Botín de guerra: investigan lavado de dinero de la banda de Aníbal Gordon en Chascomús

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Aníbal Gordon dirigió el centro clandestino de detención Automotores Orletti durante la última dictadura. Con su temible banda secuestró, torturó, asesinó y se apropió de un botín de guerra de varios millones de dólares. Parte de ese dinero habría terminado en una inversión inmobiliaria en Chascomús, donde pensaban hacer un club de boating. La Justicia investigó si pudieron haber enterramientos clandestinos de desaparecidos en el lugar. Se descubrió que la parcela sigue a nombre de familiares de Leonardo Miguel Save, miembro de la banda, y que el traspaso del dominio fue irregular. Una exhaustiva investigación del juez federal Alejo Ramos Padilla avanza ahora en probar que son “bienes provenientes de un ilícito penal considerado dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad”.

Un predio rural ubicado en el Barrio “Parque Girado”, a la vera de la laguna de Chascomús, se transformó en la pieza central de un rompecabezas judicial. De completarse su armado, una causa que tramita en la justicia federal de Dolores puede llevar al millonario botín de guerra que amasó la banda de Aníbal Gordon, en 1977.

De acuerdo a una exhaustiva investigación del juez federal Alejo Ramos Padilla, existen indicios objetivos para investigar si una patota del agente de la ex SIDE adquirió dos fracciones de terreno para construir una mega obra inmobiliaria -que luego se frustró- con fondos robados a sus víctimas durante el terrorismo de Estado. El delito se concretó hace 41 años pero en 2008 los documentos del registro de la propiedad arrojan que en la actualidad dichas tierras están a nombre de familiares de quien fuera la mano derecha de Gordon, Leonardo Miguel Save.

Para el magistrado, “se cuenta con un caudal probatorio indiciario” que evidencia que se puso en circulación en el mercado “bienes provenientes de un ilícito penal considerado dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad”.  En una resolución de más de 200 fojas, Ramos Padilla puso el foco en un posible lavado de activos por parte de la banda de Gordon.

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Concretamente, parte de la hipótesis de que se blanqueaba dinero producto del saqueo realizado en paralelo a secuestros y homicidios por miembros de la ex SIDE que operaban en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, en el marco del Plan Cóndor, que articuló en la década del ‘70 la represión de las dictaduras latinoamericanas.

El caso

Según se desprende de la investigación, la banda de Aníbal Gordon se hizo de millones de dólares al secuestrar, torturar y desaparecer a miembros a la organización uruguaya Partido por la Victoria del Pueblo (P.V.P.) – Organización Popular Revolucionaria “33 Orientales”, que actuaba en la Argentina.

Un grupo de tareas conformado por militares argentinos y uruguayos -pertenecientes a la banda que lideraba Nino Gavazzo- estaba enceguecido por una millonaria suma de dinero en dólares escondido en un departamento de la ciudad de Buenos Aires. Tras secuestrar a distintos militantes de la organización oriental, finalmente, los genocidas dieron con su cometido. Ubicaron su botín en el domicilio de Alberto Cecilio Mechoso Méndez. La suma en cuestión no pudo ser precisada pero, según los investigadores, oscilaba entre los 2 y los 10 millones de dólares.

Mechoso Méndez (40), fue secuestrado el 26 de septiembre de 1976 tras dejar su casa de la calle Miralla al 2800, en Villa Lugano. Se dirigía a un “encuentro” que tenía previsto al mediodía. Según se pudo reconstruir, se supo que pasó por el CCD “Automotores Orletti”. Sus restos fueron hallados en 2012 e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Ni los vecinos lo quieren

De acuerdo al trabajo de Ramos Padilla, el dinero que se le sustrajo a Mechoso Ménez y que se dividió entre uruguayos y la “banda de Gordon” -que actuaba en Automotores Orletti- se habría utilizado para la adquisición de los terrenos en Chascomús, donde se pretendió desarrollar un frustrado proyecto inmobiliario “Boating”.

