Autorregulados

Compartir

Carlos Bastos fue el Secretario de Energía de Carlos Menem que privatizó el sistema eléctrico y se quedó con varias compañías eléctricas. Hoy tiene que controlarlas desde el ENRE, organismo encargado de regular el mercado eléctrico. Por si fuera poco, este mes creo Technoenergía para meterse en la licitación de energía renovable. No es el único, también  Ricardo Héctor Sericano, controla desde el Estado la actividad privada de la que forman parte. Ambos fueron propuestos por el cuestionado ministro Juan José Aranguren y designados con decretos del presidente Mauricio Macri.

Conferencia prensa Juan José Aranguren y Marcos Peña por tope al aumento en las tarifas de gas, luz y agua. Foto: Joaquín Salguero

Con la venta de sus $16 millones en acciones de Shell y la promesa de no intervenir en casos ligados a la petrolera, el gobierno pretendió desactivar el escándalo por la situación de incompatibilidad del ministro Juan José Aranguren. Sin embargo, como ya lo contó Nuestras Voces, toda el área de Energía es un potencial campo minado de intereses cruzados. Y no solo por el pasado inmediato de sus funcionarios, sino también por el presente de muchos otros.

Es lo que ocurre en el ENRE, el organismo encargado de regular el mercado eléctrico y en el que, justamente, dos de las máximas autoridades siguen desarrollando su actividad privada en el mismo sector que ahora los ocupa desde el Estado. Se trata de los vocales Carlos Manuel Bastos y Ricardo Héctor Sericano, integrantes del directorio del ENRE y que, en paralelo, están vinculados a empresas del rubro energético.

La Ley 24.065, que en 1991 creó el Ente Regulador, señala que “los miembros del directorio no podrán ser propietarios ni tener interés alguno, directo ni indirecto, en empresas reconocidas como actores del mercado eléctrico (…), ni en sus controladas o controlantes”.

El consultor

El ingeniero Sericano es vocal tercero del Ente Regulador desde el 10 de diciembre de 2015, si bien la ratificación en el cargo se formalizó a fines de febrero pasado. Menos de dos meses después, la consultora especializada RHS lo reeligió presidente, como publicó el Boletín Oficial en su edición del 27 de junio. RHS Consulting SA fue fundada en 2010 por el propio Sericano –que eligió sus iniciales como nombre la firma–, para dedicarse a la “construcción, proyecto, asesoría y ejecución de obra civiles, eléctricas, electromecánicas y mecánicas en general, y las relacionadas con el campo de la energía eléctrica, generación, transmisión, distribución y sistemas de telecomunicaciones”. Con la empresa que hoy preside, el funcionario también se propuso la “elaboración de pliegos y especificaciones técnicas para presentación en licitaciones públicas; seguimiento, inspección, construcción y montaje de dichas obras”. Para lograr sus fines comerciales, RHS puede “intervenir en todo tipo de licitaciones, cotizaciones y/o concursos de precios para empresa privadas o entes públicos”.

Sericano acumula una larga trayectoria pero como muchos otros altos mandos de la gestión macrista la mayor parte del tiempo estuvo del otro lado del mostrador.

A sus 68 años, Sericano acumula una larga trayectoria pero, como muchos otros altos mandos de la gestión macrista, la mayor parte del tiempo estuvo del otro lado del mostrador, con el Estado sentado en frente. Trabajó una década para Edenor, entre 1992 y 2012, ocupando diversos puestos gerenciales. A principios de los ’70, había ingresado a la Compañía Italo Argentina de Electricidad, y en el ’79 se sumó a Segba, donde estuvo hasta 1992. Ese año comenzó a desempeñarse en Edenor, en la que llegó a ser director Técnico. Como representante de esta compañía, entre 2007 y 2012 tuvo a su cargo la presidencia de Sacme, la SA que también integra Edesur y que administra el sistema eléctrico en el área de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

El hombre de los ‘90

En el caso de Bastos, vocal primero del ENRE, a principios de agosto de este año creó Technoenergia SA, con un capital de $ 100.000, para dedicarse al “desarrollo, producción y comercialización de proyectos tecnológicos en el área de todo tipo de energías, convencionales y/o renovables, incluyendo gas, petróleo y electricidad”. Además, la sociedad se ocupa de la “construcción de obras públicas o privadas, que tengan por finalidad proyectos energéticos”. En Technoenergia, el ingeniero tiene el cargo de director suplente, mientras que la presidencia la ejerce Juan Manuel Bastos.

