Cambiemos salva a Lijo, el juez del #Correogate

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El oficialismo desestimó la denuncia más pesada que tenía el juez Ariel Lijo en el Consejo de la Magistratura gracias al alfil judicial y diputado Pro Pablo Tonelli. Justamente el estudio de abogados en el que actúa la hija de Tonelli cobró honorarios del Correo Argentino. La investigación que desestimó Tonelli vinculaba a Lijo al Haras “La Generación”, propiedad de su hermano, Alfredo Lijo, y lo ubicaba como otro juez federal que se enriqueció ilícitamente. El Presidente Mauricio Macri utiliza toda la maquinaria política y judicial para beneficiar las cuentas de la Famiglia. Los casos de premios por obsecuencia judicial y castigos por investigaciones incómodas se instauran como método sistemático de  Cambiemos.

El 2 de agosto, por expreso pedido del diputado y alfil judicial del PRO, Pablo Tonelli, el juez federal Ariel Lijo, quien investiga la pata penal del #Correogate, quedó a un paso de quitarse de encima la acusación más pesada que recae sobre sus espaldas en el Consejo de la Magistratura. La comisión de Disciplina y Acusación, que preside el mentado consejero Tonelli, aprobó desestimar la denuncia que husmeaba en el patrimonio del magistrado y lo vinculaba al Haras “La Generación”, propiedad de su hermano Alfredo. Ahora será el plenario –donde el oficialismo tiene una cómoda mayoría- el que deba confirmar la decisión. En tribunales, los desconfiados esperan que como devolución de gentilizas el Gobierno reciba una buena noticia en la causa penal que se abrió por el escandaloso manejo del Poder Ejecutivo en el caso de la deuda del Correo Argentino.

La acusación contra Lijo, que había iniciado el propio Tonelli, se inició por la extracción de testimonios en el marco de la declaración que brindó María Carla Lago, ex mujer de Alfredo Lijo, hermano de Ariel, en octubre de 2017 en un expediente contra el entonces camarista Eduardo Freiler (quien fue el primer desplazado que logró el PRO en la Cámara Federal, la segunda instancia de Comodoro Py). Lago había dicho que Ariel Lijo podría tener participación junto a su hermano en el Haras “La Generación”. Tonelli se tomó de ello para abrir una investigación contra el juez cuando su relación con el Gobierno estaba tirante.

La pesquisa, que podría haberse profundizado en torno al patrimonio del magistrado y a los negocios que podría tener con su hermano, finalmente quedó acotada a si Lijo participaba del Haras, que no había declarado. El consejero instructor consideró que no había pruebas para determinarlo y propuso la desestimación que este jueves fue aprobada sin resistencias en la comisión que preside.

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“Que de ninguna de las respuestas recibidas en relación con lo requerido surge información, o al menos indicio objetivo alguno, que dé cuenta de la propiedad o participación del juez Ariel O. Lijo en el haras ‘La Generación’, que lo hubiera obligado a realizar la declaración correspondiente en sus declaraciones juradas patrimoniales integrales, a raíz de la declaración testimonial prestada que dio inicio a las presentes actuaciones”, se precisó en el dictamen que elevó Tonelli.

El broche final que aliviará a Lijo será la confirmación de esta decisión por parte del plenario, donde el oficialismo tiene la hegemonía.

Ahora se esperan novedades en el expediente penal del #Correogate, donde ya fue removido el fiscal que impulsaba el expediente, Juan Pedro Zoni. En su lugar fue nombrado Gerado Pollicita, que no suele incomodar con sus posiciones al oficialismo. Algunos procuradores que lo conocen consideran que difícilmente apele una decisión de Lijo que beneficie al Presidente, por lo que la denuncia contra Macri y sus funcionarios podría caerse en cuanto Lijo lo decida.

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Tonelli, juez y parte

Lijo está al frente de la investigación penal sobre el Correogate, una pesquisa que Pablo Tonelli conoce muy bien.

