Apagón judicial: emergencia informática en Tribunales

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El sistema de gestión informática de expedientes que utilizan fiscalías, juzgados, abogados y escribanos dejó de funcionar una semana y demoró desde la excarcelación de presos hasta el entierro de una bebé fallecida, pasando por escrituras y fallos vinculados a la salud. Es la segunda vez que ocurre. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) denunció la emergencia informática y edilicia que enfrentan de los tribunales de la nación y pidió a la Corte que declare la «emergencia». El sistema informático depende del Consejo de la Magistratura y tiene más de 8 años.

La justicia tuvo, por segunda vez en los últimos dos años, un apagón informático en su sistema de gestión. El Lex-100 dejó de funcionar del 22 de enero al 29 de enero generando la suspensión, literal, de la justicia. La falla se dio en el storage de alto rendimiento HPXP 24000 durante una semana. En ese lapso, no se pudo acceder al sistema ni para ingreso de datos ni para consultas de expedientes, lo que devino en trastornos de todo tipo pues es utilizado por todas las fiscalías y defensorías del país. Desde allí se emiten notificaciones, resoluciones y sentencias, se ingresan expedientes, se autorizan procesos, excarcelaciones, etc. 

Por culpa del apagón hubo presos que no pudieron obtener su libertad porque se volvió a la época del papel, prótesis que no pudieron ser entregadas y casos relacionados con la salud y la violencia de género que la justicia no pudo atender. “Nosotros trabajamos al día, vivimos trabajando después de hora y antes. Vamos temprano, cuando aún es de noche, para poder avanzar”, asegura Fernando Cordero, miembro de la Comisión Directiva Nacional de la UEJN.

Esta situación ya tuvo un importante antecedente el 31 de mayo de 2018, donde también la actividad del Poder Judicial de la Nación quedó paralizada en todo el país como consecuencia de una falla en el data center. En ese momento, el repuesto fue presupuestado en 300.000 dólares. Los equipos adoptados hace ocho años nunca más fueron reemplazados o renovados. En 2018 se reparó la columna vertebral del  “backbone” que se había quemado, en vez de reemplazar el sistema. “Siempre cuento una anécdota de un equipo. Como la demanda es muy grande y los técnicos judiciales hacen un esfuerzo sobrehumano para que siga funcionando todo, hubo un equipo que llegó a tener 12 fuentes distintas. Se iban quemando y sólo una persona estaba autorizada a repararlo. Si pasaba algo a las 4 de la mañana, ese técnico tenía que venir a la madrugada para resolver el problema. Son equipos de hace casi 10 años, un celular dura sólo dos, imaginen la situación de la información del país en un equipo de hace diez años”. 

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Una de las secuelas más desagradables de esta situación, descriptiva de la gravedad del asunto, fue la historia de unos padres que debieron esperar una semana para enterrar a su beba fallecida porque, como había nacido en su casa, la justicia se tenía que expedir al respecto. No se podía consultar el expediente y tuvieron que esperar siete días, con la beba en la morgue, para poder enterrarla. Los trabajadores del Fuero de Familia tuvieron que explicarle la situación. “Una vez, como es todo  muy lento, una persona agredió a empujones a una compañera de la mesa de entrada por las demoras”, agrega Cordero.

Los datos no se perdieron, pero estuvieron y están en peligro. La gestión y mantenimiento del hardware, el almacenamiento y la conectividad del data center está en manos del Consejo de la Magistratura: “El sistema se implementó en 2012, hace ya ocho años. Se trata de un programa nace a partir de una licitación con denuncias penales, extranjera, implementada sin haber consultado a los trabajadores judiciales. Desde entonces se nos impuso un nuevo proceso de trabajo, primero en el foro civil y luego se extendió a todo el país”, explica Cordero. 

La situación es grave hace tiempo. Recién dos años atrás se logró implementar fibra óptica para las interconexiones, de las cuales depende la comunicación de las fiscalías de todo el país. “En un primer momento usábamos caños de conectividad de otra empresa, el actual que tenemos lo hizo el personal de tecnología porque las licitaciones se demoraban”. 

Burocracias, licitaciones y pliegos cajoneados son algunas de las razones por las que el sistema judicial no puede garantizar la accesibilidad de la información. “El poder judicial esta atado a estos equipos obsoletos, no solo afecta a las condiciones de trabajo, porque termina entorpeciendo nuestra labor, sino a la sociedad. Antes, demorábamos 30 segundos en empezar a escribir, hoy nos lleva 5 minutos” describe Cordero. 

Por todo esto, el año pasado se logró que el Consejo de la Magistratura declare la emergencia judicial del sistema informático y edilicio. En un país donde el costo de los insumos informáticos está en dólares, una licitación corre el riesgo de nunca llegar a buen puerto por las demoras, la inflación y la velocidad con que se modifican los precios. “Con esta herramienta de emergencia judicial, se ahorrarían las demoras de licitación y podríamos contratar un nuevo sistema sin pasar por esos procesos burocrático” indica Cordero. Cuenta que en enero todos los abogados y escribanos que podrían haber adelantado causas desde la casa tampoco pudieron trabajar, porque se manejan con el mismo sistema: “Hay escrituras frenadas, la ultima parte de Enero fue perdida, porque no se pudieron realizar consultas y esto afectó no solo a abogados y escribanos sino también a la sociedad”. 

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Pero no sólo el apagón informático afecta a los trabajadores sino que también viven la emergencia edilicia, muchas veces carecen de agua, electricidad y, en la actualidad, hasta de servicio de limpieza: “en el Edificio de Inmigrantes no hay servicio de limpieza. Ayer no hubo luz ni agua, es un desastre” agrega Cordero. También cuentan con oficinas y edificios con peligro de derrumbe en la Ciudad de Buenos Aires. El jueves de la semana pasada la Unión de Empleados Judiciales de la Nación le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se declare la Emergencia para elaborar un plan estratégico tanto en materia edilicia como del sistema informático. El Consejo de la Magistratura ya hizo lo propio el 3 de octubre de 2019.

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