Este funcionario fue el último en sumarse a la conducción del Ente, por decreto presidencial 433, del primero de marzo pasado. Sin embargo, su recorrido en la función pública comienza mucho antes. En la gestión de Carlos Menem, como hombre de confianza de Domingo Cavallo, fue designado secretario de Energía y llevó adelante el proceso de privatización de Segba y del conjunto del sistema eléctrico, así como de las empresas de gas.

A principios de agosto de este año Bastos creó Technoenergia SA, una empresa encargada del “desarrollo, producción y comercialización de proyectos tecnológicos en el área de todo tipo de energías”.

Cordobés al igual que Cavallo, bajo el ala del ministro de Economía Bastos manejó diversas secretarías. Y ya fuera del gobierno, acompañó a “Mingo” en sus experiencias electorales.

A fines de los ‘90, el paso por el menemismo le valió un procesamiento. El juez federal Gabriel Cavallo lo imputó por “defraudación contra la administración pública por administración infiel sumada al delito de abuso de autoridad”. El magistrado lo acusó por un supuesto incremento más allá de lo permitido en los salarios de la plana mayor de la estatal Nucleoeléctrica.

En 1998, José Manuel de la Sota lo designó en EPEC, la compañía cordobesa de energía, a la que Bastos intentó, sin éxito, privatizar. Tras un tiempo en la división Internet de la eléctrica Enron, en 2001 regresó al Estado. La vuelta de Cavallo lo depositó al frente del Ministerio de Infraestructura de la Alianza.

Al igual que Andrés Chambouleyron, actual coordinador de Políticas Tarifarias de la cartera de Energía, el vocal del ENRE también brindó testimonio ante el CIADI en pleitos de multinacionales contra la Argentina, como las norteamericanas AES International y El Paso Energy, según consignó Página/12.

Bastos fue, además, un reconocido asesor de compañías locales. En 2002, fundó la consultora C.M. Bastos & Asociados, junto a Alejandro Valerio Sruoga, hoy secretario de Energía Eléctrica de Aranguren. En 2004, la consultora se disolvió y Bastos, en persona, fue el liquidador.

Caído en desgracia

En la cúpula del ENRE, los vocales acompañan al presidente Ricardo Martínez Leone y a la vice Marta Irene Roscar, dos funcionarios de carrera. Pero hay un puesto vacante: el de vocal segundo. El gobierno había designado a Juan Antonio Garade, quien cosechó cuestionamientos por su pasado en el sector privado, similar al de Sericano.

El vocal segundo del ENRE, Antonio Garade, tuvo que renunciar a su cargo por los cuestionamientos cosechados por su pasado en el sector privado.

Entre 2001 y 2012, Garade había trabajado en Edsur, y antes, de 1992 a 1998, fue gerente en Edenor. A principios de julio, el Ente Regulador emitió la resolución 128/2016, aceptando la renuncia de Garade. Por el momento, nadie ocupó su silla.

¿Deber de prudencia?

En su artículo 59, la normativa 24.065 aclara que “los miembros del directorio (del ENRE) tendrán dedicación exclusiva en su función, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos”. Y el artículo 60 agrega que “no podrán ser propietarios ni tener interés alguno, directo ni indirecto, en empresas reconocidas como actores del mercado eléctrico por el artículo 4º de esta ley, ni en sus controladas o controlantes”. En la aludida cláusula cuarta están incluidos los generadores o productores, transportistas, distribuidores y grandes usuarios.

Por fuera de este marco, la situación de Sericano y Bastos podría ser vista a la luz del criterio aplicado días atrás para el caso Aranguren por la Oficina Anticorrupción (OA) que encabeza Laura Alonso. Si bien la OA dijo que el ministro de Energía y Minería no tenía obligación legal de vender sus acciones en la petrolera Shell, sí consideró que por razones del “deber de prudencia” que le cabe a los agentes del Estado, era aconsejable que se desprendiera de los títulos, como finalmente hizo el ex CEO. La OA recordó que “el ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad”. Y citó las palabras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en 2005 remarcó que “para un funcionario público, tener un ‘aparente conflicto de interés’ puede ser tan serio como tener un conflicto real, por la potencial duda que puede surgir sobre la integridad del funcionario” y de la institución que integra.

Con estos antecedentes tan frescos, ¿podrán los vocales pasar la prueba de ácido planteada por Alonso y la OA?

@soycarlosromero

Los incompatibles de Aranguren

Comentarios

Comentarios

Hacé tu anotación Sin anotaciones