Entre las medidas que solicitó el fiscal Juan Pedro Zoni  antes de ser desplazado del caso por instrucciones del oficialismo, se destacaba el allanamiento de dependencias del Estado y del estudio jurídico de la familia Tonelli.

El procurador pedía ahondar sobre la información contable del estudio jurídico familiar, que comanda su hermano y del que participa su hija, la abogada Mercedes Tonelli, quien cobró honorarios de Correo, según consta en uno de los expedientes judiciales. Y  solicitaba a la AFIP, a la Cámara de Diputados y a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas presentadas por Tonelli.

Estos requerimientos se realizaron a mediados de marzo. A comienzos de abril, Zoni fue desplazado por el Procurador General interino, Eduardo Casal.

Si bien Tonelli esgrime que ya no está vinculado al buffette, el estudio tiene letrados relacionados al Correo y que representan a su vez a diversos acreedores, como el caso del letrado Ignacio Buceta. Se trata de un mecanismo que se repite con otros dos estudios por lo que Zoni sospechaba que abogados relacionados al Grupo Macri podrían haber comprado las deudas a distintos acreedores para lograr una mayoría que les permita llegar a un acuerdo con la empresa. De los 708 acreedores, 354 prestaron conformidad, además del Estado cuya decisión ahora está siendo investigada. Todos ellos están representados por 14 abogados, según publicó Perfil.

Doce, pertenecientes a tres estudios, están relacionados con el Correo, algunos con cargos directivos. Por ejemplo: Claudio Lehmann fue director de la empresa postal (titular y suplente) entre 2007 y 2011 y figura en la causa como abogado de 33 acreedores. Como en el Correogate pareciera que no hay puntada sin hilo, Pablo Tonelli, desde su rol estelar en el Consejo de la Magistratura, había quedado como instructor de la denuncia más pesada que tramita en ese órgano contra el juez Lijo.

Lijando la relación

Además del Correogate, por las manos del juez Ariel Lijo también pasaron otros casos de alto impacto político y mediático, en los que resolvió en sintonía con los deseos del macrismo. Entre ellos, se destacan:

-El episodio de las bolsas de dinero robadas de la casa de la vicepresidenta Gabriela Michetti tras la victoria electoral de Cambiemos, en 2015. Michetti fue sobreseída por Lijo en abril de 2017. Así, logró sepultar las pistas sobre el financiamiento irregular de las fundaciones ligadas a funcionarios nacionales. Este caso, en el que quedó en evidencia la existencia de importantes sumas de dinero no declarado podría haber tenido alguna conexión con la actual investigación de las campañas electorales de 2015 y 2017 del PRO, cuya financiación quedó ahora en la mira.

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– El caso Ciccone, donde el ex vicepresidente Amado Boudou fue detenido de forma intempestiva, de madrugada, y fue filmado durante el procedimiento. Se encontraba en pijama y su imagen se difundió por distintos medios de comunicación. El ex funcionario kirchnerista luego cuestionaría por ese suceso al juez federal. “Fui un trofeo de caza”, se quejó a fines de 2017.

-El expediente que involucra a Mario Quintana, el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, quien quedó imputado en junio de este año por impulso del fiscal federal Ramiro González en una causa penal en donde se investigan sus negocios con Farmacity, la cadena de farmacias que creó y de la que nunca se desprendió a pesar de estar en la Casa Rosada.

A su vez, el magistrado federal posee otras acusaciones en el Consejo de la Magistratura aunque de menor impacto, ya que no ahondan en su patrimonio ni en el de su familia.

Por ejemplo, tiene una denuncia que inició, en noviembre de 2017, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, contra él y el juez Daniel Rafecas por demoras en la tramitación de causas en base a las auditorías del Poder Judicial que realizó el Consejo de la Magistratura. Concretamente, se lo señala por un posible mal desempeño en sus funciones por el “cajoneo” de distintos expedientes. Este expediente N° 212/17 también la instruye Tonelli.

