Arde Comodoro Py por las denuncias contra jueces y fiscales

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El fiscal de los cuadernos, Carlos Stornelli, acusado de extorsión. El juez de los aportes truchos de campaña, Luis Rodríguez, acusado de cobro de coimas. ¿Se viene un destape generalizado de un modus operandi de la corrupción en la justicia federal?

Arden los tribunales federales de Comodoro Py. Una serie de denuncias por cobro de sobornos contra el fiscal del caso de los cuadernos, Carlos Stornelli, y contra el polémico juez Luis Rodríguez, que iba a investigar los aportes truchos en la campaña electoral de 2015 pero tras la acusación se excusó de tomarla, sacudió el inicio del año judicial en los tribunales de Retiro. Más de un magistrado que habita ese edificio hace años advierte a Nuestras Voces sobre la posibilidad de que se destape un “modus operandi”.

La denuncia por extorsión que realizó el empresario rural Pedro Etchebest, que involucra al supuesto agente de la DEA y sobrino del escribano general de la Nación, Marcelo D’Alessio, y al fiscal Carlos Stornelli, hace temblar el caso de los anotadores del chofer Oscar Centeno, en el que muchos empresarios acusados están analizando los pasos a seguir. Las esquirlas de la causa que se abrió en el juzgado federal de Dolores, ya que el “arreglo” se cerró en Pinamar, podrían impactar sobre el juez Claudio Bonadio, quien también aparece mencionado en las grabaciones que realizó el denunciante.

Más de 22 horas de audio -que  incluyen 4 horas de viaje a Pinamar en la Land Rover de D’Alessio-, casi100 mensajes de textos, capturas de pantalla, filmaciones y fotos son parte del caudal probatorio con que cuenta el caso que golpeó a Stornelli y reveló el periodista Horacio Verbitsky en su portal El Cohete a la Luna.

Según la presentación que hizo el productor agropecuario ante el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla le exigían el pago de 500 mil dólares para aliviar su situación judicial en el caso de los anotadores. De no pagar esa suma se vería comprometido en la declaración como “arrepentido” del exjefe de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), Juan Manuel Campillo.

El caso refleja una metodología sofisticada de extorsión que incluye a periodistas de los medios hegemónicos como el Grupo Clarín. Según reveló la abogada de Etchebest, Natalia Salvo, D’Alessio le mostró a su cliente que “tenía llegada a sus hijos, a su familia, hasta brindó el número de chasis de un coche de su pertenencia”. También conocía sus entradas y salidas del país, información que le enviaba al empresario agropecuario y complementaba con datos sobre el vínculo que mantenía con Stornelli. Se jactaba de tener acceso al despacho del fiscal y a periodistas influyentes. Y de que ya le habían “sacado” importantes sumas de dinero a otros empresarios.

El copamiento M de la Justicia Federal

De acuerdo a D’Alessio, tal como se desprenden de los audios, a Eurnekian le cobraron 600 mil dolares con este modus operandi. Y 1,8 millón a Paolo Rocca. Incluso, según el letrado locuaz, socio Rodrigo González, defensor de Leonardo Fariña, hubo empresarios que no tenían nada que ver con el expediente y fueron encarcelados, como Sergio Taselli.

Ante el impacto de la noticia Stornelli intentó defenderse. Primero, el mismo viernes dijo que se trataba de una “operación política berreta” pero con el paso de las horas y la contundencia de la denuncia, el exjefe de Seguridad de Boca Juniors y de vínculos con el operador judicial macrista, Daniel “Tano” Angelici, decidió cambiar su estrategia.

Uno de los pilares de su defensa fue que no consta en la causa de los cuadernos la denuncia contra Etchebest. Pero ese elemento no sería contundente.

Stornelli y Bonadio no cumplen con la obligación legal de registrar en audio y video las declaraciones de los arrepentidos, por lo que pueden eliminar o agregar elementos sin control. Así, también es posible que la mención de Campillo a Etchebest haya sido un borrador, condicionado al pago del productor. En los audios, por caso, D’Alessio  dice que en caso de que no llegara el dinero reclamado el nombre de Etchebest aparecería en la causa.

Más difícil será para Stornelli desmentir que conoció a Etchebest si comienzan a circular fotos sobre su apretón de manos con él, en Pinamar, en el balneario CR.

Es que como culminación de la extorsión, D’Alessio hace que el funcionario del Ministerio Público Fiscal le de la mano a Etchebest. Al volver, el sobrino del escribano general de la Nación le dijo al empresario: “Lo saludaste al fiscal. Ya está el acuerdo sellado”.

Según aseguró Etchebest a El Destape, las pruebas que se conocieron hasta ahora son apenas una parte “mínima” de la investigación. “Esto es una partecita”, aclaró. Por lo que es inminente que haya novedades en el caso.

Ante este escenario, uno de los interrogantes es qué actitud tomará el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, quien desde que asumió el cargo se mostró permeable a los intereses del oficialismo. Como jefe de los fiscales, ¿impulsará una investigación interna?

