Por un lado, aportó ex integrantes de su estudio jurídico a la Unidad de Información Financiera (UIF), como Celeste Plee, hija del fiscal Raúl Plee, cuya labor como fiscal antilavado dejo magros resultados. Por otro, desde la Fundación FININT (que también conduce), llegó Mariano Federici, titular de la UIF. Al propio Marteau lo nombraron coordinador del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, dentro del Ministerio de Justicia.

El tema llegó a la OA por una consulta que el Congreso le envió al Jefe de Gabinete Marcos Peña. La pregunta era clara: “¿Cómo explica el Gobierno Nacional la incompatibilidad en el cargo de Juan Félix Marteau como ‘Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo’, tomando en cuenta que su estudio estuvo a cargo de la defensa del Grupo Clarín y de JP Morgan en la megacausa por lavado de dinero que tramita ante el juzgado federal del juez Sergio torres por la fuga y lavado de 5 mil millones de dólares?”. La OA consultó a las empresas. JP Morgan respondió que no tenía relación con Marteau; el Grupo Clarín reconoció que era su asesor externo desde 2010. En su descargo, Marteau aseguró que se desvinculó de todas las causas en las que interviene su estudio y el Estado es parte.

Según la resolución, “el 9 de mayo, el Dr. Marteau se presentó espontáneamente y solicitó vista del expediente”. El diario Perfil contó una versión distinta: “entró al despacho de Laura Alonso, la titular del organismo, pegándole una patada a la puerta”.

En medio de la investigación, Marteau hizo una jugada que lo delató. Envió un flyer desde su estudio, el estudio Marteau, para promocionarlo y atraer clientes que quisieran ingresar a la amnistía de delitos financieros que el Gobierno tituló como Régimen de Sinceramiento Fiscal. Es decir, un funcionario de un programa antilavado promocionando los servicios de su estudio jurídico para los lavadores.

El descargo que presentó Marteau ante la OA el 19 de mayo de 2016 no es menos autoincriminatorio. Reconoce, por ejemplo, que su estudio jurídico está “orientado a influenciar la toma de decisiones en el campo de los ilícitos financieros transnacionales”, en otras palabras, se dedica al lobby. También afirma que, si bien se desvinculó de su estudio, “no existe ninguna restricción legal que le impida brindar asesoramiento al sector privado” a pesar de su cargo en un programa antilavado.

Una vez más, la misma fórmula: “no se advierte la configuración de ninguna situación concreta de conflicto de intereses” a pesar de que Marteau es funcionario antilavado y su estudio jurídico asesora acusados de lavado. Según consta en la resolución, “no obstante la buena fe del Dr. MARTEAU de evitar conflictos de intereses autolimitándose en la toma de decisiones de dicho estudio jurídico, toda vez que según él mismo señala conservaría un porcentaje de los derechos económicos, lo que le permitiría acceder a una parte de los dividendos resultantes del ejercicio profesional, objetivamente resulta alcanzado por la referida normativa”, es decir, por la ley de Ética Pública. Es decir, que Marteau se corrió de su estudio jurídico pero sigue embolsando dinero por los casos que gane.

Otra cuestión que resolvió la OA es si Marteau podía seguir asesorando a empresas privadas como abogado en los mismo temas en los que ahora es funcionario. “si de manera concomitante al ejercicio de su cargo público, continuara patrocinando, representado o asesorando de manera particular a sus clientes respecto de la misma materia sobre la que debe coordinar políticas públicas, se presentaría una significativa coincidencia y afinidad entre las competencias del cargo público y el área de práctica profesional, difiriendo únicamente los intereses representados en cada caso”, dice la resolución. “Igualmente objetable resultaría que el Dr. MARTEAU se vinculara profesionalmente –cualquiera sea la materia abordada- con personas involucradas en investigaciones sobre lavado de activos”, agrega el documento firmado por Alonso, que le indica a Marteau que no puede asesor más a empresas, personas u organismos en los temas que abarcan su rol como funcionario.

La otra cuestión es el uso de la imagen de Marteau funcionario para promocionar servicios del estudio Marteau. Para Alonso, “la profusa mención personal del Dr. MARTEAU en la página web de su estudio jurídico –del cual seguiría siendo socio pero, aparentemente, sin cumplir ninguna función– genera confusión respecto de la separación entre los roles públicos y privadas, llevando a la convicción de que el agente se encuentra en aparente conflicto de intereses, aun cuando en la realidad no ocurra de ese modo”. Le pide entonces que sea prudente y no usen su imagen.

En definitiva, “no se verifica la hipótesis de conflicto de intereses” y debe abstenerse de beneficiar directamente a empresas o personas que fueron sus clientes.

