Avanza el amparo para evitar que Larreta venda Costa Salguero

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El plan de negocios de Cambiemos para la Ciudad incluye la venta de tierras públicas sin control. Horacio Rodríguez Larreta consiguió una aprobación exprés de la venta de Costa Salguero en la Legislatura, pero salteó todos los pasos constitucionales requeridos: no hubo audiencia pública ni doble lectura. El amparo judicial para frenar la venta acumula pruebas. En 2021 Costa Salguero debía transformarse en un gran parque público de acceso libre en el marco de un plan de recuperación de la Costanera. 

El Observatorio por el Derecho a la Ciudad junto con la diputada nacional del Frente de Todos Gabriela Cerruti presentaron un amparo colectivo para frenar la venta del predio Costa Salguero que promueve el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  En el escrito plantean la “inconstitucionalidad y nulidad de la totalidad de la Ley N° 6.289”  sancionada por la Legislatura porteña el 5 de diciembre, en la última sesión del PRO con mayoría de dos tercios. 

Ese día, en sólo 5 minutos, el macrismo y los partidos aliados aprobaron la venta de los terrenos de Costa Salguero y el posterior llamado a concurso para construir edificios tanto en ese predio como en los de Punta Carrasco. Tal como anticipó Nuestras Voces, la ley fue objetada por la oposición porque no se realizó el procedimiento de doble lectura ni la audiencia pública y porque, además, vulnera el Plan Urbano Ambiental. 

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El expediente avanza. El juzgado ya pidió a la Cámara de Apelaciones que informe si hay otra causa vinculada con el pedido de inconstitucionalidad de la ley o relacionada con la ley de distrito joven, y que informe el estado de las mismas.

En el amparo se indica que la sanción de la ley no cumplió con el requisito de una audiencia pública obligatoria ni con el procedimiento de doble lectura que indica el artículo 89 de la Constitución de la Ciudad en casos de disposición de inmuebles de dominio público.

Además, viola los artículos 8 y 27 y el Plan Urbano Ambiental que exigen que estos predios se transformen en grandes parques públicos sin restricciones económicas. El inmueble ocupa más de 18 hectáreas en la Costanera Norte y está concesionado hasta el año 2021 por la empresa Telemetrix. A su finalización, Costa Salguero debía transformarse en un gran parque público de acceso libre en el marco de un plan de recuperación de la Costanera. 

Por último, se advierte que se viola “el principio de progresividad y de no regresión en materia ambiental reconocido en Tratados Internacionales, en la Constitución Nacional y en la Ley General del Ambiente”. 

La presentación, que  lleva la firma de Jonatan Baldiviezo, abogado y presidente del Observatorio, y de Alejandra Iriarte, de la Red de Abogadas Feministas, recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso y Administrativo Tributario Nº 16, a cargo de Martín Furchi. 

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En diálogo con Nuestras Voces, Iriarte indicó que “la ley se votó omitiendo los procedimientos que establece la Constitución de la Ciudad: sin hacer la audiencia pública previa y con lectura simple cuando es una ley de doble lectura. En base a esas dos normas, alegamos que es nulo e inconstitucional”.  La letrada explicó que la ley también viola la legislación en materia de medio ambiente. “Está en contra del Plan Urbano Ambiental, lo vulnera. Como si fuera poco, se aparta de lo que establece la Ley de Distrito Joven, una ley que votó hace dos años la Legislatura de la Ciudad que le daba otra zonificación a esos predios. Además, destacamos que en este contexto de crisis climática en la que se encuentra el país y el mundo disponer la construcción de torres en terrenos que son humedales y de acceso público, implica una medida que va en contra de la preservación del ambiente”, agregó. 

“La cautelar es la única manera de garantizar el uso apropiado del ambiente urbano de manera tal de no comprometer las posibilidades de disfrute de las generaciones futuras”, detallaron en el texto.  “En este caso puntual en que se encuentra en riesgo el ambiente de la CABA es necesario evitar que la medida se efectivice con efectos que luego no podrán ser subsanado”, agregaron. El equipo jurídico también pidió que se disponga un plan sobre los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco para que se recupere el uso público de esas tierras. El artículo 8 de la Constitución porteña establece que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”.