Como si fuera otra cara de la misma moneda, tiene otra denuncia de febrero de 2018 realizada por José María Nuñez Carmona, vinculado al exvicepresidente Amado Boudou. Nuñez Carmona pidió al Consejo la destitución de Lijo porque considera que lo detuvo por 70 días en el amrco del caso Ciccone “tras inventar hechos y calificaciones”. Consideró su arresto una maniobra del juez para revertir su situación personal, luego de que trascendiera la mentada auditoría que remarcaba atrasos en su juzgado. El caso lo instruye el diputado radical y consejero Mario Negri y lleva el número de expediente 13/18.

Antecedentes de premios y castigos

Ya podría considerarse un mecanismo habitual del macrismo la utilización de premios y castigos para los jueces amigos / enemigos.

Basta citar algunos ejemplos que se sucedieron en el Consejo de la Magistratura para imaginar cuál podría ser el acto reflejo de Lijo tras la desestimación de la denuncia en su contra.

Luego de arrasar la Cámara Federal de Comodoro Py –sólo dejó en pie a uno de los cuatro camaristas que había cuando asumió-, el Gobierno demostró que no discrimina en fueros ni en competencias a la hora de buscar el disciplinamiento judicial.

En el campo laboral, por ejemplo, la jueza Mirta González Burbridge, que reinstaló a un trabajador despedido de Vialidad Nacional, fue denunciada en mayo de 2017 por la Dirección Nacional de esa entidad del Estado. El 5 de abril, el consejero Juan Bautista Mahiques –que representa al Ejecutivo- pidió la postergación del proceso disciplinario a los efectos de continuar con la presión sobre los jueces de ese fuero, que es clave a la hora de defender los derechos de los trabajadores. No fue un caso aislado. Los magistrados Diana Cañal y Luis Raffaghelli sufrieron el mismo “apercibimiento”en el Consejo por dictar la reinstalación de trabajadores despedidos por el Enacom (el expediente en el Consejo se abrió en mayo de 2017 y fue instruido por Mahiques). En este caso, la denuncia contra los jueces laborales la realizó el Ente Nacional de Comunicaciones.

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Más resonantes fueron los casos de los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, a quienes el Gobierno denunció en el Consejo luego de que dieran lugar a una medida cautelar presentada por el sindicato La Bancaria para que los bancos cumplieran con el acuerdo paritario que habían suscripto en diciembre de 2016 y que la Casa Rosada luego no quiso legitimar. El Ministerio de Trabajo pidió su juicio político.

Conductista, la Casa Rosada esconde el látigo cuando la decisión judicial le resulta funcional a su interés.

Por caso, el ahora titular del Juzgado Civil Nº 104, Andrés Fraga, quien desvinculó al presidente Mauricio Macri de las opacas Fleg Trading Ltd y Kagemusha SA, dos firmas offshore que surgieron al calor de los Panama Papers y comprometieron al jefe de Estado, hoy está por ser ascendido a camarista. Integra dos ternas que ya fueron giradas al Poder Ejecutivo: podría ser seleccionado para conformar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil o la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo (La Matanza), que aún no fue habilitada.

Azares curiosos de la vida judicial, el 20 de septiembre de 2017, el mismo día que se difundió la noticia de que Fraga había exculpado al primer mandatario, Elizabeth Paisan estaba sorteando sin cuestionamientos la audiencia pública en la comisión de Acuerdos en el Congreso, paso clave para luego convertirse en jueza titular del Juzgado Criminal y Correccional Nº 12 y dejar de ser subrogante en el Nº 20, cargo que ejerció durante 11 años. Paisan había sobreseído a Macri en uno de los desprendimientos de los Panama Papers.

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Franco Mizrahi

Franco Mizrahi

Especialista en periodismo de investigación. Trabajó en la revista Veintitrés, Tiempo Argentino, Infojus y El Cohete a la Luna. Actualmente escribe en los portales Nuestras Voces y El Destape y en las revistas Acción y Contraeditorial. Editó los libros “Macri el año perdido”, de Roberto Caballero (Planeta); y “Radiografía de la corrupción PRO” (Planeta).

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