Además de Marteau, la OA intervino en los casos de Mariano Federici y Maria Eugenia Talerico, presidente y vicepresidenta de la UIF. En su resolución, la OA se ocupa de reproducir los currículums de ambos sin establecer nexos entre ellos y empresas denunciadas por lavado de dinero. Por dar algunos ejemplos, además de su vínculo con Marteau a través de la fundación Finint, Federici presidió la fundación Grano de Mostaza, financiada por varias empresas acusadas de lavado, como el HSBC y el banco Macro, ambos multados por el organismo que ahora preside. En el caso de Talerico, la conexión también toca al HSBC. Fue abogada del oficial de cumplimiento del banco ante la UIF, y en su defensa descalificó las funciones propias del organismo del que ahora es vicepresidenta. Haciendo caso omiso de esto, Alonso resolvió que no había conflicto de interés.

Conflicto electoral

Alejandro Tullio fue director nacional electoral hasta finales de 2015. El 23 de junio de 2016, el propio Tullio consultó a la OA si, luego de su paso por la Dirección Nacional Electoral (DINE), existían “incompatibilidades posteriores al ejercicio de la función pública, ante la eventualidad de ser contratado para asesorar o prestar servicios por alguna empresa del sector en que se desempeñara”. O sea, si podía trabajar para alguna empresa del sector que administró públicamente durante años. El 30 de septiembre la OA le contestó que tenía que esperar un año para cualquier relación o gestión vinculada al cargo que ocupó. A pesar de esto, tras una salida de la DINE plagada de rumores, Tullio se recluyó en su rol como consultor en materia electoral y fue uno de los principales lobbistas del Gobierno para implantar el voto electrónico, a pesar de la unánime opinión de los expertos en seguridad informática acerca de los riesgos de este sistema. Luego, ya en febrero de 2017, Tullio fue contratado por Correo Argentino para asesorar en materia electoral. Según publicó Infobae, un allegado al presidente Macri dijo: “Conoce todas las trampas, es el mejor camino para terminar con las mafias políticas“.

Conflicto de película

Los ahora ex funcionarios Alejandro Cacetta y Pablo Rovito también tienen una resolución de la OA que los exime de problemas. Cacetta, eyectado hace pocos días de la presidencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), presentó una nota a la OA el 20 de mayo de 2016 donde él mismo informó que renunció a la empresa Patagonik Film Group, que “se abstendrá de intervenir en toda aquella tramitación que la mencionada empresa tenga y/o inicie ante el INCAA”, que cualquier duda consultaría a la OA y le pide su opinión sobre esta decisión. La OA tomó el tema basándose en la información que aportó Cacetta. Y resolvió como siempre. Le confirmó a Cacetta que debía excusarse de los expedientes que involucraran a Patagonik específicamente pero no de todo lo demás.El deber de abstención mencionado no alcanza a las medidas generales que impacten de modo indirecto sobre la actividad desarrollada por Patagonik Film Group SA, salvo que estas estén dirigidas específicamente a esta empresa en forma claramente identificable”, dice la resolución. Por otro lado, Alonso aprobó que Cacetta le delegara la firma al vicepresidente del INCAA en los casos donde interviniera Patagonik.

El caso de Rovito, rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), surgió por una consulta de Cacetta. Quería ver si había un conflicto de intereses ya que Rovito estaba a cargo del ENERC y el INCAA tenía relaciones comerciales con Grupo Aleph y Maíz Producciones, de las que Rovito es accionista. La OA tampoco encontró ningún conflicto de interés.

Conflictos económicos

En marzo de 2016 la OA resolvió sobre la situación del entonces Ministro de Hacienda, Alfonso de Prat Gay. El tema vinculaba a sus principales laderos, Pedro Lacoste y Luis Caputo, con quienes compartía el trabajo en la empresa APL Economía antes de ser funcionarios públicos. De nuevo, la OA les recomienda a Prat Gay, Lacoste y Caputo que se abstengan de intervenir en cuestiones particularmente relacionadas a personas o empresas a los que estuvieron vinculados desde su consultora. La resolución 512/2016 de la OA también revela que “no se cuenta con información específica relacionada con los clientes de APL Economía SA”, o sea, no tiene forma de controlar si los tres funcionarios intervinieron en asuntos de sus ex clientes aunque les pide que le informen si hay alguna situación que pueda configurar un conflicto de interés. Como en todos los casos, no quedan limitados en las políticas públicas en general.

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Ari Lijalad

Ari Lijalad

Periodista, politólogo y documentalista. Ganó el premio Democracia en la terna Periodismo Gráfico y Digital por su investigación sobre Correo Argentino en este portal (2017). Es columnista en Radio del Plata y FM La Patriada. Compiló los libros La Argentina gobernada por las corporaciones y Plan Macri, ambos en 2016.

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