Extorsión

Jaque a Rodríguez

La denuncia contra Stornelli se conoció pocas horas después de que avanzara otra acusación de peso contra un integrante de Comodoro Py: una denuncia por sobornos contra el juez federal Luis Rodríguez, relacionado al operador judicial Javier Fernández y al stiusismo.

En el marco del caso de los cuadernos, Carolina Pochetti, viuda del exsecreario presidencial Daniel Muñoz, declaró que se le pagó una coima de 10 millones de dólares a Rodríguez a través de un intermediario (Miguel Angel Plo) a cambio de que la beneficiara a ella y a su (ahora difunto) marido en una causa por enriquecimiento ilícito. Como se trataba del caso de los anotadores de Centeno, Pochetti declaró ante Stornelli, quien no dudó en dar curso a una nueva pesquisa. La causa que se abrió para investigar a Rodríguez se sorteó el viernes pasado y recayó en el juzgado de…Bonadio.

Rodríguez es un polémico juez, a quien se vincula en los tribunales de Retiro con el ex agente de inteligencia Antonio “Jaime” Stiuso y el operador (y auditor) Javier Fernández. Al ingresar a Comodoro Py, el viernes pasado, negó “categóricamente” el hecho que se le adjudica.

La acusación contra Rodríguez -quien está enfrentado a Stornelli- avanzó luego de que en su juzgado recayera un tramo de la investigación sobre los aportes truchos durante la campaña de 2015 que llevó a Mauricio Macri a la presidencia. Se trata de un tema que afecta a las distintas fuerzas políticas -ninguna tiene aprobado sus balances de campaña de 2015- pero sobre todo a Cambiemos por la forma irregular en que canalizó los aportes económicos para esa elección y las legislativas de 2017.

A raíz de la denuncia contra Rodríguez, el oficialismo buscará avanzar contra él en el Consejo de la Magistratura. La Coalición Cìvica -ARI amplió el mismo el viernes la denuncia en su contra que había en el órgano que selecciona y sanciona jueces. Pretende removerlo del cargo. Allí jugará un rol central el peronismo y sobre todo, el senador y consejero Miguel Ángel Pichetto, quien quedó a cargo de la estratégica comisión de Disciplina y Acusación, que es donde se inician los procedimientos para concretar los jury de enjuiciamiento.

Casi como un acto reflejo, tras el testimonio de Pochetti, Rodríguez se desprendió de la causa de los aportes. ¿Interpretó la denuncia en su contra como un mensaje?

El juez rechazó el caso que llegaba desde el juzgado de Sebastián Casanello, a quien la Cámara Federal porteña le quitó el expediente. Ahora, en medio de la tormenta que sacude a los tribunales de Retiro, Ariel Lijo podría ser el nuevo investigador, si elige aceptar la causa “caliente” que le giró Rodríguez.

¿Qué hará Lijo, quien conoce cómo mueve sus piezas el oficialismo desde que tiene en su poder -y paralizada- la causa por el “Correogate”?

Guerra interna por el Consejo de la Magistratura

Oyarbide, otra vez en la mira

Evidentemente, la denuncia de Etchebest impactó de lleno en los tribunales de Retiro. Tras la difusión de su acusación hubo diferentes movimientos en la causa de los cuadernos que impulsan Stornelli y Bonadio y tiene a la expresidenta y líder opositora, Cristina Fernández de Kirchner, como principal imputada.

Por ejemplo, en el último día hábil de la semana pasada también se conoció lo que declaró ante Stornelli el excontador de los Kirchner, Víctor Manzanares, quien hizo hincapié en el rol “disuasivo” que tuvo el entonces juez Norberto Oyarbide en la causa por enriquecimiento ilícito que tenía abierta la familia K. Quien está preso desde 2017 en el marco de la causa “Los Sauces” dijo que Oyarbide manipuló una pericia clave que le permitió sobreseer a Néstor y Cristina.

Curiosidades: los jueces Julián Ercolini y Rodolfo Canicoba Corral también sobreseyeron por el mismo tema a los ex presdientes, pero en otros períodos investigados. No fueron mencionados.

Con estos movimientos, desde el Gobierno pretenden que en pleno año electoral se reabra la investigación por enriquecimiento ilícito que se cerró en favor de la actual senador por Unidad Ciudadana. Apuntan al criterio de la “cosa juzgada írrita”, que cuestiona los “sobreseimientos fraudulentos” y tiene entre sus principales impulsores a Federico Morgenstern, prosecretario letrado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, y proyectista del 2×1 a los genocidas de la última dictadura cívico-militar.

La feria culminó hace apenas 10 días, el 1º febrero pasado, y en los tribunales de Comodoro Py ya hay varios jueces en alerta. La denuncia contra Stornelli movió la agenda judicial. Está claro que se espera un año intenso.

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Franco Mizrahi

Franco Mizrahi

Especialista en periodismo de investigación. Trabajó en la revista Veintitrés, Tiempo Argentino, Infojus y El Cohete a la Luna. Actualmente escribe en los portales Nuestras Voces y El Destape y en las revistas Acción y Contraeditorial. Editó los libros “Macri el año perdido”, de Roberto Caballero (Planeta); y “Radiografía de la corrupción PRO” (Planeta).

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