El emprendimiento finalmente no prosperó como consecuencia de una fuerte interna entre las distintas facciones de los grupos armados. Todo indica que un grupo operativo de la órbita de los genocidas Ramón Camps e Ibérico Saint Jean -oriundo de Chascomús y enfrentado al grupo de Díaz Bessone, al que reportaba Gordon- irrumpió en el predio y torturó a quienes estaban desarrollando la obra. Luego los entregó en la Comisaría 1ª, donde permanecieron varios días.

Si bien el proyecto inmobiliario se derrumbó, los terrenos en cuestión se transformaron en la punta de un ovillo cuya extensión es incomensurable.

Los terrenos

La parcela inscripta bajo nomenclatura catastral Partido 027, Circunscripción XI, parcela 1164 –con una superficie total de más de 468 hectáreas- pertenecía desde el año 1939 a Francisco José Girado, a quien le sucedieron en la titularidad en carácter de universales herederos –declarados como tales en 1965- sus hijos Francisco José Girado, Manuel Marcos Girado, Pedro Esteban Girado y Pablo María Girado y Flora Zorrilla de Girado. Ese terreno sufrió diversas subdivisiones y anexiones. Las parcelas que son motivo de investigación son las 1164M (21 ha) y 1164X (15ha), y que, llamativamente, al menos desde el 2008, se encuentran inscriptas bajo la titularidad de los familiares de Leonardo Miguel Save, integrante de la patota de Gordon, según se desprende de la pesquisa.

La forma en que esas parcelas terminan a nombre de los mencionados está repleta de irregularidades. Se cree que al menos uno de los documentos mediante el cual los familiares de Save lograron la inscripción dominial de los terrenos habría sido un acto simulado. Esta es la razón por la que la maniobra podría encuadrarse como delito de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.

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El Boating

A partir de los testimonios de testigos y víctimas y de prueba documental  –como la del archivo de la ex DIPPBA-, para el juez quedó probado que existió un proyecto de tipo inmobiliario que iba a ser desarrollado en el predio investigado.

No solo hubo movimientos de tierra. Existieron planos, maquetas y hasta merchandising vinculado al “Boating”.

Incluso, en uno de los documentos públicos vinculados con la adquisición de las fracciones de terreno, se encuentra referenciada una sociedad “en formación” con la denominación “Boating S.R.L.”.

De acuerdo a la reconstrucción judicial, la idea de los represores era hacer un club náutico en el que una embarcación, por la laguna, pudiera ingresar al club y disfrutar de los servicios de esparcimiento.

En ese sentido, los trabajadores del predio coincidieron a la hora de describir una obra hidráulica y un proyecto inmobiliario, que contaba con una confitería y hasta chalets para vender, como una especia de barrio privado.

Pero el emprendimiento se frustró pronto, en 1977. Con la caída en desgracia de Gordon, también cayeron sus proyectos inmobiliarios.

De tal palo

El expediente

Por todo esto, el magistrado Alejo Ramos Padilla impulsa el avance de la causa, que se inició en 2013 con denuncias que señalaban al predio de Chascomús como un posible sitio de enterramientos clandestinos de víctimas de la última dictadura cívico-militar y como centro clandestino de detención. De los testimonios surgió que acudía al predio Aníbal Gordon junto a  miembros de su banda -y hasta realizaba fiestas-. A partir de informes de inteligencia, de la ex DIPBA y de decenas de testigos, el juez pudo comenzar a reconstruir la escena.

En pos de seguir avanzando en su pesquisa, el titular del juzgado federal de Dolores pidió la colaboración de organismos como las procuradurías de Criminalidad Económica (Procelac) y de Crímenes contra la Humanidad, así como de la Unidad de Información Financiera (UIF), entre otros. También requirió informes a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la sucesora de la SIDE, donde supieron reportar Gordon y sus secuaces.

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Franco Mizrahi

Franco Mizrahi

Especialista en periodismo de investigación y colaborador en Nuestras Voces.

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