“Está afectando la norma sobre los terrenos linderos al río y, además, todos los tratados internacionales en materia ambiental a los que suscribió Argentina. Los convenios, lo que establece la Constitución de que hay que desarrollar políticas para mitigar el cambio climático, todo. Claramente construir torres en terrenos públicos sobre el río implica no estar respetando ni cumpliendo estas políticas”, argumentó Iriarte. 

Por su parte, Baldiviezo informó que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta violó la Constitucional Nacional y el Plan Urbano Ambiental que sostienen que estas tierras tienen que ser de acceso público. “No deben tener ningún tipo de restricciones económicas y, menos, quedar en manos de un privado. También fue una involución de toda la normativa ambiental que durante décadas consideró que la Ciudad debía recuperar su mirada al Río de La Plata. Por lo tanto, la Costanera Norte debería ser un gran parque público de acceso libre”, sostuvo el abogado. 

La sanción de la Ley

El amparo también hace referencia al escaso tiempo de tratamiento que tuvo el proyecto. Se presentó el mismo día de la votación, en una sesión que duró 11 horas y en la que también se sancionó la venta de alrededor de 60 inmuebles de la Ciudad, concesiones a 30 años de espacios bajo autopistas y la transferencia de diversos predios ferroviarios de la Nación para su venta en Colegiales, Palermo, Caballito y Villa Urquiza. La norma votada sobre tablas no tuvo tratamiento previo en comisiones y obtuvo 42 votos afirmativos contra 17 negativos.

“Entre gallos y medianoche el oficialismo porteño urdió este siniestro plan que pone en jaque los derechos de los/as porteños/as y de todos/as”, indicaron las y los denunciantes en la presentación.  “Todo esto en pos de fomentar la especulación inmobiliaria y el lucro desmedido de unos pocos empresarios del sector. No resulta casual que el proyecto fuera presentado y sometido a tratamiento durante la última sesión en la que el oficialismo porteño y sus aliados contaban con la mayoría agravada automática (más de dos tercios del cuerpo legislativo) para sancionar a discreción proyectos que tiene por objeto la privatización de lo público y sin ser ni siquiera debatidos en reuniones de asesores, en las comisiones parlamentarias de diputados/as correspondientes y por el resto de la ciudadanía”, agregaron. 

Desde la oposición calificaron esa sesión como un “pijama party de tierras”. Durante su exposición, el diputado Gabriel Solano del Frente de Izquierda se quejó de los tiempos impuestos por el PRO. “¿Por qué tenemos que votar ahora eso? ¿Cuál es el apuro? Nos han llenado de tablas que son ilegibles. Ustedes pueden hacer lo que quieran pero es una situación irregular que pone un manto de sombra mayor de cómo funciona esta Legislatura”, se preguntó. Por su parte, el legislador del Frente de Todos Javier Andrade indicó que “70 hectáreas de tierra de la ciudad dejaron de pertenecer al Gobierno en una sola sesión”. “Más de 700.000 metros cuadrados pasaron a ser pasibles del uso de privados, sea a través de concesiones o para emprendimientos”, detalló. 

Según un informe realizado por el  Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el PRO privatizó 473 hectáreas, entre ventas y concesiones, durante sus doce años de gestión en la Ciudad. La cifra equivale a 236 Plazas de Mayo y 630 canchas de River.  Un tercio del total, alrededor de 150 hectáreas, son superficies verdes absorbentes. El estudio indica que Mauricio Macri privatizó 205,8 hectáreas durante sus dos mandatos (2008-2015) mientras que su sucesor, Rodríguez Larreta obtuvo una cifra similar en sólo cuatro años. Entre 2016 a 2019, el gobierno porteño enajenó 246,45 hectáreas a través de leyes o convenios de transferencia de tierras de Nación.

En una entrevista con Nuestras Voces, Andrade informó que Larreta pasó en la mitad de tiempo casi el doble de hectáreas a manos privadas que Macri.  “El negocio de la tierra pública en la Ciudad de Buenos Aires desde el 10 de diciembre de 2015 son 321 hectáreas en total. Del Estado Nacional son cerca de 50 hectáreas, que 30 son para la venta y 20 para concesiones. Del Gobierno de la Ciudad son 241 hectáreas: 106 para la venta y 135 para concesiones. Hay una voracidad terrible de comercializar la tierra pública. Y no hay ninguna política pública de acceso a la vivienda con la tierra pública de la Ciudad”, describió el diputado. 

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